El examen del concurso para jueces que fue cancelado el 14 de febrero por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) se vendió hasta en 186 mil pesos.
La Unidad de Investigación de Responsabilidades Administrativas del CJF, a cargo de Herbert Torres Coello, detectó que un responsable del área de sistemas -ya confeso- fue quien robó los reactivos.
Enseguida buscó a un amigo que fue secretario de acuerdos de un tribunal colegiado penal en la Ciudad de México y le pidió que le ayudara a vender el examen.
Fue así que convirtieron en sus clientes a secretarios de acuerdos de los tribunales colegiados penales y de algunos unitarios en la CDMX, Toluca, Tlaxcala, Puebla y Mazatlán.
A los primeros interesados les pidieron 186 mil pesos, pero conforme se acercaba el día del examen lo fueron abaratando. Un día antes de su aplicación lo vendían en 25 mil pesos.
Desde finales de febrero, el CJF comenzó a revisar las computadoras de trabajo de los secretarios de los tribunales colegiados y unitarios que pasaron a la segunda ronda del examen e incluso requirió información de comunicaciones telefónicas.
En marzo, tres de los secretarios de acuerdos de tribunales penales en la Ciudad de México fueron suspendidos por el tiempo que dure la investigación.
La convocatoria para el concurso fue lanzada el 12 de octubre pasado y se inscribieron 2 mil 601 aspirantes; el examen se realizó el 4 de enero y sólo pasaron a la segunda ronda 91 concursantes.
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El responsable del robó de los reactivos, que pertenecía al área de sistemas, buscó a un amigo que trabajó como Secretario de Acuerdos de un tribunal colegiado penal para concretar el negocio fraudulento.
Una vez que tuvieron contacto, le propuso vender el examen a algunos de sus ex compañeros de los distintos órganos jurisdiccionales.
Según informaron, la investigación por el robo de los exámenes inició cuando el Instituto de la Judicatura Federal (IJF) detectó patrones inusuales en los reactivos de opción múltiple.
Uno de las anomalías señalada es la coincidencia en las respuestas de varios concursantes a preguntas muy específicas.
Además, la sospecha se confirmó cuando Salvador Mondragón Reyes, director del IJF, entregó al Pleno del Consejo un informe que concluía que se habían filtrado y vendido los reactivos del examen para jueces.
Con antecedentes
El problema con los concursos no es reciente. En el 2012 el CJF también anuló los dos concursos con los que se pretendía seleccionar 60 nuevos juzgadores, ante quejas de irregularidades.
Aquella ocasión más de 50 participantes impugnaron el concurso porque el IJF calificó varias respuestas del cuestionario de la primera etapa con base en la Ley de Amparo que ya había sido derogada, o en tesis de jurisprudencia de la Corte que eran obsoletas.
En 2013, en medio de las complicaciones e impugnaciones, el magistrado Leonel Castillo dejó el cargo de titular del IJF.
En el 2015 el presidente del CJF, Luis María Aguilar, le pidió su renuncia a Julio Cesar Vázquez-Mellado como jefe del IJF, debido a que se eliminaron seis de las 20 preguntas que 130 jueces de distrito ya habían contestado en la primera etapa de los concursos.
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