Es un joven delgado, tirándole a flaco, moreno, con una gorra que resalta por el gallo giro que tiene bordado al frente. Se llama Bruno y apenas tiene 19 años, pero trabaja desde hace tres. “La escuela no se hizo pa’ mí”, dice, cuando cuenta porqué abandonó la secundaria.
Es hijo único, pero sus padres nunca se hicieron cargo de él, fue su abuela quien lo crio. Su mamá desde joven consume drogas y él aseguraba que nunca haría lo que ella. Pero cayó, no como consumidor, pero sí como vendedor. Así que fue la necesidad y falta de estudios, dice, lo que lo acercó a la delincuencia. Inició vendiendo mariguana entre sus amigos y poco a poco lo absorbió el negocio.
Pero el narcomenudeo no le impidió esperar impacientemente cumplir 18 años para poder sacar “el INE” y que “mi ‘abuelito’ me dé una beca”. Cuando dice mi abuelito”, Bruno se refiere al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Así, como más de dos millones 356 mil 29 jóvenes, en cuanto obtuvo su credencial de elector, se inscribió al programa de bienestar “Jóvenes Construyendo el Futuro”, como supuesto aprendiz en la llantera de un tío. “Le daba una Sor Juana (200 pesos) y mi tío me hacía el paro de decir que trabajaba con él. ¡Todos ganamos!”
Desde que asumió el poder, López Obrador prometió el apoyo a jóvenes desempleados de 18 a 29 años, los cuales trabajarían como aprendices en actividades productivas con un sueldo que, inició en tres mil 600, y que ahora alcanza los seis mil 310 pesos mensuales.
“Es muy importante que haya paz, que haya tranquilidad, aquí (Baja California) hubo casos lamentables de jóvenes desaparecidos y tenemos que aclarar todo eso, que no haya impunidad, que no haya violencia, que se consiga la paz en todo el país, es la idea, en el principio, en el criterio de que la paz es fruto de la justicia, por eso nos importa atender a los jóvenes para que no se vayan por el camino equivocado”, dijo el mandatario en octubre de 2021.
Esa era la idea del programa, dar oportunidades a los jóvenes para comenzar y aprender en un trabajo legal para tener mejores oportunidades y un desarrollo que inhibiera su paso a la delincuencia. Esto no ocurrió con Bruno, al menos no lo alejó de la delincuencia. Lo que inició como venta de mariguana se fue intensificando y se convirtió en dealer de otras sustancias aún más dañinas y adictivas, las mismas que mantenían a su madre alejada de él.
Pero fue más allá, cuando el dinero no le alcanzaba, cuenta, tuvo que “hacer otras chambas, como bajarme a un güey”. El pago por cometer un homicidio era mucho más elevado y atractivo que una beca del gobierno.
En febrero de 2022, cuando parecía que el gobierno morenista había logrado una tendencia a la baja en los delitos, el presidente López Obrador aseguraba que una de las razones de ese aparente éxito (que después no se sostuvo) fue que “hemos podido también avanzar, eso es lo segundo y es importantísimo, por atender las causas que originan la violencia, es decir que la gente tenga trabajo, que aumente el salario, que se atienda a los jóvenes, que se garantice el derecho a la educación, a la salud, al bienestar, que se atiendan a los pobres, ahí vamos avanzando, poco a poco, y vamos a seguir con la misma estrategia”.
Pero los números contradicen cada vez más al Presidente. Un año después, en 2023, al revisar la incidencia delictiva frente a la cantidad de jóvenes en los municipios y los casos en los que se ven involucrados en delitos o que son asesinados, la tendencia no es a la baja ni en el caso de homicidios de manera consistente. Así que los jóvenes siguen participando en ilícitos, desde el huachicoleo, el sicariato, los secuestros, extorsiones o la producción de drogas, por mencionar los más redituables, y de acuerdo a los números de Bienestar, al mismo tiempo cobran los programas sociales, es decir, hay muchos Brunos más.
ejecentral cruzó las cifras oficiales y confirman cómo están siendo asesinados más jóvenes, cómo en las prisiones tres de cada 10 presos tienen entre 18 y 29 años, y la incidencia delictiva no muestra una consistente baja.
