Una vez que fue detenido un grupo de normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014, el subdirector de la Policía de Cocula, César Nava González, le preguntó al subdirector operativo de la Policía de Iguala, Francisco Valladares Salgado, a dónde llevaba a los jóvenes: “¿Al Batallón 27 o al Cereso?”. Una consulta que podría estar fuera de lugar, o revelar una forma de operación y coordinación entre las corporaciones municipales e integrantes del Ejército Mexicano.
La pregunta podría pasar desapercibida, sin embargo, quien la formuló es un ex elemento del Batallón 27 de infantería, él junto a otros policías municipales implicados en el Caso Ayotzinapa tienen antecedentes en la milicia –son desertores-; y el hoy prófugo, Felipe Flores Salgado, ex secretario de Seguridad Pública de Iguala, también del citado agrupamiento.
Durante los ataques y la desaparición de los 43 estudiantes, el Batallón 27 tuvo una actuación inusual, la cual fue ocultada por la Procuraduría General de la República (PGR), pero revelada por el Grupo Interdisciplinario de Experto Independientes en su informe, lo que agrega un elemento de sospecha y sobre el que debería indagarse.
Documentos oficiales revelan que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) restringieron la información en el Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) del estado de Guerrero, durante el monitoreo de las acciones de normalistas en Iguala.
Cuando los estudiantes de Ayotzinapa eran agredidos, patrullas militares salieron a recorrer las calles, pero las bitácoras y los partes de los soldados reportaron “sin novedad”, justamente en el mismo lapso en que la Sedena tuvo el control total del C-4.
Un elemento de inteligencia militar siguió los recorridos de los estudiantes en Iguala, y es el único que tomó fotografías del momento en que policías municipales bajaron y trasladaron a los normalistas del autobús Estrella de Oro, imágenes que entregó al Batallón 27, pero que no obran en el expediente de la PGR.
Ahí no pararon las acciones inusitadas de las fuerzas castrenses. El oficial de barandilla en Iguala, denunció que miembros del ejército mexicano lo acosaron y hostigaron durante días en su domicilio, después de la noche del 26 de septiembre, por lo que ahora se encuentra en un centro de detención de migrantes en Estados Unidos en espera de que le aprueben la solicitud de asilo político.
Desde el principio de la investigación la PGR negó la participación de miembros del ejército mexicano en la desaparición de los 43 normalistas o que esa noche salieran del cuartel, incluso en enero de 2015, ofreció a los padres de los jóvenes abrir las puertas del Batallón 27 para que lo recorrieran, pero semanas después la dependencia federal reculó y negó el acceso a las instalaciones militares.
En la investigación del Caso Ayotzinapa, el ejército mexicano ha sido protegido por la Secretaría de Gobernación (Segob) y la PGR, no permitieron que GIEI entrevistara a los elementos del Batallón 27.
Un alto mando de la 35 Zona Militar en Chilpancingo –la que tiene a su cargo el Batallón 27-, recibió un acelerado ascenso tras los incidentes del 26 y 27 de septiembre en Iguala.
RESTRICCIÓN DEL C-4
El día 26 de septiembre de 2014, normalistas de Ayotzinapa intentaron tomar autobuses y ‘botear’ en Chilpancingo, para trasladarse el 2 de octubre a la Ciudad de México a la marcha la masacre de estudiantes en Tlatelolco.
Ante el operativo desplegado por la Policía Federal, los estudiantes decidieron acudir al municipio de Iguala en dos autobuses, llegaron a la caseta de peaje y al crucero de Huitzuco.
“Estando allí en esos dos lugares, llega efectivamente la información de que se encuentran presentes Policía Federal, están y tienen conocimiento el ejército, el Batallón 27 con hombres de inteligencia desplazados en esos sitios, y además se conocía por el C-4, que es un comando de comunicaciones donde están todas las fuerzas públicas, que ellos (los normalistas) se desplazaban de Chilpancingo hacia Iguala, está información le llega a todas las autoridades a las 5:59 de la tarde”, relató Ángela Buitrago, especialista del GIEI.
En todo momento el Batallón 27 tuvo información sobre el traslado de los normalistas; incluso el Ejército mexicano tiene personal en el C-4.
En las declaraciones de los militares incluidas en el expediente de la PGR, un elemento identificado como CDE explicó que para comunicaciones con el C-4 utilizan un correo electrónico de uso exclusivo de la Sedena denominado Zimbra.
El comandante R señaló que en el C-4 hay dos miembros del ejército se turnan cada 24 horas, que hay cuatro elementos en total.
