Mientras sus firmantes insisten en que el Convenio de colaboración que establece mecanismos para compartir información de las bases de datos del Instituto Nacional Electoral coadyuvará a identificar con prontitud y eficacia los desaparecidos, especialistas en la materia sostienen que ese documento carece de sustento legal y, tal como está, podría afectar la privacidad de los ciudadanos mexicanos. Por principio, dicen, el INE no está facultado para abrir su información a instancias que no sean electorales.
Ante su fracaso en la localización de las 30 mil personas desaparecidas en el país y las dificultades para conocer la identidad de las que tiene como no identificadas, la Procuraduría General de la República (PGR) llevó al Instituto Nacional Electoral (INE) a firmar un convenio carente de sustento legal. Ahora, esta última instancia deberá “compartir” las bases de datos personales de los 83.5 millones de ciudadanos de su padrón a las procuradurías.
No obstante, entre el personal de la dependencia electoral existe la preocupación de que a través del Convenio de colaboración que establece mecanismos para compartir información de las bases de datos del Instituto Nacional Electoral, firmado el pasado 6 de septiembre por la PGR, las procuradurías, fiscalías y servicios médicos forenses estatales y el INE, la PGR también solicite datos sobre personas que está persiguiendo.
Peor aún, la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (Conatrib), una organización civil, también firmó el documento, lo que le permitirá tener acceso a información de ciudadanos que sólo puede ser consultada con autorización judicial.
Según las estadísticas oficiales, la violencia ha cobrado 30 mil víctimas de desaparición durante los últimos años en el país y también es la responsable de que sólo en la Ciudad de México sean encontrados 700 cadáveres al año que, como no son identificados, terminan en fosas comunes.
El propósito del convenio es que el INE comparta las bases de datos contenidas en el Sistema de Identificación Automática de Huellas Dactilares (Automated Fingerprint Identification System, AFIS) y el Sistema Automatizado de Identificación Biométrica (Automated Biometric Identification System, ABIS); es decir, huellas de los 10 dedos de las manos, fotografía del rostro, firma, domicilio, Clave Única de Registro de Población y Registro Federal de Contribuyentes.
Se busca que con este conjunto de métodos se facilite la identificación de los cadáveres o restos humanos de personas desaparecidas o desconocidas que contengan huellas dactilares o biométricas susceptibles de ser analizadas.
La PGR, dijo su titular Arely Gómez González, actuará con “absoluto respeto” al derecho a la protección de los datos personales, y sostuvo que se trata sólo de compartir la información contenida en las bases de datos tanto de identificación biométrica como de huellas dactilares.
Para justificar la carencia de fundamento legal para la celebración del convenio, la procuradora sostuvo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el Estado debe cumplir su deber de investigar con los recursos que tenga “a su alcance”.
En el caso del convenio citado, a los firmantes los reunió su compromiso con las víctimas de las transgresiones a los derechos humanos, comentó Gómez González, e insistió en que el propósito es regresar a los hogares la tranquilidad y la paz que brinda el hecho de dar por concluida la búsqueda de sus seres queridos y asegurar el derecho a la verdad.
En el Protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación del delito de desaparición forzada –publicado en el Diario Oficial de la Federación en septiembre de 2015– se definen los procesos de búsqueda, investigación y atención a víctimas que obligatoriamente deben seguir, en cada etapa del procedimiento penal los agentes del Ministerio Público, peritos y policías.
El gran fracaso
En febrero de 2016, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, que preside la procuradora, inició la implementación de la Base de Datos Ante Mortem/Post Mortem en las 32 procuradurías y fiscalías estatales. También se han emprendido programas “con prioridad nacional”, como el de Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas, así como el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, a cargo de la PGR y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En 2008, durante la Conferencia Nacional de Procuradores se determinó que la Coordinación General de Servicios Periciales administrara una red nacional de la Base de Datos Genéticos Forenses.
Sin embargo, hasta ahora todos los programas mencionados han fracasado, pues el número de personas desaparecidas en el país sigue aumentando.
El magistrado Édgar Azar –quien acudió a la firma del convenio como titular de la Conatrib y no como presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México– es contundente:
“Los resultados alcanzados no han resuelto el problema. Lo enfrentamos de cara al universo de cadáveres y restos mortales no identificados en el país. Tan sólo aquí en la ciudad se registra un promedio de 700 (cadáveres) no identificados (al año), cuyo destino final es la fosa común. Además, a los miles de restos humanos encontrados que no han podido ser identificados se suman denuncias de personas desaparecidas.”
