Es su función, su responsabilidad.
Lo dice la ley. Lo sabían cuándo compitieron por el cargo y nos prometieron cumplir esa responsabilidad.
Cobran por eso.
Nos dijeron que podían.
Nos dijeron que sabían cómo.
Si no son ellos los que asesinan y roban, si son ellos los que deben prevenir que asesinen y roben; son ellos los que deben garantizar la paz pública; son ellos los que deben garantizar la seguridad de todos nosotros.
No están atendiendo las causas sociales.
Entregar una beca por algunos meses sin cerciorarse de que los jóvenes adquirieron conocimientos y habilidades, y sin asegurarse de que consiguieron un empleo, no es atender las causas sociales.
De septiembre de 2023 a septiembre de 2024, se perdieron 4 mil 408 empleos formales en Sinaloa, de los que tienen derecho al IMSS, según las cifras oficiales más recientes del Sistema de Información Estadística Laboral del gobierno federal.
De julio de 2023 a julio de 2024, aumentaron en 34 mil 313 las personas que no trabajan pero quieren hacerlo, según las cifras oficiales más recientes de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI.
También aumentaron, en 31 mil 637, quienes necesitan laborar de tiempo completo, pero tienen una ocupación de medio tiempo.
Atender las causas sociales es brindar oportunidades de trabajo como alternativa a involucrarse con la delincuencia organizada. Dan cifras de becas entregadas, pero no de resultados, de empleos obtenidos.
No implementaron una política económica que generara empleo.
Tampoco han hecho programas sociales estatales y municipales diseñados especialmente para desalentar la incorporación a la delincuencia organizada.
Los programas sociales que se aplican aquí son los diseñados allá en la avenida Reforma de la Ciudad de México para la población en general de todo el país, sin pensar en las condiciones específicas de Sinaloa y de sus jóvenes.
Tampoco han atendido sistemáticamente con actividades de orientación sobre prevención del delito al millón y medio de sinaloenses que lo requieren. El secretario de seguridad pública informa que, en tres años, solo han atendido a 36 mil y en forma esporádica.
Son el pasado.
Aducen que esta crisis es herencia del pasado pero gran parte de las autoridades de la coalición de Morena son los mismos que fueron coordinadores de asesores, presidentes municipales y miembros de los gabinetes de esos gobiernos del pasado que señalan como culpables.
Hay 25 ex presidentes municipales prianistas en la élite morenista en el poder en Sinaloa, por dar un ejemplo.
No están haciendo su parte en la construcción de una cultura cívica.
La lucha de los padres y abuelitas por inculcar valores a los niños, por guiar su conducta, enfrenta un terrible enemigo en el hecho de que sus hijos testifican que las mejores casas, los mejores ingresos, la mejor comida, etc., los obtienen quienes violan la ley sin recibir castigo.
La cultura de legalidad compite en desventaja contra la cínica realidad cuando las autoridades permiten la impunidad.
No han hecho nada efectivo por mejorar las instituciones responsables de prevenir, investigar y sancionar el delito.
El número de policías y de ministerios públicos y la calidad de equipamiento, de capacitación y de servicios de apoyo son de los más bajos del país, de los últimos lugares.
Un ejemplo: Por la tasa de elementos de la policía preventiva de las instituciones de seguridad pública estatales, por cada mil habitantes, en el año 2023, ocupamos el antepenúltimo lugar. En Tamaulipas hay 1.2 policías por cada mil habitantes; en Nayarit, 1.3; en Campeche, 1.5; en Tabasco, 1.5. En Sinaloa, 0.3.
Otro ejemplo: Sonora y San Luis Potosí tienen una cantidad de población ligeramente menor que la de Sinaloa. Las fiscalías de sus estados ejercieron, en 2023, un presupuesto de 1 mil 962 millones y 1 mil 206 millones, respectivamente, mientras que la de nuestro estado solo 821 millones.
No han tomado medidas eficientes y eficaces para resolver esta crisis de violencia. La prueba es que llevamos más de un mes de culiacanazos diarios, asesinatos, secuestros, robos y enfrentamientos a plena luz del día. Padecemos la peor crisis de violencia de la historia.
No pueden resolverlo pues no corrigen.
Se enojan si se les señalan deficiencias. El oficialismo no reconoce el valor de la crítica. La crítica es un recurso de escrutinio y exigencia frente al poder.
Si la valoraran, la crítica les serviría a quienes están en el poder. Tendrían un acicate para rectificar y una oportunidad para explicarse y rendir cuentas.
Los gobernantes autoritarios han construido su fracaso precisamente cuando logran cancelar toda expresión disidente a su alrededor.
Cuando pierden su posibilidad de corregir errores y de mejorar sus políticas se desbarrancan en la ineficiencia y la ineficacia… y el pueblo paga las consecuencias.
Estamos en crisis porque no han cumplido su facultad y obligación de garantizar la seguridad pública.
Estamos en crisis porque no cumplieron lo que prometieron.
Fuente.Omar Garfias/RIO DOCE/
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