Con la detención del empresario Baltazar Higinio Reséndez Cantú, la Fiscalía General de la República (FGR) se ha hecho con un testigo clave en su investigación contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por presunta defraudación fiscal por un monto 6.5 millones de pesos.
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Reséndez Cantú —quien ya se encuentra en el penal de máxima seguridad del Altiplano— es señalado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda como presunto prestanombres del mandatario panista en la comisión de delitos de fraude fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
SE ENQUISTARON Y AHORA SE DIFICULTA CURAR LA INFECCION:
La autoridad hacendaria ha informado que el empresario tamaulipeco fue boletinado este año por la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), la homóloga estadounidense de la UIF, por presunto lavado de dinero.
Reséndez Cantú, quien tiene parentesco con el suegro de Cabeza de Vaca, José Ramón Gómez Reséndez, figura como apoderado de numerosas empresas que han sido contratistas del gobierno de Tamaulipas y que, de acuerdo con la UIF, han estado al servicio de negocios privados del mandatario.
Cabeza de Vaca es acusado por la UIF y la FGR de defraudación fiscal por haber declarado en 2019 ingresos mucho menores a los que realmente obtuvo, tras ocultar la venta millonaria de un departamento.
En su solicitud de desafuero contra el gobernador, presentada ante la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, la Fiscalía señaló que Cabeza de Vaca declaró en 2019 ingresos anuales solo por 6 millones 694 pesos, cuando realmente obtuvo ingresos por 42 millones 936 mil 272 pesos, es decir, siete veces más que lo declarado.
Con esta simulación, indica la solicitud, el panista causó un daño al erario por omitir el pago de impuestos de 6 millones 511 mil 777 pesos.
La Sección Instructora de la Cámara de Diputados admitió las pruebas presentadas por la FGR por el delito de defraudación fiscal y propuso al Pleno un dictamen en el que declaró procedente su desafuero, mismo que fue avalado por la mayoría. No obstante, el dictamen excluyó las acusaciones que presentó la Fiscalía en contra del gobernador por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada.
A la fecha, con el apoyo del Congreso de Tamaulipas, Cabeza de Vaca ha frenado su desafuero, y recientemente nombró a jueces estatales cercanos a él.
Para la UIF, la compraventa del departamento millonario en Santa Fe, en la Ciudad de México, fue un acto de simulación, pues el gobernador lo vendió a dos presuntos prestanombres a su servicio, con lo que el inmueble habría quedado, de nuevo, en sus manos.
No solo eso: la transacción se efectuó por 42 millones de pesos, un precio 300% arriba del valor original del departamento; además, parte del dinero utilizado provino de recursos públicos, según la acusación.
Los supuestos prestanombres implicados son el empresario Reséndez Cantú y un hombre identificado por la UIF como Juan Francisco Támez Arellano.
Los contratos públicos
Al menos tres empresas de Baltazar Higinio Reséndez Cantú han recibido contratos del gobierno de Cabeza de Vaca por 143 millones 723 mil 615 pesos entre 2016 y 2020, según constató Animal Político. La UIF sostiene que el empresario es accionista de un total de 11 sociedades que han fungido como proveedoras de la administración estatal.
La autoridad antilavado sospecha que, durante el ejercicio de su cargo, el gobernador panista desvió a través de este prestanombres parte de los recursos públicos erogados por las obras contratadas y los recibió a sus cuentas bancarias en 2019 como pago por su departamento, tras pasar los fondos por la compleja red de lavado de dinero.
En concreto, la UIF y la FGR tienen bajo la mira tres contratos adjudicados desde la Secretaría de Obras Públicas del estado a las empresas Barca de Reynosa SA de CV e Inmobiliaria RC de Tamaulipas SA de CV.
El 28 de noviembre de 2016, la dependencia estatal asignó un contrato por 6 millones 900 mil 719 pesos con IVA a Barca de Reynosa para la pavimentación de dos calles en Reynosa.
En 2017, la Secretaría de Obras Públicas estatal adjudicó a Inmobiliaria RC de Tamaulipas dos contratos más: uno para la construcción y equipamiento de una Unidad de Docencia en la Universidad Tecnológica por un monto de 29.3 millones de pesos, y otro para la construcción del Centro de Justicia para Mujeres, cuyo presupuesto inicial fue de 27.1 millones de pesos y luego aumentó a 76.5 millones. El monto de ambas contrataciones fue de 105 millones 900 mil 406 pesos con IVA.
Entre 2019 y 2021, dicha empresa envió a las cuentas de Reséndez Cantú 300 millones de pesos, de acuerdo con la UIF.
La autoridad hacendaria también detectó que las obras contratadas con Inmobiliaria RC de Tamaulipas presentaron irregularidades que fueron señaladas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
El lavado de dinero
Barca de Reynosa SA de CV, compañía en la que Reséndez Cantú figura como representante legal, según documentos consultados por Animal Político, depositó 33.5 millones de pesos entre marzo y abril de 2018 al otro prestanombres de Cabeza de Vaca identificado por la UIF: Juan Francisco Támez Arellano, propietario de T Seis Doce SA de CV.
El empresario Reséndez Cantú ha alegado ante la FGR que dicha transferencia obedeció a un pago por la compra de un terreno a Támez Arellano, lo que ha sido desestimado por la Fiscalía.
La empresa T Seis Doce obtuvo otros 44.8 millones de pesos de otra sociedad identificada como Avalúos y Peritajes del Sur SA de CV, que a su vez había recibido depósitos por 46.3 millones de seis empresas fachada vinculadas con el Cártel de Sinaloa, de acuerdo con señalamientos de la UIF.
El vínculo con el cártel deriva de la participación en las empresas que tiene Juan ‘N’, Ladislao ‘N’, o Manuel ‘N’, todas identidades falsas de Rodolfo ‘T’, alias ‘La Trilladora’, operador financiero del Cártel de Sinaloa.
Finalmente, la empresa T Seis Doce fue la que compró el departamento de Cabeza de Vaca a precio “inflado” por 42 millones de pesos.
Nexo con Odebrecht
Estos no son los únicos negocios en los que estaría involucrado el supuesto prestanombres de Cabeza de Vaca.
La UIF señaló que Reséndez Cantú es accionista de la empresa Enerxiza Wind, que a su vez se asoció con la empresa española Acciona Energía, una socia de Odebrecht que ha sido indagada y sancionada por haber cometido actos de corrupción en países de Latinoamérica y Europa.
La acusación indica que Enerxiza Wind se unió con Acciona Energía para, de manera ventajosa, ganar en 2016 la licitación para la construcción y operación del parque eólico El Cortijo, que genera energía limpia para después venderla a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La adjudicación tuvo lugar en septiembre de 2016, un mes antes de que Cabeza de Vaca asumiera la gubernatura de Tamaulipas. Sin embargo, de acuerdo con la UIF, las negociaciones encaminadas a ganar el negocio eólico comenzaron tiempo antes, en el marco de la aprobación de la Reforma Energética, cuando el panista se desempeñaba como senador de la República.
Los nexos de Enerxiza Wind con el gobernador tamaulipeco no sólo conducen a su presunto prestanombres —Reséndez Cantú—. Conforme la acusación de la UIF, esta compañía señala su domicilio fiscal en el Ejido de La Retama, en Reynosa, donde comparte sede con otra empresa de la familia Cabeza de Vaca, Productora Rural y Agropecuaria Regional Cava, SPR de RL.
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