Hasta el 31 de diciembre último, de acuerdo con las denuncias presentadas, el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas de la Secretaría de Gobernación contabilizó 24 mil 812 personas no localizadas.
Lorenzo Córdova Vianello, presidente del Consejo General del INE, asegura que el padrón electoral mexicano está considerado entre los cinco mejores del mundo en cobertura y actualización y por modificar los registros de la base de datos alfanumérica, la cual se fusionó con la base de imágenes.
Explica: “El padrón electoral se ha venido conformando desde hace 25 años. Al principio su sistema sólo captaba una huella dactilar; en octubre de 2001 pasaron a ser dos. En julio de 2012, cuando se adquirieron el AFIS y el ABIS, el número de huellas se amplió a 10 por cada ciudadano. Eso permitió automatizar a poco más de 50 millones de ciudadanos con las 10 huellas dactilares; hoy, la base de datos cuenta con 500 millones de huellas”.
Prosigue: “Únicamente 225 mil 487 registros (0.27% del total) corresponden a registros antiguos. Lo más probable es que se trate de personas que murieron y sus familiares no lo han notificado a la autoridad electoral; en el INE también hay registros que no cuentan con huellas, ya sea por cuestiones físicas del ciudadano o bien porque tiene alguna discapacidad”.
Córdova Vianello es optimista. Dice que con la firma del convenio del 6 de septiembre la base de datos multibiométrica tendrá un valor adicional al electoral, pues también facilitará a las instituciones responsables de la impartición y procuración de justicia la pronta identificación de las personas que han sido encontradas.
Sin embargo, aun cuando el documento firmado con las procuradurías invoque el artículo 41 de la Constitución, así como el 29, 30, 45 y 50 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), ninguno faculta al funcionario para realizar convenios fuera de los objetivos electorales.
Dudosas ventajas
René Miranda, director ejecutivo del Registro Nacional de Electores (RNE), también habla de los presuntos beneficios jurídicos del convenio, sobre todo en lo que respecta a las personas fallecidas.
–¿Cuál es la información exacta que se va a compartir? –se le pregunta.
–Los tribunales, las procuradurías y los semefos no tienen acceso a nuestra base de datos. Ellos nos enviarán los registros de huellas dactilares de los cadáveres que tengan y nosotros buscaremos en nuestras bases de datos. Si hay algún registro que coincida con esas huellas dactilares, se enviará al Semefo solicitante para que proceda a la identificación. En un principio, el objetivo es la identificación de las personas. Una vez lograda, tendremos todos los datos de nuestra base para ubicar su domicilio.
Jesús Robles Malof, integrante de asociaciones pro derechos humanos como New Media Advocacy y Propuesta Cívica, tiene sus dudas. Por su sentido humanista, dice, el acceso a la base del RNE es una acción adecuada, demandada por las organizaciones y familias de desaparecidos. Sin embargo, aclara, no hay garantía de que la PGR haga buen uso de la información. Y considera probable que, como en el caso Ayotzinapa, intente manipular expedientes para solicitar información sobre personas que persigue.
Tal como está, agrega, el convenio es inapropiado. Explica: El artículo 126 de la LGIPE señala que la información aportada por la ciudadanía al RNE es confidencial y sólo puede ser consultada por mandato judicial o en cumplimiento de las obligaciones que la ley da al INE.
El convenio dice que el presidente del consejo del INE tiene facultades para firmar convenios, pero omite decir en qué casos, porque nunca justifica ni alude a entregar de esta manera información confidencial.
“Lo anterior se agudiza por el conflicto que representa el hecho de que el convenio prevé la participación de la Conatrib, una asociación civil, y el INE no está facultado para celebrar convenios con entidades privadas”, afirma Robles Malof.
En este punto, dice, el papel de la Conatrib es desconcertante e ilegal: “Parece tener el papel de facilitar la coordinación de algo que de hecho debería ser una práctica existente entre instituciones, sin la necesidad de entidades privadas. Además, el convenio no aclara si esta asociación civil recibirá dinero por la función que desempeñe”.
