En enero de este año, 19 niños en Chilapa, Guerrero, cambiaron sus útiles por escopetas. Se levantaron en armas porque días antes, sus papás -todos músicos- fueron asesinados por Los Ardillos, uno de los grupos delictivos con más presencia en el estado desde hace dos décadas.
Sin saberlo, estos menores se sumaron a una cifra de la que el gobierno no lleva registro: los huérfanos que deja la violencia por el crimen organizado.
Aunque el gobierno no tiene un conteo oficial, se estima que hay más de 50 mil niñas, niños, y adolescentes en orfandad por la violencia criminal, revela Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
La Ley General de Víctimas reconoce a los menores en orfandad como “víctimas indirectas” de un hecho delictivo, y señala al Estado como responsable de proteger sus derechos. Sin embargo, no existe un registro de cuántos son, quiénes son o dónde están
En noviembre de 2019, la bancada de Morena en el Senado, presentó una iniciativa para que el gobierno lleve un registro de las niñas y niños huérfanos, y así puedan acceder a tener un apoyo económico y social por parte del Estado. Hasta ahora, esta idea ha quedado sólo en papel.
Al no existir en ningún registro, estos menores son abandonados por el gobierno y no son tomados en cuenta para programas sociales. Por tanto, tienen menos oportunidad de estudiar, de tener documentos o acceso a los servicios de salud gratuitos, derechos que tendrían que ser fundamentales para cualquier niño, de acuerdo con la Redim.
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Dos veces víctimas
El problema de que el Estado no lleve un registro de ellos, es que la espiral de la violencia se sigue alimentando, pues no sólo se vuelven víctimas, también son más vulnerables de convertirse en victimarios y ser cooptados por los grupos delictivos, nos explica Andrés Sumano, investigador del Colegio de la Frontera Norte (Colef).
“Los menores son parte de un ciclo de violencia del cual el Estado también ha sido parte y no ha sido capaz de detener. Hay una deuda importante por parte del gobierno para frenar la cadena de la violencia”, dice Sumano.
Existen tres causas principales por las que un niño puede caer en una red criminal: la primera es la falta de respuestas sobre la muerte de su madre o padre, la segunda es porque buscan vengar el asesinato de su familiar y hacer justicia por su propia mano, y la última porque la vida ya no les importa, pues sienten que ya no tienen nada que perder, nos explica la antropóloga Elena Azoala Garrido, quien también es especialista en grupos vulnerables.
El año pasado, la Redim también reveló que hay unos 30 mil niños y adolescentes que han sido reclutados por grupos del crimen organizado, donde son obligados a realizar secuestros, homicidios, y en muchas ocasiones mueren a causa de este reclutamiento forzado.
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Las niñas y niños que están en redes criminales o bien, que sus familias forman parte de ellas, también están en medio de un fuego cruzado, pues muchos de ellos son utilizados para generar terror en las disputas entre los grupos delictivos y se convierten en rehenes y víctimas de mutilaciones o asesinatos, lamenta Juan Martín Pérez, de la Redim.
Además al estar inmersos en estas prácticas criminales, también son más propensos a ser víctimas de explotación sexual, laboral y tráfico de órganos, señala un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Pero en lugar de que estas niñas y niños se preocupen por ir a la escuela o jugar, tienen que tratar de sobrevivir. De hecho, a causa de esta violencia criminal, a diario hay en promedio siete asesinatos y siete desapariciones de niños, niñas y adolescentes en el país, de acuerdo con los datos de la Redim.
Las heridas abiertas
Vivir en un ambiente libre de violencia es un derecho universal de todas las personas menores de edad y está contemplado en la Ley General de los Niños, Niñas y Adolescentes. Sin embargo, el Estado ha fallado en garantizar estas condiciones de vida para ellos.
Las huellas que dejan estos crímenes pueden ser irreparables, pues crecen pensando que la violencia es una condición normal de la vida, y las heridas que les deja el trauma de perder a sus padres (si no se tratan con ayuda psicológica) puede provocar que crezcan inseguros, no socialicen ni tengan las herramientas para formar su vida adulta, de acuerdo con los especialistas.
Crecen también con resentimiento, ya que al no ser reconocidos, pueden ser estigmatizados por la sociedad, pues se les relaciona directamente con los grupos delictivos y son doblemente rechazados. Esto también les impide que se integren en círculos de confianza, señalan los expertos.
Estas personas menores de edad crecen siendo doblemente víctimas: de la violencia que les arrebató a sus familias y del abandono del Estado por reparar sus derechos, por eso es necesario reconocerlos, contarlos y nombrarlos.
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