¿De qué sirve que organizaciones sociales se sienten a dialogar e intercambiar propuestas con legisladores para enriquecer la redacción de una ley, si al final, y fuera de la mesa de negociación, se cambian contenidos de asuntos sustantivos?, cuestiona el Colectivo por la Transparencia.
Mexico,D.F 09/Feb/2015 Gabriela Morales integrante del Colectivo, menciona “la ley de transparencia será pospuesta; posiblemente se debe a que los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) promueven una modificación del dictamen, que nos daría como resultado una ley más regresiva que la reforma del 2014. El dictamen del PRI promovería la libertad de reservar información, que es probable incluya violaciones graves a los derechos humanos”.
El senador Alejandro Encinas enfatiza “el PRI busca la manera de agregar un artículo, el cual beneficia al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN); al Centro Nacional de Planeación Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI); el Centro Federal de Protección a Personas; la Dirección de Coordinación de Inteligencia de la Comisión Nacional de Seguridad; la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO); el Estado Mayor Presidencial (EMP), el Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMDN) y el Estado Mayor General de la Armada, ya que podrían quedar exceptuados de presentar informes solicitados para investigaciones, dejando en manos solamente del titular la responsabilidad, lo que conlleva a nublar la transparencia que busca la ley”.
Agrega que en el caso que así lo consideren, dichos órganos de gobierno, a criterio personal, podrán nombrar documentos clasificados como reservados, a fin que de quererlo podrían permanecer en ese mismo estado y bajo resguardo de 2 a 7 años, incluso de forma permanente, esto argumentando que dichos datos pueden afectar la estabilidad financiera, económica o monetaria, “fomentando así el respaldo a daños graves a la sociedad”, comenta Encinas.
Otro punto que busca el PRI se sume a la ley, es la eliminación de la prueba daño e interés legítimo en seguridad, consistiendo en la eliminación del artículo 103, de ser así, el sujeto ya no tendrá obligación de rendir razones, motivos o circunstancias especiales, por las que haya decidido darle una clasificación a una información.
Al mismo tiempo Alejandro Encinas explica que “existe vulneración a la autonomía del órgano garante, pues los priistas buscan invitar como observadores permanentes, con derecho a voz, al Poder Legislativo Federal, al Poder Ejecutivo a través del Consejero Jurídico, al Poder Judicial, al Consejo Nacional de Armonización Contable y a la Conferencia Nacional de Gobernadores, lo cual sería una inminente violación a la autonomía constitucional”.
Las modificaciones también incluyen a Petróleos Mexicanos (Pemex), ya que la iniciativa original busca establecer un mínimo de elementos que debe contener la información relacionada con el sector energético, y que ahora se pretenden modificar.
Manteniendo una posición contraria a las propuestas del PRI, Alejandro Encinas hizo un llamado a los grupos parlamentarios “a respetar los acuerdos establecidos con los expertos y organizaciones sociales especialistas en el tema de la transparencia y no aprobar regresiones en las leyes secundarias que limiten los alcances positivos logrado en la Reforma constitucional en materia de transparencia”.
Por su parte Joel Salas comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), demanda al senado meditar la iniciativa de ley y buscar la transparencia en México, de lo contario insiste en hacer un llamado a la ciudadanía para que se “movilice”, buscando con ello obtener un documento que no sea regresivo, incluyendo en ello la regulación del conflicto de intereses.
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