“Ese día (el 26 de septiembre) estuvieron el soldado el DAGC y el sargento FGC. El 27 estuvieron el soldado JMRO y el cabo ASA. Según él (Comandante R), el ejército tiene reportes de Sedena del C-4, pero no todos los reportes del C-4, que estarían completos en poder de las autoridades del Estado de Guerrero. Así mismo tienen el control de las cámaras de seguridad que se encuentran instaladas en la ciudad de Iguala”, señala el informe de GIEI.
El Ejército utilizó esa noche el C-4 para coordinar acciones de seguimiento a los normalistas, así lo revelaron sus propios elementos.
“A las 19:30 horas del día 26 recibí una llamada proveniente del C-4 específicamente del sargento Cano; me informó que dos autobuses con estudiantes específicamente normalistas de Ayotzinapa provenientes de Chilpancingo, Guerrero, habían arribado a esta ciudad, uno de los dos autobuses se encontraba en el cruce de carreteras conocido como Rancho del Cura que se encuentra a quince minutos de este municipio el segundo autobús estaba en la caseta de cobros número tres del tramo carretero Puente de Ixtla. De inmediato, como todas las llamadas, informo a mi superior, el coronel JRP (José Rodríguez Pérez) y al cuartel general de la 35 zona militar a la cual le mencione los hechos reportados por el sargento Cano (FGC) quien se encontraba en el C-4”, relató el militar EM ante la PGR en diciembre de 2014, quien iba vestido de civil y en moto ese día.
Los normalistas sacaron los autobuses de la Central Camionera de Iguala y desde el C-4 se vigilaron sus acciones. A las 21:22 horas en el C-4 se reportó el incidente no. 002683889:
“Disturbio estudiantil piden el apoyo de la preventiva ya que hay un grupo de estudiantes ayotzinapos. Los cuales se quieren introducir a la Estrella Blanca. Pide que se mande la unidad. 21:24:25 la llamada ha sido transferida se pasó el reporte al supervisor en turno el policía segundo Alejandro Tenescalco Mejía, policía preventiva de Iguala. 21:24:50 se reporta por otro señor diciendo que ya están agresivos y se abre el incidente 002683694. 21:25:29 reportan que hay como 40 jóvenes y que se llevan un autobús con pasajeros, pide apoyo a autoridades 21:25:59 en apoyo se traslada la fuerza estatal al mando de José Adame Bautista, coordinador operativo de la zona norte. 21:30 se solicita apoyo porque se están llevando dos autobuses de Estrella de Oro”, señalan los reportes del C-4.
La presencia militar se mantenía cerca de los estudiantes. A las 21:30 horas, el C-4 informó que tres patrullas por delante y tres por detrás estaban rodeando a los autobuses que se habían llevado los normalistas rumbo al Periférico norte. El agente de inteligencia OBI, presente en la zona, fue testigo de los hechos y de los disparos contra los autobuses, de acuerdo a la PGR.
Había agentes de inteligencia militar vestidos de civil siguiendo a los normalistas, lo cuáles recibían información desde el C-4 y la transmitían al Batallón 27 y a la 35 Zona Militar.
Después hubo silencio en el C-4. Hay dos periodos en los que no aparecen comunicaciones en el C-4 durante ciertas horas. Dichos periodos coinciden con el tiempo posterior al primer ataque a los normalistas en la calle Juan N. Álvarez y el segundo ataque cuando los estudiantes daban una conferencia de prensa.
Una situación atípica, sin embargo, hubo un manejo controlado de la información en el C-4.
En un documento oficial de Protección Civil de la coordinación de Chilpancingo se señala que no tienen acceso a información del C-4 en ciertos momentos de esa noche porque la comunicación está intervenida por Sedena.
El coordinador de Protección Civil del Estado de la Zona Norte, dirigió un reporte al subsecretario de Protección Civil del municipio de Iguala, en el que da cuenta de la actividad, se señala que esa noche Sedena manejó información de forma restringida en el C-4.
El reporte del 27 de septiembre de 2014 dice: Así mismo el despachador del C-4 sigue indagando sobre más información, pero existe información que se le restringe ya que dicha información es manejada por personal de la Sedena.
Se informó después que sólo cuatro de las 25 cámaras del C-4 servían esa noche en Iguala, o quizá fueron apagadas para ocultar algún operativo y personas.
DESTINO DE LOS NORMALISTAS
Distintos testimonios de los implicados en el caso Ayotzinapa, coinciden en que un grupo normalista fue llevado a las barandillas en la comandancia de la policía de Iguala.
