La relación entre México y Estados Unidos entra en una nueva fase. En pleno año electoral, Washington ha aumentado las exigencias al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en materia de seguridad y combate al narcotráfico. El Ejecutivo de Donald Trump espera que un aumento de la presión contra el tráfico de drogas obtenga para sus intereses resultados como los logrados en migración, donde los mexicanos han reducido con mano dura el flujo hacia la frontera estadounidense entre mayo y diciembre de 2019.
Esta presión sobre México la personifica ahora el fiscal general estadounidense, William Barr, que el viernes de la semana pasada culminó su segunda visita al país. El responsable del Departamento de Justicia se reunió en la semana con funcionarios de la Administración mexicana para exigir un freno al tráfico del fentanilo, un opioide sintético proveniente de China. Como moneda de cambio, los funcionarios mexicanos, encabezados por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, piden concreción en los operativos que deben reducir el flujo de armas que viajan de Estados Unidos al sur y que alimentan el poder de fuego de los carteles. Barr volverá a visitar México en febrero, donde celebrará una nueva reunión con sus homólogos locales.
De momento, México ha aumentado el ritmo de sus extradiciones al norte. El lunes 13 de enero, las autoridades mexicanas entregaron a la justicia estadounidense a ocho criminales. Entre ellos Gilberto Barragán Balderas, líder del Cartel del Golfo y uno de los diez delincuentes más buscados por el capítulo en Texas de la agencia antidrogas estadounidense (DEA). También fueron extraditados capos de organizaciones criminales como el Cartel de Juárez y la Línea, que operan al norte de México y en la zona de la frontera común.
Las autoridades estadounidenses también recibieron esta semana a José Sánchez Villalobos, conocido como El señor de los túneles, del Cartel de Sinaloa. Villalobos está considerado un operador de alto nivel dentro de la estructura criminal y enfrenta un juicio en las cortes de California por tráfico de drogas a través de dos túneles que conectaban Tijuana, en México, con San Diego, en California. Uno de ellos tenía 122 metros de largo. El juicio a Joaquín El Chapo Guzmán, quien ya está cumpliendo una cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad, no ha puesto punto final a la ofensiva legal contra el Cartel de Sinaloa.
En diciembre pasado, y casi en medio del silencio absoluto, México entregó a Estados Unidos a Ismael Zambada Imperial, uno de los hijos de Ismael El Mayo Zambada, el veterano líder del Cartel de Sinaloa y uno de los capos más poderosos de México junto al de Cartel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera. Zambada Imperial, llamado Mayito Gordo, cumplía una sentencia de diez años de cárcel en México y llevaba un lustro luchando en los tribunales locales para impedir su viaje a Estados Unidos, donde también es requerido por una corte californiana.
Es en este contexto donde se inserta el caso que la fiscalía de Nueva York construye en contra de Genaro García Luna, destacado funcionario de seguridad durante los Gobiernos de los presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón. García Luna, quien fue el encargado de la estrategia antinarco entre 2006 y 2012 con ayuda de la DEA y el FBI, fue detenido a principios de diciembre en Texas y está acusado de haber recibido millones de dólares en sobornos de la organización delictiva encabezada por El Chapo Guzmán y El Mayo Zambada. Este martes, el exsecretario de Estado verá por primera vez a la cara al juez Brian Cogan, el juez de distrito con sede en Brooklyn que llevó el juicio contra El Chapo.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Tu Comentario es VALIOSO: