La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés) ha emitido ayer miércoles fichas rojas para la búsqueda y posterior extradición a México de la esposa y los hermanos de Genaro García Luna, el antiguo secretario de Seguridad Pública que fue declarado culpable en un tribunal de Estados Unidos por los delitos de narcotráfico y delincuencia organizada.
Las fichas fueron solicitadas por la Fiscalía General de la República por un caso de corrupción distinto al que tiene encerrado al funcionario en Estados Unidos. La esposa y los hermanos de García Luna están acusados de beneficiarse de una red de corrupción y enriquecimiento ilícito a través de contratos fraudulentos con prisiones federales.
Cristina Pereyra, la esposa de García Luna, acompañó a su marido durante el juicio que tuvo lugar en un tribunal de Nueva York en marzo. Allí tuvo que comparecer por la relación de complicidad en los negocios que mantenía con el antiguo funcionario, y justificó su salida de México para vivir en Miami: “Queríamos que nuestros hijos tuvieran una vida normal”, dijo entonces la única testigo que presentó la defensa para ese asunto. “Queríamos ofrecerles un poco más de libertad”. Desde entonces, Pereyra reside en Estados Unidos. En el juicio aseguró que todo su patrimonio estaba en regla y que fue obtenido gracias al duro trabajo de García Luna.
La ficha roja emitida contra ella es una notificación que Interpol lanza a las fuerzas del orden de sus países miembros. La agencia internacional no detiene a nadie, solo emite una petición de arresto que debe ser ejecutada por la policía nacional del país en el que se encuentre el sujeto. La Fiscalía hizo la petición a Interpol en mayo de este año, cuando un juez federal ordenó la aprehensión de Pereyra y los hermanos de García Luna y estos no se presentaron ante la justicia. Iban a ser enjuiciados por ganar dinero con la trama criminal orquestada por el cabeza de la familia, que también tiene otros asuntos pendientes con los tribunales mexicanos.
La primera orden de detención contra García Luna es por el caso Rápido y Furioso, nombre que recibió el polémico operativo policial implantado por el entonces secretario de Seguridad Pública. La estrategia terminó convertida en una red de tráfico ilegal de armas de Estados Unidos a México. La operación tuvo lugar entre 2009 y 2011, cuando la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF por sus siglas en inglés) permitió, con el beneplácito de la Administración del presidente Obama, la salida de 2.500 armas ilegales a México. El objetivo era rastrear las armas y dar con los narcotraficantes, pero el plan fue un fiasco que solo dio más poder a los criminales.
La segunda orden de aprehensión contra el funcionario es por las operaciones fraudulentas que le permitieron obtener, según la Fiscalía, 64.900 millones de pesos gracias a la construcción ficticia y la operación de varios penales federales, privatizados mediante gestiones del propio García Luna. La tercera orden, y que incluye a los hermanos y la esposa del detenido, tiene que ver con los contratos abusivos y corruptos que supuestamente se firmaron con muchas cárceles federales. El monto asciende a 5.112 millones de pesos obtenidos a través de hasta 10 contratos fraudulentos.
En su batalla por recuperar el patrimonio robado, la Fiscalía ha conseguido asegurar propiedades y cuentas bancarias relacionadas con García Luna y su familia. En marzo de este año, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció que había conseguido asegurar 19 mansiones y departamentos en propiedad del acusado, con un valor que rondaba los 18 millones de dólares. Cuatro de las propiedades están ligados a su esposa. La UIF denunció entonces que el exfuncionario creó una red internacional con la que desviaba el dinero a paraísos fiscales y lo utilizaba para hacerse con propiedades millonarias en Florida.
Fuente.-Daniel Alonso Viña/Diario Español
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