Entre más información surge sobre la
desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, más confusión parece generar.
Pero la apertura de los expedientes sobre el crimen en Iguala la noche del 26
de septiembre de 2014, y los informes de organismos que luchan por los derechos
humanos, muestran con claridad el modus operandi con el que actuaban las
autoridades de la región y la banda criminal Guerreros Unidos, y empiezan
a abrir la ventana para encontrar el misterioso móvil del crimen.
Pensar menos
como ministerio público y analizarlo más como un fenómeno sociopolítico,
ayudará entender lo que sucedió esa noche. No es suficiente para alcanzar la
verdad legal, pero sí para enfrentar el cáncer nacional de corrupción e impunidad,
que es un principio.
En esa lógica habría que empezar por la línea de
tiempo de los primeros momentos políticos de esa noche. En su declaración
ministerial Yazareth Abarca, la hija del entonces alcalde de Iguala, José Luis
Abarca, dijo que su padre habló por teléfono celular poco antes de las nueve de
la noche con Felipe Velázquez, que era el secretario de Seguridad Pública
municipal, quien le estaba informando lo que sucedía con los normalistas. “No
les hagan nada”, le instruyó, según su hija, “ya saben cómo son de latosos”.
Eso nunca iba a ser posible, porque las autoridades municipales en toda esa
región, de acuerdo con las investigaciones, eran parte orgánica del crimen
organizado.
Abarca había ingresado en la política con el apoyo del grupo
del ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer –a cuyo padre, también ex gobernador,
lo llamaban El Tigre de Huitzuco-, quien le consiguió una cita con el
general Guillermo Galván, a la sazón secretario de la Defensa del presidente
Felipe Calderón, para que le donara los terrenos en Iguala en donde construir
el centro comercial Galerías Tamarindos, y de Héctor Vicario, un incondicional
de Figueroa Alcocer, que preside actualmente la Comisión de Justicia del
Congreso estatal.
Otro apoyo de Abarca y ex alcalde de Iguala, Lázaro Masón,
quien era secretario de Salud del gobierno de Ángel Heladio Aguirre, le habló.
“¿Qué pasó?”, preguntó. “Estoy muy consternado”, respondió Abarca. El ex
alcalde y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, no se fueron a dormir, como
afirmó a la prensa. Hasta las cuatro de la mañana, con el crimen en proceso,
dejaron de hablar por teléfono.
No iba a ser posible frenarlo porque
toda la operación político-criminal se había puesto en marcha. No se sabe aún
cuál el motivo del ataque a los normalistas, pero de los cinco autobuses en los
que se movieron esa noche en Iguala y fueron atacados por la policía, sólo se
secuestró y desapareció a los normalistas que iban en los vehículos 1531 y
1568, que fueron los únicos que salieron de Chilpancingo horas antes.
¿Coincidencia? No hay explicación sólida que explique porqué no hubo
desaparecidos de los otros autobuses.
Varios policías municipales de Iguala que
fueron detenidos esa misma noche, declararon que les habían dado una lista con
los nombres específicos de 17 de los más de 50 normalistas que llegaron a esa
ciudad el 26 de septiembre.
En el autobús 1531, que fue atacado por
policías municipales casi enfrente del Palacio de Justicia, a la altura del
Puente de El Chipote donde se encuentra la carretera que conduce a Huitzuco,
iba Alexander Mora Venancio, el único normalista que científicamente se ha
probado que fue asesinado e incinerado, tras el análisis de las cenizas
encontradas en el Río San Juan, cerca del basurero de Cocula, realizado por el
laboratorio de la Universidad de Innsbruck. En el 1568 iba Bernardo Flores
Alcaraz, apodado El Cochiloco, presunto coordinador de las acciones de los
normalistas en Iguala.
En ese autobús también iba Julio César Mondragón,
separado del grupo de los normalistas y asesinado -su cuerpo, tirado en la
calle, tenía muestras de tortura-, esa misma noche. Según las
investigaciones de la PGR, la orden de matar a Mondragón fue dada por Juan
Salgado Guzmán, El Indio, considerado el padrino de Guerreros
Unidos y tío de Mario Casarrubias Salgado, uno de los jefes criminales.
Apodado El Sapo Guapo, fue detenido en mayo de 2014, y antes de
fundar Guerreros Unidos fue escolta de Arturo Beltrán Leyva, que
rompió con el Cártel de Sinaloa.
Al morir en un enfrentamiento con la Marina en
diciembre de 2009, El Sapo Guapo se quedó con todos sus contactos
criminales y el manejo de la exportación de heroína a Chicago, una de las
fuentes de la hipótesis del narcotráfico como móvil de la desaparición de los
normalistas. También se quedó con los contactos políticos, ampliados al casarse
con Patricia Soto Salgado, sobrina de Abarca y que tiene vínculos familiares
con Velázquez, detenido desde mayo pasado, acusado de proteger a Guerreros
Unidos.
La explicación de lo que pasó esa noche difícilmente resolverá
todas las dudas si no se contextualiza la penetración y la relación de
políticos de todos los niveles en la zona.
La red de relaciones y complicidades
son fundamentales para entender porqué esa noche, una vez iniciada la acción
política-criminal contra los normalistas, no había nada que la parara. Iguala
es el microcosmos mexicano de muchos años de corrupción, protección e
impunidad. Hay que sanarlo y replicar el método en el país. Pero sólo podrá
hacerse si existe la voluntad política para llevarlo a cabo, que depende
únicamente del gobierno federal.
Fuente.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twittqer: @rivapa
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Tu Comentario es VALIOSO: