La bancada del PRD en el Senado denunció que la llamada "Ley antiordeña", aprobada este martes por la Cámara alta, legaliza robo de combustible a los consumidores.
Durante la discusión de la reforma -aprobada con 66 votos a favor, 22 en contra y cuatro abstenciones-, los legisladores condenaron que se permita un margen de "error" del 1.5 por ciento en la venta de gasolina y diésel, y de hasta el 3 por ciento en el gas licuado y natural.
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Dolores Padierna, vicecoordinadora del PRD, denunció que el Congreso cedió a la presión de los concesionarios para flexibilizar el margen, que inicialmente era de 0.5 por ciento.
"Se legalizan el robo a los consumidores. Hemos sabido que fue la presión de los concesionarios, de los gasolineros, que hizo que se movieran los márgenes de merma originalmente establecidos en 0.5 y en 1 por ciento", acusó.
"Nos oponemos determinadamente a que se legalicen los robos de gasolina y demás combustibles con cargo a los consumidores. Se trata de robos legalizados en esta ley a los consumidores".
En su intervención, el senador Alejandro Encinas advirtió que, con las nuevas disposiciones, sólo los ciudadanos del Valle de México terminarán pagando casi 3 mil 500 millones de pesos, en un año, por combustible que no recibieron.
"En la zona metropolitana del Valle de México se consumen todos los días 47 millones de litros de gasolina, diesel o hidrocarburos equivalentes, a un precio de la gasolina Magna de 13.57 pesos por litro, representa 638 millones de pesos diarios", detalló.
"Esto alcanza anualmente la cifra de 223 mil millones de pesos, al aceptar que pueda haber mermas de 1.5 por ciento. Los consumidores se harán a cargo de la pérdida estimada en 3 mil 495 millones de pesos al año. Se da un nivel de discrecionalidad y agravio en contra de los consumidores".
Los senadores aseguraron que, además de la permisividad, la nueva ley no establece que la venta de litros que no son de a litro sea perseguida de oficio, ya que los ciudadanos deberán interponer una denuncia.
"Pasa a convertirse de un delito que se perseguía de oficio por la autoridad, a un delito que se perseguirá siempre y cuando exista querella", acusó Encinas.
"Es problema vinculado con el interés de la industria de los gasolineros".
La opacidad
La opacidad
Senadores del PAN y PRD anunciaron que pedirán al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso al a Información y Protección de Datos Personales (INAI) interponer una controversia constitucional contra la "Ley antiordeña".
La panista Laura Rojas y Encinas denunciaron que la Cámara de Diputados incorporó una disposición para que la información relacionada con la operación e instalaciones de hidrocarburos sea considerada de "seguridad nacional".
Según los legisladores, esa adición contraviene la legislación vigente en materia de Transparencia.
"Hago un llamado al INAI para que, en pleno uso de sus facultades, contravenga lo más pronto posible esta Ley, que claramente está en contraposición de toda la legislación en materia de acceso a la información pública que durante tres años este Senado ha aprobado", dijo Rojas.
"Es una regresión que vamos a controvertir, porque es inconstitucional y espero que el INAI, en su sesión del día de mañana, decida iniciar este proceso de controversia", agregó Encinas.
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