Siempre he considerado que en las extradiciones de connacionales hacia Estados Unidos se cometen arbitrariedades y violaciones legales, por lo que estoy en contra de esos procesos que más parecen un acto de sumisión e incapacidad de las autoridades mexicanas que una colaboración internacional para castigar a criminales —muchos de ellos integrantes de la delincuencia organizada— que cometen delitos en ambos lados de la frontera.
Algunos narcotraficantes capturados en el país son enviados de inmediato a cárceles estadounidenses —sin importar que aquí tengan procesos penales abiertos— por la inseguridad para mantenerlos en prisiones mexicanas, debido principalmente a la corrupción, ineptitud y negligencia de autoridades. Ante esa circunstancia, el gobierno federal cede a reos peligrosos para que sean encarcelados en otro país antes de ser juzgados aquí y que cumplan las condenas en México, como lo haría cualquier otra nación que aplica la justicia a los delincuentes.
En eso de las extradiciones hay muchos “cuentos chinos”. Por ejemplo, los tiempos que el gobierno de Estados Unidos destina a evaluar si extradita o no a una persona a México son muy distintos a los que emplea el gobierno mexicano para entregar a sus connacionales al país vecino. Es así como el chino-mexicano Zhenli Ye Gon aún no pisa la cárcel en nuestro país, a pesar de que su detención se dio desde el 23 de julio de 2007 en Maryland —hace más de ocho años que México solicitó su extradición— y apenas la justicia de aquel país autorizó su traslado.
En el caso de la “justicia” mexicana —con excepción de lo ocurrido con Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, a quien sistemáticamente la Procuraduría General de la República (PGR) se negó a extraditarlo cuando su titular era Jesús Murillo Karam, como si hubiera sido un plan fraguado desde el gobierno para que el peligroso delincuente escapara— las extradiciones se suelen dar de forma expedita.
Prueba de lo anterior son las 149 personas que han sido extraditadas en lo que va del actual gobierno de Enrique Peña Nieto, según datos oficiales de la PGR y del gobierno de Estados Unidos, país que recibió al 97.3 por ciento de ese total.
Entre los extraditados se encuentran los narcotraficantes Alfredo Beltrán Leyva, Iván Velázquez —El Z-50— y César Meza García; pero también ciudadanos ajenos al crimen organizado, como Lionel Portillo e Iván Soto, supuestos responsables del asesinato de un agente de la Patrulla Fronteriza; Armando Albarrán, supuesto asesino de un sheriff, y Manuel Ortiz Barraza, consultor financiero señalado de defraudar al EximBank.
Esa cooperación que ha mantenido el gobierno mexicano fue incluso más intensa en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón. Datos de la PGR indican que fueron 63 personas extraditadas en el gobierno de Ernesto Zedillo; 243 en el de Fox, y 613 en el de Calderón.
Según datos de PGR, de las 149 personas extraditadas en este gobierno, 70 fueron acusadas de delitos relacionados con la delincuencia organizada y 79 de otros ilícitos. También, 126 de ellos son de nacionalidad mexicana, 18 de nacionalidad estadounidense y cinco de otras nacionalidades (uno de ellos, mexicoestadounidense y otro colombiano, ambos enviados a Estados Unidos).
De esos datos oficiales se desprende que 145 extraditados, es decir 97.3 por ciento, fueron entregados al sistema judicial estadounidense; uno, de nacionalidad británica, a Gran Bretaña; un panameño a Panamá; un español a España; y un neerlandés a los Países Bajos.
Entre los 149 extraditados se incluyen capos del narcotráfico, defraudadores financieros, tratantes de personas, pandilleros, asesinos, violadores, lavadores de dinero y exconvictos, cuyos nombres han sido clasificados por el gobierno federal como “confidenciales” por ser “datos personales”, como refiere la PGR en respuesta a la solicitud ciudadana 0001700041815.
Lo que no hay duda es que con el próximo traslado de Zhenli Ye Gon, algunos integrantes del PAN y del PRI andan nerviosos porque el chino-mexicano —que enfrenta procesos por delincuencia organizada y lavado de dinero— ha declarado a la prensa en aquel país que entregó millones de pesos para campañas electorales de políticos mexicanos y si da los nombres creará una verdadera conmoción, que sin duda distraerá la atención de otros hechos graves, como el caso de los 43 normalistas rurales de Ayotzinapa que siguen desaparecidos y que el gobierno promete seguir buscándolos.
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