Nancy vivió más de dos décadas en Culiacán, construyó la casa donde se imaginaba bodas, nietos y sobremesas eternas, hasta que las balaceras, una troca sospechosa siguiéndola y los tiros cerca de su puerta le dejaron claro que el para siempre dura lo que un enfrentamiento. Vendieron la casa, rompieron el cordón umbilical con su barrio y ella hasta dejó un trabajo de 15 años como maestra de secundaria para poder largarse con los suyos. El plan sonaba muy simple: cambiar código postal para dejar de vivir con el dedo pegado al botón del pánico.
El papá se adelantó con los hijos, uno en la universidad y otro a punto de salir de prepa, y luego Nancy se subió al tren del destierro voluntario rumbo a Guadalajara, convencida de que allá sí iban a poder caminar tranquilos, sacar a los chamacos a la plaza y respirar algo que no oliera a pólvora.
Pero la “casa de los sueños” se convirtió en cajero automático: lo que pensaban usar para despegar mejor la nueva vida ahora apenas les alcanza para la renta y los básicos, mientras el esposo gana menos en la construcción y ella batalla para conseguir una plaza estable como docente.
«Cuando huyes, pero no te vas”
Guadalajara los recibió con la sonrisa hipócrita de ciudad “más segura” y la misma banda sonorade siempre: sirenas, patrullas y narco-rumores. La muerte y captura de capos desataron otra ola de violencia y a Nancy le cayó el veinte de que no huyó de un lugar, sino de un estilo de vida que ya se volvió nacional: el de agacharse cuando se escucha el primer disparo.
Uno de sus hijos terminó en medio del caos en una plaza comercial, viendo a la gente correr, tirar las compras, encerrarse donde fuera, mientras afuera tronaban balas como si estuvieran de regreso cualquier jueves negro Culiacán. Lo que para muchos es nota roja, para ellos fue déjà vu: el mismo miedo, pero con otra área metropolitana, otra placa en las patrullas y otro gobernador fingiendo demencia pero echando rollos sobre “hechos aislados”.
Migrar sin cruzar la frontera
La historia de Nancy es el retrato incómodo del país: ya no se migra por sueño americano, se migra por miedo mexicano. No cruzan el río Bravo, cruzan del bulevar que ya conocen a una avenida donde el Waze tarda en encontrarles la casa, con la esperanza ridícula de que los balazos respeten el cambio de ciudad. Ella misma admite que nunca estuvo en sus planes irse, pero que cada vez más familias van a terminar empacando lo poco que tienen para buscar un lugar donde los niños no aprendan a tirarse al piso antes que a escribir su nombre.
Porque no es mala suerte, es sistema: te orilla a vender tu casa, a dejar tu chamba, a reinventarte desde cero, solo para descubrir que la violencia no tiene domicilio fijo, pero sí una franquicia en cada estado.
La actual “Ola de violencia” de Sinaloa es básicamente una carnicería con acta notariada: 2,936 homicidios, 3,474 personas privadas de la libertad, 10,032 vehículos robados, 3,313 detenidos y 170 abatidos entre el 9 de septiembre de 2024 y el 4 de marzo de 2026, todo barnizado con una impunidad de 94.8% que haría sonrojar a cualquier dictadura tropical, este es parte de guerra del segundo piso y bajo una estrategia que repite errores y horrores.
Y Adrián López Ortiz, director general del periódico Noroeste no se equivoca,la violencia que actualmente se vive constituye la crisis de seguridad más grande en la historia del estado, afirmó durante el Conversatorio ciudadano “El futuro de la seguridad de Sinaloa: ¿Hacia dónde y cómo?”.
El periodista señaló que la entidad atraviesa la tercera guerra interna del Cártel de Sinaloa en lo que va del siglo, un conflicto que, dijo, podría transformar definitivamente a esa organización criminal,cita Noroeste.
La guerra más larga… y más inútil
Sinaloa lleva la peor guerra de su historia y el Estado responde con lo de siempre: operativos ,capturas intermitentes para la foto que han dejado un ejercito de detenidos por parte de un ejercito de soldados ,pero también uno aun mas grande, el de victimas que no se citan en conferencias mañaneras y grafiquitas maquilladas de “estrategia integral” que no integran nada.
