Cleotilde afirma que ella, al igual que decenas de personas, fue expulsada de su comunidad en la Sierra de Guerrero por un grupo armado porque se negó a venderle su producción de amapola y marihuana a un nuevo cártel.
ABANDONO GUBERNAMENTAL:
Cuenta que hasta antes de 2015 ese negocio marchaba bien y le vendían la droga a buen precio a un grupo contrario al que actualmente domina una parte de la Sierra.
La mujer, quien será llamada Cleotilde para proteger su identidad, recuerda que la gente de la zona vendía el kilo de goma de opio hasta en 25 mil pesos.
Relata que ella sembraba en tres hectáreas y producía 20 kilos, cuyas ganancias debían alcanzar para comprar los químicos usados en la elaboración de la goma de opio y el pago a los jornaleros provenientes de municipios pobres de la Montaña.
"A los jornaleros que contratábamos por tres meses les dábamos 150 pesos diarios, las tres comidas (almuerzo, comida y cena) además del hospedaje", señala Cleotilde.
Dice que en lo único que no gastaban era en el fertilizante porque utilizaban el que les entregaban las autoridades para la siembra de maíz.
Ella y su familia poseían varias hectáreas que sembraban al menos dos veces al año; para estas alturas ya estarían recolectando la segunda cosecha.
La mujer forma parte de una de las familias que fue expulsada de su comunidad y añora los tiempos de bonanza de la Sierra.
"Nadie se peleaba, había un solo grupo que iba a los pueblos a comprarla (la droga) y la pagaban bien", cuenta sobre aquellos tiempos.
Presume que la prosperidad que vivió con su familia le permitió hacerse de algunos bienes materiales, pero ahora ese grupo armado que entró a su comunidad se lo robó todo.
Recuerda que las cosas empezaron a cambiar en 2016, cuando llegó un nuevo grupo delictivo a la Sierra e inició la violencia.
Cleotilde cuenta que los integrantes de ese nuevo cártel les imponían el precio del kilo de la goma de opio y que quienes vendían su producción a otra organización eran golpeados o hasta desaparecían.
"Ese nuevo grupo llegaba a tu casa y te exigía que le vendieras tu cosecha al precio que ellos querían", explica.
La mujer señala que a ella no le da pena contar que se dedicaba a sembrar drogas e incluso eso se los ha dicho a funcionarios cuando convocan a las reuniones de las familias desplazadas.
Pero también les explica que si lo hacían era porque el Gobierno nunca los ha apoyado para resolver sus necesidades de bienestar social.
"El Gobierno viene una vez al año a entregarnos unos pollos y eso, incluso lo vemos como una burla", considera.
Cleotilde dice que es posible que el programa del Gobierno federal Sembrando Vida sirva para que le gente de la Sierra cambie la siembra de estupefacientes por la de árboles frutales o de cultivos de productos básicos.
A un año de que arrancó la iniciativa, en los pueblos de la Sierra apenas está aterrizando y no todos los campesinos están inscritos en el padrón.
"En la comunidad de donde fui desplazada me informan que apenas a 10 familias que se inscribieron ya reciben mensualmente los 4 mil 500 pesos, pero faltan más que sean incluidas", indica.
Pide al Gobierno federal que Sembrando Vida no lo convierta en un programa excluyente, por lo urge a que todas las familias desplazadas reciban el apoyo.
La mujer lamenta además que desde enero de este año ni la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ni el Gobierno de Guerrero les han entregado el apoyo económico que recibían.
A más de un año de vivir, como dice ella, "de la seca a la meca" (de un lugar a otro), la mujer afirma que lo único que desea en esta recta final de su vida es regresar a su comunidad.
"Yo ya no quiero saber de ningún grupo (delictivo) ni tampoco seguir sembrando amapola. Quiero morir en mi pueblo y que ahí me sepulten", dice.
Fuente.-
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