Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN, es visto como una persona desleal –le dio la espalda a los dos políticos que impulsaron su carrera: Francisco Garrido Patrón y Gustavo Madero–, pero ahora, además, ha empezado a llenar los puestos directivos del panismo con personajes de mala fama, señalados por actos de corrupción. La propia reputación del dirigente panista está en entredicho mientras no aclare a satisfacción el uso de los mil millones de pesos del Programa de Acción Comunitaria que manejó en Querétaro.
Ricardo Anaya no sólo terminó de mala manera con Gustavo Madero, quien lo encumbró como presidente del Partido Acción Nacional (PAN), sino con el otro impulsor de su vertiginoso ascenso político: Francisco Garrido Patrón, exgobernador de Querétaro.
Con Garrido, Anaya vivió una década en la cúspide del poder: fue funcionario juvenil municipal de la capital queretana y luego, durante un sexenio, fue el poderoso secretario particular del gobernador; como tal manejó los mil millones de pesos del Programa de Acción Comunitaria (PAC) para repartir entre los pobres los dos años previos a las elecciones.
Y aun cuando el PAN perdió el gobierno estatal en 2009, de cuya derrota fue responsable como coordinador general de la campaña, Anaya garantizó su futuro como diputado local plurinominal, coordinador de la bancada y –ya distanciado de Garrido Patrón– presidente estatal de su partido.
Lo que sí hizo Anaya fue estrechar su relación con la exesposa de Garrido Patrón, Marcela Torres Peimbert, senadora desde 2012 e integrante del órgano electoral que organizó la elección interna en la cual resultó electo.
Pero Anaya no sólo está asociado a la deslealtad, sino a señalamientos de corrupción.
Luego de su paso por el gobierno, Anaya acumuló un patrimonio de más de 10 millones de pesos: En enero de 2011 tenía 5 millones 800 mil pesos en cuentas bancarias y valores bursátiles, así como una casa de 521 metros cuadrados valuada, según él mismo, en 4 millones 300 mil pesos.
Un dato curioso: Anaya no compró la residencia con su dinero, sino –en un caso parecido al de Enrique Peña Nieto– la recibió en “donación”, en marzo de 2005, según la declaración patrimonial que rindió al iniciar el cargo de subsecretario de Turismo, en 2011, y que ocultó al año siguiente.
Y es que desde que manejó los mil millones del PAC –para repartir materiales de construcción, insumos de mejoramiento urbano y hasta tinacos–, ha estado bajo sospecha de haberse beneficiado ilegalmente de esos recursos.
El senador con licencia Francisco Domínguez Servién –ahora gobernador electo de Querétaro– aludió a ese tema en 2013, cuando Anaya y el también diputado federal Marcos Aguilar, alcalde electo de Querétaro capital, lo criticaron por el manejo de recursos como tesorero del Senado, en el contexto del choque entre Madero y Ernesto Cordero.
“Marcos Aguilar habla de transparencia y Ricardo Anaya que manejó mil millones del PAC, que transparenten los recursos de diputados federales (sic)”, escribió Domínguez en su cuenta de Twitter.
Otro ejemplo: la exdiputada federal Raquel Jiménez Cerrillo, compañera de bancada de Anaya, declaró públicamente que éste se fue de Querétaro “huyendo de unos periodicazos” sobre el manejo supuestamente irregular de los mil millones del PAC.
La sospecha se robusteció cuando, en 2011, fue detenido el defraudador Javier Bosque Urquiza, quien aseguró que Anaya, siendo secretario particular de Garrido, “me prestó 8 millones de pesos, parte en cheque y parte en efectivo”, pero sólo le devolvió “como 800 mil”.
Anaya publicó un desplegado para decir que sólo le entregó 800 mil pesos para invertir y que esa cantidad le fue devuelta en diferentes fechas.
Apenas en enero de este año, cuando como presidente interino usó los tiempos oficiales del PAN para promoverse con la bandera de la anticorrupción, un grupo de prominentes panistas de Querétaro emitió un comunicado para contradecirlo.
“Ricardo Anaya se autopromueve como paladín de la lucha anticorrupción, pero quienes lo conocemos sabemos que es sólo un discurso muy lejano de actos concretos de congruencia. Su proceder, por el contrario, es testimonio del uso de las instituciones para beneficiarse a sí mismo.”
Firmado por el exdiputado federal Manuel Ovalle Araiza, el exdiputado local Simón Guerrero, el exprocurador Julio Sentíes Laborde, el exalcalde Rolando García Ortiz, así como los exdirigentes estatales Rafael Puga e Ismael Becerra, en el comunicado se recuerda que Anaya, siendo secretario de Garrido, se aseguró la primera diputación local plurinominal; su secretario particular, Antonio Rangel, ocupó la segunda y la secretaria de éste, Micaela Rubio, la tercera.
Y en lo que definieron también como un “acto de corrupción que arbitrariamente cometió Ricardo Anaya”, hizo reelegir como presidente estatal a José Báez, representante en sus asuntos personales. “Con Ricardo Anaya el PAN pierde, el único que gana es él. ¿A poco no?”, rubricó el comunicado del grupo Esencia PAN.
Tras el triunfo de Anaya, el exalcalde Rolando García manifestó su incredulidad sobre el combate a la corrupción prometido por Anaya: “Tendría que matar a sus amigos, (aunque) quiero darle el beneficio de la duda”.
Corruptos
Pero al único amigo que, políticamente, mató Anaya fue a Madero, quien, como Garrido en Querétaro, lo encumbró: lo hizo presidente de la Cámara de Diputados, luego secretario general y presidente nacional interino del CEN del PAN, y ahora dirigente hasta 2018.
Con la bandera de la “regeneración” del PAN tras los escándalos de corrupción, que él tampoco atendió como secretario general y presidente interino, Anaya vetó también a Jorge Villalobos, operador político y financiero de Madero desde hace una década.
Aunque Ulises Ramírez, quien controla el PAN en el Estado de México, no entró a la Comisión Política, Anaya propuso a alguien de su mismo grupo, la diputada Ingrid Schemelensky, y aquel se perfila para presidir una comisión en la Cámara de Diputados, que podría ser la de Seguridad Pública.
Salvo la incorporación de Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón, a la Comisión Permanente, los mismos grupos y personajes que apoyaron a Madero son los que respaldan a Anaya, aunque se fortaleció el gobernador de Puebla y aspirante presidencial, el expriista Rafael Moreno Valle.
En la planilla del CEN colocó a la diputada federal Genoveva Huerta; en la Comisión Permanente ingresó el propio Moreno Valle, Maximiliano Cortázar y la diputada federal Guadalupe Mondragón, su operadora en el Estado de México.
En la Cámara de Diputados, el segundo cargo en relevancia recayó en Eukid Castañón Herrera, operador político y financiero de Moreno Valle, quien tiene un amplio expediente de corruptelas (Proceso 2019).
Anaya también fortaleció a Jorge Romero Herrera, exdelegado en Benito Juárez y cacique del PAN capitalino, vinculado también con escándalos de corrupción. Lo sumó a la Comisión Permanente, igual que a Mauricio Tabe, del mismo grupo y presidente de ese partido en el DF.
Forma parte también de la Comisión Permanente el exdiputado Rodolfo Dorador, quien fue coordinador de la campaña de Madero en 2010 y vinculado, junto con Villalobos, en el trasiego de recursos de casineros.
Los coordinadores parlamentarios designados por Anaya también han recibido señalamientos de presunta corrupción: El senador Fernando Herrera Ávila está bajo investigación de la Procuraduría General de la República por presuntamente falsificar documentos de asociaciones civiles de Aguascalientes que han ejercido recursos públicos.
Y el diputado Cortés fue acusado de corrupción por Juan José Rodríguez Prats, quien fue delegado del CEN en Michoacán para la elección interna de 2011 contra Luisa María Calderón.
Rodríguez Prats revela a Proceso que había informado al CEN sobre evidencias de que Cortés mantenía una alianza con el gobernador perredista Leonel Godoy, pero también había aceptado apoyos de origen oscuro.
–¿Son recursos ilegales?
–¡Ilegales, desde luego que ilegales! Yo lo dije en el CEN: señores, por menos de esto se expulsó a Manuel Espino.
Cortés rechazó las imputaciones y Rodríguez Prats fue destituido del cargo y, en la elección de agosto, brindó su apoyo a Anaya.
Coordinador general de la campaña de relección de Madero, Cortés ha colocado a varios de los allegados a éste en posiciones relevantes en la Cámara de Diputados: Uno es Carlos Olson San Vicente, tesorero del CEN durante los cinco años de Madero, quien es el secretario de Servicios Administrativos y Financieros.
José Isabel Trejo, exsecretario general del PAN, fue nombrado coordinador de asesores del grupo parlamentario, cuya secretaria técnica es Lourdes Medina, jefa de la oficina de la presidencia de Madero.
Otro caso: El secretario particular de Cortés es el chihuahuense Fernando Álvarez Monge, secretario general en la presidencia de Anaya y allegado también a Madero.
Oliva, a Elecciones
Anaya no ha designado aún a los secretarios del CEN del PAN, pero se perfila como de Elecciones a Juan Manuel Oliva, exgobernador de Guanajuato, envuelto en escándalos de corrupción y que, para quitarse ese estigma, canta en el coro de una iglesia en León.
La facción de El Yunque que pactó con Anaya también tomó posiciones relevantes en la Comisión Permanente y en la bancada, como Cecilia Romero Castillo, expresidenta nacional del PAN y comisionada del Instituto Nacional de Migración cuando ocurrió la masacre de centroamericanos en Tamaulipas, quien es vicecoordinadora de Transparencia.
La diputada Margarita Alemán Olvera es esposa del exgobernador de Morelos, Marco Antonio Adame, y madre de Juan Pablo Adame, quien aspira a ser el vocero del CEN.
Javier Bolaños Aguilar, allegado a los Adame, es vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, y Alejandra Reynoso, secretaria de ese mismo órgano, es allegada al exgobernador Emilio González Márquez.
Con Santiago Creel como su gran consejero, Anaya ha fortalecido a los nativos de Querétaro: integró a la Comisión Permanente al gobernador electo Domínguez Servién, la senadora Torres Peimbert –exesposa de Garrido– y a Micaela Rubio, expresidenta interina del PAN.
El coordinador de la campaña de Anaya, Édgar Mohar Kuri, es el nuevo tesorero, con un pasado de represión en Querétaro: fue destituido como jefe de la policía de la capital, en enero de 2002, por ocupar el primer lugar en quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por el uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias.
Pero en 2003 fue nombrado director de la policía estatal de Garrido y como tal estuvo implicado en el caso del asesinato, el 27 de noviembre de 2004, del joven Marco Antonio Hernández, a quien le dispararon desde una camioneta BMW, conducida al parecer por Federico Ruiz Lomelí, concesionario de la Coca Cola.
Aunque el empresario fue detenido por policías estatales al mando de Mohar –quien se ostenta como “consultor en prevención del delito y reforma democrática de la policía”–, quienes constataron que Ruiz manejaba ebrio, lo dejaron libre por órdenes superiores, tal como lo acreditó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
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