El jueves 20, el exgobernador de Veracruz Javier Duarte cumplió el cuarto día como inquilino de una celda individual de 3.50 metros cuadrados en esta ciudad.
Sólo un día antes, el Tribunal Quinto de Sentencia en esa ciudad formalizó su detención ante el pedido provisional de extradición de México, donde la Procuraduría General de la República (PGR) lo considera sospechoso de cometer delitos de delincuencia organizada y realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El proceso de extradición demorará, al menos, entre uno y seis meses, tiempo en el cual Duarte permanecería en la cárcel de Matamoros, en la capital de Guatemala, una instalación militar pero que el Sistema Penitenciario administra junto a otras prisiones del país.
Desde su captura en Panajachel, Sololá (a 140 kilómetros de la Ciudad de Guatemala), la vida del exgobernador giró 180 grados. Unas siete horas después, en la madrugada del domingo 16, pasó de hospedarse en La Riviera de Atitlán, un hotel de cuatro estrellas con vista a un lago y volcanes, a encontrarse en una celda individual sin ventanas.
“Sólo tiene una rejilla de ventilación natural (sin vidrios) cerca del techo, lo suficientemente pequeña para evitar que una persona pueda pasar por ella”, reveló Rudy Esquivel, vocero del sistema penitenciario. La rejilla no permite al interno un vistazo a la calle o al cielo.
El exgobernador sólo permanece al aire libre una hora al día en Matamoros. Además de eso, sólo ha estado al aire libre el par de metros que caminó desde la camioneta (sin ventanas para pasajeros) que lo trasladó a una audiencia el pasado miércoles 19, hasta la entrada del sótano de la Torre de Tribunales, y de regreso a su celda. En esa ocasión debió caminar en medio de un agitado jaloneo entre docenas de periodistas y guardias del sistema penitenciario cuando entró y salió del edificio.
El vocero aseguró que ningún reo tiene comunicación con los otros 27 internos en el penal, entre quienes figuran dos narcotraficantes y exfuncionarios guatemaltecos acusados de corrupción. Duarte sólo ha cruzado palabra con los guardias y sus abogados.
Esquivel admitió que los internos pueden realizar llamadas telefónicas, pero no reveló si Duarte había realizado alguna. La administración de la cárcel decide a discreción la frecuencia con la cual los internos pueden utilizar el teléfono. Es un aparato que sólo permite efectuar y no recibir llamadas.
“La persona que recibe la llamada primero escucha una grabación en la que se le informa que está recibiéndola desde la cárcel de Matamoros, y advierte que si no desea recibirla, puede colgar en ese instante”, señaló.
Esquivel dijo que tampoco podía revelar si el exgobernador tenía acceso a materiales de lectura, algo que se considera parte del régimen de rehabilitación de los internos. “Ellos pueden pedir lo que gusten, como un radio, u otros aparatos electrodomésticos, pero que se los permitan es otra cosa”, aclaró.
La audiencia del miércoles 19, cuando Duarte rechazó temporalmente el pedido provisional de extradición, fue un recordatorio para el exgobernador de cuánto había cambiado su vida en cuestión de meses.
Sentado de frente al tribunal de magistrados, escuchó la lectura de una declaración de José Juan Janeiro Rodríguez, abogado fiscalista y su presunto cómplice, quien delató cómo Duarte adquirió varias propiedades en México, incluyendo tres apartamentos por un valor aproximado de 1 millón de dólares cada uno.
Ese mismo día, Duarte cumpliría la cuarta noche de dormir sobre una colchoneta rellena de algodón tendida en una plancha de cemento, en una celda individual con ducha de agua fría, un retrete y un lavabo (como las que ocupan los demás internos). La cárcel sólo le entrega una almohada, sábanas, toalla y una barra de jabón, según Esquivel.
El día a día de Duarte únicamente se interrumpe con los momentos de las duchas, la alimentación y la hora de sol al aire libre, amén de las visitas de sus abogados. El penal procura variar los horarios de las luces, por seguridad, pero por lo general las apaga a las ocho de la noche. En Matamoros, sus bebidas se limitan a refresco o café. El resto del menú también es austero.
“Por lo regular se les sirve frijol, arroz, queso crema y tres o cuatro tortillas”, dijo Esquivel. “Si en el desayuno comen frijoles de olla, en el almuerzo les sirven frijoles fritos, y en la cena, huevos revueltos; a veces reciben una pequeña porción de carne o pollo, plátano cocido u otra verdura y un poco de postre, pero no es todos los días. Depende de cuánto tenga capacidad el Estado para pagar”.
Tan sólo hace seis meses, según lo reveló uno de sus exguardaespaldas, Duarte comía en sitios como el restaurante Estoril, de la capital mexicana, donde una entrada puede costar hasta $750 pesos.
Compás de espera
Un día después de la captura de Duarte, funcionarios de la PGR declararon que si el exgobernador acepta la extradición, su traslado a México podría demorar un mes. En caso de que la apele, podría demorar seis meses.
Sin embargo, Julia Barrera, vocera del Ministerio Público (MP), dijo que es imposible estimar cuánto durará el proceso, porque depende de lo que demore la PGR en enviar la solicitud formal de extradición y los documentos de respaldo a Guatemala, y el MP y el tribunal en aprobar la solicitud o devolverla a México para las enmiendas del caso.
Ángel Pineda, vocero del organismo judicial, dijo que el tribunal ya envió el expediente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en Guatemala, que debe revisarlo. La CSJ lo enviaría a su vez a la cancillería guatemalteca el viernes 21 o el lunes 24. Acto seguido, ésta deberá informar a su homóloga mexicana acerca de la resolución emitida. A partir del miércoles 19, México tiene 60 días para enviar la petición formal de extradición.
La PGR debe entregar la petición a la cancillería en México, que habrá de turnarla a la cancillería de Guatemala, y ésta, a su vez, la entregará al MP. Barrera explicó que el MP debe analizar si la petición formal cumple con los requisitos del tratado de extradición y, de ser así, la enviará al Tribunal Quinto de Sentencia, que también calificará si cumple con los requisitos. De lo contrario, lo notificará a México para que tome las medidas pertinentes.
“El tribunal tiene hasta 15 días para resolver si procede o no la extradición”, explicó Barrera. Si resuelve que sí procede, debe fijar una audiencia para anunciarlo. Para entonces, el extraditable podría apelar la decisión, lo cual demoraría aún más el proceso. Si no apela, Guatemala tiene tres días para entregar al detenido al país solicitante una vez que quede firme la resolución del tribunal.
La flexibilidad en los plazos hace casi imposible que la extradición ocurra en un mes, como prevé la PGR. En otros casos de extradición hacia Estados Unidos, por ejemplo, el proceso ha demorado hasta ocho meses, aunque el capturado no se oponga a la extradición.
En abril de 2012, la policía en Guatemala capturó a Walter Overdick Mejía a pedido de Estados Unidos para enfrentar cargos de narcotráfico en ese país. Aunque Overdick aceptó su extradición desde que fue capturado, fue enviado en diciembre de ese año.
Óscar Patzán Rodas, uno de los abogados de Duarte, dijo que podría opinar respecto de la extradición hasta que pudiera analizar la petición formal a fondo, y conocer mejor el proceso contra el exgobernador por medio de Pablo Campuzano de la Mora, uno de los abogados mexicanos de Duarte, quien viajó a Guatemala para presenciar la audiencia del miércoles 19.
Mientras tanto, el mundo de Duarte permanece reducido a su celda en Matamoros, a miles de kilómetros de su cónyuge en Londres y de la vida de excesos que hasta hace seis meses llevaba en México.
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