Veinte años después de que se creó el Sistema Nacional de
Seguridad Pública –con todo y las plataformas de datos sobre el historial de
los criminales—los gobiernos que sucedieron al de Ernesto Zedillo después del
año 2000 no han podido consolidar un proyecto policiaco acorde a las urgencias
del país. Todos, sin excepción, terminaron maniatados por la mafia.
Vicente Fox acabó devorado por la corrupción, dando pie a la
consolidación del cártel de Sinaloa; Felipe Calderón siguió el mismo guión y
entronizó a Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, como el capo del panismo. Jamás
quisieron detenerlo. En el actual gobierno el caos y las matanzas se han
insertado en la vida cotidiana mientras los catorce cárteles del narcotráfico
se afianzan y extienden sus tentáculos hacia otros continentes a donde exportan
inestabilidad y violencia. No hay combate al crimen sino corrupción, muertes e
impunidad. El gobierno de Enrique Peña Nieto naufraga en un abismo y la
sociedad padece todos los días los desaciertos de un presidente ignorante y
corrupto.
No es cierto que con López Obrador México se convertirá en otra
Venezuela. Los estragos de esa Venezuela caótica ya se viven en México con Peña
Nieto, donde imperan dos dictaduras que parecen indestructibles: la del PRI en
el poder y la del crimen organizado que, con su violencia y saña, provocan
inestabilidad, miedo y terror, algo nada menor que el hambre que padece
Venezuela con el dictador Nicolás Maduro.
Desde el año 2000, en México ha resultado imposible consolidar
un proyecto policial acorde a las necesidades. Los gobernantes han usado a las
policías para sus fines aviesos. Con bajos sueldos y poca profesionalización
los han lanzado a las garras de la corrupción del crimen organizado porque así
les conviene. El gobierno no necesita una policía sana, necesita una policía
corrupta para mantener firme el negocio de las drogas y otros más con los que
ya operan los cárteles.
Esa es la razón por la que ningún gobierno ha cumplido el
proyecto de armar una estructura de seguridad que frene las matanzas y el caos
que impera por doquier.
Por donde se les mire, las policías de todos los niveles están
“cartelizadas”, al servicio del crimen organizado, y este problema sigue sin
resolverse porque, cada nuevo sexenio, se ensaya con un nuevo modelo de
policía, acorde a las necesidades del país pero también basado en los intereses
criminales que cada gobernante adquiere cuando asciende al poder.
A partir del año 2000, cuando el PRI perdió la presidencia de la
República, se dio paso a la alternancia política y con ello el narcotráfico
dejó de entenderse con un poder central –el presidente de la República –para
dar paso a una diseminación del poder criminal, cuyos jefes procedieron a
pactar con gobernadores, jefes policiacos, alcaldes y hasta con los comandantes
adscritos a los municipios. De igual forma comenzaron a financiar campañas
políticas, desde alcaldes hasta senadores, diputados y gobernadores, con lo que
el narcotráfico se hizo de los servicios de toda la red policiaca del país, ya
que dicha estructura les era muy necesaria para mantener sus negocios y
garantizar su protección.
Este fenómeno descobijó a la sociedad toda, se quedó sin protección
en las calles y se rompió con el principal dique de la seguridad –la prevención
–pues casi todas las estructuras policiacas se coludieron, por voluntad o por
coerción, con el crimen organizado.
Esto explica, en parte, por qué el país está incendiado por la
violencia y explica también el papel que actualmente juegan las policías de
todos los niveles. En realidad las policías están convertidas en cárteles:
secuestran, asesinan, detienen y entregan a los presuntos delincuentes a los
grupos criminales y no a las autoridades.
TE RECOMENDAMOS:
El caso de Veracruz ilustra enfáticamente este problema. Ahora
está saliendo a flote información sobre el verdadero papel que jugó la policía
durante el gobierno de Javier Duarte. En ese periodo de gobierno la policía era
el brazo armado del poder, era usada para matar, secuestrar, torturar y
desaparecer. No se descarta que también hayan participado en la epidemia de
muertes contra periodistas, la cual se agudizó durante el gobierno de Duarte de
Ochoa. Cabe precisar que el desgobierno que padece Veracruz no es sólo
consecuencia del pasado: en la administración de Miguel Ángel Yunes Linares
también ha privado la corrupción y la policía ha actuado con excesos, pero no
se actúa porque la estructura policiaca veracruzana jugará un papel clave en la
elección del 1 de julio: será el brazo operativo del poder.
Este fenómeno de descomposición también explica la desaparición
de los tres ciudadanos italianos en Jalisco, entidad que sirve de asiento al
Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), la organización criminal que creció
a pasos agigantados durante el gobierno de Aristóteles Sandoval, un personaje
no ajeno al narcotráfico porque desde antes de emprender su campaña rumbo a la
gubernatura se mantuvo muy cerca del empresario Tony Duarte, un hombre a quien
la PGR y la DEA identifican como operador de Ismael Zambada García, El
Mayo y cuyo hermano fue asesinado en Puerto Vallarta en posesión de
drogas.
