Después de que la Secretaría de Hacienda y el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, protagonizaran un pleito público por 900 millones de pesos del Fondo de Fortalecimiento Financiero, el economista Juan Moreno analizó cómo se han manejado esos cuantiosos recursos.
En entrevista, el también asesor parlamentario revela que, en efecto, se aplican de forma discrecional –probablemente con propósitos electorales– y que de la misma manera los manejó el exsecretario José Antonio Meade, ahora candidato “ciudadano” del PRI a la Presidencia. En juego han estado y seguirán estando decenas de miles de millones de pesos.
Resulta que José Antonio Meade, el ciudadano “apartidista”, con fama de honesto y servidor público incorruptible, y que juega como candidato presidencial de la coalición Todos por México, de los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, no es nada inmaculado.
El movimiento que emprendió en enero el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, para exigirle a la Secretaría de Hacienda la entrega de 900 millones de pesos del Fondo de Fortalecimiento Financiero (FFF) –incluido en el Ramo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación– que habían pactado a finales de 2017, permitió descubrir un nuevo mecanismo diseñado por Hacienda para canalizar de manera totalmente discrecional cuantiosos recursos presupuestales con probables objetivos electorales.
Así lo dice el doctor en historia económica y asesor parlamentario Juan Moreno Pérez después de hacer una revisión exhaustiva del FFF, tanto en el Presupuesto de Egresos de la Federación como en la Cuenta Pública Federal de los ejercicios fiscales 2016 y 2017.
Explica el especialista en programación financiera que dicho fondo fue introducido de manera subrepticia por la SHCP –cuando el titular era Luis Videgaray Caso– en el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal de 2016, dentro del “Ramo 23, Provisiones Salariales y Económicas”, con un monto de mil 481 millones de pesos.
Sin embargo, el revisarse los analíticos de la Cuenta Pública para 2016 se encontró que las erogaciones por ese concepto habían alcanzado la insólita cifra de 62 mil 258 millones de pesos, monto 42 veces superior al aprobado en el PEF.
Al siguiente año, los funcionarios de Hacienda encargados indebidamente de elaborar el dictamen del PEF –por ley, esto les corresponde a los diputados– introdujeron un monto de 3 mil 243 millones de pesos en ese fondo del Ramo 23. De nuevo, según el cierre preliminar del PEF para 2017, el gasto reportado asciende a 55 mil 482 millones de pesos, 17 veces por encima de lo incluido en el PEF.
Dice Juan Moreno: “Pero esas enormes desviaciones del gasto público, respecto a lo incluido en el PEF, no son lo más preocupante, sino la total discrecionalidad con que la SHCP maneja esos enormes montos de recursos públicos, así como su dudosa legalidad”.
Vale la pena recordar que Meade asumió el cargo de secretario de Hacienda el 7 de septiembre de 2016. De hecho, el paquete económico para el siguiente año ya estaba confeccionado, impreso inclusive, y a él sólo le correspondió entregarlo a las cámaras del Congreso de la Unión.
Es decir, no tuvo injerencia en el contenido original ni de la Ley de Ingresos ni del Presupuesto ni de los Criterios Generales de Política Económica. Pero sí le tocó encabezar las negociaciones con los diputados y dictaminar las respectivas leyes y decretos para sacar adelante el programa económico de 2017.
Moreno, economista por la UNAM y doctor por la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), cuenta cómo se introdujo el FFF en el Ramo 23 para 2016, lo que se repitió en los presupuestos aprobados para 2017 y 2018.
“El Fondo para el Fortalecimiento Financiero fue introducido por primera vez por los funcionarios de la SHCP que indebidamente elaboran los dictámenes del PEF, en el correspondiente al ejercicio de 2016. En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación enviado por el Ejecutivo no estaba incluido el citado fondo.
“Pero, como lamentablemente ya se ha hecho costumbre, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, encargada de ‘dictaminar’ el proyecto de presupuesto enviado por el Ejecutivo, no sólo no revisó ni dictaminó nada, sino que ‘aprobó’ por mayoría, sin siquiera conocerlo, el dictamen elaborado por la SHCP. Ese dictamen fue conocido por los diputados hasta que se había iniciado el pleno de ese organismo legislativo, que terminó aprobándolo.
