Visitanos tambien en:

lunes, 28 de septiembre de 2015

MAS de "28.5 MILLONES de REPORTES de "LAVADO de DINERO" recibe la SHCP....de ese mismo tamaño es su "poder corruptor".


El senador Alejandro Encinas Rodríguez declaró que el nivel que ha alcanzado el lavado de dinero en nuestro país, ha empoderado económicamente a quienes realizan alguna actividad delictiva, permitiendo que cuenten con un gran poder corruptor que ha penetrado prácticamente en todos los órdenes de gobierno, instituciones públicas y partidos políticos, convirtiéndose así en un factor determinante de la economía local y nacional.
El exjefe de gobierno de la Ciudad de México explicó que de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), entre el segundo trimestre de 1993 y el año 2009, el lavado de dinero en México fue equivalente al 1.7 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
“La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda recibió más de 28 y medio millones de reportes de operaciones con sospechas de estar vinculadas con el lavado de dinero, y algunos analistas refieren que en nuestro país se lavan anualmente cerca de 10 mil millones de dólares”, explicó el legislador.
Sin embargo, Encinas Rodríguez subrayó que estos movimientos son solo una parte de los recursos con que opera la delincuencia organizada, misma que se ha diversificado al pasar del tráfico de drogas al de armas, corrupción, fraudes, trata de personas, prostitución, extorsión, cobro de piso, piratería, evasión fiscal, e incluso, actividades “que pudieran ligarse al financiamiento de grupos que desestabilizan la vida interna del país”.
De acuerdo al Instituto Basilea -que publica anualmente una evaluación del nivel de riesgo de cada país en materia de lavado de dinero y cuya calificación va del cero al número 10- México se encuentra en un nivel de riesgo intermedio, con una calificación de 5.4, similar a la de países como Italia y España.
Entre 2006 y 2014, la Procuraduría General de la República (PGR) abrió mil 942 averiguaciones previas ligadas al tema y reportó la detención de 2 mil 224 probables responsables de cometer delitos u operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En las entidades federales Sinaloa, se encuentra a la cabeza de dicho delito con 396 denuncias; le siguen Baja California, con 203; Sonora, con 176; Tamaulipas, con 136 y Jalisco, con 109.
“Si sumamos a los cinco estados que más averiguaciones previas tienen abiertas, no alcanzan los que están registrados en la Procuraduría General de la República. De esa dimensión es el problema que estamos enfrentando”, añadió Encinas.
Recuperar la fortaleza del Estado
En el marco de la consulta para reformar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, también conocida como la “Ley contra el lavado de dinero”, el legislador del sol azteca recordó que México únicamente ha atendido 24 de 40 recomendaciones que organismos internacionales en la materia hicieron a nuestro país, como parte del grupo de acción financiera sobre lavado de dinero.
“Esto se está discutiendo ligado a los temas de gobernabilidad, de seguridad nacional, las políticas de seguridad pública; el eje fundamental para poder recuperar la fortaleza del Estado frente al crimen; y el dominio del Estado sobre los territorios para que vuelva a restablecerse la autoridad legítimamente electa, tiene que partir hoy no solamente de las decisiones punitivas en el territorio, sino fundamentalmente de desmantelar el poder económico y financiero que tiene la delincuencia organizada y que le permite una enorme reproducción”, sostuvo Encinas.
Narciso Campos Cuevas, titular de la Unidad de Banca Valores y Ahorro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sostuvo que “derivado de los esfuerzos legislativos, regulatorios y de supervisión, el año pasado México salió del seguimiento intensificado bajo el cual estaba en el Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI), entre otras cosas, gracias a la Ley Anti-lavado y a otras modificaciones hechas dentro de la reforma financiera”.
“Una de las características principales de las nuevas recomendaciones, consiste en la necesidad de que el marco jurídico, el actuar de las autoridades y de los regulados, sea acorde al principio de un enfoque basado en riesgo, que tiene la finalidad de que los recursos que se dedican a prevenir el lavado de dinero, se utilicen de manera eficiente”, dijo el funcionario público.
Vicente Yáñez Solloa, presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) argumentó que en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita que entró en vigor hace dos años, persiste un reto: equilibrar el beneficio social que conlleva combatir la criminalidad, así como los costos que necesariamente genera en términos de utilización de recursos y cargas burocráticas en los sectores público y privado.
“Una primera preocupación de los negocios que realizan actividades vulnerables denominadas así por la propia ley, es que se les obliga a contar con unidades administrativas especializadas que den cumplimiento a lo establecido en el marco legal”, dijo.
A final de 2016, México será evaluado respecto a los avances en el cumplimiento de las nuevas recomendaciones establecidas por el GAFI.
Fuente.-

"INTOCABLES los AMIGOS de OSORIO CHONG",tras la "FUGA del CHAPO"...se rompio la cuerda por lo "delgadito".


