Bajo el argumento de aplicar
disposiciones de la Ley General de Archivos, el Centro de Información y
Seguridad Nacional (Cisen) y el Archivo General de la Nación (AGN) han rasurado
las versiones públicas de expedientes sobre el periodo de la "Guerra
Sucia" en México.
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El fondo de la desaparecida
Dirección Federal de Seguridad (DFS), que contiene expedientes sobre la
vigilancia y control de la disidencia, es uno de los más afectados.
En dicha colección se podían
documentar actos de tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones
forzadas y otras violaciones a los derechos humanos de ese periodo de la
historia del País.
No obstante, tachó "datos
sensibles" que deberán permanecer ocultos por 70 años, según la ley.
Bajo el criterio del personal del
Cisen, los datos sensibles incluyen preferencia sexual, ideología política y
valoraciones negativas sobre las personas.
Dicho criterio fue severamente
criticado por investigadores, quienes en una carta difundida en mayo advirtieron
que la lista de versiones públicas disponibles disminuyó de 2 mil 978 a 630
legajos.
Alertaron además sobre la
posibilidad de que los documentos pierdan información que ya era pública.
Por ejemplo, los expedientes de
disidentes desaparecidos, como los miembros de la familia Tecla Parra, ya no
tienen las fichas de consignación de cuando fueron detenidos por las
autoridades.
Asesinan al General Mario Arturo Acosta Chaparro en la Ciudad de México
Hay versiones, como las del
General Mario Acosta Chaparro, militar vinculado al narcotráfico y a crímenes
de lesa humanidad, donde nombres de agentes y personas desaparecidas se
eliminaron por completo.
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"Bajo el pretexto de la
protección de datos personales, lo que se está haciendo con este fondo
documental es borrar rastro de crímenes de Estado", alertó Camilo Vicente,
candidato a doctor en Historia por la UNAM.
"Dijeron que no estaban
revisando la documentación original, sino solo las versiones públicas ya hechas.
¿Cómo van a borrar lo tachado si no tienen el documento original?",
cuestionó.
Los investigadores sostuvieron
una reunión con autoridades del AGN el pasado 9 de junio. Ahí señalaron que
habían desaparecido las versiones públicas de quienes cometieron graves
violaciones a derechos humanos, como el ex director de la DFS, Miguel Nazar
Haro, y el ex subdirector José Salomón Tanus. También estaba desaparecido el
expediente del guerrillero Lucio Cabañas.
Después de la reunión, el AGN
actualizó la lista de consulta de versiones públicas, que ahora incluye los 2
mil 978 legajos.
Las autoridades del Archivo se
comprometieron a proporcionar las versiones públicas viejas a todo aquel que
las solicite.
Fuente.-
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