El Centro de Derechos Humanos
Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) identificó alteraciones en las escenas
en torno a 19 de los 22 cuerpos de las personas abatidas en Tlatlaya el 30 de
junio de 2014.
Como defensa de Clara Gómez,
sobreviviente de la masacre, abogadas del Centro Prodh obtuvieron las
fotografías del caso contenidas en el expediente militar 338/2014, las cuales
fueron cotejadas con las que tenía la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH).
Las imágenes no se encuentran
dentro de la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR)
debido a que la dependencia no pidió la integración del expediente militar.
"La propia defensa de Clara
Gómez identificó al menos 19 alteraciones en los cuerpos de las víctimas al
cotejar las fotografías contenidas en el expediente de la causa penal militar
338/2014, radicada en el Juzgado Sexto Militar, y las que se encuentran en el expediente
de CNDH.
"Esta falta de debida
diligencia es una de las múltiples formas que toma el encubrimiento de graves
violaciones a los derechos humanos, especialmente las cometidas por elementos
de las Fuerzas Armadas en el marco de la llamada 'Guerra contra el
narcotráfico'", reprochó el colectivo Seguridad sin Guerra.
A tres años de la masacre en
Tlatlaya, el colectivo, formado por más de una veintena de organizaciones y
defensores de derechos humanos, también criticó que la PGR no ha investigado la
cadena de mando que ordenó abatir a delincuentes en horas de oscuridad.
Refirieron que sólo se ha llamado
a declarar al Teniente Coronel de Infantería Sandro Díaz Rodríguez, quien
afirmó que el documento es un "machote" y que existen otras órdenes
con las mismas instrucciones.
"De ser cierta esta
afirmación, el Ministerio Público de la Federación debería identificar la
identidad del autor de dicho 'machote' o del mando que debió supervisar tales
órdenes", señalaron los integrantes de Seguridad sin Guerra, que se oponen
a la Ley de Seguridad Interior, que faculta al Ejército para realizar labores
de seguridad propias de fuerzas civiles.
"La falta de justicia a tres
años de un hecho tan emblemático como la masacre de Tlatlaya es un anuncio de
lo que podría incentivarse si las y los legisladores aprueban la Ley de
Seguridad Interior, y es un llamado de atención hacia las fallas estructurales
en la procuración e impartición de justicia en México, especialmente cuando
están involucrados servidores públicos en la comisión de graves delitos",
plantearon.
Fuente.-
Ya no anden kn mamadas el que anda en la mierda seva embarrar aki ponte pilas xque cualkier zorrillo te mea 10/4
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