Un reciente video, de la autoría del ex-senador y ahora Diputado Panista de Tamaulipas, Ismael Garcia Cabeza de Vaca,emitido luego de la reciente designación de Jesus Eduardo Govea Orozco,como nuevo fiscal de justicia, no es ningun desperdicio si cuestionamos el mensaje, antes que el mensajero, pues el legislador claridoso e informado,puso a relieve una vez mas el pasado criminal del fiscal que permaneció 7 meses en la prision de alta seguridad de Almoloya,hoy el Altiplano, por servir a su majestad Cartel del Golfo de Matamoros,el mismo que sirve el Gobernador,el mismo que sirvió su padre.
El circo del Congreso
En la versión estenográfica del video del Diputado Panista,Ismael García Cabeza de Vaca, lo que desfiló no fue un debate parlamentario, fue una liquidación en remate: “el Congreso se vendió y Tamaulipas lo pagará”, dicho por un panista de apellido incómodo, pero con un punto brutalmente claro. La designación de Jesús Eduardo Govea Orozco como fiscal no parece un acto de justicia, sino el acta notariada de quién manda de verdad en el sistema penal tamaulipeco.
Los diputados no discutieron un perfil, ejecutaron una orden de arriba: Morena y el gobernador Américo Villarreal pusieron al frente de la Fiscalía a un personaje con pasado probadamente criminal y amistades peligrosas, mientras simulan que refuerzan el Estado de derecho. El mensaje de fondo es indecorosamente sencillo: la Fiscalía no es institución, es botín político de siete años, con posibilidad de reelección.
El fiscal de los expedientes probadamente incómodos
El elegido, Govea Orozco, no llega como ciudadano inmaculado, sino como operador de guerra: fiscal anticorrupción que venía encabezando la ofensiva contra exfuncionarios de Cabeza de Vaca, aunque con investigaciones selectivas que huelen lo mismo a justicia que lucha de bandos de diferente banda.Su biografía oficial habla de títulos, maestrías y cargos en procuración de justicia, pero la conversación pública gira alrededor de sus probados vínculos con el Cártel del Golfo y sus antecedentes federales.
Mientras el discurso de Ismael Garcia Cabeza de Vaca exige “controles de confianza reales” y revisión de antecedentes, la mayoría levantó la mano por un fiscal cuya hoja de vida carga detenciones, notas nacionales y casos sin respuesta, según resume la propia intervención del diputado que ahora grita traición. Es casi una ironía de manual: quien debería perseguir redes criminales llega con su propio expediente moral en entredicho, legitimado por 27 votos que se venden como “rigor” y “transparencia”.
El mensajero tóxico y el mensaje brutal
Que el vocero de esta indignación sea Ismael García Cabeza de Vaca es una mala broma del destino político, porque arrastra su propio historial de escándalos, familia señalada y padrinazgos que huelen a pólvora y a huachicol fiscal. Pero justamente ahí está lo más revelador: cuando un personaje así acusa que “el Congreso se vendió” y que la justicia es cuota de lealtad, lo que asoma es el espejo de un sistema en el que todos conocen el menú porque todos han estado en la cocina.
Aunque,claramente el diputado no defiende a la ciudadanía, defiende su sobrevivencia: sabe que un fiscal alineado con el gobernador y con historial de perseguir al grupo Cabeza de Vaca puede convertirse en verdugo procesal de su propio bando.Aunque la realidad lastimosa parece gritar que la mediocridad institucional lo impide, pues al frente de la fiscalía anticorrupción, no logró nada, salvo vender carpetas como victorias.
Detrás de la retórica de “la voz que no se vende” solo hay una disputa por quién controla la daga llamada Fiscalía, no por quién rescata la justicia de la basura institucional donde la han dejado todos los gobiernos, unos mas, otros menos, pero todos.
Tamaulipas en la vitrina internacional
Las advertencias de Texas, Estados Unidos y Canadá sobre la inseguridad en Tamaulipas llevan años encendidas, pero la designación de un fiscal cuestionado las convierte en un meme diplomático con sello local.
¿Qué se supone que van a pensar afuera cuando vean que la respuesta del Estado a la violencia es colocar al frente de la procuración de justicia a un abogado que siempre la acompaña la sombra de nexos criminales y uso político de la Fiscalía Anticorrupción?
El discurso oficial vende la llegada de Govea como “nuevo rostro” para la Fiscalía, mientras las organizaciones de víctimas siguen arrumbadas y los colectivos de desaparecidos esperan que los reciban entre comunicados y poses para Instagram.
En los hechos, lo que se consolida es un sistema de justicia aún más frágil, donde el mensaje a la delincuencia y a la clase política es el mismo: lo importante no es la ley, es de qué lado de la mesa te sientas.
La pudrición de puerco completo
La versión estenográfica de este video es menos un documento legislativo que una autopsia política: un Congreso lejos de ser poder independiente, se deja mangonear como también los mangoneaban los «Cabeza de Vaca», un fiscal que llega con equipaje pesado,como el que se va y un mensajero que denuncia la corrupción mientras carga la suya, como la carga la parentela del gobernador Americo Villarreal Anaya.
La “pudrición de puerco completo” no está en una bancada ni en un partido, está en el consenso silencioso de que la justicia es moneda de cambio y la seguridad pública, simple utilería de campaña.
Más allá de quién habla en video o desde la tribuna, lo que queda claro es el mensaje: en Tamaulipas, la Fiscalía es el arma favorita de la política y el ciudadano común es apenas el daño colateral, invitado a “compartir el mensaje” mientras la élite sigue repartiendo el botín. Esa es la verdadera estenografía: no la de las palabras, sino la de los intereses que hoy quedaron firmados otra vez a mano alzada.
En la república pletórica de funcionarios borrachos de poder, dos próceres de la patria decidieron recordarnos que el fuero también sirve para medir la cantidad de tequila que aguanta un diputado antes de declararse víctima del sistema. Ublester Santiago Pineda, diputado federal del PT,de esos aliados de Morena, y Ariel Juárez Cisneros, flamante jefe de la Junta de Caminos del Edomex, protagonizaron un espectáculo digno de las fiestas patrias… pero sin mariachi oficial.
Según los testigos —y un video que ya circula más rápido que el arrepentimiento al otro día—, los funcionarios, en aparente estado de “inspiración líquida”, acusaron a los guardias del estacionamiento de haberles robado pertenencias del coche. Entre reclamo y reclamo, Santiago lanzó su credencial como si fuera espada en duelo: “Soy diputado federal”, exclamó, mientras intentaba manotear al guardia con menos precisión que un discurso en la madrugada.
A su lado, Juárez Cisneros, fiel escudero del caos, exigía respuestas a gritos y pregonaba con valentía de sobremesa: “¿Para qué te pagan?”; aunque el único pago visible era el de la dignidad política en abonos chiquitos.
El combate terminó con destrozos a un Tesla y a las estaciones de carga, quizá porque confundieron la energía eléctrica con “botellitas” nuevas del futuro. La Junta de Caminos, al parecer, también transita por la ruta del exceso.
Metepec y Toluca pueden dormir tranquilos: si estos son los guardianes del erario, al menos garantizan que el entretenimiento público no desaparezca.
Lo que empezo como un mero trascendido circulando profusamente en la frontera de Tamaulipas ,ya pasó de narrativas de opinión a un hecho consumado, el traficante de cocaina Edgar Alejandro Villarreal Guajardo, alias “El Fresa”, exhibido en imagenes con logos de MORENA y del grupo politico criminalmente organizado de la AVANZADA que opera AMERICO VILLARREAL SANTIAGO,alias «AMERIQUITO», hijo del Gobernador de Tamaulipas,Delegado del Bienestar en Coahuila y esposo de la Senadora de Morena Cecilia Guadiana,acepto ser culpable.
El traficante que aparecía en imagenes,tambien muy cercano a ALBERTO GRANADOS, actual alcalde de Morena en MATAMOROS, se declaró culpable en una corte federal de Texas tras ser detenido el pasado 22 de enero en posesión de 8 kilos de cocaina y está «cooperando con las autoridades de EE. UU.
De acuerdo con el trascendido ,el sujeto que públicamente se exhibía como patrocinador de las «obras sociales» del AMERIQUITO al igual que con el alcalde «Beto» Granados, se confesó su financiero de este y la AVANZADA ,como ya se habia advertido tras su captura.
Las ligas de MORENA y el alcalde Alberto Granados Favila han sido documentadas hasta el hartazgo,pero la protección federal,el calculo politico y el amasiato del gobernador con el mismo Cartel del Golfo han impedido un desenlace en prision que mas que fracaso,se antoja es un atraso, pues tarde que temprano todos terminaran el la carcel.
El «plea agreement», acuerdo de culpabilidad
El documento adjunto es acuerdo de culpabilidad del caso United States v. Edgar Alejandro Villarreal, aka “Fresa”, en la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas, División Brownsville, con número criminal B‑25‑035‑01, fechado como presentado el 29 de octubre de 2025.
Contenido esencial del acuerdo
El texto establece que el acusado acepta declararse culpable de “Count One” (cargo uno) de la acusación, que lo imputa por conspiración para poseer con intención de distribuir más de 5 kilogramos de cocaína, con base en el Título 21 del Código de Estados Unidos, secciones 846, 841(a)(1) y 841(b)(1)(A).
Al hacerlo, se especifica que renuncia a su derecho a exigir que esos hechos se prueben ante un jurado o más allá de duda razonable para efectos de la pena, es decir, acepta la responsabilidad penal de ese cargo concreto.
Elementos de cooperación
En el punto 2, el acuerdo condiciona un beneficio a que el acusado brinde testimonio veraz ante la Corte al momento de su rearraignment y sentencia, así como un relato honesto de los hechos al Departamento de Libertad Condicional de EE. UU. para la elaboración del informe pre‑sentencia.
A cambio de esa declaración de culpabilidad y de la cooperación descrita, el gobierno se compromete a formular una recomendación (por ejemplo, respecto de la pena y/o de otros cargos), lo cual encajaba con lo que se habia reportado en notas y columnas sobre que su colaboración podría traducirse en una reducción de condena y en información sobre redes y vínculos políticos.
Qué decían las redes
En redes sociales en los últimos dias, algunos espacios digitales de opinión ya se afirmaba que Villarreal Guajardo se habia declarado culpable en una corte federal de Texas por tráfico de más de 5 kg de narcótico, con un rango de pena de 10 años a cadena perpetua.
Esta no es la única delación que involucra al hijo del gobernador y su padre Americo Villarreal Anaya,ligas con otras facciones del mismo cartel lo llevaron recientemente s ser fichado por narcopolitico.
Es tan cercano el vinculo del gobernador con el crimen organizado, que en la reciente renovacion de la fiscalía de Justicia fue elegido un perfil vinculado al Cartel del Golfo.
México está a la espera de lo que el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga tenga que declarar ante la justicia. El letrado es, a ojos de las autoridades mexicanas, el rey de las factureras, un sistema que posibilita desvíos millonarios de recursos mediante contrataciones falsas, blanqueo de recursos y evasión fiscal a escalas monumentales.
De 50 años, Álvarez Puga, quien enfrenta un proceso de deportación desde Estados Unidos, tenía entre sus clientes a personajes influyentes lo mismo de la política y la judicatura como del mundo empresarial y de la farándula, según han señalado fuentes del Gobierno federal.
Su regreso a México, donde se le acusa de un desfalco de 2.950 millones de pesos de la Secretaría de Gobernación en 2016, es una bomba de tiempo, en cuyo centro laten los nombres de quienes se beneficiaron de las actividades ilícitas del abogado.
