En México, el 60% de las cárceles estatales adolece el problema del autogobierno, es decir, que grupos de internos ejercen el control de los centros de reclusión por encima de autoridades penitenciarias.
Autoridades y organismos no gubernamentales coinciden que lo centros de reinserción social en la mayoría de los casos fungen como puntos de operación del crimen organizado, pues gran parte de los delincuentes continúa delinquiendo desde la reclusión gracias a sistemas de telefonía celular, a pesar de que debería existir la tecnología para bloquear las telecomunicaciones en estos puntos.
Durante 2017 se han presentado motines en centros de reclusión como el de Acapulco, Matamoros, Topo Chico, Neza y el de Chiconautla, donde el número de muertos habla de la falta de control sobre las organizaciones criminales que operan desde el interior.
De enero a agosto de este año, la organización civil Documenta, que brinda asesoría legal a internos en los penales, contabilizó mil 22 incidentes violentos como riñas, agresiones a terceros y homicidios en centros de reclusión.
Los incidentes se registraron en los reclusorios de Topo Chico y Cadereyta en Nuevo León; así como Chiconautla y Bordo de Xochiaca, en el Estado de México.
En marzo de 2017, tras la evasión de 29 internos del penal de Ciudad Victroia, en Tamaulipas, Renato Sales Heredia, titular de la Comisión Nacional de Seguridad, responsabilizó a los gobernadores de la situación de las prisiones de los estados, pues no atienden la problemática de sobrepoblación, hacinamiento y autogobierno; además de que no ejercen el presupuesto que da la Federación para tal fin.
En 2016, a través de un reportaje se puso en evidencia que también en la Ciudad de México ocurre esta situación, donde la venta de droga y otros objetos prohibidos era parte de la rutina diaria en el Reclusorio Oriente, donde lso intwernos operaban una especie de tianguis.
Esta situación fue advertida desde 2016 por Antonio Mazzitelli, representante en México de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, este es una de las principales problemáticas de más de la mitad de los Centros Estatales de Reinserción Social.
“Se habla de una impunidad en México de 90%; esto es gente que cometió un delito y no lo paga. Hay gente que debe estar en la cárcel y otros que no, pero que desgraciadamente se vuelven criminales en la cárcel. Eso es porque las políticas no están funcionando”, manifestó Antonio Mazzitelli en un foro de Derechos Humanos.
Esta semana, el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, concretó el traslado de 49 personas privadas de su libertad a penales federales, al estar catalogadas como de alto riesgo de acuerdo a sus perfiles criminológicos.
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