Pero si bien la justificación de estos programas a favor de los infantes y jóvenes se incluyeron para atender el problema desde el origen, también es cierto que en 2018 el voto juvenil fue determinante para el triunfo de Morena, y para 2024 será lo mismo.
El Programa Jóvenes Construyendo el futuro abarca un rango de 18 a 29 años; un universo que de acuerdo al Inegi constituirá, por lo menos 20 millones de personas el próximo año con capacidad de votar.
Fallas en programa crean más “brunos”
Desde su primer año de operaciones, este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro ha sido cuestionado por el desaseo administrativo, por la falta de controles en los requisitos y la supervisión en su operación. Según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, encabezado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), desde su inicio no emitió lineamientos o reglas de operación que regularan la selección de beneficiarios.
Sólo en 2019, su primer año de ejecución, de 357 mil 923 beneficiarios con los que contó el programa, el 1 %, es decir, 3 mil 744 becarios, superaban la edad máxima establecida de 29 años, los beneficiarios superaban el ingreso per cápita o contaban, además, con el apoyo del Programa Nacional de Becas.
Otro de los programas sociales que otorga el gobierno de la llamada Cuarta Transformación, en su mayoría a jóvenes, son las Becas Universal para el Bienestar “Benito Juárez”, y también tiene fallas en su operación.
Según una evaluación realizada por el Consejo Nacional de Evaluación Política de Desarrollo Social (Coneval), esas becas operan sin una estructura organizacional aprobada, lo que significa su mayor problemática. Tampoco cuentan con manuales de procedimiento, otorgan bajos salarios a sus operadores, no cuentan con presupuesto para difusión y capacitación, y se otorgan a través de los Bancos del Bienestar, que no suelen tener el efectivo o cajeros necesarios para su correcto funcionamiento, por su recién lanzamiento.
Estas fallas, sin duda, han dado paso a que miles de beneficiarios sean como Bruno. Que el recurso esté mal enfocado, que cuenten con otra labor, que no cumplan como becarios de bienestar, incluso, que pertenezcan al crimen organizado y reciban apoyos del gobierno.
Un estudio de hace una década en México, coincide en que, si bien, la parte económica es importante en la decisión de un estudiante para abandonar la escuela, no es la única importante a considerar. Porque, por ejemplo, en la Ciudad de México que se podría decir cuenta con toda la cobertura para la educación, su nivel de desafiliación escolar es 53 % más que el de Chiapas, donde no existen las condiciones adecuadas para todos, para estudiar.
“El esquema de dar becas universales, es decir, darle a todos el mismo dinero, no está contribuyendo a abatir el abandono escolar como se plantea. Las becas tendrán que estar mucho mejor focalizadas, darle mucho más, a muchos menos. En vez de dárselos a todos, tendríamos que concentrar esos recursos en aquellos lugares donde están las personas de menores niveles socioeconómicos e invertir en la calidad de las escuelas”, reconoce Bernardo Naranjo, investigador y director de Proyecto Educativo.
Y es real, hay casos que lo demuestran, José de ser un chico jovial y dedicado a los estudios, al pasar de la secundaria a la preparatoria en la Ciudad de México, encontró un grupo de amigos que le gustaba el alcohol y hasta las drogas, lo que provocó que hasta su carácter cambiara llegando a golpear a su madre en un par de ocasiones. Nunca dejó los estudios, aunque bajó sus calificaciones, pero al ser el requisito para cobrar el apoyo asistía más o menos regularmente a la escuela. Ahora, un año después, su familia sigue enfrentando el reto de su rehabilitación.
“Nunca pensamos vivir esto. Era un hijo tranquilo y amoroso (…) el dinero que le dan de beca del gobierno le hizo sentir independiente, y las malas amistades y hasta el bullying que le hacían lo cambió. Como los chamacos pueden usarlo en efectivo, compran alcohol o lo que quieran. Sabemos varios casos similares en la misma escuela y hasta de la colonia. Yo creo que deberían haber reglas y límites para ese dinero”, acusa Brenda, la mamá de José.
Pero el gobierno no ha querido reglamentarlo, bajo la idea de que “a los jóvenes no se les pueden reglamentar los apoyos que se les entregan, como si fuesen irresponsables, como si no actuaran racionalmente”, justificó en abril de 2019 López Obrador.