Ese entramado de complicidades explica por qué el Gobierno de México ha enfrentado múltiples obstáculos para sacar adelante la investigación contra Álvarez Puga. Luego de haber conseguido retrasar lo más posible la acusación en su contra por enorme desvío, el letrado y su esposa, la famosa conductora Inés Gómez Mont, tuvieron tiempo de huir de México y ponerse a salvo en Florida, donde han construido un millonario patrimonio inmobiliario.
A cuatro años de vivir prófugo de la justicia mexicana, Álvarez Puga cayó desde septiembre en un centro de detención en Miami por un asunto relacionado con su situación migratoria. El Gobierno de Claudia Sheinbaum ha aprovechado esa circunstancia para presionar por su extradición.
EL PAÍS ha accedido a documentos fiscales que constatan la manera en que se blanqueó al menos una parte del dinero de la Secretaría de Gobernación, cuando la dependencia era dirigida por el priista Miguel Ángel Osorio Chong, a la sazón uno de los políticos más cercanos del entonces presidente Enrique Peña Nieto.
La Secretaría de Hacienda, ya en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, llevó a cabo una auditoría fiscal a una empresa fantasma y a un testaferro que estuvieron vinculados al desvío de esos recursos, que originalmente debían destinarse al mejoramiento de la seguridad de las prisiones federales.
En los documentos, constan los nombres de 89 personas que recibieron depósitos a lo largo de 2016 y 2017, justificados fiscalmente como pagos de nómina o de honorarios. Es la punta de iceberg que permite asomarse al perfil de las personalidades a las que se acercó Álvarez Puga. Este periódico ha buscado la versión de los aludidos y ha recabado sus comentarios en varios de los casos. Otros no han querido responder.
En los papeles figura Othón de León Arriola, nieto de Elba Esther Gordillo, otrora poderosa líder sindical de los maestros del SNTE; De León Arriola obtuvo 1,3 millones de pesos de la red facturera de Álvarez Puga. También aparece Arturo Montiel Yáñez, primogénito de Arturo Montiel Rojas, exgobernador del Estado de México y patriarca del Grupo Atlacomulco del PRI; los registros fiscales señalan que Montiel Yáñez, que milita en el PVEM, aliado del partido gobernante, Morena, cobró 865.800 pesos.
Figura también Ricardo Monreal Pérez, primogénito de Ricardo Monreal Ávila, el influyente coordinador de los diputados de Morena, exsenador y exaspirante presidencial; Monreal Pérez recibió depósitos por 275.000 pesos.
Otro personaje relevante en la lista es Rodrigo Ripstein Kaim, exesposo de la empresaria Ninfa Salinas, hija de Ricardo Salinas Pliego y con quien tuvo tres hijos; Ripstein obtuvo depósitos por 11,3 millones de pesos.
También aparece el deportista y político Fernando Reina Iglesias, quien recibió 700.000 pesos; al momento de los depósitos, Reina estaba casado con la actriz y conductora Galilea Montijo, una de las amigas más íntimas de Inés Gómez Mont.
Consultado sobre los depósitos, De León Arriola ha explicado que el dinero que recibió de Álvarez Puga corresponde al pago de una deuda que el abogado tenía con su fallecida madre, Mónica Arriola. “Él le debía un dinero y ese fue el mecanismo como hizo el pago”, ha comentado a este periódico.
El diputado Monreal, por su parte, ha señalado a través de un portavoz que su hijo “no se dedica a la política ni a la actividad pública”. Una representante de Galilea Montijo ha indicado que este asunto no tiene que ver con la conductora. “No es algo en lo que nos queramos involucrar”, ha dicho, cuando a finales de 2021, Montijo declaró que ni ella ni su entonces marido tenían relación de negocios con Álvarez Puga o Gómez Mont, que ya habían huido a EE UU. En cuanto a Ninfa Salinas, esta ha indicado a través de un vocero de su grupo empresarial que no haría comentarios al respecto. Finalmente, Montiel dejó sin contestar los mensajes que se le enviaron a su teléfono celular.