Tras la segunda fuga del Chapo Guzmán, ocurrida en julio último, el aparato de justicia actuó rápidamente para castigar a los presuntos cómplices del narcotraficante evadido, pero hasta cierto punto, pues sólo fueron detenidos servidores públicos de menor jerarquía. Y pese a que el sistema carcelario federal está en manos de funcionarios de más alto nivel, ninguno de ellos ha sido llamado a cuentas. Comparten una característica: pertenecen al círculo cercano del secretario de Gobernación.
El castigo por la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán ha recaído en los internos del penal de El Altiplano y en exfuncionarios ajenos al entorno del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, pese a que el sistema carcelario federal está en manos de quienes han sido estrechos colaboradores de éste, desde su época como gobernador de Hidalgo. Hasta ahora ninguno de ellos ha sido llamado a cuentas.
El control de este grupo llega hasta la Secretaría de la Función Pública (SFP), donde ya había denuncias sobre lo que ocurría en esa prisión desde semanas antes de la evasión del sinaloense.
El régimen carcelario ha empeorado en el penal de El Altiplano. El endurecimiento se ha centrado en quienes fueron vecinos de Guzmán Loera en el área de Tratamientos Especiales y han declarado ante la Procuraduría General de la República (PGR) lo que vieron y escucharon en los días previos a la fuga del Chapo, el 11 de julio pasado.
El vecino más próximo fue Sigifredo Nájera Talamantes, El Canicón, lugarteniente de Los Zetas, organización rival del Cártel de Sinaloa. Tamaulipeco, Nájera falleció el lunes 7 dentro del penal por causas aún no confirmadas oficialmente, pero que la familia atribuye a envenenamiento.
“En las últimas semanas se quejó de la comida. Llevaba días sintiéndose mal, con vómitos, diarrea y dolor de cabeza. A las 5:30 se empezó a quejar, y hasta una hora después, personal carcelario lo recogió del piso y lo llevó al servicio médico. En el pasillo todavía pudo levantar la mano para despedirse de los internos de las otras celdas. A las 7:40 fue declarado clínicamente muerto. Tardaron dos días en entregar el cuerpo y hasta ahora no se sabe con exactitud qué pasó”, dicen personas cercanas a otros internos, quienes hablaron a condición del anonimato.
Refieren que las complicaciones para el exjefe operativo zeta comenzaron después de su declaración, de más de cuatro horas, en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), de la PGR, sobre la fuga del Chapo.
Empezó el hostigamiento. Se le abrieron cuatro procesos disciplinarios que él estaba combatiendo legalmente porque implicaban aislamiento de 76 días por cada uno, además de suspensión de la visita íntima y hasta restricción para ir al área de locutorios. Se pretendía incomunicarlo.
En estrados se corroboró la existencia de cuatro amparos interpuestos desde principios de agosto por Nájera Talamantes: el 1067/2015, el 1072/2015, el 1157/2015 y el 1250/2015, en los juzgados Primero y Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca.
Nájera Talamantes no fue el único que declaró ante la SEIDO sobre lo advertido por los reos en los días previos a la fuga, como los trabajos de impermeabilización en la azotea, que se hicieron sólo en el área de la celda 20, la de Guzmán. Esa labor se hizo en plena temporada de lluvias.
Además, estaban las obras del río Cutzamala, a un costado del penal. Ambas justificaban el ruido externo durante el día, pero en la noche esos ruidos continuaban, según los testimonios recogidos en el entorno del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1, El Altiplano.
El nuevo titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia, declaró el lunes 21 a Joaquín López Dóriga, en Radio Fórmula, que en el video de la fuga se escucha el ruido de las obras del Cutzamala. Su antecesor, Monte Alejandro Rubido García, difundió el video sin sonido.
Sales Heredia fue a El Altiplano el sábado 19 para ver el reforzamiento de la seguridad, en especial en el área de Tratamientos Especiales, donde se construyó el túnel por el cual, de acuerdo con la versión oficial, escapó Guzmán. Tras la evasión, los 23 presos que estaban en las celdas de esa zona fueron enviados al módulo 1, mientras se coloca una mayor capa de concreto en el piso de la zona de los internos de alta peligrosidad.
Horas antes de la visita del comisionado se agudizó la tensión en El Altiplano. El encargado del penal y presidente del Consejo Técnico del Cefereso, Jaime Fernández López –en funciones tras el encarcelamiento del exdirector Valentín Cárdenas Lerma–, decidió la noche del viernes 18 retirar los pequeños televisores y los relojes de todos los internos. Las salidas al patio también se restringieron. La respuesta fue una huelga de hambre durante ese fin de semana.