Una de las salidas con plena legalidad sería no sólo la intervención formal del Poder Judicial a través de los Consejos de la Judicatura, no mediante una asociación civil como la Conatrib, puntualiza Robles Malof.
Señala que el INE debe crear un mecanismo independiente que observe el cumplimiento del convenio. “Lo deseable es que participen organizaciones civiles y familiares de los desaparecidos en el desempeño, control y evaluación de la medida”.
Otro aspecto que Robles Malof identifica como ilegalidad: “Faltó que el INE avisara a las personas, tanto registradas como las que acuden a realizar un trámite, que la información que proporcionen eventualmente podrá ser consultada para un fin humanitario, como la identificación de los cadáveres, para dar tranquilidad a las familias”.
Las fallas
Para Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), aun cuando se trata de un convenio humanitario, “no es extraordinario, porque si bien sus competencias facultan a las procuradurías y tribunales para que soliciten esta información al INE por las vías legales, la única diferencia de este convenio es que las solicitudes se podrán realizar de manera conjunta”.
Comenta que si bien el objetivo es loable, no hay un solo artículo que faculte al INE a establecer este tipo de convenios. En su opinión, el documento se puede revisar y perfeccionar; porque el asunto es que “la base de datos del INE fue elaborada estrictamente para un padrón electoral. Si a eso vamos, la vocación de la información que se recopila es básica y determinada a servir exclusivamente para la identificación de los ciudadanos sufragantes, candidatos y participantes en las jornadas electorales en la condición de integrantes de las casillas”.
Y agrega: “Sólo que la circunstancia nacional ha convertido el padrón electoral en una célula de identificación de carácter fáctico. En México, la mayoría de las personas acude más al registro del INE a renovar su credencial por esa razón. Con conocimiento del INAI, desde hace meses el INE participa en convenios con las instituciones bancarias con el fin de tener certeza de que la credencial de elector es legítima, sin peligro de alteración o falsificación.
“En este caso, el INAI no fue invitado por PGR ni por el INE a participar en el convenio. En otros casos, hemos estado al tanto de actuaciones en las que el INE participa. Hace unos días, por ejemplo, ratificamos uno respecto de la Fepade (Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales) para poner medidas y evitar el robo o suplantación de identidad.
Si la pregunta es “si esto nos lleva a la transgresión de la ley o a una especie de interpretación elástica, amplia, de la legislación para un fin positivo como este, estrictamente humanitario –dice Acuña Llamas–, pues parece que este convenio se encuentra inscrito en esa cauda de soluciones institucionales para encarar un problema nacional que no tiene vías claras al nivel de la legislación”.
Aclara: “Eso es distinto a que el convenio se vuelva necesariamente ilegal. Sabemos que la vocación del padrón es evidentemente electoral. La pregunta es si va aplicado a personas que ya murieron y sus huellas dactilares son las que van a ser motivo de una indagatoria muy selectiva… porque en el caso del Estado mexicano hay una serie de lagunas en relación a la protección de datos personales para personas sin vida”.
–¿Qué hubiera sugerido el INAI?
–Reforzar. Vemos que se trata de las bases de datos más delicadas del país que están en poder del INE y que sólo él administra. Lo que de manera muy espontánea hubiésemos pedido es reforzar las medidas de advertencia en los avisos de privacidad. Decir, por ejemplo: eventualmente el INE, a través del padrón, que es un instrumento muy celoso, técnicamente muy habilitado y equipado, podría llegar a auxiliar a las autoridades de procuración o administración de justicia con los datos de personas desaparecidas.
“Los firmantes del convenio tendrían que explicar a la ciudadanía en qué consiste y qué consideraciones técnicas de altísimo nivel tendrá para evitar fugas de información.”
–¿Un nuevo aviso sería efectivo para las personas que se van a registrar por primera vez, no para las 50 millones ya registradas?
–Para quienes tenemos nuestros datos en ese registro biométrico, indudablemente que no cabe. ¿Qué cabe? Una especie de aviso de información y solicitar el consentimiento a quienes renueven su credencial o acudan al INE a cualquier trámite.
“Por lo pronto, para quienes nos encontramos en esa base de datos cabe una explicación en el contexto de una solución humanitaria para combatir los escollos generados por la inseguridad pública galopante en el país.”
Fuente.-
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