Los montos pagados a estos personajes constan en las declaraciones fiscales de la firma Gupea Construcciones, S.A. de C.V. y del testaferro Ismael Infante Loredo, ambos ligados a Álvarez Puga. La empresa, ubicada en una pequeña vivienda particular de un barrio de clase baja de San Luis Potosí, y el prestanombres, un obrero que vive en ese mismo Estado, reportaron al fisco haber pagado por concepto de “nómina y honorarios” 125 millones de pesos en 2016 y 2017.
La documentación obtenida por este periódico muestra que el propio Álvarez Puga estaba en la nómina y cobró 10,9 millones de pesos; su esposa ―Gómez Mont― obtuvo 7,4 millones de pesos; su madre, Alma Rosa Puga Paz, recibió 285.000 pesos, y su exesposa, Rosario Arnaud de la Torre, cobró 3,5 millones de pesos (junto al abogado, esta última figura como accionista en algunas empresas en México y es propietaria de un lujoso departamento de 2,5 millones de dólares en Miami, Florida, EE UU, a través de la firma Grupogreca LLC).
En los registros fiscales aparece también Rodrigo de Zulueta Rodrigo, que a la postre se convertiría en el coordinador de Administración Regional del Consejo de la Judicatura Federal (ya convertido en el Órgano de Administración Judicial) mencionado por recibir pagos de 3,9 millones de pesos.
También figuran Ricardo Pelusi Barriguete (26,6 millones de pesos) e Ileana Salazar Penagos (2,2 millones), accionistas de la firma Connect Telecom; Eduardo Valenzuela Guzmán (7,7 millones), identificado por Hacienda como piloto de Álvarez Puga; Edgar Joel Tapia Escoto (2,2 millones), apoderado de la empresa que construyó la “casa blanca” de Peña Nieto; Juan Ignacio Rivero Celorio (un millón), directivo en el Colegio de Contadores Públicos de México, y Miguel Marengo Canales (1,2 millones), identificado como testaferro de Miguel Ángel Yunes Linares, exmilitante de PAN, hoy aliado de Morena.
Figuran también exfuncionarios públicos, como José Omar Gutiérrez Bayardi (1,4 millones de pesos), directivo en la presidencia de la República y en el IMSS en el sexenio de Felipe Calderón; Leonel Daniel Ortiz Noriega (350.000 pesos), director de Recursos Materiales de la Secretaría de Salud del Estado de Sonora durante la gestión de la priista Claudia Pavlovich; Patricio de la Peña (80.000 pesos), secretario del Trabajo en el Gobierno del priista Roberto Borge en Quintana Roo, y exesposo de la cantante y actriz Mariana Ochoa; Juan Rojas Nájera (65.000 pesos), exdirector del Vinculación Interinstitucional del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), y el notario 79 de Ciudad de México, Gerardo González Meza (83.000 pesos).De todos estos beneficiarios, las autoridades solo apuntaron a Álvarez Puga, considerado el gran arquitecto del entramado facturero, y a Gómez Mont, su presunta cómplice, así como a un puñado de funcionarios medianos de la Secretaría de Gobernación y testaferros.
Testaferros en México y EE UU
Álvarez Puga, nacido en Chiapas en 1975, comenzó su imperio de la mano del contador oaxaqueño Sergio Castro López. Socios en varias firmas de asesoría, ayudaban a los patrones a subcontratar a sus trabajadores mediante esquemas de outsourcing para eludir los pagos al seguro social, uno de los mayores fraudes fiscales en México. Al negocio entró el hermano de Álvarez Puga, Alejandro, y juntos fundaron decenas de compañías. Su despacho, Álvarez Puga & Asociados, fue auditado en 2010 por el SAT, el órgano recaudador, por los indicios de corrupción, pero la acometida no tuvo éxito.
Fue en esa década cuando Álvarez Puga dio el salto al fraude de las factureras. Este modelo criminal consiste en la creación de empresas que, sin tener la infraestructura ni recursos, simulan vender bienes o prestar servicios, e incluso emiten comprobantes fiscales que sirven para justificar las enormes cantidades de dinero que entran y salen por sus cuentas o para deducir impuestos.