El hecho de que la policía de Jalisco haya entregado a los
ciudadanos italianos Raffaele y Antonio Russo (padre e hijo, respectivamente) y
a Vicenzo Cimmino a grupos criminales por 43 dólares, no sorprende: desde que
asumió la gubernatura Aristóteles Sandoval la policía de Jalisco ha actuado de
esa forma y no es ningún secreto que toda la estructura policiaca trabaja para
Nemesio Oceguera, el jefe del CJNG.
Basta recordar que al inicio del gobierno de Sandoval fue
ejecutado el secretario de Turismo del estado, Jesús Gallegos, cuando salía de
una reunión de la Casa Jalisco.
TE RECOMENDAMOS:
Según el expediente del caso, policías y sicarios al servicio
de El Mencho se dieron a la tarea de seguir al funcionario por
todas partes. En una ocasión estuvieron a punto de asesinarlo en su propia
oficina, pero el intento se frustró. No obstante, siguieron con el plan para
ejecutarlo y fue clave la colaboración de la policía de Guadalajara para ubicar
al funcionario y así poder asesinarlo.
En el mismo expediente algunos miembros del CJNG que fueron
detenidos por ese crimen declararon que El Mencho ordenó su
asesinato porque sabía que Gallegos estaba lavando dinero del cártel de Los
Caballeros Templarios y que existía un plan para desplazar al CJNG de su zona
de asiento.
Lo que en el expediente también queda claro, por voz de los
propios declarantes, es que toda la estructura del CJNG opera con el respaldo
de las policías y de la procuraduría del estado. Dentro del cártel operan
personas que se dedican a zafar a sus secuaces cuando son detenidos, también
hay quienes se dedican a la ejecución de rivales y otros cuya tarea es abrir
más mercado a través de las llamadas narcotienditas para que
la venta de droga se expanda por todas partes. Toda la red de protección está a
cargo de las policías estatales y municipales y se les paga por sus servicios.
El mismo modus operandi se observa en el Estado
de México, por cierto ya bajo el control del CJNG, según reportes del Cisen. Y
en Veracruz, Tabasco, Morelos, Nuevo León, Baja California, Sinaloa, Sonora,
Hidalgo y Guerrero, entre otras entidades.
En Guerrero comenzó a notarse, en 2004, este rol jugado por las
policías. En ese año el cártel de Los Zetas estaba afincado en esa entidad,
rivalizaba con el cártel de Sinaloa, representado entonces por Arturo Beltrán
Leyva, El Barbas, quien vivía como un jerarca en Acapulco igual que
después lo hizo en Morelos, donde tenía el apoyo de militares y de los entonces
gobernadores Sergio Estrada Cajigal y Marco Adame. En ese tiempo también se
protegieron las operaciones de Juan José Esparragoza, El Azul,
quien tenía como escolta personal a José Agustín Montiel, por aquel tiempo
Coordinador de la Policía Ministerial de Morelos.
Montiel estuvo al frente de la policía en Guerrero cuando el
gobernador era José Francisco Ruiz Massieu, una época en la que el narcotráfico
operó con toda la protección gubernamental, igual que ahora ocurre en todo el
territorio, con la diferencia de que en ese tiempo las policías todavía
mantenían los controles y asignaban al crimen organizado los territorios donde
podían operar.
De acuerdo con informes del Senado de la República, el 80 por
ciento de las policías del país están al servicio del crimen organizado; un
porcentaje similar de alcaldes también tienen vínculos directos o indirectos con
grupos criminales, lo que explica la exacerbada violencia que azota al
territorio y que, hasta la fecha, ninguna autoridad civil ni militar ha podido
frenar.
Cuando faltan nueve meses para que termine el fatídico sexenio
de Enrique Peña Nieto, ningún gobernador ha cumplido con el proyecto de
reformar a sus corporaciones policiacas. En poco más de cinco años, los
presupuestos designados para la seguridad se han tirado a la basura, ya que
nadie ha entregado un programa real de depuración y profesionalización de los
cuadros responsables de la seguridad. Y tampoco se les exige.
En todo el país los jefes policiacos están capturados por el
crimen organizado y no pueden cumplir con las tareas de seguridad. En resumen,
no hay policías y las corporaciones que existen se han transformado en
verdaderos cárteles al servicio de la protección de las redes criminales. Este
es el poder del narco, poder impune, poder que gobierna en un país donde el
principal ejemplo de corrupción es el propio presidente de la República.
Ni para donde hacerse.
Fuente.-Ricardo Ravelo/
(Foto/Web)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Tu Comentario es VALIOSO: