“VOLTERETA de ALTO CALIBRE: ESPOSA de CONTRALMIRANTE SILENCIADO en el ALTIPLANO PRELUDIA MÁS ESCÁNDALO»…la FGR armó expediente con cinta adhesiva y mala memoria.

Fernando Farías Laguna, contralmirante y presunto engrane mayor del huachicol fiscal, decidió que el Altiplano no será únicamente su dirección postal: desde la celda lanzó una ofensiva para que, por fin, alguien en el poder lo escuche. Su esposa, Mónica Gámez, dice que está “desesperado porque lo escuchen”, mientras él intenta desmontar —a telefonazos, expedientes médicos y mensajes de WhatsApp— la acusación que lo coloca como uno de los mandos de una red que metía combustible ilegal por las aduanas y le embarró lodo a la reputación de incorruptible de la Marina.

Farías, recluido tras ser devuelto de Argentina el 21 de agosto, mandó recado para Omar García Harfuch, Claudia Sheinbaum y la fiscal Ernestina Godoy: según su versión, su audiencia inicial estuvo salpicada de “incidentes muy graves”, por no decir pruebas que él considera armadas con cinta adhesiva y mala memoria.

Su primer reclamo es de calendario. La Fiscalía lo ubica como creador de una red de contrabando desde enero de 2023; él responde que en ese momento estaba en Madrid como agregado naval, acompañado de su familia. La pregunta que lanza desde prisión es tan simple como incómoda: ¿cómo iba a organizar buques de combustible ilegal desde España? Para Farías, la respuesta es clara: “Gravísimo y falso”.

El segundo agujero que denuncia tiene olor a quirófano. Dice que le atribuyeron reuniones con Miguel Ángel Solano Ruiz, el escurridizo “Capitán Sol”, los días 29 y 30 de mayo de 2025. Pero asegura que el 29 ingresó al Centro Médico Naval y que el 30 fue operado de un hombro. Es decir: mientras la acusación lo pone diseñando una presunta trama criminal, él afirma que estaba bajo bisturí, anestesia y expediente clínico.

El tercer argumento es el que Farías vende como su carta fuerte:no habría sido parte de la red, sino quien la denunció. Según sostiene, a finales de mayo de 2024 recibió información sobre corrupción en aduanas de Fernando Rubén Guerrero Alcántar —asesinado meses después— y se la llevó al entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, quien además era su tío político. Farías asegura tener mensajes de WhatsApp que probarían que él propició una reunión entre Ojeda y Guerrero, luego convertida en pieza relevante de la investigación.

En otras palabras, su defensa intenta darle vuelta completa al expediente: de presunto operador del huachicol fiscal a supuesto denunciante de la podredumbre. También niega que en los cuatro tomos de la carpeta exista una sola prueba directa que lo conecte con la operación criminal. Dice que la investigación fue armada de manera “tendenciosa”, con evidencia fabricada y conclusiones ya cocinadas.

Pero del otro lado, la Fiscalía sostiene una historia muy distinta: Farías y su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, habrían ocupado posiciones de mando dentro de una red que involucró a mandos navales, funcionarios aduaneros y empresarios; una maquinaria que, de acuerdo con la investigación, habría movido cientos de millones de litros de combustible mediante decenas de barcos.

Farías asegura que en enero de 2023 estaba en Madrid, no organizando barcos con combustible ilegal; que en mayo de 2025 estaba entrando al quirófano, no reuniéndose con el misterioso “Capitán Sol”; y que, lejos de integrar la red, fue quien alertó al entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda, sobre la corrupción en aduanas.

Su defensa busca una voltereta de alto calibre: pasar de presunto cabecilla a denunciante ignorado. La Fiscalía, sin embargo, lo mantiene como pieza central de una trama que habría mezclado marinos, aduanas, empresarios y millones de litros de combustible. Farías remata con una frase de preso que ya se siente condenado antes del juicio: “Era para que el jueves pasado hubiera salido caminando del Altiplano… pero sabemos por qué no”.

Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/ Elia Castillo/

LA “FGR de CHALECO GUINDA”: FISCALÍA de la REPÚBLICA CONGELA ACUSACIONES cuando ROZAN al PODER… deja dormir líneas, no las combate: les hace la cama.

La Fiscalía General de la República (FGR) tiene el deber de agotar líneas, no el privilegio de congelarlas cuando rozan al poder. Una mención en un expediente no prueba culpabilidad; pero ignorarla durante meses o años tampoco es investigar.

