Justina Zamarripa Contreras, mamá de Jessica Silva Zamarripa, conserva el mechón de cabello que le cortó a su hija durante su velorio. Tiene olor a formol, dice, pero es el único recuerdo físico que queda de ella.
Ha pasado poco más de un año desde la noche del 8 de septiembre de 2020 en que un agente de la Guardia Nacional (GN) disparó por detrás a la camioneta en la que iban ella y su esposo Jaime Torres, un agricultor que renta nogaleras para trabajarlas en Delicias, Chihuahua, en el norte de México.
Ambos volvían victoriosos de la presa La Boquilla (Camargo, Chihuahua) tras días de protesta por el conflicto del agua entre el Gobierno Federal y agricultores del estado. Tomaron la presa y expulsaron a los elementos de GN.
Esa noche, a la altura de Delicias, Jessica y Jaime se encontraron con un vehículo con la leyenda “sin agua no hay vida” custodiado por dos camionetas de la GN, donde llevaban a tres manifestantes detenidos.
Jaime maniobró para meterse al mismo camino en una camioneta Ford F-250 guinda, pero al verlo, una unidad de la GN se posicionó por detrás y un elemento les disparó en por lo menos dos ocasiones.
Jaime sintió calor y su pecho mojado. Vio la sangre y sintiendo que se ahogaba alcanzó a escuchar que Jessica le dijo: “te dispararon”. Cuando volteó a verla, la vio como si dormía.
El testimonio del agente de la GN sostiene que realizó “un solo disparo” en dirección a la camioneta de Jaime “con la intención de que el conductor escuchara el impacto y ya no siguiera con sus agresiones”, esto de acuerdo con una revisión del juicio de amparo número 49/2020-5-2. Sin embargo, los testigos escucharon dos o tres, todos provenientes de la Chevrolet Cheyenne con los logos de la Guardia Nacional.
“A mi hija la mataron por la espalda, las heridas de Jaime son por la espalda, no fueron ni capaces de hacerlo de frente, fue todo por la espalda. Nomás que ahorita se están lavando las manos de todo; incluso a mi hija no nos la iban a entregar luego luego (el cuerpo) porque decían que traía residuos de pólvora, pero salió que no”.
Recordó Justina Zamarripa. Con esta maniobra la GN quería imponer la falsa idea de que Jessica disparó a los militares de la GN.
Por el hecho, seis personas están detenidas en una prisión militar de Mazatlán, Sinaloa (a más de 800 kilómetros de distancia donde se registraron los hechos): el Sargento Bernabé L. fue vinculado a proceso por el homicidio de Jessica Silva, mientras que el resto de los detenidos (cinco elementos de la Guardia Nacional: cabo Rubén L., conductor Omar A. Cabo, soldadas Nayeli S. y Jaqueline R.) solo han sido vinculados a cargos por el delito de bloqueo a la administración de la justicia debido a que trataron de recoger los casquillos, de acuerdo con videos de una cámara de seguridad y testigos.
Hoy, cuenta la madre de Jessica, Jaime está pasando por depresión. Todos los días viaja una hora hasta la ciudad de Chihuahua a terapias de rehabilitación porque está muy dañado: el brazo derecho no lo puede levantar porque el nervio se le está inflamando mucho, todavía trae los residuos de las esquirlas.
A un año del hecho, ni Jaime Torres ni los tres hijos de Jessica Silva han recibido una compensación por parte de las autoridades federales.
Sobrevivir al protector
A sus 18 años, el futuro de Brayan es incierto. Una ráfaga de un arma le cambió la vida. Llegó a la sala de urgencias del Hospital San Gerardo con pérdida de sensibilidad en la pierna derecha debido a una bala que presuntamente disparó un integrante del Ejército en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Los reportes del hospital, del 1 de febrero de 2020, señalaron que durante un enfrentamiento Brayan sufrió un daño “no intencionado”. Sin embargo, él aseguró que ese día sólo escuchó dos disparos: el primero lo alertó y el segundo entró por su pierna derecha hasta alojarse en su pelvis, donde permanece hasta ahora.
El joven pasó cinco meses en el hospital, tiempo en el que los doctores intentaron salvarle la extremidad: “No se pudo, ya no se podía salvar y le dije (al doctor) ‘no pues quítamela de una vez’”.