De casi 40 mil delitos, solo un puñado llega a sentencia mientras el resto se archiva en la gran fosa común de las carpetas “en integración”.
En la práctica, la ley funciona como programa de lealtades: se aplica al enemigo político, nunca al que realmente manda en la calle.
El balance a paso de tortuga (2024–2026)
Tomando el periodo del 9 de septiembre de 2024 al 4 de marzo de 2026,el mas reciente publicado por Noroeste, estamos mirando una radiografía brutal:
2,936 homicidios dolosos (5.4 diarios).
3,474 personas privadas de la libertad (6.2 diarias).[
10,032 vehículos robados (18.5 diarios).
3,313 personas detenidas (6.1 diarias).
170 personas abatidas.
Es la ecuación perfecta: muchos muertos, muchos desaparecidos, muchos autos robados, y una justicia que solo aparece cuando hay que inflar cifras en un informe.
Proyección cínica al 2030: la herencia de Sheinbaum
Si asumimos que el ritmo actual sigue igualito —porque nada indica lo contrario—, en 2030 la “estrategia” de Sheinbaum y sus cerebritos de seguridad nos dejaría algo así (manteniendo tasas diarias actuales hasta septiembre de 2030):
Cálculo aproximado
Periodo base: del 9 de septiembre de 2024 al 4 de marzo de 2026 ≈ 542 días.
Homicidios: 2,936 en 542 días → 5.4 diarios.
Privaciones de la libertad: 3,474 → 6.2 diarios.
Vehículos robados: 10,032 → 18.5 diarios.
Supongamos ,esperando con fervor que «la boca se nos haga chicharrón» ,que el mismo ritmo se mantiene de hoy hasta el 9 de septiembre de 2030 (unos 4 años y medio más, aproximadamente 1,650 días adicionales sobre la base ya medida, para un total cercano a 2,200 días de “Ola” continua).
La cuenta macabra al 2030 (aproximada)
Homicidios: 5.4 diarios × 2,200 días ≈ 11,880 muertos.
Personas privadas de la libertad: 6.2 diarios × 2,200 días ≈ 13,640 desaparecidos/levantados.
Es decir, si seguimos a este paso de tortuga con pretensiones de jaguar, Sheinbaum podría entregar en 2030 un Sinaloa con casi 12 mil asesinados, más de 13 mil personas arrancadas de sus casas y calles, y más de 40 mil vehículos robados bajo su sexenio.
Tabla de la “herencia” proyectada
Indicador
Cifra 2024–2026
Proyección 2030 (aprox.)
Homicidios dolosos
2,936
11,880
Personas privadas de la libertad
3,474
13,640
Vehículos robados
10,032
40,700
Todo esto con una impunidad de 94.8%; es decir, justicia para menos del 6% y carta blanca para el resto.
El ejercicio hipotético: cuando la normalidad es la guerra
El verdadero terror no está en que estas cifras sean “excepcionales”, sino en que ya suenen normales.
Si nada se rompe en la estrategia —si seguimos con la misa de algoritmos y mesas de seguridad”—, en 2030 el expediente de Sinaloa será el acta de defunción de cualquier narrativa de pacificación.
La pregunta no es cuántos muertos más aguanta el Estado, sino cuántos muertos más estamos dispuestos a aceptar como precio de seguir fingiendo que esto es gobernar.
Seis mil 440 feminicidios de 2019 a enero de 2026 no son una estadística: son un inventario nacional de cuerpos que el Estado dejó caer, uno por uno, a la fosa común de la impunidad. Sinaloa, Ciudad de México y Estado de México encabezan la lista como si fueran medallero olímpico, compitiendo por quién le falla más a sus mujeres mientras los gobiernos locales presumen “estrategias integrales” y “resultados históricos” en conferencias amañadas, maquilladas llenas de flores moradas.
En medio de esa carnicería, 635 niñas y adolescentes asesinadas en siete años son el recordatorio obsceno de que ni siquiera la infancia está a salvo: el patriarcado no espera a que crezcan, las entierra desde los cero años.
