En México hay personas torturadas pero no torturadores. Así lo dijo el relator especial de la ONU el pasado mes de marzo en un informe especial, en el que señaló que en en el país la tortura que proviene de funcionarios del Estado es “una práctica generalizada” que no se castiga.
Y así lo dice, incluso, las mismas estadísticas oficiales: en una nota que publicó Animal Político el 12 de marzo, se dio a conocer que de 2006 a 2013 la Procuraduría General de la República (PGR) sólo consignó 1 de cada 100 casos de presunta tortura y sólo en la tercera parte de las averiguaciones realizó el peritaje que marcan los estándares internacionales.
En este contexto, en el que como señala Ernesto López Portillo, director del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), “no importa si hay 10, 100, mil o miles de quejas y denuncias por tortura, pues de todos modos no hay responsables”, Insyde presentó los resultados de los tres años de la Campaña Nacional para Prevenir la Tortura. Campaña que plantea a los legisladores y a los diferentes gobiernos estatales una serie de propuestas para erradicar la tortura “como medio de investigación policial”.
Uno de esas propuestas clave –está la elaboración de una Ley modelo para prevenir, investigar, sancionar y reparar la tortura, la Guía para investigar la tortura, o un Manual de principios y procedimientos para controlar el uso de la fuerza policial– es la creación de un Modelo de Unidad Especializada de Investigación en las diferentes procuradurías estatales
O en otras palabras: la conformación de una unidad especial que se dedique exclusivamente a investigar los casos de tortura cometidos a manos de funcionarios del Estado mexicano.
Tres áreas: investigación, análisis, y acusación
“En realidad, esta unidad no es ningún invento. Sino que vendría a replicar otras unidades especiales que ya están funcionando y dando resultados exitosos, como por ejemplo el caso de la Fiscalía de Guatemala, o los casos de las fiscalías de Chile y Colombia”, matiza Carlos Castresana, juez español encargado de diseñar esta unidad especial anti-tortura, y quien dirigió la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.
Cuestionado en una entrevista con Animal Político sobre cuáles serían las características que definirían estas unidades ‘anti-tortura’ que Insyde está proponiendo que se integren en las procuradurías estatales, el juez detalla que estarían compuestas por grupos de aproximadamente 10 personas, entre fiscales, analistas, policías de investigación y un jefe de unidad. Asimismo, la unidad funcionaría “con el soporte de los métodos de investigación de la policía científica y de la medicina forense”, y estaría “sometida a controles periódicos de confianza” y constantes capacitaciones de los elementos.
“Se trata de una unidad con tres áreas fundamentales”, profundiza Castresana, quien es célebre internacionalmente por encabezar las investigaciones que dieron como resultado el procesamiento del dictador chileno Augusto Pinochet.
“Unos elementos son los que investigan en el sentido de interrogar, hacer arrestos, cateos, y las diligencias clásicas de investigación. Otros conformaran el área de análisis que se dedica a procesar toda la información; y otros elementos formarán el área que se dedica a llevar los casos a juicio”.
Para el juez, el área de análisis dentro de la unidad es la clave que ha permitido obtener buenos resultados en la lucha contra la tortura.
“Investigar la tortura caso por caso, denuncia por denuncia y de manera vertical, es lo que normalmente produce la falta de resultados, porque se está investigando como si fuera un caso aislado”, advierte el magistrado.
“En cambio, las herramientas tecnológicas de análisis nos permite entender que la tortura es una mecánica que obedece a patrones de conducta generalizados, que sólo pueden producirse cuando hay una cadena de mando que, o bien ordena que esas conductas se realicen de manera generalizada, o bien permite que los subordinados la realicen sin intervenir ni impedirlo”.
“Y para esto, se requiere de una unidad de análisis que sea capaz de cruzar la informaciónde unos casos con la de otros, buscando la coincidencia de personas, de placas de automóviles, de números de teléfono, etcétera, y esto a su vez requiere de una base de datos con un motor potente de búsqueda, y unos funcionarios adiestrados especialmente en esa tarea de análisis”, añade Castresana.
¿Cómo unos policías investigarán a otros policías?
Hasta aquí la parte bonita: una unidad de policías investigando las torturas que cometen otros policías contra ciudadanos –se le plantea al juez durante la entrevista-. ¿Pero no resulta esto algo utópico, especialmente en un país como México donde la corrupción “alcanza el nivel de norma social”, tal y como expuso el IMCO y el CIDE en su investigación ‘México: Anatomía de la corrupción’.
“La dificultad principal es, efectivamente, cómo unos investigadores que forman parte, o están muy cercanos a los investigados, pueden funcionar con autonomía para que las investigaciones no sean objeto de conocimiento anticipadamente por parte de los investigados, y puedan destruir evidencias y la investigación que se hace contra ellos”, concede el juez.
“Entonces, lo primero es que el personal que esté en la unidad tiene que tener autonomía dentro de la institución de justicia y estar lo más aislado posible del resto de esa institución. Y claro, además, tiene que haber una voluntad política por parte de cada gobernador y de cada procurador para que se les deje hacer su trabajo”, añade.
En cuanto a esa voluntad política, también se le cuestiona al juez cómo piensan convencer a las autoridades para que acepten implementar este modelo de unidad para investigar torturas, especialmente en estados como Puebla, Guanajuato, Jalisco o Tabasco; entidades que, según apuntó Ernesto López Portillo durante la rueda de prensa de presentación de la campaña de Insyde, se niegan a reconocer el problema de la tortura.
“Esta iniciativa tiene primero que consolidarse desde abajo –subraya-. Por eso se han elegido para empezar casos como Oaxaca y Coahuila, donde parece que el problema de la tortura no es tan grave y donde parece que sí hay un interés de incorporar la unidad. Esto, con la idea de que si el modelo funciona con éxito se pueda exportar después a otros estados. Y claro, también se trata de buscar llevar el modelo a las entidades donde existe voluntad políticapara que se permita trabajar a la unidad”.
“Es decir –recalca de nuevo- se tiene que dar la combinación de estos dos factores para que la unidad funcione: primero, que las autoridades de los estados no nieguen la realidad de los hechos y que sean conscientes del problema de la tortura por parte de las policías; y segundo, que haya voluntad política de abordarlo y solucionarlo”.
Factores, desde luego, que serán muy difícil de materializar, aunque para el magistrado casos recientes como el de Guatemala, invitan al optimismo moderado.
“Estos fiscales que han procesado y encarcelado al presidente (Otto Pérez Molina), son los mismos fiscales que nosotros capacitamos a partir de 2007 (en la Comisión Internacional contra la Impunidad). De manera que cuando existe la voluntad política y los recursos, que no son muchos en lo que se refiere a dinero, a esas unidades sólo hay que darles tiempo para den resultados”, concluye Castresana.
fuente.-
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