“PRESIDENTA se PELEA con DOCUMENTOS del EJÉRCITO que EXHIBEN SOLDADO INFILTRADO en AYOTZINAPA”… narcos pagaban al 27 Batallón y el federal Harfuch «decente» estaba en la nómina.

La Presidenta Claudia Sheinbaum negó ayer jueves que Julio César López Patolzin, uno de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, haya sido necesariamente un infiltrado del Ejército en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, aunque documentos oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) señalan que estaba adscrito como Órgano de Búsqueda de Información (OBI), «con fachada de alumno».

La frase presidencial —“no necesariamente era infiltrado”— no resiste la lectura de los propios papeles militares. No se trata de una interpretación política ni de una etiqueta lanzada al aire: Sedena identificó por escrito a Julio César López Patolzin como un Órgano de Búsqueda de Información con fachada de alumno, desplegado dentro de la Normal de Ayotzinapa. 

Claudia Sheinbaum,fiel a su recurrente postura que siempre niega las pruebas y cuando se las obsequian ,pide mas, decidió pelearse con un documento oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y, como suele ocurrir cuando el poder se queda sin una explicación decente, recurrió al eufemismo: Julio César López Patolzin —uno de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa— “no necesariamente era infiltrado”, dijo la Presidenta. Era estudiante y también pertenecía al Ejército, pero “no necesariamente era un espía”.

Vaya manera de intentar apagar un incendio documental con una cubeta de retórica.

Porque los expedientes de la propia Sedena no dejan demasiado espacio para las piruetas semánticas. No dicen que López Patolzin fuera un joven cualquiera que, por azar, combinaba la vida de cuartel con las aulas de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Lo registran como soldado de Infantería, adscrito a labores de inteligencia, y describen su ingreso a Ayotzinapa con una fórmula inequívoca: “con la finalidad de adquirir la fachada de estudiante”. 

“Fachada”, Presidenta, no es sinónimo de matrícula. “Órgano de Búsqueda de Información” no es sinónimo de alumno. Y realizar funciones de búsqueda de información dentro de la escuela, mientras se ostenta la identidad de normalista, no es una actividad extracurricular.

Lo que dicen los documentos

El informe militar fechado el 21 de octubre de 2014, con carácter de “urgente” y elaborado desde la 35 Zona Militar, reconstruye una secuencia que desmiente el intento de presentar el caso como una coincidencia biográfica:

• López Patolzin había ingresado al Ejército como soldado de Infantería en enero de 2009.
• En diciembre de 2013 fue evaluado y seleccionado para tareas en áreas sensibles dentro del sistema de inteligencia militar.
• El 21 de enero de 2014 fue destinado a Tixtla para realizar actividades como Órgano de Búsqueda de Información.
• El 6 de junio de 2014 inició los trámites para entrar a la Normal, según el expediente, para adoptar la “fachada de estudiante”.
• El 20 de agosto ingresó formalmente como alumno de primer año.
• El 26 de septiembre, a las 11:30 horas, el propio documento lo ubica realizando funciones de OBI en el interior de la Normal Rural de Ayotzinapa. 

La cronología importa porque destruye la coartada discursiva. Primero fue seleccionado para áreas sensibles; luego fue asignado a labores de búsqueda de información; después ingresó a la Normal bajo una identidad funcional para esas tareas. No es una hipótesis extravagante. Es el itinerario que la institución militar dejó asentado.

La semántica como coartada

La Presidenta tiene razón en una cosa: López Patolzin era estudiante. También era soldado. Pero esa doble condición no desmiente la infiltración; la explica.

Un infiltrado no deja de ser alumno porque se inscriba, haga exámenes o curse materias. Al contrario: ésa es la mecánica elemental de una cobertura. La calidad de estudiante era precisamente el vehículo para permanecer, observar y reportar dentro de la Normal sin revelar su adscripción militar. El lenguaje del Ejército es brutalmente claro: fachada de alumno. 

Incluso el informe describe la cadena operativa: López Patolzin enviaba información mediante mensajes y llamadas telefónicas cuando las circunstancias se lo permitían, y se reunía cada cinco días, en distintos puntos de la ciudad, con el comandante del Pelotón de Información de su unidad. Eso no describe a un joven que estudiaba por decisión personal con autorización de sus superiores. Describe a un elemento activo que reportaba a mandos de inteligencia.