Por eso ya no mira nada ni a nadie para su futuro, ni siquiera a su hijo de tres años. Su pareja se separó de él. Atrás quedaron la casa que rentaban juntos, los fines de semana en familia y el dinero que ganaba de limpiaparabrisas, al menos 600 pesos diarios en una mala jornada. Sus ingresos aumentaban los viernes o en fiestas navideñas, cuando recibía dólares de los migrantes que regresaban a México.
Brayan recuerda que hizo todo lo posible para evitar este presente, se refugió de los disparos, se puso pecho tierra e intentó protegerse detrás de un poste. Nada lo salvó de lo ineludible. Fue su acompañante quien llamó a la ambulancia y le puso un torniquete en la pierna.
Ese día apenas iba a oscurecer cuando el joven iba de regreso a casa luego de trabajar como limpiaparabrisas. Intentó tomar el autobús, pero iba lleno y el conductor no se detuvo, por eso Brayan decidió caminar a la calle Díaz Ordaz, dio la vuelta y miró a los soldados sin prestarles demasiada atención.
“Por ahí escuché que había pasado una pick up negra, la verdad no miré nada… Sentí algo bien caliente… traía la bala”.
Su caso lo lleva el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Hay un testigo, pero no quiere declarar por miedo. También existen videos de la cámara de seguridad de una fábrica a los que Brayan quisiera tener acceso, pero no hay avances en la investigación. Una señora que vive por el lugar le comentó que ella vio cómo el Ejército disparó, es decir, no fue un accidente. Pero tampoco ha declarado.
El Ejército no se hizo ni se ha hecho responsable de los hechos. “Le había dicho a mi mamá que interpusiera una demanda para que me pagaran por lo que me pasó, que paguen por lo que me hicieron, simplemente me desgraciaron toda la vida”.
Acepta que en ocasiones recuerda lo que pasó y llora solo porque “no le gusta que lo vean”. Tampoco recibe tratamiento psicológico. “La vez pasada me dijeron si quería hablar con una señora, pero no, no me gusta recordar”.
Mientras espera alguna indemnización, prefiere hablar de lo que hubiera sido: “Me gustaba mucho el tráiler, quería ser trailero… pues ese era mi sueño”.
¿Cuántos civiles han muerto a manos de autoridades?
Una solicitud de transparencia hecha para este reportaje revela que, durante la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, 93 civiles han sido ejecutados a manos de la Guardia Nacional, de julio de 2019 a junio de 2021, de acuerdo con información proporcionada por las Coordinaciones Estatales de esa institución, diseñadas para ejercer la autoridad policial en las entidades federativas.
En la misma solicitud, una segunda unidad administrativa de la Guardia Nacional con atribuciones de llevar registros, la Unidad de Órganos Especializados por Competencia, contestó que han sido ejecutadas 16 personas a manos de integrantes de esta corporación, entre julio del 2019 y junio 2021.
Esta última unidad alega en su respuesta que se trata de particulares que fueron abatidos en incidentes donde los elementos del nuevo cuerpo policial fueron agredidos.
Desde el inicio de la presencia de la Guardia Nacional en las calles en el segundo semestre del 2019 hasta el fin del primer semestre del 2021, el Índice de Letalidad de sus elementos, una metodología que ayuda a conocer la gravedad del uso de la fuerza letal y que fue utilizada para este reportaje por los autores del mismo, se ubica en 3.5 civiles muertos por cada civil herido en estos enfrentamientos, de acuerdo con los datos de las Coordinaciones Estatales.
“El índice de letalidad es uno de indicadores de abuso utilizado para evaluar la existencia de patrones más o menos problemáticos en un conjunto de eventos… Su valor debe ser inferior a uno, indicando que hay más heridos que muertos”, han dicho los investigadores Catalina Pérez Correa y Carlos Silva Forné, quienes también han elaborado estos indicadores.
El índice de letalidad del nuevo cuerpo policial es 55.25% menor al registrado por la Policía Federal (PF) en el mismo periodo del expresidente Peña Nieto y 28.3% más que el registrado de la PF en el mismo periodo de Felipe Calderón, según el registro de las Coordinaciones Estatales de la Guardia Nacional.