“Hay una tendencia a querer imponer candados y reglamentar en qué se pueden gastar sus becas. Lo usan mucho como pretexto para que haya intermediarios que les entreguen los fondos o para reglamentar y decirles: puedes gastar en esto, en esto no”.
Y en esa misma mañanera, la del 24 de abril de 2019, el mandatario les mandó decir “respetuosamente” a los jóvenes: “Oigan, cuiden lo de la beca, úsenlo bien, aplíquenlo bien…”.
Más apoyos, más delincuentes
A diferencia de lo que sostiene el presidente López Obrador, los datos oficiales confirman que atender las causas, de la forma que lo está haciendo su gobierno, después de cuatro años, aún no ha impactado al grado que se frene o revierta la violencia.
La violencia en México se ha concentrado, en los últimos años, en 50 municipios de 12 estados, donde el Gobierno ha impulsado con prioridad y mayor fuerza su estrategia de seguridad. Desde mayor vigilancia hasta la coordinación en tareas de seguridad por parte de las Fuerzas Armadas, tanto el Ejército Mexicano, la Marina Armada de México y la Guardia Nacional, como las corporaciones policiacas. Tanto así que el gobierno lopezobradorista impulsó una iniciativa presentada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), para mantener a los militares en tareas de seguridad pública hasta 2028, y aunque la propuesta trajo muchos señalamientos, reacciones en contra, amparos y crítica internacional, fue aprobada por Morena y sus aliados.
Baja California, Chihuahua y Sonora, son tres estados fronterizos que concentran al menos cinco de los municipios más violentos del país. Pero estas tres entidades también fueron las beneficiadas con la reducción del 50 % del Impuesto al Valor Agregado (IVA) con el fin de aumentar el consumo y poder adquisitivo de los habitantes de dicha región, que impulsó la llamada 4T a su llegada.
En 2019, cuando se creó la Zona Libre de la Frontera, también se registró un aumento de 16.2 % al salario mínimo en el país, llegando a 104.64 pesos diarios, pero para esta zona se estipuló en 176.72 pesos diarios. Más beneficios para la zona en cuestión.
Pero Tijuana encabeza varias listas. No sólo es el municipio más violento, de acuerdo al número de homicidios que se cometen diariamente, también es el más poblado de Baja California y el país, con 1.9 millones de habitantes. Pero también fue, de los 50 prioritarios, el que concentró el mayor registro de beneficiarios del programa nacional de Becas para el Bienestar “Benito Juárez” a nivel medio superior, que ofrece la Coordinación Nacional de Becas “Benito Juárez”, pasando de 53 mil 757 en 2019 a 69 mil 701 beneficiarios en 2022.
El caso se repite en Iztapalapa, en la Ciudad de México, donde la cantidad de habitantes es similar, pero los beneficiarios de este mismo programa pasaron de 66 mil 746 en 2019 a 81 mil 076 en el último año.
Del estado de México, Ecatepec es el único municipio que se encuentra entre los prioritarios del Gobierno por el nivel de violencia que se registra. La demarcación de más de 1.6 millones de habitantes, la más poblada de toda la entidad, pasó de 40 mil 496 beneficiarios de becas en 2019 a 61 mil 567 en 2022. También fue uno de los municipios con el mayor número de beneficiarios del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
En este último programa, Ecatepec comparte cifras con Acapulco, Guerrero, que, pese a tener la mitad de los habitantes del municipio mexiquense, tiene más de 10 mil aprendices. El programa del gobierno brinda capacitación de hasta un año en labores que, según el fin, los llevarían a desarrollar u obtener un trabajo al terminar. La beca en este programa ha ido en aumento y, hasta ahora, otorga seis mil 310 pesos mensuales y seguro médico a los beneficiarios.
Destaca que, de los cinco municipios más poblados del país, cuatro se encuentran en la lista de los más violentos. León, Guanajuato, con 1.7 millones de habitantes, es el tercero en la lista de homicidios, pero también uno de los que más jóvenes beneficiarios de programas de bienestar tiene. Sólo en 2022 tuvo 54 mil 370 jóvenes becados en sus estudios y más de dos mil 500 aprendices, esos que el presidente López Obrador -apunta- que les llamaban ninis y que no contaban con apoyos.