“(…) los detuvieron a todos siendo aproximadamente como veinte ayotzinapos, y los subieron a todas las camionetas patrullas, y se los llevaron a la comandancia y supe esto porque CHINO nos mandó un mensaje que los ayotzinapos estaban encerrados en la comandancia, y cuando los detuvieron los policías yo me trasladé para periférico a la colonia veinticuatro de febrero, para ver si por ahí andaban los ayotzinapos ya que los otros halcones avisaron que andaba por ese rumbo”, declaró ante PGR, Marco Antonio Ríos Berber.
“Según la declaración de Nava ante la PGR hay 8 o 10 detenidos y Francisco Valladares Salgado le solicitó ayuda para transportar a los detenidos.
En tanto, Oscar Rodríguez Salgado, policía de Cocula, dijo el 3 de marzo de 2015 ante la PGR: “César Nava me ordena ir a la 24, que significa Comandancia, y le pregunté que si de Cocula y me dio: ‘No, pendejo, a la de aquí’ y me dirigí a la Comandancia de Iguala, la cual se ubica en la calle de Rayón 109 en el Centro, por lo que al llegar a la comandancia César Nava se bajó de la patrulla y se metió a la comandancia y los demás compañeros, y el de la voz, nos quedamos afuera y pasaron unos minutos y abrieron el portón de la Comandancia y César Nava me ordenó que ingresara la camioneta que yo tripulaba por lo que ingresé la patrulla a la Comandancia y observé a varias personas civiles y uniformados que se encontraban en el patio y las personas que estaban de civil detenidos los subieron a la batea de la camioneta, por lo que una vez que los detenidos se encontraban en la camioneta salí de la comandancia y entró una de las camionetas Ram de patrulla de Cocula, aproximadamente subieron 10 detenidos a la batea de la camioneta que yo manejaba, pero no puedo precisar el número exacto”.
Ya con los normalistas en las patrullas, César Nava González, subdirector operativo de la Policía de Iguala, preguntó a su homólogo de Iguala, Francisco Valladares Salgado, a dónde llevaban a los jóvenes, “¿Al Batallón 27 o al CERESO?”, de acuerdo al informe de GIEI.
Sin embargo, de acuerdo con la ley, tras cometerse una falta los detenidos deben ser enviados al juzgado cívico, o al ministerio público.
VÍNCULOS ENTRE POLICÍAS Y MILITARES
César Nava González tiene pasado en la milicia. Ingresó al ejército en enero de 1996, y desertó en octubre de 1999, pasó de la infantería al cuerpo de transmisiones militares - entrenado en la utilización de instrumentos de radiocomunicación-.
Nava González estuvo en el Batallón 27 y en la comandancia de la 35 Zona Militar en Chilpancingo. Él ingresó a la policía municipal apoyado por otro militar.
El alcalde de Cocula, César Miguel Peñaloza, señaló que Alejandro Saavedra Hernández, responsable de la 35 Zona Militar, le recomendó a Salvador Bravo Bárcenas, un ex militar, como director de Seguridad Pública local, este último incorporó a policía a César Nava. El edil señaló que ambos ex militares no le rendían cuentas, “actuaban de manera unilateral”,
Salvador Bravo Bárcenas y César Nava González, están detenidos por sus presuntos vínculos con la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Al menos otros 11 policías de Cocula, también ex militares, están sujetos a investigación por su presunta participación en los hechos de Iguala.
Los policías de Cocula fueron coordinados por los de Iguala, cuyo secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores Velázquez, quien también tiene antecedentes en la milicia, en el Batallón 27. Fue soldado en ese agrupamiento desde 1981 hasta julio de 1989 cuando desertó.
ACOSO MILITAR
El oficial de barandilla, Ulises Bernabé, en una declaró ante la PGR el 21 de noviembre de 2014, que esa noche hay seis detenidos por ebriedad, el último ingresó a las 21:20 horas, no mencionó la detención de los normalista: “Después de este detenido, señala él se va a ver televisión, hasta las 23:30 que un tal Maximiliano le avisa que hay personal del 27 batallón en la comandancia. Quien se entrevista con él es el Capitán Crespo le pregunta por una moto blanca, le dice que no la ha visto, mientras le pide revisar la Comandancia. Señala que la revisan los militares, ven los seis detenidos, y que a las 23h45 se fueron. 0:50 llega Felipe Flores y el subprocurador, solo estaban los seis detenidos, según él nunca llegan los estudiantes detenidos”.
Elementos del Batallón 27 comenzaron a hostigarlo, por lo que tuvo que salir de Iguala y buscar refugio en Estados Unidos, por lo que el GIEI lo entrevistó en un Centro de Detención de Migrantes.