De esta forma, el actual índice de letalidad en México perpetrado por esta policía es superior al reportado en guerras, como la de Vietnam y el conflicto entre Israel y Líbano, según cifras recogidas en el Monitor del uso de la fuerza letal en América Latina: Un estudio comparativo de Brasil, Colombia, El Salvador, México y Venezuela publicado en 2019.
Según el registro oficial proporcionado por la Unidad de Órganos Especializados por Competencia, entre julio 2019 y junio 2021, perdieron la vida 19 elementos de la Guardia Nacional, sin embargo, las Coordinaciones Estatales suman 28.
De esta última cuenta mueren 3.5 civiles por cada elemento de la GN en ese periodo, esto es menor a los 6 civiles abatidos por cada policía federal en el mismo periodo de Peña Nieto, pero superior al registro de 1 civil abatido por cada policía en los mismos meses de Calderón Hinojosa.
Nuevo presidente, vieja letalidad
En el caso de los integrantes del Ejército mexicano, desde el primer día que el presidente Andrés Manuel López ocupó su cargo en diciembre del 2018 hasta agosto del 2021 han sido ejecutados 557 civiles a manos de militares y 95 han resultado heridos, según el registro de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entregado vía transparencia.
Así el indicador promedio de letalidad en este periodo es de 5.9 muertos por cada herido.
Esto es superior al promedio de 1 fallecido por cada 4 sobrevivientes de los conflictos modernos estimado por la Cruz Roja, de acuerdo con el Monitor del uso de la fuerza letal en América Latina.
Aun así en una conferencia ofrecida junto con el presidente, el 14 de octubre del 2019, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval argumentó que el índice de letalidad ha disminuido. Esta fórmula con que las autoridades hacen sus cálculos no es reconocida por los expertos. En su momento la especialista Catalina Pérez Correa denunció en Aristegui Noticias que el índice de letalidad aceptado a nivel internacional se trata de una relación entre fallecidos y heridos.
En cambio, la fórmula de Sedena trata de una resta, donde se entiende por menor letalidad al mayor número negativo. “Se toma la base de los agresores fallecidos y se restan los heridos y los detenidos y este es el índice que se tiene”, explicó Sandoval en aquella conferencia.
¿Y cuántos militares abatidos?
En lo que va de la presente administración se han registrado 656 incidentes calificados por la Sedena como enfrentamientos entre castrenses y particulares, de acuerdo con una solicitud de transparencia.
Esto es 27% menos que el número registrado en el mismo periodo del expresidente Enrique Peña Nieto, pero 139% más que en el mismo lapso del gobierno de Felipe Calderón.
Vale decir que el Ejército también ha perdido elementos en estos llamados enfrentamientos. Con López Obrador, entre enero 2019 y agosto 2021, el Ejército sufrió la pérdida de 24 elementos, esto es menos que las 55 registradas en el mismo periodo del expresidente Peña Nieto y las 36 ocurridas con Calderón.
De esta manera el Ejército tiene un indicador de 22.29 particulares fallecidos por cada militar caído en enfrentamientos durante la administración de López Obrador, lo que contrasta con los 14.9 particulares abatidos por castrenses en tiempo de Peña Nieto y los 6.5 civiles abatidos por militares en tiempos de Calderón.
Carlos Galindo, consultor e investigador independiente en temas de seguridad, ve con escepticismo la versión oficial que justifica el uso del Ejército en las calles. La militarización de la seguridad pública lejos de pacificar el país aumentó la cantidad de homicidios dolosos desde el sexenio calderonista.
“Hay una correlación muy clara; sube la actividad militarizada contra el narcotráfico y suben los homicidios, se detiene la actividad militarizada contra el narcotráfico y bajan los homicidios. ¿Qué es esto? Que la lucha militarizada contra el narcotráfico genera la violencia en México”, explicó Galindo.
El número de homicidios reportados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2007 fue de 8 mil 868 víctimas, hacia el 2020 ya estaba en 36 mil 773. Un aumento de 314%.
Una ley sin fuerza
La Ley Nacional del Uso de la Fuerza (LNUF), expedida tras la reforma constitucional que dio vida a la Guardia Nacional, ha cambiado poco la manera en que opera el cuerpo policial y las Fuerzas Armadas de México (FAM), asegura Samuel Storr, consultor del Programa de Seguridad Ciudadana de la IBERO.