A eso súmale 28,770 mujeres desaparecidas registradas en el padrón oficial, convertidas en número de expediente y en foto pixelada en una ficha de búsqueda que el algoritmo empuja al olvido mientras las madres se vuelven investigadoras, peritas y rastreadoras a pesar del Estado, no gracias a él.
La famosa Alerta de Violencia de Género, ese mecanismo que costó años de lucha, hoy es un adorno burocrático: la vaciaron, la opacaron, la centralizaron y le cortaron la obligación de reportar cada seis meses, porque nada estorba más a los gobiernos que tener que explicar por qué las siguen matando. El mensaje es claro: menos rendición de cuentas, más simulación, más discursos de “no están solas” mientras bolsean el presupuesto de 856 millones para “prevenir y detectar violencias feminicidas” sin decir con claridad cómo, dónde, ni en qué se gastan el dinero de las muertas.
Para rematar la burla, hay estados donde ya se habla de levantar Alertas porque “bajaron 50% los feminicidios”, como si dejaran de matar por decreto, o como si el truco de no investigar muertes violentas como feminicidio no fuera precisamente la forma más barata de reducir cifras. Se premia la simulación: menos carpetas por feminicidio, más homicidios dolosos genéricos, más actas sin perspectiva de género, más familias revictimizadas; el Excel luce precioso, los panteones no.
El Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio advierte que no hay análisis de contexto, no hay peritajes sociales, no hay patrones ni modus operandi identificados frente a redes criminales que se expanden por todo el país, pero sí hay gobierno posando en el 8M con frasecitas para Instagram. Al mismo tiempo, organizaciones documentan que solo en 2025 se registraron 5,020 mujeres víctimas de homicidio y que la crisis de desapariciones atraviesa cada estado, mientras desde el poder se insiste en que se “exagera” la violencia o se politizan las cifras.
En resumen: México llega al 8M con 6 mil 440 feminicidios, decenas de miles de desaparecidas y un Estado que no corrige la barbarie, la administra. La consigna en las calles es incómoda pero exacta: no son “cifras de seguridad”, es un proyecto de país donde ser mujer implica caminar todos los días sobre la línea delgada entre sobrevivir y convertirse en estadística.
Tras la caída y abatimiento de Ruben Oseguera,alias El Mencho, México no estrenó “nuevo mapa criminal”; solo le cambiaron el filtro de Instagram al mismo paisaje podrido que el analista en seguridad, Ernesto López Portillo ,lleva años describiendo y que el poder prefiere fingir que no ve mientras nos receta algunos distrractores.
El Mencho como distractor nacional
Matar al Mencho, después de cazar a El Botox en Michoacán y de ver cómo Ryan Wedding se entregaba en Ciudad de México, sirve para el espectáculo político, pero no para desmontar el negocio.
El CJNG no era solo un capo: era una franquicia multinacional del delito con protección política,policiaca y militar, que ya migró del campo a los sintéticos y a cualquier cosa que deje margen: aguacate, limón, tianguis, transporte, huachicol.
El resultado es un país “huérfano” de gran jefe, pero no de estructuras criminales; más bien al revés: estructuras maduras, jefes intermedios en fila y un montón de guerra por venir.
La idea central de López Portillo
Ahí es donde la visión del analista en seguridad y coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, Ernesto López Portillo López Portillo corta la narrativa oficial como bisturí: Estados Unidos mete presión, México responde con operativos de espectáculo y lo único que colapsa son los liderazgos, no las estructuras.
La consecuencia no es menos violencia, sino más; no menos crimen, sino crimen más fragmentado, más impredecible y más pegado al Estado. Su pregunta es incómoda porque evidencia el truco: “¿van por los liderazgos o por las estructuras del crimen?”, sabiendo que la respuesta real es “por la foto y el titular, no por el andamiaje político-criminal que sostiene el negocio”.
