Que nos dice de Veracruz la mas reciente editorial de Alfonzo Zarate para EL UNIVERSAL+:
La columna periodística nos está diciendo que Veracruz no solo es un estado fallido: es un estado fallido fallando, es decir, un aparato que ya colapsó y aun así sigue simulando que funciona.
Estado fallido… que sigue fallando
La pieza nos remarca que el Estado en Veracruz,por cierto administrado por Morena ,ya no cumple sus funciones básicas: no protege la vida, no garantiza la ley, no controla el territorio. Pero además subraya algo más grave: incluso sabiendo eso, las autoridades siguen mintiendo, administrando la violencia y posando como si tuvieran el control.
Captura criminal de las instituciones
Lo que se describe es un Estado colonizado por el crimen organizado: policías que trabajan para cárteles, mandos coludidos, plazas donde la orden real no la da la gobernadora, sino el grupo criminal dominante.
El caso Roxana Guzmán es el síntoma: policías involucrados en un secuestro contra una periodista que se atrevió a documentar lo que pasa en territorio de Grupo Sombra.
Rutina de terror, no excepciones
La editorial arma una cadena de hechos —desapariciones, masacres, fosas, decapitados, periodistas ejecutados, civiles obligados a grabar su propia advertencia— para decir: esto ya no es “crisis”, es la normalidad de un lugar sin Estado funcional. Un ejemplo brutal es el cementerio clandestino con más de 300 cráneos en Veracruz y el asesinato de periodistas como Rubén Espinosa o Luis Ángel López Valdez, que demuestran que informar te mete en la lista negra del poder criminal.
Gobierno que regentea, no gobierna
La frase clave: Rocío Nahle “no gobierna, solo regentea lo que le permite el crimen organizado”. Eso es estado fallido fallando: el gobierno ya no decide la agenda, solo administra migajas de autoridad dentro de un orden impuesto por quienes tienen el monopolio real de la fuerza.
Cuando la editorial habla de “Veracruz, estado fallido”, no lo usa como cliché, sino como diagnóstico: el diseño institucional se vació por dentro y se llenó de crimen, complicidad y simulación, y aun así se pretende que las instituciones sirven. Dicho en corto: no es que el Estado esté rebasado, es que cambió de dueño.
Asi lo dice Alfonso:
«En las primeras horas del pasado 2 de junio, la periodista Roxana Guzmán Ramírez fue secuestrada por un comando armado que irrumpió en su casa; desde entonces no aparece, pero por lo pronto están detenidos un comandante y tres elementos de la policía municipal. Roxana había regresado apenas en enero a Nanchital, donde fundó Pulso Informativo del Sureste, un medio que informa lo cotidiano, que lleva el registro de los hechos relevantes en ese pequeño espacio de Veracruz. A algún jefe de plaza le pareció intolerable su trabajo y ordenó el escarmiento, tiene razón la columnista Marcela Vázquez Garza: “El periodismo hiperlocal es el más invisible y el más expuesto”.
La colusión de integrantes de las policías municipales y estatal de Veracruz con los criminales es una historia vieja y abarca municipios de todas las regiones del estado. En el caso de Roxana esos elementos estarían coludidos con el Grupo Sombra, escisión del Cártel del Golfo que tiene presencia en más de cincuenta municipios veracruzanos.
Repasar algunos hechos de los últimos años en Veracruz es remover una mezcla purulenta de colusión de jefes e integrantes de corporaciones policiales con la delincuencia. Durante el gobierno de Javier Duarte (2010-2016) muchas desapariciones y ejecuciones se atribuyeron a fuerzas de seguridad y a los grupos criminales que operan en el estado; destaca la masacre de 35 personas en septiembre de 2011, cuyos cuerpos fueron dejados frente al World Trade Center (WTC) de Boca del Río.
Está el asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa, especializado en la cobertura de protestas sociales, ocurrido en la Ciudad de México (julio de 2015), que mostró que no había un lugar seguro para quien había sido sentenciado por la delincuencia.
En 2017 fue descubierto un cementerio clandestino, “el más grande en América Latina”, en un predio al norte del puerto de Veracruz, en donde de 153 fosas fueron extraídos 302 cráneos que correspondieron a personas desaparecidas “por grupos criminales y por organismos de seguridad gubernamentales” (Base de datos del proyecto Permiso para Matar).
En enero de 2018, cuatro cabezas de hombres fueron expuestas en el cofre de un vehículo en una brecha del municipio de Sayula de Alemán, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se atribuyó el hecho; unos días antes otras cinco cabezas habían sido dejadas en el cofre de un taxi.
En agosto del año pasado, el asesinato de la profesora jubilada y taxista Irma Hernández sacudió a las redes sociales; fue obligada a advertir en un video: “Con la mafia veracruzana no se juega”.
Apenas el 11 de junio fue asesinado el periodista Luis Ángel López Valdez, en Poza Rica; como en otros casos la principal línea de investigación involucra a elementos de la policía. En la misma colonia unos meses antes había sido asesinado el reportero Carlos Castro.
Como otras zonas de la geografía nacional, Veracruz está fuera de control. Rocío Nahle no gobierna, solo regentea lo que le permite el crimen organizado.
Fuente.-Alfonzo ZARATE/ELUNIVERSAL+/Presidente de Grupo Consultor interdisciplinario @alfonsozarate