La Fiscalía de los chalecos guinda tiene una curiosa idea de justicia: el expediente corre, pero se frena justo cuando el apellido tiene peso político.

Que nadie se haga el distraído: citar a declarar no es condenar. No convierte a nadie en culpable. Es, precisamente, una de las herramientas mínimas para verificar, desmentir o corroborar información relevante dentro de una investigación. Pero en el huachicol fiscal de la Marina, la FGR parece haber descubierto un nuevo principio procesal: para los amigos del régimen, la diligencia se vuelve opcional; para los incómodos, la sospecha basta.

Rafael Ojeda aparece mencionado desde hace dos años en un expediente de la propia Fiscalía, en una trama que alcanza a sus sobrinos. Andrés López Beltrán fue mencionado por un testigo en febrero: siete meses sin citatorio. Adán Augusto López figura desde junio de 2025: quince meses sin que la FGR considere necesario escuchar su versión. Qué eficiencia: cuando el expediente apunta hacia arriba, el Ministerio Público entra en modo decoración.

Y no, fiscalmente hablando, esto no se resuelve con el mantra de “no hay nada que esconder”. Si no hay nada que esconder, con mayor razón se cita, se interroga, se documenta, se contrasta y se incorpora la respuesta a la carpeta. La transparencia no consiste en pedir paciencia mientras los nombres poderosos envejecen tranquilamente dentro del expediente. Consiste en investigar con la misma vara, aunque la vara alcance al almirante, al hijo del expresidente o al operador político de turno.

El Código Nacional de Procedimientos Penales obliga al Ministerio Público a conducir la investigación y a actuar con objetividad, lealtad y debida diligencia. La FGR puede solicitar la comparecencia de una persona cuando su declaración sea relevante para esclarecer los hechos y la posible intervención de quienes resulten involucrados. Es decir: no necesita una sentencia previa para preguntar; necesita una línea de investigación que deba verificarse. Y, si la versión de testigos y los documentos del expediente señalan datos relevantes, el deber no es mirar hacia otro lado con chaleco guinda puesto. El deber es investigarlos. 

La obligación de objetividad tiene dos caras: investigar tanto lo que incrimina como lo que exonera. De modo que una citación no sería un linchamiento, sino la oportunidad de que Ojeda, Andy o Adán Augusto aclaren, nieguen, desmientan o aporten datos. Pero esa garantía opera para todos; no puede convertirse en coartada para que la Fiscalía renuncie a preguntar. Presunción de inocencia, sí. Privilegio de inactividad, no. 

La FGR es un órgano constitucionalmente autónomo cuya misión declarada incluye investigar delitos, esclarecer hechos y procurar que los culpables no queden impunes. Cuando deja sin explicación diligencias obvias relacionadas con nombres de alto poder, no sólo alimenta sospechas: erosiona la credibilidad de la institución que tendría que disiparlas. 

En México, al ciudadano común lo cita la Fiscalía para que explique una transferencia de tres mil pesos; a los apellidos blindados, al parecer, les concede dos años de meditación procesal.

La pregunta no es si Ojeda, Andy o Adán Augusto son culpables. Eso tendría que determinarse con pruebas, no con consignas. La pregunta es por qué la FGR ni siquiera parece tener prisa por hacer lo indispensable: preguntar. Porque una Fiscalía que investiga sólo hacia abajo no es autónoma; es obediente. Y una Fiscalía que deja dormir las líneas que rozan al poder no combate la impunidad: le hace la cama.

Con información: CARLOS LORET/

“TODO es LEGAL y ASÍ… SIN PRUEBAS ?”: SHEINBAUM RESPALDA a su AMIGO NUEVO RICO que YA TRAGA con MANTECA»….fue su operador financiero en campaña.

La frase “todo es legal” no despeja la principal interrogante: cómose integraron, documentaron y verificaron los 22.4 millones de pesos usados para comprar de contado dos departamentos. Que un bien aparezca en una declaración patrimonial acredita que fue reportado; no sustituye una explicación pública, comprobable y cronológica sobre el origen de los recursos.

Para Sheinbaum, basta con que aparezca en el formulario: Ulloa compró dos depas por 22.4 millones y “todo es legal”

La Presidencia encontró la fórmula exprés para disipar sospechas patrimoniales: si el departamento aparece en la declaración, asunto concluido; si se pagó de contado por 22.4 millones de pesos, también. “Todo es legal”, sentenció Claudia Sheinbaum al ser cuestionada sobre las adquisiciones inmobiliarias de Carlos Ulloa, director de Birmex y uno de sus colaboradores más cercanos desde los tiempos del Gobierno capitalino.