Además se han endurecido las revisiones para las visitas familiares, las íntimas y las de los abogados. Son más severas, intimidatorias e indignantes, relatan los testigos. La tensión y la inconformidad aumentan en El Altiplano, aseguran.
Represalias
Las primeras medidas contra los internos, en particular contra Nájera Talamantes, fueron impuestas por la entonces directora jurídica del Cefereso, Leonor García García. El encargado de ejecutarlas era el director de Custodios, Luis Fernando Mendoza Castellanos. Ella ahora está formalmente presa como probable responsable de la fuga del narcotraficante sinaloense.
Su detención ocurrió el viernes 18, casi a la misma hora en la que se incrementaba el castigo a los internos. García García era la funcionaria de más alto rango en El Altiplano el día de la fuga. Cárdenas Lerma organizó su salida ese fin de semana, lo mismo que la entonces coordinadora general de los Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), Celina Oseguera Parra, detenida también el viernes 18 y declarada formalmente presa el jueves 24.
Hasta ahora hay 20 exempleados declarados formalmente presos, acusados del delito de evasión de reos procesados por delincuencia organizada, con la agravante de que se trataba de servidores públicos. La mayoría de los detenidos son exempleados de bajo nivel: monitoristas, custodios, un jefe de seguridad y un comandante, adscritos al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Policía Federal y al propio penal, organismos dependientes de la Secretaría de Gobernación (Segob).
El juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Víctor Octavio Luna Escobedo, dictó el auto de formal prisión contra esos exservidores, pues “dentro de sus funciones, cargos o comisiones incurrieron en omisiones que favorecieron la fuga de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera”.
Los únicos tres funcionarios de alto nivel detenidos hasta ahora son García García, Cárdenas Lerma y Oseguera Parra; esta última ha empezado a hacerse notar ante la opinión pública para defenderse. El martes 22 su familia publicó un desplegado en la prensa para alegar su inocencia, describiendo como “injusto y brutal” su encarcelamiento y exigiendo su libertad inmediata.
De los funcionarios detenidos, hasta ahora es la única que se ha defendido públicamente. Desde el día de la fuga y su posterior cese, Oseguera entró en confrontación con su exjefe directo, Juan Ignacio Hernández Mora. Incluso se negó a firmar la entrega de su oficina, según funcionarios gubernamentales.
Círculo cerrado
La estructura de los altos funcionarios penitenciarios cercanos a Osorio Chong está intocada. El primer responsable de los penales federales era Hernández Mora, comisionado del OADPRS, que depende directamente del secretario de Gobernación. Según Osorio Chong, fue cesado en cuanto ocurrió la fuga pero, a diferencia de la excoordinadora general, no se le ha fincado responsabilidad penal.
Sólo separado del cargo, Hernández Mora era hombre de Monte Alejandro Rubido García, quien el 27 de agosto pasado, mes y medio después de la nueva evasión de Guzmán Loera, fue destituido como titular de la CNS, también dependiente de la Segob.
Todo el sexenio pasado, cuando Rubido fue secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad Pública, secretario técnico del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y subsecretario de Seguridad, estrechó su relación con Hernández Mora, quien fue en ese periodo secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Quintana Roo y luego procurador de justicia de esa entidad.
Al inicio de este sexenio Rubido regresó al SNSP y nombró a Hernández Mora director general del mismo. Éste después pasó a ser comisionado del OADPRS, bajo el mando de Rubido García.
En esa función decidió mantener un perfil bajo, evitando firmar mucha de la documentación de su oficina. Quien firmaba en su lugar era Oseguera, aseguran a Proceso funcionarios de la Segob. Añaden que, para deslindarse de la fuga, Hernández Mora ha armado su defensa con el argumento de que él no firmó nada.
Sin embargo, en el OADPRS se mantiene el que fue su secretario particular, Omar Javier Santillán Cervantes, quien operaba las instrucciones de Hernández Mora, como la de acceder a los expedientes reservados, entre ellos el de Guzmán Loera. También trabajó para Hernández Mora en el SNSP.