Decir que no “necesariamente” era espía porque también era estudiante es una forma de fabricar niebla donde los documentos ponen nombres, horarios, adscripciones y tareas.

La omisión que tampoco desaparece

La dimensión más grave no es sólo que hubiera un militar encubierto entre los normalistas. Es que, según el reporte militar, aquel 26 de septiembre de 2014 López Patolzin realizaba tareas informativas dentro de la Normal, mientras otro OBI reportaba el tránsito de los autobuses con estudiantes rumbo a Iguala. Ya durante la madrugada del 27, la estructura castrense tuvo conocimiento de que los normalistas habían tenido un altercado con la policía municipal. 

Cuando López Patolzin dejó de responder, sus superiores intentaron localizarlo. Pero el documento afirma que, “por cuestiones de seguridad” y para no revelar su identidad, las llamadas fueron esporádicas y dirigidas al buzón de voz. Es decir: el aparato militar sabía que uno de los desaparecidos era su propio elemento desplegado en una misión de información, pero la prioridad registrada fue preservar el secreto de la operación. 

Eso no prueba por sí solo que el Ejército haya ordenado o ejecutado la desaparición de los 43. Sería irresponsable afirmarlo sin evidencia directa que sostenga esa conclusión. Pero sí vuelve insostenible la pretensión de minimizar la infiltración y obliga a responder preguntas que el Estado no puede seguir escondiendo bajo el uniforme de la ambigüedad:

• ¿Qué información entregó López Patolzin antes de desaparecer?
• ¿A qué mandos concretos reportaba?
• ¿Qué supo el Ejército sobre los movimientos de los estudiantes el 26 de septiembre?
• ¿Por qué la identidad y la operación del soldado pesaron más que una búsqueda abierta y urgente?
• ¿Qué otros documentos, reportes, comunicaciones o bitácoras permanecen bajo resguardo militar?

El problema no es la palabra

Ayotzinapa ya ha padecido demasiadas verdades administradas, demasiados archivos cerrados y demasiadas palabras cuidadosamente escogidas para no llamar a las cosas por su nombre. En este caso, el problema no es la etiqueta “infiltrado”. El problema es que, mientras el Gobierno discute el diccionario, los documentos militares ya describieron la operación.

Con información: ELNORTE/ @Redes/

“SECUESTRADO por HORROR: VÍCTIMA EXHIBE el PODER del CRIMEN que DECIDE quién VIVE en LIBERTAD y quién MUERE en CAUTIVERIO”… en territorio del subcampeón del LEVANTÓN, después de Tamaulipas.

Otra vez, el crimen organizado exhibe que en Jalisco puede administrar la vida ajena con una arbitrariedad escalofriante:decide quién sale caminando de un cautiverio, quién vuelve destrozado a casa y quién termina convertido en una ausencia más. Abraham Emanuel Pacheco sobrevivió 21 días secuestrado; no porque existiera un mecanismo institucional capaz de protegerlo, sino porque sus captores concluyeron —después de investigarlo— que se habían equivocado de persona.

El crimen se equivoca, investiga y decide si te devuelve: así sobrevivió “Yizus” 21 días de cautiverio en Jalisco

“¿Si desaparezco, me buscarían?”. Abraham Emanuel Pacheco tuvo la mala fortuna de obtener una respuesta que nadie debería conocer: sí lo buscaron, pero durante 21 días su vida dependió de que sus secuestradores resolvieran qué hacer con él.

En la Zona Metropolitana de Guadalajara, donde desaparecer puede empezar con una supuesta cita de trabajo y terminar en una casa de interrogatorios, Abraham —videógrafo, maestro de inglés, piloto y creador de contenido de motocicletas— fue levantado el 30 de agosto de 2025. Acudió a una grabación. Lo recibieron tres hombres armados, una bolsa en la cabeza y un traslado forzado hacia un sitio donde la ley no entra, o llega cuando ya no queda nada que investigar.

Al principio creyó que se trataba de un asalto. No era eso. Era una de esas operaciones en las que el crimen organizado secuestra primero y verifica después; una especie de “control de calidad” criminal donde equivocarse de víctima no impide torturarla mientras se aclara el expediente.

La primera noche recibió una golpiza por hablar con otro cautivo. Su delito consistió en pedir un cigarro. Los guardias respondieron como responden quienes tienen el control absoluto sobre cuerpos indefensos: golpes y nuevas ataduras, ahora con las manos detrás de la espalda. Así permaneció tres días, sin poder dormir, con dolor constante y el cuerpo convertido en una extensión de la tortura.

