Apellido es destino, por lo visto. La
palabra moral en la política remite a un árbol que da moras; el otro
significado, no lo conocen. Moreira es, justamente, una derivación gallega del
apellido Mora. La corrupción del gobierno Humberto Moreira deja en claro que en
su caso el nombre lleva a pensar en la fruta no en la ética. Fruta prohibida
por lo demás.
No sólo se trata de que el ex Gobernador
dejó endeudados a sus paisanos por varias generaciones cuando incrementó la
deuda pública de Coahuila de 196 millones a 34 mil millones de pesos (casi 3
mil millones de dólares de los de trece pesos). Después de todo, gobernadores
manirrotos abundan en nuestra atribulada geografía. El problema es cuando la
convicción sobre la propia impunidad es tal que lleva a una entidad a engañar a
la secretaría de Hacienda con documentación falsa para seguirse endeudando,
como fue el caso de la tesorería de Coahuila. Como se recordará, su
administración falsificó papeles del congreso estatal para obtener de manera
chapucera la autorización de varios empréstitos prohibitivos.
Humberto Moreira cometió un exceso que en
otras circunstancias debió haber sido imperdonable, incluso dentro de las laxas
reglas no escritas de la política mexicana. Pero también fue el Gobernador,
junto con Miguel Ángel Osorio Chong de Hidalgo, que encabezó al club de
mandatarios estatales que se impuso a la cúpula del PRI para llevar a la
presidencia a un colega, Enrique Peña Nieto del Edomex, en contra de las
aspiraciones de Manlio Fabio Beltrones y Beatriz Paredes. Posteriormente
Moreira fue designado presidente del PRI durante la campaña presidencial, y se
daba por descontado que asumiría el ministerio de Educación, gracias a sus
orígenes magisteriales y a sus buenas relaciones con Elba Esther Gordillo, la
entonces líder del sindicato.
El escándalo por la falsificación de
documentos arruinó su carrera política, pero sus buenas relaciones personales
alcanzaron para protegerlo de cualquier acción de la justicia mexicana. El ex
Gobernador se fue a Barcelona a hacer una maestría becado por el SNTE, aunque a
juzgar por el abdomen de lavadero que presumió en las redes sociales se
entiende que pasaba más tiempo en el gimnasio que en las aulas. Por lo demás,
la lujosa vida que se daba en Cataluña no era precisamente la de un becario:
las crónicas periodísticas describieron una mansión con alberca y seis
recámaras, autos caros y viajes de placer.
El asunto nunca habría pasado de constituir
una infamia más del museo del horror de nuestra historia política, si no
hubiese sido por los tribunales extranjeros. Durante los últimos dos años
fiscales de Estados Unidos fincaron diversos delitos por lavado de dinero a
tres funcionarios cercanos a Moreira (entre ellos su secretario particular y su
tesorero, este último aun prófugo). Se afirma que hay una investigación en
curso en su contra en Texas, pero aún no se le había hecho una acusación
formal. Hasta ahora.
Su detención en España este fin de semana y
los delitos que le imputan por lavado de dinero y asociación criminal podrían
acarrearle hasta seis años en prisión. El anuncio de su aprehensión es un
ramalazo en contra del gobierno mexicano. Y no sólo por la imagen que asocia a
nuestro país con la corrupción, sino con la impunidad del propio gobierno
priista. Corrupción hay en todos lados, y para no ir más lejos, en España están
corriendo los juicios en que resultan imputados la hermana del rey, Cristina
Borbón y su marido, o en contra de la familia de Jordi Pujol, hombre fuerte de
la política catalana durante décadas. Justamente esa sería la diferencia: en
España pueden procesar a un miembro clave de la clase política o a un pariente
de la familia real, pero en México el amigo del presidente resulta intocable.
Hace una semana argumenté en este espacio
que extraditar a “El Chapo” a Estados Unidos sería una confesión de impotencia
de la justicia mexicana para someter a un criminal. Equivalía a una suerte de
abdicación del Estado mexicano a favor de otro Estado, como si los crímenes de
“El Chapo” en contra de norteamericanos fueran de un orden superior a los
perpetrados en contra de mexicanos. Por desgracia lo de Moreira confirma ese
temor: resulta que sí, que al ex Gobernador no se le castigaría por robar a los
mexicanos sino por depositar el fruto de ese robo en bancos extranjeros de
manera irregular. Frente al desinterés de nuestras autoridades para dejar pasar
el desfalco de dineros que pertenecen a los ciudadanos sólo nos queda esperar
que estos corruptos cometan en otro país alguna violación con el botín que nos
birlaron. Terrible consuelo.
¿Cuándo entenderá la presidencia que no hay
posibilidad de vender una imagen de modernización y profesionalismo, no importa
cuántas reformas se presuman, mientras se consientan estos flagrantes casos de
impunidad y protección criminal?
Fuente.-SinEmbargo
@jorgezepedap
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