Con Hernández Mora llegó también al órgano de los penales federales Patricia Morales Luna, actual directora de área en la coordinación que encabezaba Oseguera y con quien ha llevado gran parte de su carrera penitenciaria.
Las relaciones que se armaron entre el equipo cercano de Rubido y de Osorio Chong en el OADPRS se han mantenido a salvo en las investigaciones de la PGR sobre la fuga del Chapo. De las 20 consignaciones que ha hecho la SEIDO, ninguna pasa por el resto de los principales responsables de esa entidad y mucho menos por su Órgano Interno de Control (OIC), que depende de la SFP.
La responsable del OIC del OADPRS es María del Carmen Archundia Escutia, subprocuradora de Justicia de Hidalgo entre 2008 y 2011, durante el gobierno de Osorio Chong. Fue designada subprocuradora por José Alberto Rodríguez Calderón, procurador general de justicia del ahora secretario de Gobernación.
Desde marzo pasado Rodríguez Calderón es subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR. Es una de las piezas que Osorio le incrustó a Arely Gómez (Proceso 2026). Antes de incorporarse al gobierno fue diputado federal del PRI por Hidalgo. Entró como suplente de Jesús Murillo Karam, procurador general hasta febrero de este año.
La contralora interna de las prisiones federales es también integrante del Comité de Información de la Unidad de Enlace del OADPRS, además de que ha sido delegada de la PGR en Morelos y directora del Centro Estatal de Evaluación y Confianza de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, cuyos elementos se quejaron públicamente por el trato que les daba.
Los testimonios recogidos por Proceso aseguran también que cuando empleados de El Altiplano se animaron a ir al OIC para dar a conocer anomalías en el penal en las semanas previas a la fuga, uno de los principales colaboradores de Archundia, Gregorio García López, los amenazó con llevarlos al Ministerio Púbico en caso de que no comprobaran sus señalamientos.
García López es el titular del Área de Responsabilidades del OIC del OADPRS y fue ministerio público de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo durante 14 años, antes de llegar a la SFP de la mano de Archundia.
Otro colaborador de la titular de la OIC era Juan Manuel Hernández Moreno, quien en agosto de 2014, 11 meses antes de la fuga del Chapo, fue enviado a la dirección general de Ejecución de Sanciones, a cargo de Cristina Fernanda Reséndiz Durruty, de quien depende el Archivo Nacional de Sentenciados y al cual sólo algunos funcionarios tienen acceso.
Reséndiz Durruty trabajó el sexenio pasado en la coordinación de Servicios Generales de la Policía Federal, cuando la corporación dependía de Genaro García Luna. Al inicio de este gobierno también estuvo en el SNSP con Rubido, otro de los colaboradores de García Luna con alta responsabilidad administrativa cuando escapó El Chapo (Proceso 2020). Con Rubido como comisionado Nacional de Seguridad, Reséndiz asumió su actual cargo en el OADPRS.
Tras la fuga de Guzmán, a la oficina a cargo de Reséndiz también llegó Jesús Martín Grajeda Mejía, contador público que desde la década pasada ha trabajado en áreas de seguridad, incluida la Agencia Federal de Investigaciones, hoy Agencia de Investigación Criminal. En El Altiplano era director de Administración. Ahora es el coordinador administrativo de la Dirección General de Ejecución de Sanciones.
En la dirección general de Administración del Órgano encargado de los penales federales está Paulo Uribe Arriaga, excolabo­rador de Osorio Chong. Formaron parte de la Presidencia Municipal de Pachuca entre 1991 y 1993, cuando el segundo era oficial mayor, y el primero, director de Administración y Finanzas del DIF municipal.
Como gobernador, Osorio tuvo durante todo su sexenio (2005-2011) a Uribe como coordinador de Planeación Financiera en la Secretaría de Planeación y Desarrollo del Gobierno. Entre 2009 y 2011, el titular de esa secretaría fue Eugenio Ímaz Gispert.
Actual director del Cisen, Ímaz era una de las autoridades que tenía acceso a la videovigilancia del Chapo en El Altiplano. Varios de sus empleados encargados de monitorear al narcotraficante sinaloense están bajo formal prisión.
Uribe Arriaga también trabajó con Rubido en el SNSP como director general de Administración entre 2013 y 2014, al inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto. Como responsable de la administración del OADPRS, es el encargado de disponer de las plazas en los penales federales. Es además cercano a Jorge Francisco Márquez Montes, actual oficial mayor de la Segob y excoordinador de asesores de Osorio Chong en el gobierno de Hidalgo. 
Fuente.-

LLEGA a MEXICO "PLANA MAYOR de la "CIDH" a revisar "ABUSOS,TORTURAS y DESAPARICIONES".


Este lunes, todos los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) iniciarán una visita in situ a México para revisar la situación de las garantías fundamentales del país, particularmente los casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura.



Los integrantes de la CIDH, encabezados por su presidenta, Rose-Marie Belle Antoine, también darán atención a la situación de inseguridad ciudadana, acceso a la justicia de víctimas de violaciones a los derechos humanos y la situación de periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos y otros grupos especialmente afectados por el contexto de violencia en Mexico.

El trabajo de los miembros de este organismo iniciará este lunes y concluirá el viernes 2 de octubre, y se reunirán con representantes del gobierno federal, de organizaciones civiles, víctimas de violaciones a garantías y familiares de éstas.
Fuente.-

domingo, 27 de septiembre de 2015

"LOPEZ DORIGA": un "CORRUPTO" haciendo "NEGOCIO" alquilando "MICROFONOS de RADIO y TV al PODER".


El pleito inmobiliario entre María Asunción Aramburuzabala y la familia del conductor estelar de Televisa cimbra desde hace varios días las estructuras del consorcio, al punto de que cada vez son más fuertes las versiones sobre la eventual salida de Joaquín López Dóriga de la televisora aliada del gobierno de Enrique Peña Nieto. 
  • El litigio, en el que la poderosa empresaria ya lleva la delantera, puso al descubierto las “presiones” e intentos de “extorsión” que según ella han ejercido en su contra los esposos López Dóriga. Quedan aquí documentados los “negocios” que el conductor ha hecho al amparo del gobierno y los micrófonos de radio y televisión.
La batalla en tribunales entre la empresaria María Asunción Aramburuzabala, propietaria de la inmobiliaria Abilia, y los esposos Teresa Adriana Pérez Romo y Joaquín López Dóriga apenas inicia…
El litigio ha destapado el modus operandi de la extorsión del conductor estelar de Televisa y Radio Fórmula, cuya riqueza a partir del uso de poder de su micrófono incluye la propiedad de al menos seis departamentos de lujo en el Club de Golf Bosques, siete en la colonia Polanco, su lujoso yate valuado en 40 millones de pesos, una suite en residencial Villa Alejandra de Acapulco, más millonarios ingresos a través de dos empresas, Akron y Ancla, que han recibido más de 237 millones en contratos por menciones, campañas y entrevistas de dependencias federales entre 2001 y 2015.
La revelación de un presunto intento de extorsión por más de 5 millones de dólares por parte del matrimonio López Dóriga destapó lo que entre políticos y empresarios era conocido desde hace más de una década: el Teacher de Televisa presiona de esa manera a quienes no aceptan sus condiciones e intereses.
Los rumores sobre su salida de Televisa, suscitados a raíz del pleito jurídico con Aramburuzabala, arreciaron en los últimos días. Fuentes de la empresa confiaron a Proceso que el 30 de septiembre se pretendía relevar al conductor de El Noticiero de Canal 2, pero la posibilidad se frenó para no vincular el hecho al litigio inmobiliario con la heredera del emporio de la Cervecería Modelo y exsocia de Televisa.
El propio López Dóriga, en su columna de Milenio Diario, acusó el golpe de los rumores. El viernes 25 de septiembre, bajo su seudónimo Florestán, apostilló: “Los hay que en su miseria humana andan por la vida repartiendo falsos certificados de defunción”.
Los rumores en Televisa se incrementaron a raíz de que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) del Distrito Federal resolvió a favor de Aramburuzabala en el juicio de lesividad sobre la construcción del desarrollo inmobiliario de la calle Rubén Darío 225, en una de las zonas de mayor plusvalía en la colonia Polanco, al lado justamente del edificio Rubén Darío 223, donde los López Dóriga son propietarios de un departamento de 552 metros cuadrados y un valor de 5 millones de dólares, según los datos del Registro Público de la Propiedad.
El jueves 24, la Consejería Jurídica del Gobierno del Distrito Federal afirmó que “acatará el fallo” del TCA y, por lo tanto, se quitarán los sellos que mantenían clausurada la obra, la cual prevé la construcción de 122 departamentos de lujo.
Además de esta resolución a favor de la heredera del emporio de la Cervecería Modelo, están pendientes otros dos juicios de lesividad interpuestos por la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal (PAOT), y otro más promovido por la esposa de López Dóriga y 10 vecinos más que piden la cancelación del proyecto. Ambos juicios serán resueltos por el mismo tribunal y, según Guillermo Buitano, director de Abilia, “los dos juicios pendientes deberían resolverse en el mismo sentido” en un plazo de un mes.
La batalla entre Aramburuzabala y López Dóriga no se agota en el litigio inmobiliario. Los abogados de la empresaria interpusieron otra averiguación previa por extorsión en contra de los “probables responsables” de pedir un pago de 5 millones de dólares, más 600 mil dólares de pago de honorarios para el abogado Becerra Pocoroba y “la reconstrucción de aproximadamente la mitad de las banquetas de la colonia Polanco y sus luminarias”, petición de vecinos que encabezan Gabriela Torres Ramírez y Adriana Pérez Romo López Dóriga, esposa del conductor de Televisa (Proceso 2026).
