Patricia Mayorga, quien se ha desempeñado como corresponsal de Proceso en Chihuahua, compartió fuente e inquietudes profesionales con Miroslava Breach, ejecutada el 23 de marzo presuntamente por informar sobre los políticos locales ligados con el narcotráfico.
En este testimonio, Mayorga relata cómo trabajaron las dos reporteras en uno de los estados más peligrosos para ejercer el periodismo, ya dominado por los capos y en un ambiente político que se pudrió bajo el gobierno de César Duarte.
El día que me pidieron acudir a la Fiscalía Zona Centro a identificar la voz de dos audios en los que Miroslava Breach Velducea y yo, por separado, conversábamos con un hombre, imaginé que se trataba de unas llamadas que nos habían hecho desde el Partido Acción Nacional (PAN) para preguntarnos por las fuentes de un reportaje sobre precandidatos ligados al narcotráfico, pero al enterarme ahí mismo de que encontraron las grabaciones en la computadora de un presunto sicario, pareció que me habían quitado el suelo donde pisaba.
“En lo toral, es lo que señalan esos audios de esas llamadas extraídas de la laptop Sony Vaio que fue asegurada en el domicilio en las calles de Las Torres número 1914 de la colonia Villas del Rey”, informó el agente del Ministerio Público al juez en la audiencia del miércoles 27.
El ambiente en Chihuahua ya era difícil desde la transición en el gobierno estatal. Pasamos por un sexenio peligroso para el periodismo porque las autoridades negaron sistemáticamente las desapariciones y desplazamiento forzados, mientras la corrupción avanzaba hasta los niveles que ahora conocemos.
Llegó al gobierno el panista Javier Corral Jurado, quien se había enfrentado abierta y públicamente con el exgobernador priista César Duarte Jáquez y en la campaña posicionó el tema de los narcocandidatos. Como periodistas no sabíamos dónde estábamos parados, y menos después del homicidio de Miroslava Breach. El control de los medios se ejerció con Duarte a través de convenios de publicidad y Corral los retiró. No sabíamos qué “arma” de control tendrían los grupos delictivos y las autoridades que ya se iban.
Justamente los audios hacían referencia a uno de los precandidatos del PRI que fueron exhibidos como narcos y sustituidos por su partido cuando se hizo pública la situación.
Al siguiente día yo tenía que dejar el estado, por el riesgo que implicaba continuar ahí después del asesinato de mi amiga Miroslava. Si alguna duda quedaba para salir y dejar a mi casa, mi familia y amigos, se dispersó de inmediato. Me fui a la mañana siguiente.
En junio del año pasado, cuando me encontraba en la Sierra Tarahumara, recibí una llamada del portavoz del Comité Directivo Estatal del PAN, Alfredo Piñera. Puedo decirlo porque se ventilaron su identidad y las declaraciones en la audiencia de vinculación a proceso contra Juan Carlos Moreno Ochoa, El Larry, presunto coautor intelectual y material del homicidio de Miroslava.
Piñera me preguntó en qué fecha habíamos publicado el reportaje mencionado y me explicó que “la raza” de la sierra necesitaban tener la certeza de que las autoridades municipales o quien en ese momento era el alcalde de Chínipas, Hugo Amed Shultz, no habían hablado: “Ellos lo que nada más necesitan es tener la certeza de que se sepa que no fueron ellos los que pasaron información a los reporteros”.
Le dije que yo había ido a unos lugares y Miroslava obviamente conocía Chínipas, pues reporteamos los municipios. Después de colgar, recibí la llamada de Miroslava. Estaba enojada con Piñera por atreverse a pedirnos el origen de la información, que no sólo incluía precandidatos de Chínipas sino de otros municipios, aunque nos aseguró que no intentaba que reveláramos las fuentes. Los panistas lograron deslindar al exalcalde de Chínipas y no supimos más por el momento.
Los reportajes publicados sobre ese tema, en marzo de 2016, provocaron una serie de amenazas únicamente desde Chínipas y fueron recibidas a través de Miroslava. Eran presiones para que abandonáramos el asunto del narcotráfico, que estaba provocando desplazamientos, desapariciones y un incremento significativo de violencia. Todo era negado por el gobierno de César Duarte Jáquez. Las amenazas eran sutiles, con mensajeros; tal vez por eso no las dimensionamos.
Aun cuando Miroslava no presentó denuncia formal, mencionó las amenazas en diferentes espacios. Uno de éstos fue una reunión del Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas efectuada en la ciudad de Chihuahua. Ahí nosotras dos comentamos dichos mensajes y la situación quedó apenas consignada en un documento.
Miroslava tenía la esperanza de que, con el cambio de gobierno, se pudiera hacer algo contra los delincuentes de la sierra y a favor de las víctimas, que llevan años resistiendo en medio de la crueldad y la violencia.
En una audiencia pública del gobierno estatal, luego de una rueda de prensa del fiscal general César Augusto Peniche Espejel, nos acercamos a él con otros temas de la Sierra Tarahumara. Cuestionamos por qué varios capos, reconocidos en diferentes municipios y a quienes conocen todos los pobladores, no son detenidos a pesar de que algunos están en la lista de los más buscados de la PGR.
Entre ellos figuran el grupo delictivo de Chínipas y Mario Eleno Corral Félix, El Cepillo, quien lideraba la mafia que controla parte del municipio de Guadalupe y Calvo y que fue asesinado semanas después del homicidio de Miroslava.
El Cepillo incluso puso a disposición de todo el pueblo de la cabecera municipal de Guadalupe y Calvo y de El Vergel, municipio de Balleza, una red de WiFi abierta. Peniche Espejel nos explicó que cuando recibieron la administración no había ninguna carpeta de investigación sobre esos casos.
