En enero de 2021, la Comisión de Fiscalización del INE ordenó a la Unidad Técnica de Fiscalización hacer una revisión de aquellos asuntos que tienen varios años en ese órgano y en los cuales se han encontrado distintas negativas, reticencias o simplemente vacíos de respuesta de las distintas autoridades del Estado mexicano y que por ello la actividad de investigación se ha estancado.
Hay casos que llevan ya más de tres años rezagados, como la acusación que existe en contra de Morena y su entonces candidata al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, la cual fue señalada por el PAN de presunto uso indebido de recursos públicos.
Sin embargo, el ayuntamiento de Texcoco se ha negado a entregar información en cuatro ocasiones, lo mismo que las autoridades de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de México.
Para el caso Odebrecht, el INE debe determinar si los recursos por los presuntos actos de corrupción que se llevaron a cabo mediante la entrega de dádivas y sobornos a Emilio Lozoya Austin, exdirector General de Petróleos Mexicanos (Pemex), por el otorgamiento de contratos públicos a esa empresa y a otras, beneficiaron a la campaña del expresidente Enrique Peña Nieto en el proceso electoral 2011-2012.
Pero la Fiscalía General de la República (FGR), específicamente la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), ha negado en seis ocasiones la información.
En 2020, el PAN y el PRD presentaron una queja en contra de Morena, de Pío López Obrador, hermano del actual presidente Andrés Manuel, y de David Romero León.
En este caso, el INE debe determinar el origen de las aportaciones que recibió Morena, y si éstas fueron reportadas en los informes correspondientes, pero la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) ha negado dar información bajo el argumento del secreto ministerial genérico.
De acuerdo con el informe de la Comisión de Fiscalización, con corte a junio de 2021, la Unidad Técnica de Fiscalización tiene 879 procedimientos, de los cuales 685 (77.93%) están relacionados con el reciente proceso electoral y deberán quedar resueltos a más tardar el 22 de julio próximo.
Los alegatos de la Fiscalía General de la República y de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales son que la información es parte del procedimiento penal y del secreto ministerial.
La Unidad Técnica de Fiscalización tiene también una queja que interpuso Movimiento Ciudadano (MC) en contra de Morena, el PT y del PVEM, así como de diputadas y diputados del Congreso estatal en Baja California. La denuncia es por el probable uso de recursos públicos para financiar una consulta ciudadana en aquella entidad.
Se ha solicitado en varias ocasiones información a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Poder Legislativo de Baja California, así como a la Mesa Directiva, y no ha habido respuesta alguna, por lo cual la Unidad Técnica de Fiscalización no puede continuar con su trabajo.
La consejera electoral Carla Humphrey pidió a la autoridad “analizar las acciones jurídicas que se tendrían que hacer para que el Instituto Nacional Electoral pueda controvertir el criterio por el que se niegan a dar información, que es el secreto ministerial, porque es lo más recurrente”.
El PRI presenta queja en contra del PT
El PRI denunció el uso de recursos públicos, derivado de que el quejoso refiere que “funcionarios del Partido del Trabajo (PT) recibieron dinero proveniente del erario público, mismo que presumiblemente fue destinado para fines electorales”.
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