Pero el apoyo que da el gobierno a quienes no estudian ni trabajan y se inscriben a este programa puede parecer menor contra los ocho mil pesos mensuales que llega a pagar un cártel de la delincuencia a quienes contratan como sicarios, halcones o punteros, que son los de menor rango en una organización criminal. Para un mercenario de mayor rango, el sueldo oscila entre 30 y 50 mil pesos, según reveló un recluta al canal de YouTube “Historias del Narco”.
La aspiración siempre será llegar a un nivel más alto, pues los salarios para jefes de plaza o cabecillas del narcotráfico se encuentran entre los 500 mil y hasta un millón de pesos mensuales, de acuerdo con una investigación del semanario Zeta.
“Los grupos delincuenciales o el crimen organizado ofrecen una posibilidad de salir de ese pantano de marginación que les resulta atractivo. Y no es sólo que les resulte atractivo porque la narco-cultura les llame la atención son condiciones tan adversas que hacen de su vida y su supervivencia algo tan difícil, que se puede convertir en una última vía de escape”, explica Tania Ramírez Hernández, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
El pasado 5 de enero, en Culiacán, Sinaloa, uno de los municipios prioritarios, donde se detuvo a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Durante el operativo, decenas de jóvenes y niños fueron reclutados para generar terror y tratar de evitar (en vano) su traslado hacia la Ciudad de México. En redes sociales, se rumoró que se ofrecían hasta 20 mil pesos a quienes ayudaran en esta labor.
También, tras la reciente captura de 11 integrantes de una célula criminal que opera en la capital mexicana, relacionada con el atentado en contra del periodista Ciro Gómez Leyva, las autoridades revelaron que les ofrecieron 400 mil pesos por atentar contra la vida del comunicador. Es decir, unos 35 mil pesos a cada uno de los participantes, en promedio. Pero no todas las motivaciones son económicas. La presencia de violencia en el entorno de un menor, no solo vivir en un municipio violento, sino en dinámicas familiares con la violencia normalizada es el primer factor para que un menor sea reclutado por el crimen o la delincuencia organizada, señala Tania Ramírez Hernández.
“Y por supuesto, si a eso le sumamos la presencia en el territorio del grupo del crimen organizado o delincuenciales. Si te fijas, son una serie de factores que van sumando al incremento en las posibilidades de que haya reclutamiento”, apunta.
Aunque no existen cifras oficiales para realizar un comparativo, sólo en 2020, con los factores que facilitan esta práctica, entre 145 mil y 230 mil niños, niñas y adolescentes estaban en riesgo de ser reclutados. Sobre todo, en el estado de México, Jalisco, Chiapas, Puebla, Guanajuato, Veracruz y Michoacán, al menos cuatro de las 12 entidades con municipios prioritarios.
El aumento en los beneficiarios de programas de Bienestar de la Cuarta Transformación coincide con el aumento de la violencia en el país, sobre todo en municipios prioritarios, con la muerte violenta de más jóvenes y con el reclutamiento y expansión de los cárteles del narcotráfico.
Estrategia fallida
Al cierre del sexenio de Felipe Calderón, las Fuerzas Armadas contaban con 49 mil elementos realizando labores de seguridad pública fuera de los cuarteles; para el término de la administración de Enrique Peña Nieto el personal sumó 54 mil; sin embargo, con López Obrador el número de uniformados en las calles suma más de 90 mil.
Pese a eso, la estrategia de “Abrazos, no balazos” del mandatario no ha frenado la violencia, incluso en los 50 municipios más violentos ha aumentado el número de homicidios dolosos con arma de fuego.
Pese a su constante crítica a la estrategia de combate al narcotráfico implementada en la administración de Calderón Hinojosa, y que asegura fue un derramamiento de sangre sin sentido, los asesinatos durante cada mes de su administración han estado por arriba de los registrados con el panista, y similares -en ocasiones por arriba- de los registrados en los últimos dos años de Peña Nieto.