El aislamiento, el hambre, el insomnio y el miedo empezaron a deformar la realidad. Abraham tuvo alucinaciones y, sobre todo, una duda que se volvió un castigo adicional: nadie sabía con precisión a dónde había ido. No tenía motivos claros para creer que alguien estuviera buscándolo. Su única forma de resistir fue reducir el futuro a una frase mínima: “Aguántate un día más. Quizá mañana se termina esto”.

Pero en ese lugar los días no se medían con calendario, sino con golpes, interrogatorios y muerte.

Uno de los hombres cautivos sufrió una crisis nerviosa, logró soltarse e intentó hablar con los captores. Abraham escuchó cómo lo golpearon durante días. Después oyó los intentos fallidos de reanimarlo. Luego, el desmembramiento. Finalmente, uno de sus secuestradores le quitó la venda y lo obligó a mirar la cabeza de aquel hombre.

El mensaje no requería subtítulos: cualquiera podía morir ahí, y la diferencia entre salir vivo o no dependía de la voluntad de quienes administraban el encierro.

Durante dos semanas, Abraham fue interrogado y golpeado. Repitió una y otra vez que era videógrafo, maestro de inglés, piloto y creador de contenido de motocicletas. Nada más. Hasta que uno de los responsables le informó que ya lo habían investigado y comprobado que decía la verdad: no era la persona que buscaban.

La aclaración, sin embargo, no activó ninguna garantía ni reparó el daño. Simplemente abrió otra incertidumbre: ya sabían que se habían equivocado, pero “no sabían qué iban a hacer con él”. En esa lógica perversa, incluso ser inocente depende de que tus captores decidan reconocerlo y, sobre todo, de que les parezca conveniente dejarte vivir.

Su caso ocurrió en medio de una cadena de desapariciones en Guadalajara entre el 25 y el 30 de agosto de 2025, cuando al menos otras seis personas fueron privadas de la libertad. La ciudad acumuló fichas, búsquedas, publicaciones, protestas y familias haciendo el trabajo que el Estado suele convertir en trámite, carpeta o estadística.

Gary Omar Silva, Héctor Manuel Valdivia y José Manuel Arredondo fueron privados de la libertad el 25 de agosto. Dos días después, Frany Arteaga, Gustavo Torres Reyes y Berzain Rodrigo Vázquez fueron llevados de la galería Casa Natalia, en la Colonia Revolución.

La liberación llegó después de 21 días. Le permitieron bañarse por primera vez, le dieron ropa, le devolvieron el teléfono y lo bajaron de un vehículo en plena calle. El secuestro terminó como había empezado: bajo las reglas de quienes podían retenerlo, golpearlo, investigarlo y abandonarlo cuando quisieran.

Ya libre, caminó sin saber dónde estaba y pidió un teléfono para llamar a su familia. Varias personas lo ignoraron. Una joven finalmente lo escuchó, reconoció su rostro porque había visto la campaña de búsqueda en redes sociales y le prestó su celular. Así pudo contactar a su hermana. No fue una patrulla, no fue una institución, no fue una estrategia oficial: fue una persona que decidió creerle.

Pero volver no significó recuperar su vida.

Mientras estuvo cautivo, sus captores usaron su teléfono para vaciar sus ahorros y solicitar créditos a su nombre. Perdió trabajo, clientes y estabilidad económica. Hoy enfrenta una deuda cercana al millón de pesos y llamadas de cobranza que se acumulan sobre el trauma. El banco, según su testimonio, se negó a apoyarlo pese a las pruebas de que fue víctima de secuestro.

Es decir: el crimen lo desapareció, lo torturó, lo despojó y lo endeudó; después, el sistema financiero le presentó la factura.

Abraham intentó acudir a terapia, aunque dice que no encontró atención suficientemente profesional para procesar lo vivido. Volver a manejar motocicleta se convirtió en una forma de recuperar una sensación elemental: libertad. El viento en la cara, el rugido del motor y la concentración que exige conducir le devolvieron una parte de lo que 21 días de cautiverio intentaron arrancarle.

