Si por el presidente Andrés Manuel López Obrador fuera, ténganlo por seguro que dejaría a un lado su traje de civil, se vestiría de uniforme verde olivo y decretaría un gobierno militar. ¡Al diablo con la democracia!
Cada día es más inaudita la afinidad, el encubrimiento y la protección que el inquilino de Palacio Nacional tiene para quienes de facto hoy controlan el quehacer nacional: las Fuerzas Armadas.
Tres hechos dejaron en claro que, en México, los Generales pueden hacer y deshacer sin tener que pagar las consecuencias de sus actos. El presidente los defenderá a capa, bayoneta y espada.
El primer caso se dio con la decisión de la Suprema Corte de devolverle a la Guardia Nacional su carácter de civil, ordenando que la Secretaría de la Defensa dejara de ser el órgano operativo y administrativo. Ocho votos a favor, tres en contra.
El revés a lo que fue una propuesta presidencial de militarizar a la Guardia Nacional causó que el mandatario se lanzara, abiertamente en la Mañanera, contra los ministros que votaron por la desmilitarización de la Seguridad Pública.
Y, en una abierta falta de respeto a la separación de poderes, acusó a los ministros que votaron a favor de fallarle a México, de estar al servicio de las élites conservadoras, ordenando al mismo tiempo a la Secretaria de Seguridad Publica, Rosa Icela Rodriguez, que asumiera el mando de la Guardia Nacional, pero que mantuviera al General Córdova Campos como comandante del organismo nacional de seguridad.
“Para no afectar la buena marcha y la consolidación de la Guardia Nacional, he instruido a la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, de quien dependerá esta corporación, de acuerdo a lo que ayer se decidió, que mantenga al General Córdova Campos como comandante de la Guardia Nacional, por su buen desempeño”.
O sea que, en el papelito, para cumplir con la Corte, se civiliza la Guardia Nacional, pero en los hechos su operación continúa en manos de militares.
El segundo caso de protección a los de uniforme verde olivo se dio en una absurda defensa que hizo el presidente López Obrador del titular de la Sedena, el General Luis Cresencio Sandoval.
En las filtraciones de los Guacamaya Leaks se reveló que el Secretario de la Defensa y su familia incurrieron en gastos muy elevados en viajes de recreo -no oficiales- en los que fueron trasladados por aeronaves oficiales, se hospedaron en lujosos hoteles y comieron en caros restaurantes, todo con cargo al Erario.
El presidente López Obrador salió en defensa del General Luis Cresencio Sandoval y pretendió justificar los gastos familiares, diciendo que prominentes comunicadores también gastan elevadas cantidades en viajes. No diferenció que unas son con recursos privados y las del militar con dinero público. Para el inquilino de Palacio Nacional todos son iguales.
Y el tercer caso fue el de resguardar los contratos del actual gobierno de la Cuarta Transformación sobre la compra del software Pegasus, que fue denunciado que emplean las Secretarías de la Defensa y la de Marina para espiar a civiles, activistas, políticos y periodistas.
Y, en contra de una resolución del Instituto Nacional de Acceso a la Información, que exigió revelar el detalle de cuánto costó y a quién se le compraron los equipos de espionaje, el mandatario determinó que esos datos se mantendrán en secreto de seguridad nacional hasta el 2028.
Esa fecha es cuatro años después de que termine su mandato. Nada de exigirle cuentas a los militares por sus acciones, incluso las que están evidentemente fuera de la Ley. Ya entendemos la urgencia de desaparecer el INAI.
Por eso decimos que, si por el presidente Andrés Manuel López Obrador fuera, su atuendo diario en todas las conferencias mañaneras sería el de un uniforme militar, verde olivo, que lo empodera como lo que es: el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas de México.
Sería un simple cambio de imagen porque, en los hechos, el inquilino de Palacio Nacional ya se comporta como tal. Desplegando una autocracia que no acepta contradicciones. ¿Alguien podrá frenarlo?
Fuente.-
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