Luego de cuatro años de debate y
de violar sus propios plazos, el Senado aprobó la Ley contra la Desaparición
Forzada y cometida por Particulares.
Con más de 30 mil
desaparecidos y miles de fosas, es impostergable que el Senado apruebe ley de
desaparición, consideró jefe de Cruz Roja.
La nueva norma fue avalada, en lo
general y en lo particular, y turnada a la Cámara de Diputados.
Pese a la importancia de la
legislación, fue necesaria la rectificación de quórum, ya que el salón de
plenos lucía vacío durante la discusión del tema.
Tras 10 minutos de llamado,
apenas se presentaron 70 de los 128 legisladores.
La minuta fue avalada en medio de
críticas y cuestionamientos.
"Esta no es la ley que
merecían las víctimas de los delitos más deleznables. Se eluden aspectos
medulares, no obliga a establecer la responsabilidad de toda la cadena de
mando, ni es contundente con los mandos militares y policiacos, no sólo es
quien jala el gatillo, sino el que da la orden", acusó la senadora del
Partido del Trabajo, Layda Sansores.
"No es una conquista del
Poder Ejecutivo o del Legislativo, es de ciudadanos y víctimas de estos delitos
que siempre tienen que estar empujándonos. No debemos aprobar letra muerta con
tal de dar gustos a todos, para no pagar el costo político porque siempre
estamos en tiempos electorales", reprochó la senadora panista Adriana
Dávila.
El senador independiente por
Guerrero Armando Ríos Piter condenó que el Gobierno federal no haya aceptado
eliminar de la ley el concepto de "persona no localizada".
"Este País se ha convertido
en una enorme fosa clandestina y quererle llamar 'no localizados' a los
desaparecidos es rehusarse a mandar un mensaje a las víctimas", señaló.
Ríos Piter, junto con senadores
del PAN, PRD y PT-Morena, presentó un listado de 60 reservas sobre los alcances
de la Comisión Nacional de Búsqueda y la definición de los tipos penales.
La presidenta de la Comisión de
Derechos Humanos, Angélica de la Peña, pidió a la Cámara de Diputados confiar
en la minuta que les será enviada para que se apruebe mañana viernes, antes de
cerrar los trabajos del periodo ordinario de sesiones, tal y como lo demandaron
familiares de víctimas.
La titular de la Comisión de
Justicia, Pilar Ortega, informó que existe un compromiso para que, en el corto
plazo, el Senado reanude la discusión y perfeccione la legislación.
La ley establece una pena máxima
de 90 años de cárcel contra los perpetradores del delito; la penalidad básica
es de 40 a 60 años de prisión.
Da creación a la Comisión
Nacional de Búsqueda y a los registros de fosas, personas desaparecidas y
personas fallecidas.
El delito es imprescriptible y
continuo, además de que no aplican amnistías.
La legislación prohíbe la
inhumación en fosas comunes, así como la destrucción o incineración de restos o
cadáveres de personas no identificadas.
Castiga a funcionarios y
particulares que oculten, desechen, incineren, sepulten, inhumen, desintegren o
destruyan restos de un ser humano o el cadáver de una persona, con el fin de
ocultar el delito.
Fuente.-
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