Aun así, no se permite convertir su caso en una historia fácil de esperanza. Ha visitado la Glorieta de las y los Desaparecidos y entiende que su regreso no es una promesa para las familias que siguen buscando. Él volvió. El hombre que escuchó morir no. Miles de personas tampoco.

Porque esa es la obscenidad de fondo: en territorios donde el crimen puede secuestrar, interrogar, torturar, equivocarse de objetivo y decidir si corrige el “error” soltando a la víctima o desapareciéndola para siempre, la libertad deja de ser un derecho. Se convierte en una concesión criminal.

Con información: ELNORTE/

LAS «17 GRIETAS: MORENA ABRIÓ las ENCUESTAS y ENSEÑÓ las COSTURAS que EXHIBEN PELEA de CAMERINO»...buscaban contener inconformidades.

Durante semanas se especuló sobre la razón por la que Morena no mostraba los resultados de sus encuestas para definir perfiles rumbo a las 17 gubernaturas de 2027. ¿Había trampa? ¿Se trataba de proteger la reputación de algunos aspirantes? ¿O era el hermetismo defensivo de siempre? La dirigencia terminó por publicar los números para contener las inconformidades. Quiso levantar el telón y ofrecer una prueba de unidad; dejó a la vista una pelea de camerino. 

Las cifras admiten una lectura bastante menos triunfal que la ofrecida por el partido. No prueban, por sí solas, que Morena vaya a perder cinco estados ni revelan por qué tomó cada decisión. Sí permiten examinar la distancia entre sus aspirantes, las ventajas concedidas a sus aliados y el tamaño de las heridas que deja una candidatura negada. La amenaza para Morena no siempre está enfrente: en varios estados lleva sus propias siglas.

Tres plazas cuesta arriba

En Aguascalientes y Querétaro, Morena eligió a Nora Ruvalcaba y Santiago Nieto, respectivamente. Ambos encabezaron todos los atributos puntuados en sus encuestas internas; eso no equivale a tener ganada una elección. El argumento crítico es otro: según las cifras citadas en el texto original, ninguno obtiene el voto de siquiera la mitad de quienes lo conocen. Son perfiles que ganaron dentro de Morena, no necesariamente candidatos capaces de ganar fuera de ella. 

San Luis Potosí es un capítulo aparte. Allí no hubo encuesta: Elí César Cervantes fue designado por consenso, mientras Morena dejó el camino libre al Partido Verde para impulsar a Ruth González, esposa del gobernador Ricardo Gallardo. Cervantes puede presentarse con la barbilla en alto y decir «Soy de Claudia Sheinbaum»; el problema es que, en ese tablero, su partido parece haber aceptado el papel secundario antes de que empiece la función. 

Dos decisiones que chirrían

En Nuevo León, la encuesta citada en el texto original atribuye a Waldo Fernández el voto del 43% de quienes lo conocen, frente al 31% de Clara Luz Flores: doce puntos de diferencia en ese indicador. Morena eligió a Flores. Es un dato que exige explicación política, aunque no autoriza a convertir un solo reactivo en pronóstico electoral. Además, su candidatura carga con un antecedente documentado: en 2021 reconoció que había mentido al negar una reunión con Keith Raniere, fundador de NXIVM.

En Zacatecas, la nominación recayó en Verónica Díaz, vinculada al grupo de los Monreal. Se le atribuye el 43% del voto entre quienes la conocen y sitúa a Ulises Mejía Haro cerca del 50%. Si esos porcentajes son comparables, la pregunta es incómoda: ¿qué pesó más, ese indicador de competitividad o los equilibrios internos? De ahí a asegurar que Mejía habría llegado a la gubernatura —o que solo un fraude podría frenarlo— hay un salto que las cifras no sostienen.

Los rivales que dejó dentro

Baja California, Baja California Sur, Chihuahua y Sonora presentan otro riesgo: no basta con escoger a un perfil; hay que convencer al que quedó fuera de que no abandone la campaña. Morena nominó a Julieta Ramírez por encima de Ismael Burgueño, a Manuel Cota por encima de Milena Quiroga y a Cruz Pérez Cuéllar por encima de Andrea Chávez. En Baja California Sur, Quiroga advirtió que no apoyaría a Cota hasta que se aclararan dudas técnicas de la encuesta. No es todavía una ruptura, pero tampoco suena a abrazo de familia. 