López Portillo insiste en lo que casi nadie quiere tocar: la base social, económica y política del CJNG y demás grupos, y la interacción cotidiana con el Estado, se borran del debate mediático como si fueran temas indecentes. Se sigue repitiendo la fantasía de que Estado y crimen son cosas separadas, cuando la práctica diaria es un continuo de complicidades, nóminas compartidas y captura institucional. Para él, la obsesión con “el último gran capo” es solo el episodio nuevo de una serie repetida: Zetas, Caballeros Templarios, Chapitos, Mencho; cambian los nombres, el ciclo permanece.
Necromaquinaria y necrogobierno
Rossana Reguillo autora de «Necromáquina. Cuando morir no es suficiente«, un ensayo fundamental sobre las formas de la violencia en el país ,sube el volumen: lo de Mencho es una prueba más de la ausencia de políticas de Estado que ataquen el problema estructural. Se elige “decapitar y no desmantelar”: se cortan cabezas, brotan más, y seguimos actuando sorprendidos como si no hubiéramos visto esta película “miles de veces”. La necromaquinaria que describe Reguillo funciona sin menchos ni chapos; opera como red, no como mito individual, y el Estado se limita a jugar al whack-a-mole con los jefes visibles.
En Sinaloa sur, pese a año y medio de operativos y cientos de detenidos, una célula ligada a Los Chapitos desaparece mineros en Concordia y turistas en Mazatlán como si nada hubiera pasado. La “resiliencia” de Los Chapitos no es magia criminal: es la evidencia de que el modelo de seguridad solo toca la superficie del sistema.
Enjambre: cortan la cabeza, no el tumor
La Operación Enjambre es el ejemplo perfecto del tipo de acción que López Portillo critica: luce bien en conferencia, se queda corta en la realidad. En el Estado de México detienen funcionarios y jefes de policía de diez municipios ligados a La Nueva Familia Michoacana; en Jalisco detienen al alcalde de Tequila por operar extorsiones y hacer apología del CJNG y del Mencho. Pero el propio diagnóstico interno es brutal: los resultados son “modestos”, porque otra vez solo se cercena la cabeza del lado institucional, sin desmontar dinámicas, estructuras ni las cadenas largas de corrupción.
Lo que hay debajo es captura del Estado a nivel municipal y estatal: los criminales no solo cobran piso, también son proveedores obligatorios de pollo, tortillas, cemento, grupos musicales, y reclaman espacios en las estructuras de gobierno para controlar padrones, remesas, comercio. En ese contexto, hablar de “mapa criminal” sin hablar de mapa de captura institucional es, en la lógica de López Portillo, una forma de encubrimiento narrativo.
El futuro: guerras regionales
Tras la caída del Mencho, aparecen documentos con nóminas que incluyen pistoleros, comandantes, vigilantes, pero también policías y autoridades, que confirman el control territorial del CJNG en Jalisco, sede de partidos del Mundial este verano.
El secretario Omar García Harfuch dice que hay cuatro posibles candidatos al trono, mientras académicos como Salvador Maldonado recuerdan que el CJNG nació con liderazgo ultra centralizado y que no hay heredero de esa talla. La sucesión no es chisme de narco-series: es la pregunta sobre qué tipo de estabilidad —o inestabilidad— fabricarán los nuevos liderazgos y cómo mantendrán enganchados a muchachos que pelean por 200 o 300 dólares.
Las guerras regionales en Michoacán y en el centro del país serán el laboratorio del futuro: ahí nació el CJNG, ahí se reciclaron los restos de Caballeros Templarios, ahí se van a medir las nuevas lealtades. Reguillo plantea dos rutas: una lucha intestina por un nuevo liderazgo unipersonal que dispare la violencia y exhiba debilidad ante otros grupos, o un “gobierno de sombra” ya pactado, donde la sucesión esté arreglada de antemano. En cualquiera de los dos escenarios, el punto de López Portillo queda intacto: mientras la estrategia siga persiguiendo cabezas para consumo de Washington y pantalla nacional, el verdadero mapa criminal —el que mezcla nóminas, alcaldes, gobernadores ,remesas, agroindustria y miedo— seguirá intacto.
Con informacion: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/PABLO FERRI/PATRICIA SAN JUAN
El CJNG, esa hidra jalisciense con más vidas que un gato narco, extiende sus tentaculos por todo México y más allá, según reciente reportaje de Río Doce ,Rube Oseguera Cervantes, «El Mencho», el capo discreto pero letal que revolucionó el mapa criminal con cabeza fría y perfil bajo, dejó un imperio capaz de liquidar jueces, políticos y militares sin pestañear.