“Fue precisamente en ese dictamen elaborado por la SHCP donde se introdujo por primera vez el FFF, con un monto de mil 481 millones de pesos. En el decreto del PEF aprobado no se señala el objeto, propósito y posibles reglas de ese fondo. Sólo cuando la SHCP integró el PEF aprobado y dio a conocer todos los detalles del mismo, en el apartado Estrategia Programática correspondiente al Ramo 23, se mencionó de manera muy escueta: ‘Fortalecimiento Financiero. Para atender las solicitudes de las entidades federativas en el concepto de Fortalecimiento Financiero’.
“Durante la discusión del PEF para 2017 –que ya le correspondió a Meade– se repitió exactamente la misma historia. En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación enviado por el Ejecutivo, de nuevo no se incluyó el FFF. Pero al presentarse el dictamen elaborado por los funcionarios hacendarios se introdujo un monto de 3 mil 243 millones de pesos para ese fondo.
“Respecto al PEF para el actual ejercicio de 2018 –que ahora sí le tocó confeccionar y negociar a Meade–, se hizo lo mismo por tercer año consecutivo. En el proyecto de presupuesto enviado por el Ejecutivo tampoco se incluyó nada para el FFF. En el dictamen elaborado por Hacienda, y luego aprobado en el Pleno de la Cámara de Diputados, se metió un monto de 2 mil 538 millones de pesos en ese concepto.
“Al revisar la distribución de los recursos del FFF ejercidos durante 2016 y 2017, se puede apreciar con toda claridad la gran discrecionalidad con que se maneja la SHCP.”
Por ejemplo, dice que en 2016, de los 62 mil 258 millones de pesos que finalmente constituyeron el FFF de ese año –y no los mil 481 millones aprobados–, 7 mil 206 millones de pesos (11.6%) se fueron al Estado de México; a Oaxaca, 4 mil 538 millones (7.3%); a Puebla, 4 mil 309.7 millones (6.9%); a Guerrero, 3 mil 5 millones (4.8%) y a la Ciudad de México, 2 mil 941.2 millones de pesos (4.7%).
Esos estados fueron los que mayores recursos del FFF recibieron; los que menos, Zacatecas, 580 millones (0.9%); Campeche, 415.2 millones (0.7%) y Tamaulipas, 129.4 millones (0.2%).
En 2017 las cosas fueron muy parecidas. El Estado de México se llevó el mayor monto: 8 mil 519 millones, el 15.4% de los 55 mil 482 millones 354 mil 100 pesos ejercidos por el oscuro Fondo de Fortalecimiento Financiero.
Acota el especialista: “No hay que olvidar que ese insólito monto de recursos se otorgó durante un año electoral, en el cual el gobierno del Estado de México resultó acusado, de manera reiterada, de usar ilegalmente recursos públicos”.
Le siguieron Guerrero, con 3 mil 792.2 millones (6.8%); Michoacán, 3 mil 772 millones (6.8%); Ciudad de México, 3 mil 385.4 millones (6.1), y Chiapas, con 3 mil 328.5 millones de pesos (6%).
En la cola quedaron, con los menores apoyos, Tlaxcala, con 330 millones 778 mil pesos (0.6%); Nuevo León, con 330 millones (0.6%), y Chihuahua, con apenas 68 millones 822 mil 700 pesos (0.1%), según datos de la Secretaría de Hacienda, al cierre preliminar del Presupuesto de Egresos de 2017.
Premios y castigos
Juan Moreno no sólo elaboró los cuadros correspondientes a la distribución del FFF en 2016 y 2017, sino que hizo un comparativo de cómo se realizó esa distribución entre gobiernos de distintos partidos, como puede verse en el Cuadro 3.
De entrada, destaca que de un año a otro los gobiernos priistas y sus aliados fueron los más beneficiados con los recursos del FFF: 32 mil 983 millones 419 mil 600 pesos en 2016 y 33 mil 230 millones 677 mil 200 pesos, un aumento de 247 millones 257 mil 500 pesos, el 0.7%.
En cambio, los gobiernos del PAN, el PRD y otros opositores recibieron menos recursos del FFF, simplemente por decisión de la Secretaría de Hacienda: 29 mil 274 millones 710 mil 200 pesos en 2016 y 22 mil 251 millones 676 mil pesos, una reducción de 7 mil 23 millones de pesos, es decir, 24% menos en 2017 que en 2016.