Sonora concentra esa tensión. Lorenia Valles fue la elegida frente a Célida López y Javier Lamarque. Valles y López empatan en siete de nueve reactivos, mientras López tiene mayor conocimiento público. Que López se desmovilice o busque otra candidatura son escenarios posibles, no hechos consumados. Pero cuando una aspirante queda tan cerca de la ganadora, la consigna de «unidad» necesita algo más que un micrófono y una fotografía conjunta. 

En Colima, Guerrero y Sinaloa, el diagnóstico es distinto: Morena conserva fuerza, pero sus perfiles exhiben flancos. Imelda Castro, la elegida en Sinaloa, aparece allí como la mejor evaluada del grupo; aun así, el texto le atribuye apenas un 33% en honestidad y un 28% en cumplimiento de la palabra entre quienes la conocen. Ganar la interna con esos números no borra lo que esos números dicen. 

Quedan Campeche, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo y Tlaxcala, donde se advierten perfiles comparativamente más atractivos. Tampoco allí desaparece la política de grupos: Pablo Gutiérrez es cercano a Layda Sansores; Carlos Torres Piña, a Alfredo Ramírez Bedolla. En Nayarit, Héctor Santana obtuvo la máxima puntuación de la encuesta, pero la dirigencia nominó a Jasmine Bugarín, del Verde, para cumplir criterios de paridad. En Quintana Roo fue elegido Gino Segura, y en Tlaxcala, Ana Lilia Rivera, cuya designación dejó inconforme a Alfonso Sánchez García. 

Morena publicó las encuestas para cerrar la discusión. Consiguió algo más útil para sus críticos: un mapa de ventajas estrechas, aliados con poder de negociación y derrotados internos cuya cooperación aún tendrá que ganarse. Las encuestas no dictan el resultado de 2027. Pero tampoco basta con llamar «unidad» a una sala llena de aspirantes que todavía están contando los puntos.

Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/VIRI RIOS/

«CONTRATEN a TV AZTECA para HALLAR ALMIRANTE: TRAS LOCALIZACIÓN de TESTAFERRO de ANDY en SUIZA»… quedó evidenciada la eficiencia de batiseñal.

Si TV Azteca pudo seguir la pista de Jorge Amílcar Olán hasta Lugano, en Suiza,a mas de 9 mil kilometro de la FGR,esta claro que esta debería contratar a sus reporteros para entregarle un citatorio al almirante Rafael Ojeda Durán. A la Fiscalía no le bastó para localizarlo; al equipo de Irving Pineda, en cambio, le alcanzó una pista para cruzar el Atlántico y poner una cámara frente a Olán. Lo que encontró en Suiza abre la nota de Código Magenta. 

La excelente investigación de TV Azteca para dar con el paradero de Jorge Amílcar Olán en Lugano, Suiza, es una pieza clave para desenmascarar el “Modus OperANDY” de ese clan de amigos que, en torno a Andrés López Beltrán, hicieron de la Cuarta Transformación su gran botín. Hoy están huyendo, “a salto de mata”.

Lo que confirmaron las imágenes en Suiza, del amigo de todas las confianzas de Andy López Beltrán, es que se fue a refugiar con toda su familia al país más caro del planeta, aquel en el que el dinero no llama la atención y en el que puede ser depositado con sigilo, sin aspavientos. De hecho, ya se habían filtrado meses antes reportes de que se estaban investigando presuntas transferencias del Clan López Beltrán superiores a los tres mil millones.

Estas revelaciones se dan en momentos en que se especula de un quiebre en la relación entre Andy López Beltrán y Jorge Amílcar Olán, que los estaría obligando a separar los intereses económicos que tienen en común. Pero, de igual manera, se habla de que Jorge Amílcar Olán ya estaría en conversaciones con autoridades norteamericanas para lograr un acuerdo que le permitiera atenuar sus posibles sentencias.

¿Por qué Jorge Amílcar Olán se sintió intimidado cuando se vio frente a las cámaras de TV Azteca? Si estaba allá de descanso, en mudanza por un año sabático, tan sencillo que habría sido explicarlo… “y colorín colorado”. Pero NO. El sorprendido agredió al camarógrafo e insultó al reportero. Y lo que es todavía más grave, un día después de exhibido su paradero en las pantallas de TV Azteca, el amigo de Andy y su familia abandonaron el departamento de Lugano, por el que pagaban unos 300 mil pesos de renta mensuales.

Esto ocurre, luego de que se diera a conocer desde el gobierno de la 4T -e incluso en una conferencia mañanera- que Jorge Amílcar Olán estaba sujeto a investigaciones fiscales de su empresa Portacelis Oil and Gas, manejada por su financiero Juan Carlos de la Cruz, y vinculada con Ikon Midstream, la empresa de Houston que fue cateada por autoridades norteamericanas para rastrear sus presuntos nexos con huachicoleros mexicanos.

Pero todavía no se enfriaba el escándalo de Jorge Amílcar Olán, en TV Azteca, cuando el New York Times desplegaba un amplio reportaje de su amigo y socio, Andy López Beltrán. En esa nota se abría el expediente de las presuntas investigaciones por corrupción contra el hijo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador y revelaba que, al menos dos dependencias de seguridad, lo estarían evaluando por presuntos nexos con el tráfico de huachicol y con el crimen organizado.

Entendamos bien de qué se trata que aparezca esta nota en el diario más influyente de los Estados Unidos. Para que el New York Times haya abierto espacios a la nota de Andy López Beltrán, es que ya hay algo muy avanzado en curso. Esa información mexicana compite por espacios contra noticias tan relevantes como los conflictos como la crisis económica, el desabasto energético, los conflictos con Irán, China, Israel, Cuba, Groenlandia y Canadá. Esos sí son focos informativos sensibles para el ciudadano común y corriente de Estados Unidos. Si Andy López Beltrán y sus travesuras ya calificaron para ocupar espacios en las páginas del New York Times es porque “si el Río Hudson suena, es que agua lleva”.

Y ya para colocar la cereza en el pastel, todavía no había terminado el día de ayer martes, cuando el Departamento de Estado norteamericano anunció, públicamente, severas sanciones para 21 individuos, presuntamente ligados al Cártel de Sinaloa. Uno de ellos fue Carlos Alberto Torres Torres, el ex esposo de Marina del Pilar Ávila, la gobernadora de Baja California. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) lo acusa de vinculaciones con el crimen organizado -en especial con el Cártel de “Los Rusos” afines a “Los Mayos”. A ambos -la gobernadora y su ex esposo- ya les fueron canceladas sus visas.

Tony Pigott, vocero del Departamento de Estado, dijo que las sanciones incluyen a un ex director de Seguridad Pública de Mexicali, además de otros operadores políticos, quienes habrían aceptado sobornos para proteger al Cártel de Sinaloa.

Este es apenas el preámbulo de la cacería de funcionarios públicos mexicanos ligados a los cárteles y que arreciará en las próximas semanas. El discurso de Donald Trump, en las Naciones Unidas, no deja lugar a dudas.

Los casos de la guarida de Jorge Amílcar Olán, en Suiza, y el reporte de las investigaciones de Andy López Beltrán en el New York Times, son apenas las primeras imágenes que dejan ver que muchos funcionarios morenistas del más alto nivel viven “a salto de mata”.

Con información: CODIGO MAGENTA/

«SON MUY PELIGROSOS: EL «CALABAZO» ENGAÑA con CIFRAS que CUENTAN LOCALIZADOS y OCULTAN PERDIDOS»… Américo es campeón nacional del levantón: casi 14 mil víctimas.

El aplauso oficial por “localizar” 3 mil 196 personas no responde la pregunta central: ¿cuántas siguen desaparecidas? Mientras gobierno y prensa complaciente venden operaciones, Tamaulipas arrastra una lista de casi 14 mil personas desaparecidas y no localizadas. El boletín presume movimiento; las familias siguen esperando resultados.

Tamaulipas: el gobierno presume búsquedas mientras casi 14 mil personas siguen sin aparecer

En Tamaulipas el Secretario General del Gobierno de currículo criminal,Hector Joel Villegas,alias El Calabazo, descubrio una fórmula política tan cómoda como indecente: contar lo que se mueve para esconder lo que permanece perdido.

La Comisión Estatal de Búsqueda que opera bajo su responsabilidad, presume que en cuatro años realizó 2 mil 476 operativos y “localizó” a 3 mil 196 personas. La frase circula dócilmente en titulares, como si fuera certificado de eficiencia, como si un gobierno que encuentra a miles de personas tuviera derecho automático a ponerse la medalla y exigir aplausos. 