Según la información publicada, Ulloa adquirió un departamento por 7.4 millones de pesos en 2020 y otro por 15 millones en 2022 —ambos de contado—, para un total de 22.4 millones. La defensa presidencial fue tan breve como conveniente: los inmuebles “están en su declaración patrimonial”. Es decir, la discusión se quiso cerrar con la existencia del renglón, no con la explicación del dinero que llenó el renglón. 

El problema es que declarar no equivale a explicar. Una declaración patrimonial sirve para informar que una persona posee un bien; no responde por sí sola de dónde salió cada peso, qué ingreso lo respaldó, qué propiedad se vendió, por cuánto se vendió, a quién, cuándo se recibió una herencia, qué impuestos se pagaron ni cómo cuadran esos flujos con los ingresos reportados durante el periodo de compra.

Después, Ulloa sostuvo que los recursos provinieron de ingresos, ahorros, venta de inmuebles y herencias familiares de hace 20 años. Es una lista suficientemente amplia para caber en una carta aclaratoria, pero todavía demasiado general para disipar una pregunta elemental: ¿cuáles fueron las operaciones específicas que permitieron pagar 22.4 millones de pesos al contado entre 2020 y 2023? La respuesta verificable no es una frase tranquilizadora: son escrituras de compraventa, avalúos, declaraciones fiscales, constancias de herencia, movimientos bancarios y la trazabilidad de cada operación.

Así que el gobierno no respondió al núcleo del caso; apenas certificó que el patrimonio fue anotado. Y, en el México de la austeridad republicana, la transparencia parece haberse reducido a eso: no importa explicar de dónde salió el dinero, siempre que el dinero ya tenga casilla en DeclaraNet.

Análisis de los dichos presidenciales

Dicho de Sheinbaum	Lo que sí aborda	Lo que deja pendiente
“Todo es legal”	Afirma una conclusión política y jurídica	No muestra la revisión realizada, qué autoridad verificó los datos ni qué documentos sustentan esa conclusión
“Todo está en su Declaración Patrimonial”	Confirma, según su dicho, que los departamentos fueron reportados	No detalla el origen, la disponibilidad y la ruta financiera de los 22.4 millones
“En el gobierno no hay corrupción, hay honestidad”	Plantea una defensa general de su administración	No contesta un cuestionamiento patrimonial concreto ni sustituye una investigación individual

La respuesta presidencial tiene un problema de lógica pública: confunde publicidad con acreditación. Que una operación aparezca declarada puede ser un dato relevante e incluso obligatorio, pero no liquida el examen sobre la congruencia patrimonial. La pregunta no era solamente si Ulloa escondió los departamentos, sino si su ingreso, sus ahorros, sus ventas patrimoniales y sus herencias —con fechas, montos y documentos— explican de forma consistente el pago de contado.

También hay un problema político. Ulloa no es un funcionario remoto ni una pieza menor: fue secretario particular de Sheinbaum cuando ella gobernaba la Ciudad de México y hoy dirige Birmex. La defensa automática de la Presidenta puede interpretarse como respaldo político antes de una explicación documental completa. El escrutinio no se resuelve declarando culpabilidad, pero tampoco se cancela con una absolución micrófono en mano.

Punto que sigue abierto

La adquisición en efectivo de dos inmuebles por 22.4 millones de pesos exige una explicación financiera desagregada, no una combinación de consignas —“es legal”, “está declarado”, “hay honestidad”— que, juntas, suenan más a cierre de filas que a rendición de cuentas. 

La pregunta periodística no es si Carlos Ulloa puede tener patrimonio. Puede tenerlo. La pregunta es más incómoda y mucho menos decorativa: ¿qué documentos prueban, peso por peso, el origen de los 22.4 millones con los que pagó ambos departamentos?

Con información: ELUNIVERSAL/

“SÍ, SÍ ES PELIGROSO, IGUAL QUE AMÉRICO: CHOFER de PENILLA se lo DIJO a la PGR CORRUPTA y SORDA: el LICENCIADO IBA MATAR al TESTIGO PROTEGIDO ‘KAREN’”… y murieron tres, no dos.

No se trata sólo de un abogado con clientes incómodos. Tampoco de una fotografía, un saludo casual o una amistad que alguien pretenda disfrazar después de “malentendido”.