Cambió su declaración, él no habría hablado personalmente con Felipe Flores, ni habría recibido ninguna llamada de teléfono de él, y la visita a la comandancia de Flores se habría dado antes.
“Recibí amenazas, posteriormente, mi casa fue allanada por personas vestidas de civil que se presentaron como policías y tuvo más visitas de la policía y presencia de patrullas militares en la calle. Me entero por parte de mi familia que los militares iban mucho, constantemente se estacionaban frente a la casa, tomaban fotos de la casa y le preguntaban a vecinos por mí, que si sabían dónde estaba yo, que si sabían qué hacía yo, dónde estaba. Cuando yo declaro en el Ministerio Público Federal, en noviembre, se hizo más constante la presencia de los militares en mi domicilio”, declaró Ulises Bernabé, quien pide asilo político a Estados Unidos.
PATRULLAJE MILITAR
La noche de 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, el ejército salió a patrullar las calles de Cocula con agentes de inteligencia militar y con camionetas Cheyenne, pero tuvieron al igual que el C-4, tuvieron un comportamiento inusual.
EM, elemento de inteligencia militar dijo que a las 23:30 horas, el capitán C sale del Batallón 27 con dos camionetas Cheyenne, con orden de hacer patrullajes y “específicamente de evitar confrontar a los estudiantes de Ayotzinapa”. Señaló que el comandante R le indicó que debía trasladarse al lugar donde se encontraba el autobús Estrella de Oro 1531, frente al Palacio de Justicia.
Vestido de civil y a bordo de una motocicleta, el agente de inteligencia militar fue testigo de lo que sucedió frente al Palacio de Justicia entre las 22:00 y 23:00 horas: las agresiones y la detención de los normalistas, hechos de los que informó a sus superiores.
“El militar declaró que los jóvenes estaban gritando: ‘Pinches policías, Ayotzi Vive’ Mientras la policía gritaba: ‘bájense, hijos de la chingada, si no les va a ir peor’. EM fue testigo de cómo unos 10 jóvenes eran bajados del autobús, esposados y tirados agresivamente al piso. De todo ello informó a su superior inmediato, el teniente TG”, señala el informe del GIEI,
Ante PGR el 3 de diciembre de 2014, el agente de inteligencia militar refirió en su declaración que tomó 4-5 fotografías de ese momento con su celular, y que entregó un reporte de los hechos y las fotografías al teniente TG y posteriormente informó al capitán C.
Dichas fotografías no se encuentran en el expediente de la PGR y por tanto no han podido ser analizadas. El Batallón 27 no habría entregado esas fotografías que son fundamentales en la investigación para establecer la participación de las corporaciones o de un presunto grupo criminal, los Guerreros Unidos.
Según el reporte desclasificado del ejército, a las 22:30 horas cinco patrullas se encontraban ya en la zona del Palacio de Justicia: “Aproximadamente 22:30 horas, arribaron al lugar tres patrullas más, a bordo de las cuales bajaron policías vestidos de negro, encapuchados, los cuales les dijeron a los estudiantes que se bajaran, por lo que los estudiantes les mencionaron que tenían compañeros heridos, sin especificar de qué tipo. Aproximadamente 22.35 horas, los policías que llegaron y trataron de bajar a los estudiantes del autobús”.
El teniente JG, declaró que el agente EM le informó que se trataba de policías encapuchados. Según EM, el teniente le indicó: “quédate por ahí otro rato, no te arriesgues ni te acerques mucho”, por lo que fue testigo de todo lo sucedido. Y después regresó al Batallón 27.
La nota desclasificada del “parte de novedades” de esa noche, suscrito por el comandante del Batallón 27 y dirigido al comandante de la Zona Militar 35, refiere que una patrulla al mando de un teniente de infantería salió al filo de la media noche y que regresó tres horas después sin reportar novedades. Sin embargo, en esas horas se dieron todavía ataques a los normalistas y el impacto de los hechos era evidente en las calles.
El punto “o” de la información desclasificada por el ejército: “23:50h. El C.TT.INF. (borrado) con (borrado) perts. Esta unidad, con la finalidad de efectuar patrullamientos a inmediaciones de esta ciudad, reincorporándose 03.10h, sin novedad”.
Pero no fue el único convoy militar que salió esa noche, de acuerdo a los testimonios. El soldado RSE refiere en su declaración que hacia las 0:30 horas sale del Batallón 27 en una de las Cheyenne con el capitán C y el teniente P al mando, y que llegaron a las 0:45 horas al Palacio de Justicia, donde se encontraba el autobús Estrella Oro 1531.