Pero falta la pregunta que la prensa de boletín —esa que confunde periodismo con transcripción— decidió no hacer: si Tamaulipas es tan eficaz en su búsqueda, ¿por qué el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNLO) mantenía, al corte mostrado este 1 de octubre a las 14:51 hrs, 13 mil 771 personas desaparecidas y no localizadas en la entidad ?

Ése es el dato que arruina la fiesta de la propaganda. No el número de operativos. No el contador de “localizaciones”. No la fotografía del funcionario frente al micrófono. El saldo real es el de las personas que siguen sin regresar, sin ser encontradas, sin respuesta, sin expediente resuelto y con una familia convertida a la fuerza en policía, fiscal, perito y brigadista.

La cifra no es una ocurrencia ni una etiqueta opositora: el RNPDNOes la herramienta oficial coordinada por la Comisión Nacional de Búsqueda, alimentada por autoridades federales y estatales y actualizada de manera continua. Su consulta pública distingue precisamente entre personas desaparecidas o no localizadas y personas localizadas. Es decir: el gobierno no puede revolver ambas categorías en una licuadora discursiva, servir el resultado como éxito y esperar que nadie lea la letra grande. 

Porque ahí está el truco retórico: hablar de “localizados” no equivale a hablar de “pendientes de localizar”.

Una persona localizada puede corresponder a un caso reciente, a un reporte que se resolvió pronto, a una ausencia voluntaria, a una localización con vida o sin vida. Cada caso importa, desde luego, y encontrar a alguien es una obligación estatal, no un favor administrativo. 

Pero esa cifra no borra por arte de magia el universo de quienes continúan desaparecidos o no localizados; mucho menos permite declarar victoria mientras casi 14 mil familias siguen atrapadas en la incertidumbre.

Es como anunciar que se sacaron 3 mil cubetas de agua de un barco, pero callar que el casco continúa abierto y que miles de personas siguen debajo del nivel de flotación. La propaganda cuenta cubetas. Las madres buscadoras cuentan ausencias.

Y la prensa solapada coopera encantada. Recibe el comunicado, copia la frase “más de 3 mil personas localizadas”, adorna con declaraciones oficiales y publica sin contrastar el dato elemental del registro nacional. Nadie pregunta cuántas de esas localizaciones ocurrieron con vida; cuántas fueron sin vida; cuántas corresponden a casos registrados durante la actual administración; cuántas derivaron de una búsqueda efectiva; cuántas se resolvieron por mecanismos distintos; ni, sobre todo, cuántas personas siguen pendientes de ser localizadas.

Eso no es periodismo. Es una gestoría de reputación pagada con silencio.

Tamaulipas no necesita funcionarios celebrando su propio trámite ni reporteros convertidos en acomodadores del evento. Necesita autoridades capaces de explicar, con datos verificables, cómo pretenden reducir una crisis que mantiene a la entidad en el primer lugar nacional de personas desaparecidas y no localizadas, con alrededor de 13 mil 778 registros ya reportados en septiembre y una cifra de 13 mil 771 en la actualización mostrada este 1 de octubre. 

La diferencia de unos cuantos registros es normal en una base que se actualiza continuamente. Lo que no es normal —ni aceptable— es que el gobierno pretenda usar ese dinamismo estadístico para esconder la dimensión del desastre: no estamos hablando de una cifra congelada ni de un archivo histórico; estamos hablando de miles de seres humanos cuyo paradero sigue sin esclarecerse.

Por eso, presumir 3 mil 196 localizaciones sin colocar al lado los casi 14 mil pendientes no es informar: es recortar la realidad hasta que quepa en un boletín. Y reproducir ese recorte sin preguntar, sin contrastar y sin poner la cifra completa sobre la mesa no es servir al ciudadano; es servirle de edecán al poder.

El gobierno debería dejar de medir su desempeño por el número de conferencias, operativos anunciados y fichas cerradas. La vara está en otra parte: cuántas personas siguen desaparecidas, cuánto tiempo llevan esperando sus familias, cuántas investigaciones llegan a responsables y cuántas búsquedas terminan en verdad y justicia, no en una diapositiva.

Porque en Tamaulipas no hay nada que celebrar mientras la lista de ausentes siga rozando las 14 mil personas. Hay una emergencia humanitaria. Y entre el gobierno que maquilla y la prensa que no pregunta, lo único que se está localizando con puntualidad es la coartada oficial.

Con información: RNPDNLO/ HoyTamaulipas