Para Alberto Capella, cofundador de AC Consultores, las decisiones que se han venido tomando, más que tener un sustento de carácter técnico o esquemas de carácter policial de procuración de justicia, se han sustentado en decisiones de carácter político-partidista. Es por eso que, “la crítica férrea al tema de la Policía Federal que terminó con su desaparición, pudiera verse al cuestionarse cuál era lo salvable, que era mucho, y no agarrar y desaparecer todo el grupo, y crear una institución que -quienes nos dedicamos a esto sabemos- tardaría una década y media, particularmente como ha pasado en otros países para que pudiera dar resultados”.
Según el Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2022, al cierre de 2021, en el último año aumentaron 8.1 % los ingresos de presuntos delincuentes a las prisiones. Con esto, a inicios de 2022 había 220 mil 240 personas privadas de la libertad, tanto en cárceles estatales como federales, de los cuales, 65 mil 266 eran hombres y 4 mil 245 mujeres, entre 18 y 29 años, el mismo rango de edad de los apoyos que otorga el gobierno de la Cuarta Transformación. Es decir, tres de cada 10 presos son estos jóvenes.
Resulta contradictorio que, pese a figurar como las 12 entidades con mayor violencia, no todas se encuentren como los estados con mayor ingreso en penales, lo que demuestra la baja efectividad de la estrategia de seguridad del gobierno. Pero también, refiere Capella Ibarra, debido a la mutación que ha tenido el crimen organizado, que parece estar un paso adelante.
Baja California, donde se encuentra Tijuana, el municipio con mayor violencia homicida, fue el estado que encabezó el número de nuevos presos con 13 mil 565. Estado de México, Chihuahua, Ciudad de México y Sonora, son las entidades que le siguen y que también cuentan con municipios prioritarios, y que encabezan las detenciones e ingresos a prisión.
Sin embargo, Guerrero y Quintana Roo, que cuentan con municipios catalogados entre los más violentos, fueron las entidades que registraron la menor cantidad de ingresos a centros penitenciarios.
El ingreso de presuntos delincuentes a centros penitenciarios, sean estatales o federales, demostraría que se cumple con una de las afirmaciones que el presidente López Obrador más realiza durante sus mañaneras y es que “ya no hay impunidad”. Pero los números lo contradicen.
También son las víctimas
Los jóvenes de entre 15 y 34 no sólo se han convertido en los favoritos para ser reclutados por el crimen organizado, muchas veces por necesidad, otras veces por ganar dinero fácil. Pero este mismo reclutamiento ha llevado a este grupo etario a ser las principales víctimas de grupos contrarios y de enfrentamientos armados.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en su informe preliminar de Estadísticas de Defunciones Registradas dado a conocer hace tres semanas, sólo en los primeros seis meses del 2022 los homicidios se convirtieron en la principal causa de muerte en personas entre 15 y 44 años, con casi 11 mil víctimas en este rango de edad.
Un dato relevante es que en 10 estados del país el homicidio estuvo entre las cinco más importantes, independientemente del grupo de edad. Destaca en forma especial el estado de Colima, donde los homicidios fueron la primera causa de muerte para los hombres, con 338 casos, y la segunda a nivel general, con 384.
En Zacatecas los homicidios fueron la segunda causa de muerte entre los hombres y la tercera en general, y también en Sonora, donde también fue la segunda causa de muerte masculina (671 casos) y la quinta en general (737).
Mientras que en Guanajuato fue la tercera causa de muerte entre los hombres (mil 384 casos), Michoacán (mil 074), Guerrero (542) y Morelos (480).
Pero el foco hay que ponerlo en los jóvenes. Las cifras oficiales son tan altas, cuando se consideran ambos sexos, que los homicidios son la principal causa de muerte en tres rangos de edad: de 15 a 24 años (2 mil 749 casos), 25 a 34 (3mil 969) y de 35 a 44 (dos mil 922).
Y algo que también es revelador en cuanto a los infantes, los homicidios son la quinta causa de muerte que registra el Inegi para las personas de cinco a nueve años (43 casos) y de 10 a 14 (96).
Fuente.-Marco Antonio Aguilar/
Vídeo: CORTESÍA
Familiares y amigos de Gustavo Angel Suárez durante el sepelio en el municipio de Hidalgo, Coahuila.
