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martes, 15 de octubre de 2024

«TRAFICANTES del INSTITUTO NACIONAL de MIGRACION AMENAZAN de MUERTE a ACTIVISTA COLOMBIANA en TIJUANA»…el gobierno es socio del trasiego de ilegales y militares también.


Organizaciones y activistas defensoras de migrantes exigieron una investigación exhaustiva por presuntas amenazas de muerte y hostigamiento por parte de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) contra una activista colombiana de derechos humanos en el Aeropuerto Internacional de Tijuana.

El hecho se suscitó la madrugada del pasado 2 de octubre, cuando la defensora Gina Paola Morales Saldaña, directora de la Asociación Colombiana en Baja California, fue retenida, discriminada y violentada por parte de agentes del INM, de acuerdo con la acusación.

Morales Saldaña, indica un comunicado signado por 26 asociaciones y colectivos como Mariposas FronterizasMigrante33 A.CCasa Arcoíris Centro 32, regresaba a Tijuana después de realizar trabajo de activismo en la Ciudad de México, pero que a pesar de contar con residencia legal en el País, al llegar al Aeropuerto fue separada del resto de los pasajeros debido «únicamente a su acento».

La activista, apuntan, fue conducida a una oficina en condiciones indignas junto a aproximadamente 50 personas, incluidas niñas y niños.

«Durante su retención, Paola Morales fue sometida a comentarios misóginos y xenofóbicos, donde se le dijo que ‘las venezolanas y colombianas son unas putas’ y que ‘las iban a descuartizar’, aseguran.

Sin embargo, afirman que lo más alarmante es que la activista fue amenazada de muerte en múltiples ocasiones por una agente, «lo que constituye una violación inadmisible de sus derechos fundamentales».

«Nos sumamos a este llamado de investigación con enfoque de derechos humanos y a resaltar que hechos como estos tienen estrecha relación con políticas migratorias que criminalizan a las personas en movilidad, deshumanizando, violentando sus derechos de manera sistemática y hasta quitándoles la vida», exigieron.

Entre las exigencias también solicitaron la reparación del daño psicológico y material para la activista, incluyendo la restitución del equipo celular que fue dañado cuando Saldaña intentó documentar lo sucedido.

Además, exigieron la destitución de la servidora pública del INM responsable de las amenazas de muerte contra la activista y un compromiso del INM para tratar dignamente a los migrantes.

El documento también fue firmado por la Alianza para la Salud de las y los RefugiadosAlma MigranteAmerican Friends Service CommitteeApoyo a Migrantes VenezolanosBorder Youth CollectiveCoalición S.O.S Migrantes, entre otras organizaciones y activistas.

Fuente.-ELNORTE/

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