Que a las 1:05 el capitán C da la orden de que se retiren de la zona del Palacio de Justicia, se dirigen a, habrían pasado cerca de la central de autobuses, se desvían por el hospital del Seguro Social y a la comandancia de la policía municipal de Iguala.
En las dos escenas de ataque en la calle Juan N. Álvarez y el Palacio de Justicia de donde fueron detenidos y desaparecidos normalistas, hubo presencia de agentes del ejército, de la policía federal y ministerial en distintos momentos.
Entre las 6 y 7 de la mañana, elementos del Batallón 27 resguardaron el lugar donde apareció el cuerpo sin vida y torturado de Julio César Mondragón “El Chilango”, antes de que llegaran las autoridades civiles.
PROTECCIÓN AL BATALLÓN 27
A petición de los padres de los normalistas desaparecidos la Segob y la PGR aceptaron que la búsqueda de los jóvenes se extendiera a las instalaciones militares, pero semanas después sin un argumento claro las dependencias federales informaron a los familiares que ya no podrían ingresar a los cuarteles.
El 13 de enero de 2015 el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos, y Luis Enrique Miranda Nava, subsecretario de Gobierno de Segob, sostuvieron una reunión con los padres de familia para conocer los avances del Caso Ayotzinapa y en la que los familiares reiteraron una solicitud de abrir una línea de investigación sobre la presunta participación u omisión de militares en los hechos.
Por la noche, en conferencia de prensa Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal expuso ante a los medios de comunicación los avances de la investigación. Horas después en la cuenta de twitter de la PGR (@PGR_mx) se publicaron mensajes afirmando que los padres de los normalistas podrían ingresar a las instalaciones, que los cuarteles militares están abiertos a los ciudadanos, y que el ingreso tendría que ser “de manera ordenada y respetuosa”.
“Al respecto, familiares de normalistas de #Ayotzinapa informarían fecha y hora para su ingreso a las instalaciones militares. #Iguala” escribió la dependencia federal en la red social.
Al día siguiente se anunció que también ingresaría una representación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al Batallón 27 de Infantería para constatar que no se encuentran ahí los 43 estudiantes desparecidos. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reiteró que sólo se abriría el cuartel del Batallón 27 de Iguala.
Pero el 27 de febrero, la Segob informó a los padres de familia que no existían condiciones “como antes” para realizar el ingreso a las instalaciones militares.
Luis Enrique Miranda Nava, subsecretario de Gobierno, fue el responsable de transmitir la decisión a los familiares y abogados de los normalistas desaparecidos. El propio gobierno federal rompió su compromiso.
El GIEI solicitó a la PGR y a la Segob entrevistar a los elementos del Batallón 27, pero en seis meses el gobierno federal no ha podido dar trámite a la petición de los expertos independientes.
ASCENSO MILITAR
En 170 días el comandante de la 35 zona militar con sede en Chilpancingo, Alejandro Saavedra Hernández, ascendió a general de división. Este militar era el responsable del 27 Batallón de Infantería con sede el municipio de Iguala, al que padres de normalistas de Ayotzinapa señalan de haberlos detenido cuando intentaban ir en auxilio de sus compañeros atacados por la policía municipal y lo que derivó en la desaparición de 43 estudiantes.
El 2 de junio de 2014, el general Alejandro Saavedra Hernández tomó protesta como comandante de la 35 Zona Militar en sustitución del cuestionado general de brigada Juan Manuel Rico Gámez.
El general Juan Manuel Rico Gámez fue investigado por la PGR debido a sus presuntos vínculos con el crimen organizado, así lo reveló la periodista Anabel Hernández en la revista Proceso 1860 en el reportaje “En capilla, otros cinco generales de alto rango” publicado el 23 de junio de 2012.
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, con base en el artículo 32 de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, el 20 de noviembre de 2014, le confirió el ascenso al grado inmediato por el “mérito, aptitud y competencia” a Alejandro Saavedra Hernández.
En un año, el general de división a Alejandro Saavedra Hernández, ha estado al frente de dos zonas militares, 16 Zona Militar de Guanajuato y la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, además de la IX Región Militar con sede en Acapulco. Extraña movilidad y crecimiento en un corto lapso de tiempo.
Restricción de información, protección oficial, actuación inusual, ocultamiento de información, han rodeado al Batallón 27 de Infantería, el mismo que la PGR se niega a investigar, y sobre el cual pesan muchas sospechas sobre su actuación los días en que fueron desaparecidos los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Fuente.-LaSillaRota
