La Auditoría Superior del Estado (ASE) determinó que hubo un daño al erario por 8 millones 097 pesos en el llamado "cobijagate", por la compra irregular de 200 mil cobertores realizada por el Estado en diciembre del 2015.
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Tras señalar diferentes anomalías en la operación, la ASE resolvió fincar responsabilidades administrativas aún por definir.
La información se desprende de datos incluidos en la Cuenta Pública del 2015 del Estado -que ya fue rechazada por el Congreso local- que no se habían difundido debido a la reserva que la Contraloría estatal aplicó al expediente del caso y que impedía a la ASE dar a conocer datos contenidos en éste.
La reserva quedó sin efecto este lunes por orden de la CTAI.
La ASE determinó daños por 8 millones 097 pesos al establecer que los cobertores, con las especificaciones licitadas por el Estado, tenían un valor unitario en el mercado de 90 pesos y no de los 124.9 pesos pagados.
Sin embargo, el daño sería mayor considerando que las cobijas que entregó el Estado no eran siquiera de las características de lo licitado, en lo cual no repara la Auditoría.
El informe establece que el Estado no realizó un estudio de mercado para definir el precio de los cobertores antes de emitir las bases de la licitación.
"Esta Auditoría solicitó a la Cámara Nacional de Comercio informe sobre el precio unitario al mes de diciembre de 2015, de un cobertor con las especificaciones y características referidas en la subasta informando dicha Cámara un precio unitario de 90 pesos más IVA.
"Derivado de lo anterior", añade, "se determina un monto aproximado pagado en exceso por 8 millones 097 pesos".
La irregularidad fue evidenciada el 9 de febrero del 2016, cuando EL NORTE dio a conocer la compra a precios inflados por parte de la Subsecretaría de Administración, a cargo de Rogelio Benavides Pintos, quien renunció 12 días después.
El 15 de septiembre pasado, el Estado atribuyó a un error del proveedor que el Gobierno hubiera recibido y pagado cobertores que no cumplían las especificaciones requeridas, sin hacer mención al sobreprecio.
Sancionó a Benavides Pintos y al director de Adquisiciones, Gonzalo Padilla, con multas por 274 mil y 244 mil pesos, respectivamente.
Esas cantidades son mínimas considerando lo pagado en exceso por las cobijas, de acuerdo con la ASE.
La Auditoría confirma que la licitación para la compra de los cobertores se realizó después de que la empresa Comercializadora Mirof ya había entregado 155 mil 785 cobertores, es decir, 78 por ciento de los que se compraron.
"Se infiere que el ente público", detalla, "desahogó un procedimiento para seleccionar a un proveedor que previamente ya había sido elegido de manera directa y discrecional".
También reporta que la empresa incurrió en faltas graves, ya que aportó información falsa en cuanto a su domicilio fiscal.
Gloria Treviño, presidenta de la Comisión de Hacienda del Estado en el Congreso local, dijo que el reporte de la ASE es el primer paso para aplicar sanciones severas por el cobijagate.
"La Auditoría fincará responsabilidades administrativas por lo que corresponde al 2015, pero ya con lo que van a revisar en el 2016, ya va a venir con denuncias", dijo.
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