La empresaria dijo que no cederá y reiteró a Proceso que está dispuesta a mantener un litigio en tribunales contra López Dóriga por dos años más si es necesario, porque “se trata de una batalla contra el mal uso del poder y de la corrupción de un conductor que al tener acceso a un medio lo usa para enriquecerse, para extorsionar”.
A su vez, Buitano aclaró a Proceso que la extorsión es un delito que “se persigue de oficio, es decir, que no nos podemos desistir, lo cual tampoco haríamos aunque fuera posible”.
La venta de “menciones”
Este litigio es el primero que se ventila públicamente y pretende demostrar el modus operandi del conductor estelar de Televisa, quien ha hecho un millonario negocio con la transmisión de publicidad  presentada como información periodística o noticiosa, algo prohibido desde septiembre de 2014 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a raíz de las reformas constitucionales en materia de libertad de expresión y derecho a la información.
A través de dos firmas, Astron y Akron, López Dóriga ha recibido al menos 237 millones de pesos de distintas dependencias federales desde 2001, en el gobierno de Vicente Fox, hasta 2015, con la administración de Peña Nieto, según la suma de estos contratos, obtenidos a través del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (INAI).
De 2005 a 2015, la compañía Astron Publicidad, cuya apoderada original es la esposa de López Dóriga, recibió 56 contratos de dependencias federales. El más generoso con el conductor ha sido el Instituto Mexicano del Seguro Social, que en los últimos siete años le pagó a las empresas de López Dóriga 33 millones 352 mil 316 pesos.
Todos los contratos son por adjudicación directa y sus servicios son tan variados como los siguientes: por transmisión de spots, por transmisión de “comentarios de López Dóriga” en distintos noticiarios de Radio Fórmula (en los espacios de Eduardo Ruiz Healy, Óscar Mario Beteta y hasta de Ciro Gómez Leyva) y hasta por “asesoría, implantación y consultoría en informática”.
La esposa de López Dóriga, Adriana Pérez Romo, aparece como accionista de la empresa Telecomportal, S.A., de C.V., creada el 16 de diciembre de 2005 con el objeto de compra, venta, importación, exportación, renta de “toda clase de bienes, herramientas, partes o refacciones relacionados con sistemas de seguridad, comunicaciones, software, equipos de cómputo y mantenimiento industrial, ya sea por cuenta propia o a través de terceros, así como brindar asesoría en todo lo relacionado a este objeto”, según el folio 344270 del Registro Público de la Propiedad.
En otras palabras, Astron Publicidad, de López Dóriga, subcontrata a Telecomportal, de su esposa, o a otras empresas para los convenios firmados con dependencias federales como el IMSS o la Secretaría de Salud que también incluyen los servicios de “asesoría en informática”.
El mismo INAI adjudicó de manera directa a Astron Publicidad un contrato para “servicios de publicidad en programas de televisión para la difusión de spots de la Semana Nacional de la Transparencia 2011 y campaña institucional del IFAI”.
En el exceso, hasta el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), un organismo de escaso presupuesto, adjudicó directamente a Astron un contrato de un millón y medio de pesos por la difusión de spots publicitarios de sólo 30 segundos, en 2011. Y ya en el gobierno federal actual, el INEA contrató el 29 de septiembre de 2014 a la empresa de López Dóriga para difusión de “menciones de radio de 30 segundos” por un millón 948 mil pesos.
Una de las dependencias más generosas con López Dóriga ha sido la Secretaría de Marina, que el 2 de marzo de 2014 firmó un contrato con Astron Publicidad por 7 millones 174 mil pesos para “un servicio de difusión de las campañas de la Secretaría de Marina a través de la radio en diferentes lugares de la República”.
En 2013, durante el gobierno de Peña Nieto, López Dóriga creó otra empresa, además de Astron, llamada Ankla Comunicación, que ha recibido un total de 13 contratos con distintas dependencias federales, como la Secretaría del Trabajo, que le pagó 2 millones de pesos por la producción de 25 comentarios para la campaña “México sin Trabajo Infantil”.
La Secretaría de Hacienda, encabezada por Luis Videgaray, ha sido generosa con Ankla. En 2014 le pagó  2 millones de pesos por “servicios de transmisión de mensajes en radio en sus diferentes formatos para difundir las campañas” de la dependencia, y en enero de 2015 firmó otro contrato por 5 millones para el mismo tipo de servicios por el mismo periodo (un año).
La suma total de los contratos de López Dóriga con las dependencias federales, disponibles a través de la consulta al INAI, desde 2001 al 2015 es de 237 millones 340 mil pesos. Tan sólo de 2013 y 2014, con el gobierno de Peña Nieto suman 39 millones 274 mil pesos, cifras que superan a los convenios firmados con otros medios electrónicos e impresos.
Paradójicamente, López Dóriga no es concesionario de ningún medio electrónico ni dueño de medio impreso alguno, pero sus dos empresas obtienen ingresos mucho más elevados que, incluso, Radio Fórmula, desde donde transmite sus “comentarios” y su noticiero vespertino.
Los altos ejecutivos de Televisa se han desligado del asunto. Internamente han explicado que se trata “sólo de un asunto con Radio Fórmula”, pero no pueden evitar la presión de que el conductor televisivo es su rostro más conocido y ahora con menor credibilidad en el área de noticiarios.
El negocio con los estados
Los contratos de Joaquín López Dóriga con las dependencias federales son los únicos que están accesibles a través del INAI, pero con los gobiernos de los estados, especialmente con gobernadores generosos con El Teacher, son prácticamente una caja negra.
