Durante
la Administración de Enrique Peña Nieto, siete de cada 10 contratos firmados
con los mil principales proveedores del Gobierno se asignaron mediante adjudicación
directa y sólo tres de 10 con licitación.
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Es
decir, se adjudicaron sin competencia entre los proveedores, lo que conlleva el
riesgo de corrupción.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) elaboró el "Índice de Riesgos de Corrupción: el Sistema Mexicano de Contrataciones Públicas" y analizó 700 mil procedimientos de contratación.
Los contratos asignados por adjudicación directa significan el 31 por ciento de los 2.3 billones de pesos que se contrataron del 2012 al 2016.
Aunque la adjudicación directa está contemplada en la ley, su utilización debería ser excepcional, pues está acotada a la existencia de ciertas circunstancias, por ejemplo, que el proveedor sea el dueño de la patente o que existan razones de seguridad nacional.
"El que 71 por ciento de los contratos sea por adjudicación directa", indicó Max Kaiser, director de Anticorrupción en el IMCO, "me dice que todas las dependencias abusan del término excepción y lo usan ya como una regla".
En la revisión de los contratos del 2012 al 2016 que están contenidos en la plataforma de Compranet se encontraron tres variables que alertan de riesgos de corrupción: falta de competencia, falta de transparencia y existencia de anomalías diversas.
El procesamiento de la información, que duró casi un año, permitió determinar que casi la mitad de los 2.3 billones de pesos gastados se hizo bajo un riesgo de corrupción alto.
"Aquí no estamos probando que hubo corrupción", señaló Kaiser.
"Lo que estamos probando es que se contrató con altos niveles de riesgo: con poca competencia, con poca transparencia y con muchas anomalías".
Las cinco entidades que gastan con mayores riesgos de corrupción son la CFE, el ISSSTE, el IMSS, Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) y la SCT.
Otro hallazgo importante que arrojó el estudio es el cambio de los ganadores entre un sexenio y otro: las 73 principales empresas que en el 2016 se llevaron el 32 por ciento del gasto público, en el 2012, durante el último año de la Administración panista de Felipe Calderón, sólo obtuvieron el 1.7 por ciento del pastel.
En contraste, las 73 empresas que en el 2012 fueron las beneficiarias con el 29 por ciento del gasto ejercido, en el 2016 sólo obtuvieron 1.6 por ciento.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) elaboró el "Índice de Riesgos de Corrupción: el Sistema Mexicano de Contrataciones Públicas" y analizó 700 mil procedimientos de contratación.
Los contratos asignados por adjudicación directa significan el 31 por ciento de los 2.3 billones de pesos que se contrataron del 2012 al 2016.
Aunque la adjudicación directa está contemplada en la ley, su utilización debería ser excepcional, pues está acotada a la existencia de ciertas circunstancias, por ejemplo, que el proveedor sea el dueño de la patente o que existan razones de seguridad nacional.
"El que 71 por ciento de los contratos sea por adjudicación directa", indicó Max Kaiser, director de Anticorrupción en el IMCO, "me dice que todas las dependencias abusan del término excepción y lo usan ya como una regla".
En la revisión de los contratos del 2012 al 2016 que están contenidos en la plataforma de Compranet se encontraron tres variables que alertan de riesgos de corrupción: falta de competencia, falta de transparencia y existencia de anomalías diversas.
El procesamiento de la información, que duró casi un año, permitió determinar que casi la mitad de los 2.3 billones de pesos gastados se hizo bajo un riesgo de corrupción alto.
"Aquí no estamos probando que hubo corrupción", señaló Kaiser.
"Lo que estamos probando es que se contrató con altos niveles de riesgo: con poca competencia, con poca transparencia y con muchas anomalías".
Las cinco entidades que gastan con mayores riesgos de corrupción son la CFE, el ISSSTE, el IMSS, Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) y la SCT.
Otro hallazgo importante que arrojó el estudio es el cambio de los ganadores entre un sexenio y otro: las 73 principales empresas que en el 2016 se llevaron el 32 por ciento del gasto público, en el 2012, durante el último año de la Administración panista de Felipe Calderón, sólo obtuvieron el 1.7 por ciento del pastel.
En contraste, las 73 empresas que en el 2012 fueron las beneficiarias con el 29 por ciento del gasto ejercido, en el 2016 sólo obtuvieron 1.6 por ciento.
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