Expansión Doméstica Implacable
La Sedena tenía conocimiento entonces, que el CJNG liderado por Rubén Oseguera Cervantes, el Mencho, abatido el pasado domingo 22 de febrero, había logrado expandirse a 25 estados de México, no solo por sus métodos violentos ni por el ejército de halcones, sicarios, operadores financieros y cabecillas que integraban la organización criminal, sino también por su capacidad de cooptación de policías, militares, políticos y autoridades municipales, estatales y federales.
La red de corrupción que el CJNG forjó a lo largo de los años fue seguida de cerca por el Ejército. Decenas de documentos e informes secretos y confidenciales elaborados por el Centro Nacional de Inteligencia y la Sedena, hackeados por el grupo Guacamaya en 2022, muestran cómo el grupo delincuencial y sus filiales tuvieron entre sus filas a integrantes de corporaciones e instituciones de gobierno, que tenían entre sus tareas combatirlos.
Jalisco, Zacatecas, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Guanajuato, Campeche, Puebla, Chiapas, Michoacán, Morelos, Nayarit, Estado de México, Baja California, Veracruz, Oaxaca, Guerrero e incluso la Ciudad de México, son algunos de los estados donde el cártel delMencho tiene presencia, y donde el Ejército encontró en mayor o menor medida vínculos con autoridades locales. Las nóminas difundidas por El Universal son apenas la punta del iceberg del sistema corruptor de la organización delictiva.
En Jalisco, infiltrado en corporaciones de seguridad
El CJNG, —que inició como brazo armado del Cártel de Sinaloa en 2007, del cual se separó en 2011 para dedicarse por cuenta propia al tráfico de drogas y armas bajo el mando del Mencho y en conjunto con Los Cuinis—, tenía presencia en el 80 por ciento de la entidad en 2020, “logrando permear las estructuras gubernamentales a nivel estatal y Municipal (Procuración de Justicia, Corporaciones de Seguridad Pública y del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Computo ‘C-5’), señala un informe de inteligencia del Ejército fechado en julio de ese año.
El nivel de organización del grupo delincuencial era vertical, de acuerdo a la Sedena, teniendo como jefe máximo a Rubén Oseguera, quien tenía bajo su control a jefes regionales y de plazas en cada estado, quienes se apoyaban a su vez en mandos multinivel, de acuerdo a tareas específicas que iban desde tráfico de drogas, armas, narcomenudeo, huachicol, tala de madera ilegal, extorsiones, lavado de dinero, sicariato, halconeo, así como brazos armados como la célula de los Deltas en Guanajuato, que disputaban la plaza al Cártel de Santa Rosa de Lima o La Barredora en Tabasco.
En los esquemas de la organización criminal, de acuerdo a múltiples diagramas elaborados por el Ejército y clasificados como “secretos”, se incluyen a policías, militares, funcionarios de gobierno, políticos, empresarios. “En Jalisco, el CJNG tiene en Guadalajara y Zapopan uno de sus principales corredores de distribución de cocaína, tanto la policía municipal como estatal se encargan de su protección; prueba de ellos es que durante la distribución de despensas en Zapopan, fue la policía municipal quien los protegió”, señaló otro informe de 2020.
Carlos Pelayo Núñez, don Carlos, perteneciente al círculo cercano del Mencho y jefe regional, señala un informe de 2020, pagaba “60 mil pesos por semana a autoridades policíacas”.
Otro documento señala que Audias Flores Silva, el Jardinero, jefe Regional del CJNG en el norte del estado de Jalisco y el centro y sur de Nayarit, tenía tareas de tráfico de cocaína, coordinación de producción, trasiego y venta de mariguana y robo de hidrocarburos, las cuales realizaba manteniendo “el control de su área de influencia mediante la cooptación de autoridades, empleo de células armadas y mediante dádivas a la población”.