Son muy pocos los casos documentados de contratos, como el de Rafael Moreno Valle, quien le pagó a López Dóriga un millón 120 mil pesos por la transmisión de una entrevista en su noticiario radiofónico, en enero de 2013, en el marco de su segundo informe de gobierno.
Zeferino Torreblanca ha sido el único mandatario estatal que, el 16 de enero de 2013, publicó un desplegado en un medio nacional para reclamarle a López Dóriga comentarios negativos a su gobierno. En la parte medular de su carta, el entonces gobernador de Guerrero señaló:
“Nunca he tenido trato alguno ni siquiera he cruzado palabra con el señor López Dóriga y no quisiera pensar que una opinión emitida con tanta ligereza y dolo fuera producto de no tener una relación comercial con él, como ocurría en la administración pasada del estado de Guerrero, de las que percibía ingresos anuales hasta por cerca de seis millones de pesos.”
La respuesta de López Dóriga fue escueta: “yo no lucro con la información”, pero no desmintió ni aclaró si existían contratos por seis millones de pesos con el gobierno de René Juárez en Guerrero. Criticó a Torreblanca por pagar un “costoso” desplegado y recurrir a injurias e insultos.
Cinco facturas de la Secretaría de Finanzas de Guerrero, a nombre de Astron Publicidad, de octubre 2003, y varios meses de 2004 son por un millón de pesos más 150 mil pesos de IVA (que son absorbidos por el erario guerrerense), cada una, por “la transmisión de comentarios de López-Dóriga” dentro de los distintos noticieros de Radio Fórmula (Eduardo Ruiz Healy y Óscar Mario Beteta).
Proceso tiene copia de un cheque, fechado el 20 de mayo de 2012 y emitido por la Secretaría de Finanzas del Estado de México por 464 mil pesos a nombre de Joaquín López Dóriga, pero la entidad gobernada por Eruviel Ávila no ha precisado los contratos firmados con el conductor del noticiario estelar de Televisa.
El negocio inmobiliario
Del negocio en el espectro radioeléctrico, López Dóriga ha pasado al negocio inmobiliario, sobre todo en la delegación Miguel Hidalgo, de la Ciudad de México. De acuerdo con los datos del Registro Público de la Propiedad, la familia López Dóriga es dueña de seis departamentos en el Club de Golf Bosques por un valor total de 6 millones 473 mil dólares. Cuatro de ellos están a nombre de Teresa Adriana Pérez Romo, la esposa, uno a nombre de Joaquín López Dóriga y un sexto a nombre de la hija Adriana López Dóriga Pérez Romo.
Además, tiene varios inmuebles en Polanco:
–En la calle Lamartine 204 es propietario desde el 27 de abril de 2001 de un lote que López Dóriga le “vendió” a Astron Publicidad, cuya apoderada legal es su propia esposa, a un precio de 300 mil pesos, según el folio No. 187501. Este inmueble de 33.75 metros cuadros tiene permiso para uso habitacional.
–En la misma calle y en el mismo número López Dóriga “vendió” a Astron Publicidad otro lote de 62.75 metros cuadrados por 600 mil pesos. Con fecha del 1 de abril de 2014 se notifica otra “transmisión de propiedad” de María del Rocío Aguilar, quien aparece como representante de Astron Publicidad, “por pago de dividendos en especie transmite a Teresa Adriana Pérez Romo el mismo inmueble, pero ahora con un valor de un millón 350 mil pesos, según el folio No. 187502.
–Un tercer lote de Lamartine 204 denominado “bodega comercial” fue también vendido por López Dóriga a Astron Publicidad por 100 mil pesos, en 2001, y adquirido en 2014 por su esposa Teresa Adriana Pérez Romo por 240 mil pesos.
–En la colonia Lomas de Chapultepec, una oficina ubicada en Acueducto 28, de 57.49 metros cuadrados es vendida por Inmobiliaria KL, representada por Arturo Alonso Mateo, a Astron Publicidad, por un millón 350 mil pesos, el 11 de diciembre de 2008. El 1 de abril de 2014 otra escritura determina el “pago de dividendos en especie a favor de Teresa Adriana Pérez Romo” por un millón 650 mil pesos.
–El departamento A-8, en la calle Rubén Darío 223, fue escriturado el 9 de septiembre de 1999. Lo vendió Castañares, S.A. de C.V. a Teresa Adriana Pérez Romo en 6.7 millones de pesos. Es el predio más grande: 552.96 metros cuadrados. El 17 de septiembre de 2012 otorgó en garantía el predio por una hipoteca de 5 millones de dólares en favor de sus acreedores Guillermo Rodrigo de Zamacona y su hija Teresa Adriana López Dóriga, que en ese momento tenía 20 años de edad y no acreditaba ingresos mayores a los 20 mil pesos. La operación suena un poco irreal o ilógica, pero así está asentada en el Registro Público de la Propiedad.
El exdelegado en Miguel Hidalgo Arne Aus den Ruthen Haag fue uno de los pocos políticos que ventiló públicamente su diferendo con López Dóriga. En 2002, el conductor de Televisa le pidió una licencia de construcción para una caseta policial en uno de sus predios, obra que estaba restringida en el Plan de Desarrollo Urbano de Polanco.
El entonces delegado del PAN le dijo a López Dóriga que no era posible que él firmara esa licencia porque era ilegal. Un amigo mutuo intercedió entre ambos. Los invitó a comer. Apenas estaban en la sopa, recordó Arne Aus den Ruthen Haag, y el conductor de Televisa le soltó su amenaza:
“Aprende a no meterte con la esposa de un comunicador.”
Esa misma amenaza, 12 años después, la repitió en contra de la propietaria de Tresalia Capital y considerada una de las mujeres más ricas e influyentes de México. Aramburuzabala se dice convencida de que llegará hasta el final. “No hay negociación posible con un extorsionador”, reitera.
fuente.-