Ni la GN ni la Sedena han dado información que la LNUF les obliga a generar cada que usan algún grado de fuerza: mientras que la primera se desiste a generar los reportes pormenorizados, la segunda solo documenta el uso de la fuerza letal.
“La Ley tiene varios artículos, del 32 hasta 35, que sí están enfocados en la máxima publicidad sobre el uso de la fuerza, que es importante su documentación y la publicación de información para asegurar que haya una buena aplicación de esta respecto al uso de la fuerza proporcional y de los derechos humanos”, sostiene Storr. Pero en los hechos no se cumple.
Además, en la frontera sur del país donde México redobló esfuerzos para detener la migración tras amenazas arancelarias del expresidente Donald Trump en 2019, se han dado ejecuciones de militares contra migrantes.
La forma de operar de la Guardia Nacional no cambió respecto a la del Ejército, sin embargo, estos incidentes en el sur de México han aumentado por la disposición de poner a estos elementos en el área, expuso Jorge Lule, investigador de la Comisión Mexicana de Defensa Y Promoción de los Derechos Humanos, A.C.
En marzo de este año un soldado disparó en Mazapa de Madero, Chiapas, contra el vehículo en el transitaba Elvin Mazariegos Pérez, un migrante guatemalteco. No hubo agresión que justificara la reacción del militar, de hecho, el mismo secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, consideró que hubo una “reacción errónea”.
Ocho meses después, en noviembre, elementos de la Guardia Nacional asesinaron a un migrante e hirieron a cuatro, ahora en Pijijiapan, Chiapas. Los guardias aseguraron que la camioneta hizo caso omiso al alto en un retén y, presuntamente, pretendía embestirlos. Abrieron fuego.
“El hecho de que ahora con la GN esté haciendo labores de control de fronteras, eso da un crecimiento exponencial de las violaciones y los crímenes se cometan en contra de personas en situación de movilidad, algo que no era tan visible antes”, dijo Lule.
Los elementos de la GN reciben mucha más capacitación en el uso de las armas que en derechos humanos, el uso de la fuerza, y las alternativas al uso de la fuerza, apuntó el especialista de la IBERO.
En el curso de capacitación básica de nuevos reclutas en la Guardia Nacional, sus horas de capacitación en el uso de armamento y práctica de tiro son 70 horas; en mecanismos de control de multitudes, que incluye el uso de gases lacrimógenos, son 64 horas; y del uso de la fuerza y derechos humanos son apenas 40 horas y 30 horas en técnicas alternativas.
Para ahondar en el índice de letalidad, derechos humanos, medidas disciplinarias y lucha contra la delincuencia y otros aspectos de la participación militar en la seguridad pública se buscó las versiones oficiales de la Guardia Nacional y la Sedena. Sin que hasta el cierre de esta edición se haya recibido respuesta de la primera y se recibió una negativa por parte de la segunda.
La noche del 8 de septiembre de 2020 en que un agente de la Guardia Nacional disparó a Jessica, hija de Justina. Fotografía: Abraham Rubio
La vida de Jessica quizá pudo salvarse si se tratara de otro país, otro lugar, donde el uso de la fuerza fuese apegado a la ley. Justina Zamarripa aún sigue cuestionándose el porqué la GN hizo esa “tontera” de dispararle, en el contexto de las protestas. “Nunca en mi vida escuché que anduviera esta guerra con el agua hasta que entró López Obrador”, afirmó.
De Jessica queda el mechón rubio guardado en una caja de cristal que su madre exhibe en la sala de su casa y el memorial colocado en la entrada de la presa de La Boquilla. Mientras que la letalidad de la Guardia Nacional y el Ejército actualmente es mayor a la que se registraba en el sexenio que Felipe Calderón le declaró “la guerra” al narcotráfico.
*Este texto forma parte del especial El país bajo armas
*La propuesta de este reportaje fue seleccionada en la Convocatoria 2021 del Programa de Apoyo al Periodismo en México de la UNESCO en México. Su contenido es responsabilidad de sus autores, quienes son dueños de los derechos de autor correspondientes, con absoluta independencia de la UNESCO. La UNESCO no tiene coautoría o participación institucional alguna en la realización del contenido de este reportaje.
