Se han escrito miles de páginas en medios impresos y se han transmitido miles de horas en noticiarios radiofónicos y televisivos sobre el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, en quien el gobierno ha gastado millones de pesos en su persecución, captura, reclusión y posterior fuga, sin lograr en algún momento diezmar la fuerza del crimen organizado en el país, el cual sigue en expansión internacional y con presencia en todo el territorio nacional, a grado tal que toda la fuerza del Estado ha resultado inútil.
Con el amparo concedido esta semana por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se abre la puerta al consumo, siembra, cultivo, cosecha, posesión y transportación de la marihuana —por ahora sólo para las cuatro personas que interpusieron dicho recurso—, pero puede ser el inicio para quitarle al crimen organizado el usufructo de dicha industria.
Con El Chapo Guzmán preso o libre, el Cártel de Sinaloa en ningún momento ha dejado de operar y avanzar en su control territorial, pues está convertido en el grupo delincuencial mexicano más grande, en su estructura y operación, que cualquier otro en la historia del crimen organizado, con una mayor cohesión interna y con presencia en todas las plazas del país, aunque en algunas de éstas ha establecido alianzas con grupos delincuenciales locales, lo que lo hace aún más poderoso.
A tal conclusión llegaron tres especialistas en seguridad nacional y miembros de las Fuerzas Armadas que elaboraron un análisis sobre la estrategia nacional contra la delincuencia organizada y su impacto en la seguridad nacional, en cuyo documento se indica que “dondequiera que haya un conflicto en México entre dos o más facciones o escisiones, se encuentra la mano útil del Cártel de Sinaloa. Mientras que las luchas internas y presiones externas de los organismos de control militar de México y las fuerzas federales han debilitado a todos los otros cárteles, el Cártel de Sinaloa ha demostrado ser inmune a la crisis y está creciendo”.
En este análisis estructural prospectivo, los tres mandos superiores de las Fuerzas Armadas Mexicanas: el general de división diplomado de Estado Mayor Augusto Moisés García Ochoa, el contralmirante cuerpo general diplomado de Estado Mayor José Luis Arellano Ruiz y el capitán de navío cuerpo general diplomado de Estado Mayor Antonio Velasco Ríos —el primero del Ejército Mexicano y los dos últimos de la Armada de México—, advierten que no es posible detener el tráfico de estupefacientes ni eliminar a todos los cárteles “debido a la corrupción gubernamental arraigada desde hace muchos años”.
Para este estudio, los tres militares tuvieron a su disposición documentos oficiales, informes clasificados y fuentes abiertas hasta el año 2012 —finales del gobierno de Felipe Calderón—; sin embargo, su análisis sobre los resultados de la Estrategia Nacional contra la Delincuencia Organizada es vigente porque ofrece un panorama de la situación real de los cárteles del narcotráfico y confirma que la organización del Chapo Guzmán no sólo ha resultado fortalecida, sino que incluso funciona de “mano útil” contra las demás organizaciones criminales.
En este trabajo investigativo (con el cual los tres miembros de las Fuerzas Armadas obtuvieron el grado de maestros en seguridad nacional por el Centro de Estudios Superiores Navales, que es la escuela de altos mandos de la Secretaría de Marina) se comenta que “al parecer el gobierno mexicano ha decidido que el mayor curso de acción en esta coyuntura es librar una guerra desgastante, sacando la fruta podrida y dejando que (el Cártel de) Sinaloa haga el resto”.
En la tesis se identifica a las nueve principales organizaciones criminales dedicadas al trasiego de drogas en el país y que generan mayor violencia: cárteles de Sinaloa y del Golfo; Los Zetas; organización de los Arellano Félix; cárteles del Pacífico Sur e Independiente de Acapulco; Los Caballeros Templarios; organización de Vicente Carrillo Fuentes o Cártel de Juárez, y el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Según este trabajo, la violencia en México “aumentó considerablemente” desde 2009 y la principal razón es la disputa entre las bandas de la delincuencia organizada por los puntos de ingreso de narcóticos y las rutas de traslado a Estados Unidos. Tanto autopistas federales como caminos de tercer orden son escenarios de esta lucha sin cuartel: se trata de rutas que unen ciudades como Ciudad Victoria, Tamaulipas; San Luis Potosí; ciudad de México; Monterrey, Nuevo León; Guadalajara, Jalisco; Durango; Torreón y Saltillo, Coahuila, y Chihuahua. A lo largo de la frontera el control de las plazas que tienen cruces a Estados Unidos está muy reñido, desde Ciudad Juárez, Chihuahua, hasta Matamoros, Tamaulipas, en el Golfo de México.
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