El CJNG también atrajo a sus filas a militares. El 15 de agosto de 2019, en Guadalajara fueron detenidos el Teniente Jesús Marcelo Chacón Patiño, alias Tartamudo y el Capitán retirado Sergio Águila Luévanos, Capitán o el Águila, quien había sido director de Seguridad Pública del municipio de Villa Corona. Las áreas de inteligencia de la Sedena, institución a la que pertenecían, encontraron que ambos habían dejado el Ejército para traficar armas para el cártel del Mencho.
Guanajuato, Tabasco, SLP, Colima…
En Guanajuato, añade, donde pelea la plaza al Cártel de Santa Rosa de Lima, la organización criminal del Mencho ganaba terreno por medio “del temor derivado de los asesinatos de informantes, colaboradores y facilitadores del CSRL; asimismo, ha logrado cooptar servidores públicos que de alguna manera le facilitan sus actividades ilícitas, gozando de impunidad”.
En San Luis Potosí, se vinculó al CJNG con alcaldes. Un informe de diciembre de 2021, señala que Jesús Soni Bulos, presidente municipal de San Vicente Tancuayalab, es hermano de Jorge Luis Soni Bulos, el Coquis, encargado de una célula afín al CJNG en Tanquían de Escobedo. Además Brisseire Sánchez López, alcaldesa de Tampacan, es esposa de Gashy Said Maslum Soni, sobrino del Coquis, quien fue detenido en 2013 con armas AK-47 y cocaína.
“Maslum Soni es sobrino de Jorge Luis Soni Bulos (a) “El Coquis”, que presuntamente financió la candidatura de Brisseire Sánchez López, donde resultó electa como presidenta municipal de Tampacan, S.L.P. en las elecciones del 2018”, señala la Sedena en el informe.
“Los colaboradores de Jorge Luis Soni Bulos son Héctor Arturo Villanueva de la Piedra (a) “El Negro”, mismo que se tiene información que al parecer es Sgto. 2/o. Cab. Ret…”
Otra autoridad municipal vinculada en 2022 al cártel del Mencho fue la alcaldesa de Villa de Reyes, Erika Irazema Briones Pérez. “Se tiene conocimiento que su pareja sentimental Alfredo Hilario Téllez es señalado de mantener vínculos con integrantes del C.J.N.G., asimismo, el 2 Jun. 2021, fue acusado de haber perpetrado una agresión con arma de fuego en contra de la C. Abigail Hernández Rodríguez, excandidata por el P.R.I. para presidenta municipal”.
HERNÁN BERMÚDEZ REQUENA. Socio del Mencho en Tabasco.
De acuerdo a notas periodísticas, Erika Briones y su esposo fallecieron el 6 de octubre de 2023 en un accidente de carretera.
En el texto se señala que los nombres de los alcaldes de Cárdenas, Jorge Omar Muñoz Martínez, y el de Tanlajas David Ismael Acuña Castillo, fueron vinculados al Cártel Jalisco en diversas mantas.
Diversos reportes de 2020 y 2022 elaborados por las áreas de inteligencia del Ejército, evidencian que en Colima, el CJNG sumó a sus filas al exdirector de Seguridad Pública de Villa de Álvarez y Comala, Joel Pérez Cabrera, el Viejito, quien mantenía vínculos con José Juan Torruco Ramos, el Apa. El exjefe policíaco llegó a convertirse en jefe de plaza.
Un expolicía federal y un estatal, de nombre Manuel Alejandro Ochoa Paz, el Marino y Edwin Omar Velasco Alcaraz, Minimix y/o Alcatel, dejaron sus cargos para sumarse a las filas del Mencho en Colima. El primero como operador y el segundo como sicario.
“Autoridades cooptadas Óscar Ricardo Lozano “Director de Seguridad Publica en Comala, Colima” y Gerardo Santos. “Comandante de Seguridad Publica en Comala, Colima”, detalla el informe.
En Nayarit y la Ciudad de México, el Ejército detectó también a ex agentes y a ex militares dentro de la organización. En la capital del país, los involucrados fueron los expolicías federales Rafael Landeros Cárdenas y Alejandro Vargas Arzate, mientras que en Nayarit el sargento de Infantería Gabriel Hernández Cruz, el Borrego, se convirtió en jefe operativo dentro de la organización criminal.