El caso de Juan Pablo Penilla, recientemente exhibido tras escandalizar en Polanco —abogado relacionado públicamente con la defensa de Miguel Ángel Treviño Morales, “Z-40”, y Omar Treviño Morales, “Z-42”— obliga a revisar algo mucho más grave: la ligereza, o algo peor, con la que el gobierno de Morena y Américo Villarreal Anaya abrió espacio a un personaje cuyo nombre aparece en relatos y señalamientos vinculados con la violencia Zeta y el crimen organizado.

El punto de partida es el testimonio atribuido al chofer de Penilla, incorporado en información periodística difundida por PROCESO en 2015 : según su versión, el abogado habría ofrecido dinero para que un testigo protegido identificado como “Karen” se retractara de sus dichos contra el “Z-40”. Y cuando el testigo no habría cumplido el supuesto acuerdo, el conductor declaró que recibió la instrucción de identificarlo para que un grupo armado lo asesinara.

La declaración del chofer de Penilla plantea preguntas que no se borran con un nombramiento, una foto oficial o el silencio del gobierno. Si el contenido de aquella declaración fue conocido públicamente desde hace años, ¿qué revisión hizo el equipo de Américo Villarreal antes de darle a Penilla trato de asesor ? ¿Quién recomendó su incorporación?,son preguntas que ya tienen respuesta y el comunicado denominador fue el dinero sucio para su campaña. 

¿Quién era “Karen”?

“Karen” fue el seudónimo asignado por la entonces PGR a un exmilitar y expolicía municipal que colaboró como testigo protegido. Sus declaraciones describieron el crecimiento de Los Zetas, la infiltración de corporaciones policiales en Nuevo Laredo y presuntas tareas de vigilancia, protección y apoyo realizadas por agentes municipales para esa organización criminal.

En su narrativa, el testigo relató haber trabajado para Los Zetas bajo una clave operativa y haber conocido estructuras de vigilancia, retenes, “halcones”, casas de seguridad y presuntos vínculos de protección institucional. Sus afirmaciones también apuntaban a planes contra funcionarios de la entonces SIEDO y contra otros testigos protegidos.

Es decir, “Karen” no era un personaje decorativo en el expediente de la violencia Zeta. Era, de acuerdo con los reportajes y fragmentos reproducidos, una fuente con conocimiento interno sobre la expansión criminal, la corrupción policial y los mecanismos de operación del grupo que durante años convirtió a Tamaulipas en territorio de terror.

Por eso su asesinato, ocurrido en mayo de 2015 , no puede presentarse como un dato aislado. Su muerte cerró una boca que hablaba de policías, militares desertores, redes de vigilancia y capos. Y en ese contexto aparece el nombre de Penilla, a partir del dicho de su propio chofer, en una acusación extremadamente grave que exigía investigación y esclarecimiento, no reciclaje político.

El problema es el “compadre”

La cuestión de fondo no es que un litigante defienda a acusados: toda persona tiene derecho a defensa legal, incluso los capos. El problema comienza cuando la frontera entre defensa técnica, cercanía política y presunta operación criminal se vuelve borrosa; más aún cuando las alertas públicas no disuaden al poder politico, sino que parecen convertir al personaje en interlocutor privilegiado, como lo hizo Penilla,ya en calidad de asesoren octubre de 2022.

Ahí está el cuestionamiento hacia Américo Villarreal: no por lo que Penilla haya dicho de sí mismo, ni por la narrativa que terceros hayan construido, sino por la decisión concreta de darle cabida política y el deber elemental de explicar bajo qué criterios ocurrió.

Un gobernador no puede alegar sorpresa eterna. Menos en Tamaulipas, donde los nombres, los vínculos y las sombras del viejo poder criminal no son material de archivo y siguen siendo una herida abierta que apunta a MORENA. Si Penilla tenía antecedentes mediáticos tan delicados, el deber de Villarreal era revisar, contrastar y transparentar. Si no lo hizo, exhibe una negligencia inadmisible de Indole criminal. Si lo hizo y aun así lo acercó, la explicación debe ser todavía más convincente.

Porque en este caso la pregunta no es solamente quién fue “Karen” ni qué sabían Los Zetas. La pregunta que pesa sobre Palacio de Gobierno es más simple y más venenosa: ¿qué vio Américo Villarreal en Penilla para hacerlo asesor, y qué decidió no ver para mantenerlo cerca?