Y por pura discrecionalidad de la Secretaría de Hacienda.
Del Cuadro 3, su autor señala:
“Es el más ilustrativo. Para comparar lo erogado entre 2016 y 2017, se agruparon los gobiernos de las distintas entidades federativas entre las encabezadas por el PRI-PVEM y las gobernadas por la oposición PAN-PRD-independientes.
“Se puede observar que mientras el total disminuyó en 10.9%, los recursos canalizados a los gobiernos del PRI-PVEM crecieron en 0.7%. En contraste, las transferencias otorgadas a los gobiernos de oposición cayeron en 24.0%. Entre los primeros, además de Estado de México, se destacan los gobiernos de Campeche, Chiapas, Guerrero, Sonora y Yucatán. Los gobiernos de oposición más castigados fueron el de Chihuahua (primer lugar, con -95.3%), Nuevo León (-72.8%), Puebla (-56.3%), Morelos (-53.4%), Durango (-49.9%), Tabasco (-47.0%), Guanajuato (-43.3%) y Quintana Roo (-41.4%).
“Los números resultan demasiado evidentes y cualquier comentario adicional sale sobrando. El uso, no sólo discrecional, sino claramente faccioso por parte de la SHCP, no deja lugar a ninguna duda.
“Respecto al fundamento legal del multicitado Fondo para el Fortalecimiento Financiero, se recurrió a los convenios suscritos entre la SHCP y el gobierno del estado de Chihuahua, dados a conocer por el gobernador Javier Corral el pasado mes de enero. Como base de este análisis se utilizó el convenio firmado por 700 millones de pesos.
“Para empezar, en la fracción III de los Antecedentes se señala que los recursos referidos en ese convenio son ‘subsidios’, agregando que se trata de ‘asignaciones de recursos federales previstas en el Presupuesto de Egresos de la Federación’.
“Aquí aparece el primer problema, ya que los citados recursos del FFF para Chihuahua NO están en el PEF, encontrándose sólo, como se señaló antes, un monto sin distribuir y sin que se señalen criterios para hacerlo.
“En la fracción IV de los Antecedentes se indica que el otorgamiento de los referidos ‘subsidios’ se sujetará a lo señalado en los artículos 74 a 79 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH). Sin embargo, lo señalado en los artículos invocados no parece sustentar la manera como la SHCP distribuye y asigna los citados recursos.
“En el artículo 74 de la LFPRH se señala que los subsidios deberán estar aprobados ‘con cargo a las dependencias y, en su caso, de las entidades’. El Ramo 23, donde se ubica el FFF, es un ramo ‘general’, no incluido en ninguna dependencia o entidad. En el artículo 75 de la citada ley se señalan los criterios a que deben sujetarse los subsidios. El indeterminado FFF no cumple con ninguno de los mismos.
“En los artículos del 76 al 78 de la LFPRH se agregan requisitos que deberán observar las dependencias y entidades que otorgan subsidios, lo cual tampoco parece aplicar para un monto de recursos sólo enunciado en el Ramo 23.
“Por último, en el artículo 79 de la LFPRH se señala lo siguiente: ‘El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, con base en el Presupuesto de Egresos y sujetándose en lo conducente a los artículos 74 a 78 de esta Ley, determinará la forma y términos en que deberán invertirse los subsidios que otorgue a las entidades federativas, a los municipios y, en su caso, a los sectores social y privado’.”
Como resulta evidente, advierte Moreno Pérez, la base legal invocada para el FFF no parece sólida, por decir lo menos, y sería muy importante escuchar lo que pueda opinar la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al respecto.
“Como conclusión –termina–, sólo queda alertar sobre lo que puede esperarse en este año electoral. En el PEF están incluidos 2 mil 537 millones de pesos del FFF. La SHCP puede fácilmente inflar esa cifra hasta 50 o 100 mil millones de pesos y distribuirlos discrecionalmente con criterios electorales, sin que exista actualmente ningún control.
“La ASF podría presentar una primera revisión de lo ejercido en 2017, mediante el FFF, en junio del presente año, apenas unos días antes de la elección. Pero lo que se gaste durante 2018 se conocerá hasta el siguiente año. Para entonces podrán señalarse las ilegalidades cometidas, pero el daño ya estará hecho y, como se dice coloquialmente, ‘palo dado, ni Dios lo quita’.”
Fuente.-
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