En Morelos, la Sedena creía que Leonel Zeferino Díaz, presidente municipal de Xoxocotla, tenía “vínculos (se desconoce que grado) con integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, que operan en la zona sur del estado”.
En ese mismo estado, el empresario y excandidato a la alcaldía de Cuautla, Carlos Benítez Sánchez Alias el Bilmart, estaba ligado a José Alberto Valdés Chapa, el Señor de la V, líder del CJNG en Morelos. Bilmar fue asesinado en agosto de 2022. Su ejecución fue adjudicada a José Antonio Alvarado, alias la Vara, líder del grupo delictivo Los Acapulcos, filial de la organización criminal “Guerreros Unidos”, que peleaba el control del territorio con el Cártel del Mencho.
En Tabasco, La Barredora, filial del CJNG y que lideraba Hernán Bermúdez Requena, entonces secretario de Seguridad Pública de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López, operó durante años en el tráfico de drogas, asesinatos, huachicol, hasta que el líder fue detenido en septiembre de 2025 en Paraguay y extraditado a México.
Como parte de los adelantos tecnológicos desarrollados por la Dirección General de Industria Militar, México presentó el prototipo Radar de Vigilancia Aérea 3D TPS-Camazot 220.
El Camazot 220 es básicamente la pesadilla hecha murciélago para todo narco “volado” que todavía cree que la avionetita Cessna es sigilosa porque despega desde una brecha con faros chinos y bendición de santo Malverde.
El murciélago que ve en 3D (y a 220 km)
Es un radar de vigilancia aérea 3D desarrollado en México, semifijo: se lleva, se planta y se pone a cazar blancos.
Tiene un alcance de 220 kilómetros, suficiente para ver cómo sales del rancho, cruzas la costa y todavía te da tiempo de arrepentirte en el aire.
Detecta objetivos de unos cinco metros cuadrados, o sea justo el tamaño de las avionetas tipo Cessna que se usan para operaciones ilícitas.
Traducción al idioma del narco piloto confiado: si tu juguete vuela y no es un mosquito, el Camazot lo ve.
Cerebro propio y bolsillo nacional
El sistema fue desarrollado por ingenieros mexicanos (mecatrónica, electrónica, software, redes) que ya habían trabajado con Sedena y Marina en el prototipo Tzinacan.
El radar integra subsistemas de Procesamiento Digital de Señales (el “cerebro”), Monitoreo y Control (para que no revientes el equipo) y Despliegue y Operación (el mapa donde se ve tu rayita en el cielo).
Costará aproximadamente una quinta parte de lo que vale un radar comercial similar, porque la idea es dejar de pagar marca extranjera y meterle sello nacional a la vigilancia aérea.
Mientras el narco anda presumiendo relojito y troca blindada, al otro lado están metiendo dinero en un sistema que se presume vale menos y dicen ve más.
Qué hace cuando “te agarra la marca”
El TPS-Camazot 220 mide altitud, velocidad y trayectoria de las aeronaves en tiempo real, con algoritmos para analizar todo al vuelo.
Mejora la detección de aeronaves no notificadas y reduce el riesgo de incidentes en el espacio aéreo, es decir: menos excusa de “no sabíamos qué volaba ahí”.
Está pensado para operar en condiciones difíciles, manteniendo desempeño confiable incluso en entornos adversos.
Dónde y para qué te van a estar mirando
El sistema se empieza a desplegar en el sureste de México, clave para rutas aéreas de tráfico y para la seguridad de la región.
El plan es expandir la red de radares TPS-Camazot 220 a otras regiones del país y conectar todo esto con centros de mando y control militares.
Ya se habla de integrar inteligencia artificial para análisis de datos y detección de amenazas, para que ni siquiera tengas que volar muchas veces antes de aparecer marcado como patrón sospechoso en pantalla.
Dedicatoria final para el narco “volado”: pueden cambiar de pista, de ruta, de santo y de corrido, pero mientras sigan usando avionetas del tamaño de cinco metros cuadrados, el murciélago ya las tiene en la mira.