Con información: MEDIOS/REDES/

¿SABES QUIÉN SOY?: EXASESOR de AMÉRICO, ABOGADO de ZETAS, del MAYO ZAMBADA, LIGADO a MORENA y SANCIONADO por la OFAC en EE. UU., DESATÓ TRIFULCA en POLANCO… egresado de la UAT.

Un pleito por una mesa en Polanco habría sido apenas la postal menor de Juan Pablo Penilla: el ex-asesor del Gobernador de Morena,Americo Villarreal,abogado de Los Zetas del Cartel del Noreste (CDN),igual que de el Mayo Zamabada y reciéntemente sancionado por la OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

El abogado egresado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) arrastra un expediente mucho más pesado que una reservación mal atendida.

Aqui la verdadera pregunta no es por qué armó escándalo, sino cómo alguien señalado como engrane del Cártel del Noreste a quien le antecede un triple asesinato para callar a testigo protegidos llegó a exhibir —con oficio y membrete— cercanía con el poder tamaulipeco.

Del “¿sabes quién soy?” al expediente que nadie quiere contestar

En Polanco, Juan Pablo Penilla Rodríguez habría montado una escena de barrio fino con modales de cantina: gritos, forcejeos y el clásico “¿sabes quién soy?”, presuntamente porque en el restaurante Karisma no le asignaron la mesa que exigía. El abogado fue retirado del lugar tras el altercado, según las versiones difundidas sobre el video.

Pero el espectáculo no está en que un abogado pierda los estribos por una reservación. La pieza verdaderamente incómoda es quiénes el personaje ligado a Morena que exige trato especial.

Y aquí se acaba la anécdota gastronómica y empieza el expediente. El 14 de abril de 2026, la OFAC del Departamento del Tesoro estadounidense sancionó a Penilla al sostener que, mientras representaba al “Z-40”, habría prestado servicios ilegales a integrantes del Cártel del Noreste —la estructura que Washington identifica como heredera de Los Zetas— más allá de una relación profesional ordinaria entre abogado y cliente. 

La autoridad estadounidense afirmó que fungía como intermediario entre Treviño y la dirigencia actual del CDN, facilitando comunicaciones y operaciones desde prisión. 

O sea: el problema no es un comensal furioso porque no le guardaron la mesa. El problema es que el protagonista del video es un litigante sancionado por Estados Unidos bajo señalamientos de operar como puente entre un capo preso y una organización criminal. En ese contexto, el “¿sabes quién soy?” deja de sonar a arrebato de prepotencia y empieza a parecer una pregunta dirigida, con toda comodidad, al poder político que durante años lo arropó.

Porque Penilla no sólo aparece en el expediente estadounidense ni en las defensas de “El Mayo” y el “Z-40”. También fue nombrado asesor honorífico del Ejecutivo de Tamaulipas en enero de 2023, durante el gobierno de Américo Villarreal Anaya. Esa designación, documentada en publicaciones periodísticas, convierte lo que debería ser un asunto de deslinde institucional en una pregunta de responsabilidad política: ¿qué filtros se aplicaron antes de abrirle la puerta del gobierno estatal a un abogado que hoy está sancionado por la OFAC? 

Américo Villarreal no puede despachar el asunto con la coartada de la sorpresa retrospectiva. Si un personaje con vínculos públicos con defensas de alto calibre criminal recibió trato de asesor dentro del Ejecutivo tamaulipeco, el gobernador tiene la obligación política de explicar qué sabía, cuándo lo sabía, qué funciones desempeñó Penilla y qué acceso tuvo a decisiones, operadores o información del gobierno.

No se trata de adjudicar delitos sin sentencia ni de sustituir una investigación judicial con una columna. Se trata de recordar lo elemental: una sanción de OFAC no es una cadena de WhatsApp; es una determinación formal de una autoridad financiera estadounidense que bloquea bienes bajo jurisdicción de Estados Unidos y prohíbe transacciones de personas estadounidenses con el designado. 

La escena de Polanco podrá venderse como video viral: un señor encendido, una mesa disputada, empleados tratando de contenerlo y cámaras grabando el numerito. Pero el ruido de fondo es otro. Mientras Penilla discutía por una reservación, seguía pendiente la reservación más importante: la que le otorgó espacio, credencial y proximidad con el poder de Morena en Tamaulipas.

Y esa mesa, gobernador Américo Villarreal, no la apartó el restaurante.

Porque una mesa negada en Polanco puede provocar un berrinche. Pero una oficina abierta desde el gobierno para personajes de ese calibre exige explicaciones. No gritos, no videos, no deslindes de ocasión: explicaciones.

Con informacion: Redes/medios