"VIAJABA con FAMILIA" y NO les IMPORTO,lo "ACRIBILLAN de 17 DISPAROS de CARRO a CARRO" en N.L

Imagen.-Multimedios.tv


Mientas viajaba a bordo de su auto y acompañado por su familia, un conductor murió al recibir al menos 17 balazos que le dispararon los ocupantes de dos vehículos que venían siguiéndolo desde calles atrás, en Santa Catarina.

Monterrey,MX.-27/Sep/2015 Tras el ataque, el conductor aún fue auxiliado con vida y llevado en busca de ayuda a bordo del mismo vehículo.

La agresión se registró la noche del sábado a las 21:40 horas en el cruce de las avenidas Manuel J. Clouthier y Cuauhtémoc, frente a la Colonia Los Portales.

La víctima fue identificada como Carlos Alberto Rodríguez García, de 23 años, quien pereció mientras era llevado a un hospital.

De acuerdo con los primeros informes que proporcionó un agente cercano a la investigación, al momento del ataque Rodríguez García viajaba con su esposa y sus dos hijas, quienes resultaron ilesas.

Sobre los responsables, se dijo que eran varios hombres armados que viajaban en dos vehículos, un Seat blanco y otro dorado, del cual no se especificó tipo ni marca.
Fuente.-

TRABAJABAN para ZETAS en NUEVOLAREDO",18 se DECLARAN CULPABLES en TEXAS..."flojitos" y cooperando.


Un total de 18 miembros de una célula de los Zetas del contrabando de Drogas que operaban en Texas y movían las drogas de Laredo a Dallas se declararon culpables de varios cargos en una corte federal y están a la espera de sentencia.
Todas las declaraciones de culpabilidad tuvieron lugar en los últimos días e incluyen a los distintos miembros del grupo que operaba desde junio 2011 hasta junio 2013, según la información proporcionada a Breitbart de Texas por la Oficina del Fiscal de Estados Unidos reveló.
La organización estuvo encabezada por Erasmo Abdón Trejo-Nava,el "Cuate" que fue descrito por los fiscales como el líder del grupo con sede en Laredo. Trejo Nava fue uno de los principales transportadores de marihuana  de Los Zetas en Nuevo Laredo.
Con el uso de camiones comerciales y remolques de tractor, el grupo movería múltiples toneladas de marihuana desde Laredo a Dallas y movia dinero en efectivo de Dallas a Laredo y luego a México. El grupo también utilizó diversos  negocios para el blanqueo de dinero del narcotráfico mediante la compra de bienes inmuebles en Laredo, según la información revelada.
El grupo utilizó varias casas de seguridad y los negocios en Laredo para recibir y preparar las drogas. El movimiento de las dorgas dentro de Laredo se llevó a cabo utilizando vehículos personales. Una vez que las drogas fueron re-empacados en casas de seguridad, los paquetes fueron marcados para su identificación una vez que llegaron a Dallas.
Otros miembros de los Zetas que se han identificado  Jaime Enrique "El Broda" Montalvo Ruiz, de 47 años de edad, Leocadio "Leo" Ruiz, de 42 años de edad, José Ángel "El Topo" Trejo, de 41 años de edad Ovidio Rodríguez, de 41 años de edad, Víctor Hugo "El Cheyo" Trejo, de 41 años de edad, Francisco "El Pelucas" Colin, de 36 años de edad, Salvador "El Chava" Saldaña Medrano Todos ellos se declararon culpables de conspiración para poseer con la intención para distribuir más de 1.000 kilogramos de marihuana y de la acusación de lavado de dinero.
Juan Manuel "Chacalilla" Vargas Aguilar, de 45 años, Mario Alberto "El Flaco" Rodríguez, de 29 años, Ricardo "Ricky" Ramírez, de 33 años, Arturo "Turín" Lozano, de 47 años, y Josua Sánchez, de 32 años, se declararon culpables de conspiración para poseer con intención de distribuir más de 1.000 kilogramos de marihuana.
Gerardo "Mexiquillo" Recio, de 48 años, se declaró culpable de dos cargos de conspiración por separado en relación con más de 100 kilogramos. Otros miembros  más pequeños se declararon culpables de cargos de conspiración de lavado de dinero.
Ildefonso Ortiz es un galardonado periodista de Breitbart de Texas le puedes seguirnos en Twitter y en Facebook.
Fuente.-