“Estimado(a) diputado(a): Le escribo para exigirle que vote en contra de la iniciativa de Ley de Seguridad Interior. Como ciudadan@ le reitero que la seguridad pública debe estar a cargo de instituciones civiles, no militares”.
Así inicia el primer párrafo de la carta que masivamente se están enviando a los diputados federales para que den marcha atrás a la aprobación de un ley que daría un nuevo marco jurídico a las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública que actualmente realizan.
Esta carta fue ideada por el Colectivo #SeguridadSinGuerra, apoyado por organizaciones de la sociedad civil, como el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
La misiva continúa: “una Ley de Seguridad Interior es inconstitucional, ya que el Congreso de la Unión no cuenta con facultad expresa para legislar sobre seguridad interior, en términos del artículo 73 de la Constitución”.
“Pero además, el artículo 21 de esa misma norma establece que la seguridad pública estará a cargo de autoridades civiles, lo que soslayaría una Ley de Seguridad Interior como la que anunciaron en el Congreso”.
Bajo esa lógica, la Ley de seguridad interior no es el mejor ni el único camino en la actual encrucijada y “como ciudadan@ le propongo:
1. Promulgar la Ley reglamentaria del artículo 29 constitucional, mismo que prevé las bases para decretar la suspensión temporal de garantías. En esta ley se debe:
a. Incluir fuertes contrapesos del poder legislativo y judicial.
b. Fijar objetivos precisos así como límites de tiempo, claros e improrrogables.
c. Incluir mecanismos de responsabilidad económica y política para los gobiernos locales que se declaren incapaces de cumplir con su mandato constitucional de proveer seguridad pública.
d. Considerar un modelo de controles múltiples en terreno que permitan la supervisión de las operaciones y la revisión en periodos cortos por parte del propio Congreso, tales como la integración de comisiones adhoc que soliciten información y realicen inspecciones en los lugares donde se desplieguen las FFAA.
2. Las intervenciones de las Fuerzas Armadas en estos operativos deben ir aparejadas con una normatividad de uso de la fuerza, armamento y rendición de cuentas, apropiada para las tareas de seguridad pública.
3. Crear una comisión plural de trabajo entre representantes del Ejecutivo Federal, del Congreso de la Unión, de la academia, de las víctimas de la violencia a lo largo de estos diez años de seguridad militarizada, y de la sociedad civil organizada que construya el consenso que soporte esta ley reglamentaria, con base en diagnósticos y evidencia empírica.
4. Construir en el seno de la misma comisión un plan de regreso de los militares a los cuarteles, sujeto a condiciones y estándares precisos de contención y reducción de la violencia a manos de autoridades civiles competentes y confiables. El plan puede ser incluido en los artículos transitorios de la ley reglamentaria referida.
5. El plan de regreso debe incluir el diseño de un perfil de competencias profesionales y de herramientas de supervisión sobre las tareas de policía y de investigación que actualmente desempeñan las autoridades militares, así como mecanismos anticorrupción en todas las instancias de seguridad.
6. Igualmente, esta comisión debe diseñar los ajustes necesarios al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) para forzarlo a cumplir con la profesionalización policial, sujeto a plazos y establecer consecuencias ante el incumplimiento.
7. El plan debe considerar que se restablezca una instancia de coordinación para la consolidación del sistema de justicia penal acusatorio, estableciendo un programa coherente y consistente de combate a la impunidad.
8. Se debe asegurar una supervisión independiente, imparcial y expedita de las violaciones a los derechos fundamentales.
“Como ciudadan@, me indigna y me preocupa que diputados y senadores aprueben una Ley de esta naturaleza al vapor y sin una adecuada discusión. Tomen el tiempo que sea necesario para entender el problema que enfrentamos de fondo, queremos que nuestros diputados y senadores legislen con evidencia, no con presiones ni pasiones”.
“El resultado de una guerra de 10 años nos demuestra que los resultados esperados no se han logrado: no sólo no ha reducido la violencia, sino que ésta se ha recrudecido”, continúa la carta.
Este colectivo está impulsado por especialistas, académicos, organismo civiles en derechos humanos.
fuente.-LaSillaRota