Precandidatos del narco
En marzo del año pasado, en los reportajes de La Jornada y Proceso sobre la infiltración de grupos del narcotráfico en la selección de aspirantes priistas a las presidencias municipales en los comicios del 6 de junio, se dieron a conocer varios nombres, pero dos causaron la sustitución de las planillas: Chínipas y Bachíniva.
Por la alcaldía de Chínipas los priistas postularon a Juan Salazar Ochoa, sobrino de Adán Salazar Zamorano, Don Adán, y Crispín Salazar, presunto líder del grupo de Los Salazares en Chínipas y parte de Sonora.
Salazar Ochoa es hijo de Joel Salazar Zamorano, hermano de Adán y de Crispín. También es primo de Alfredo Salazar Ramírez, El Indio, quien hasta ese momento estaba detenido en el penal del Altiplano, en el Estado de México.
Por Bachíniva contendería Silvia Mariscal Estrada, suegra de Carlos Arturo Quintana, El 80, líder del Cártel de Juárez en parte de la región noroeste de la entidad.
Días después de la publicación de los reportajes, Juan Salazar y Silvia Mariscal fueron sustituidos por otros candidatos del PRI, que ganaron las elecciones.
Antes del cambio de candidatos, el expresidente estatal del PRI Guillermo Dowell Delgado quiso justificarse. Dijo que ellos designaron a candidatos que son aceptados y cercanos a sus comunidades, además de que actuaron de buena fe:
“Se hizo un trabajo de revisión de los perfiles, de revisión en la propia comunidad, de su familia. Estamos en el proceso. En la mayor parte de esos municipios se creó un sistema del partido que estuvo recibiendo las propuestas.”
Silvia Mariscal fue secretaria del ayuntamiento de la administración que en ese momento regía Bachíniva. Una vez traté de contactar al PAN estatal para indagar esa situación, justo en el acto donde Javier Corral recibiría su constancia como candidato en el Instituto Estatal Electoral (IEE). De nuevo el vocero del PAN me reprochó por qué manejábamos esos asuntos, ya que eran muy riesgosos e incluso podríamos poner en peligro a los dirigentes de su partido. Evidentemente estaban preocupados.
Ese día, 22 de marzo de 2016, Corral opinó:
“Nosotros nos hemos deslindado totalmente de ese ayuntamiento (de Bachíniva) porque se relevó en términos reales desde hace tiempo, dejó de tener una soberanía propia y se puso en manos de El 80; por eso desde el principio el PAN no se reconoció en ese gobierno (…) El problema que hay en Chihuahua es mayúsculo porque se actúa con total impunidad, porque la gente sabe que están en la indefensión, porque sabe que la policía del estado y la fiscalía protegen a esos capos en lugar de perseguirlos”.
El acompañamiento
Durante el sexenio pasado, el problema de la violencia en la Sierra Tarahumara era casi tabú. A partir de 2014, cuando se incrementó el desplazamiento forzado, cubrí informativamente el asunto en varios municipios, incluido Chínipas.
Hacer periodismo en ese tiempo y cubrir derechos humanos era trabajar casi en solitario. El gremio vivió una de sus peores épocas, con reporteros silenciados en sus propios medios, que poco a poco los fueron censurando por los convenios de publicidad.
Algunos medios dieron cobertura a víctimas en algunos lugares, como en Juárez, pero no dimensionaron el nivel de corrupción que imperaba en el gobierno, que saqueó el estado.
Miroslava Breach meditó acerca de esa situación y se acercó a mí para analizarla. Hablamos de la Sierra Tarahumara y lo que encontrábamos cada vez que íbamos a reportear. Ella conocía sobre todo la zona de Chínipas y los municipios aledaños, en tanto que yo viajé principalmente a Urique, Uruachi, Guadalupe y Calvo, Guazapares, Guachochi y Bocoyna.
Ella era originaria de Chínipas y le preocupaba ese municipio. Conocía a cada víctima obligada a huir, que desaparecía o que era asesinada. Desde entonces compartimos información para acompañarnos y hacer un poco más de fuerza, conseguir más impacto en nuestras denuncias periodísticas.
Nuestros reportajes sobre precandidatos ligados al narcotráfico se publicaron el 4 de marzo. La Jornada tituló el suyo “Impone el crimen organizado candidatos a ediles en Chihuahua”, y este semanario anunció: “En el proceso electoral de Chihuahua, el narco infiltra al PRI”.
Tanto Miroslava como yo buscábamos información sobre candidatas en la sierra, porque la ley obligaba a los partidos a postular obligatoriamente al 50% de mujeres. Ella se encontró algunos candidatos cuestionables y yo otros. Me tocó reportear municipios de la Tarahumara y del noroeste, por el proceso electoral y otros temas. Al regresar, nos reunimos para compartir los resultados de nuestra investigación. Cada quien publicó su texto en su medio.
El único municipio del que llegaron amenazas fue Chínipas. La primera fue inmediata, a través de mensajeros de allá. Supe por lo menos de otra en agosto de 2016, cuando Miroslava habló de eso con el entonces gobernador electo Javier Corral, como ella me comentó. La última ocasión que conversamos al respecto fue en febrero pasado. Las amenazas continuaban. Ese día desayunamos juntas. Teníamos otro tema en puerta y compartimos datos sobre jefes de policías municipales relacionados con el narcotráfico. Ella publicó primero su reportaje en La Jornada: “Infiltra el narco gobiernos municipales en Chihuahua”.
Después del asesinato de Miroslava, Proceso publicó el resultado de mi trabajo de una semana antes en seis municipios que estrenaban mando único de la policía estatal: “La Tarahumara, campo de batalla” y “Policías con historial de infiltración” (Proceso 2108).
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