Se trata de un hoyo negro por el que se drenan millonarios recursos del fisco y uno de los grandes retos de México en materia de combate a la corrupción. En el sexenio de López Obrador, la autoridad hacendaria identificó a Álvarez Puga como el cerebro detrás del monumental negocio de las factureras e intentó atajarlo remando a contracorriente, debido a la red de complicidades tejida por el abogado con altos funcionarios del Gobierno y del Poder Judicial.
Un juez ordenó la captura de Álvarez Puga y Gómez Mont en septiembre, y, un mes después, la Interpol emitió una ficha roja para su arresto en el extranjero. El matrimonio se fugó a Florida, donde, gracias a un grupo de operadores y prestanombres, construyeron una fortuna inmobiliaria, que EL PAÍS ha ido documentando.
Una figura clave ha sido Jonathan Choghi, mexicano asentado en Florida, donde trabaja formalmente para un bufete que canaliza inversiones extranjeras. Desde 2013, Choghi ha constituido empresas para adquirir los lujosos inmuebles que habitan Álvarez Puga y Gómez Mont. Por ejemplo, Choghi fue administrador de LaGorce 64 LLC, con la que la pareja compró la mansión que perteneció a la cantante Cher en la década de los noventa; también figura en la empresa 4985 Stables LLC, a través de la cual se adquirió una mansión en la villa de Wellington, en el condado de Palm Beach.
La relación con Chogui trasciende fronteras. En México, este hombre aparece en las listas de pago de la facturera Gupea Construcciones, que le transfirió 169.120 pesos. Además, la Secretaría de Hacienda lo identifica como apoderado de la firma Acción y Evolución, S.A. de C.V., que reporta pérdidas millonarias al fisco para evitar el pago de impuestos. Otro de los vínculos en EE UU es Andrea Morán, cuñada de Álvarez Puga. En 2022, el letrado y su esposa enfrentaron una demanda civil por la hipoteca de una mansión en el exclusivo vecindario Town & Ranch Estates, condado de Miami. Gómez Mont adquirió ese inmueble en 2021 a través de una firma fachada. En 2023, la transfirió a la compañía JBL Global Properties Corp., que preside Andrea Morán, esposa de Alejandro Álvarez Puga.
En diciembre de 2017, una nota de la revista de sociales Quién reportaba la boda de Morán con el hermano de Álvarez Puga. Asistieron Gómez Mont, su amiga Galilea Montijo y el entonces marido de esta, Fernando Reina. Gómez Mont y su esposo llevaban hasta entonces una doble vida: la más visible, la que mostraban las revistas del corazón y de espectáculos.
La presentadora tenía también una faceta como altruista. Constituyó la Fundación Inés Gómez Mont Arena A.C., que daba “acompañamiento emocional” a madres solteras. La ONG era copresidida entre Gómez Mont y Nora Peraza Chavarin, quien figura en la nómina de Gupea Construcciones, donde cobró 2,6 millones de pesos. Hay una gran cantidad de beneficiarios de los negocios del letrado cuyo nombre aún se desconoce. El terremoto Álvarez Puga está por sacudir a las elites de México.
Con informacion: ZEDRIK RAZIEL/DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/
Lo que ocurre dentro del Cártel de Sinaloa,esa guerra interna que parece eterna y que inicio formalmente desde septiembre de 2024, no es solo una guerra por el control del territorio; es una ópera macabra del cerebro humano en su versión más primitiva. Una desinhibición masiva del córtex prefrontal y un festín del sistema límbico. Los asesinos, los operadores, los halcones: cada uno es un mamífero con dopamina al rojo vivo, persiguiendo la dosis que solo da la venganza.
La ira —ese neurotransmisor con botas— se convirtió en mecanismo de cohesión. La teoría del reforzamiento operante lo explica: cada acto de violencia produce una descarga de poder, un estímulo que refuerza la conducta. De ahí que más de 2,410 muertos y 2,834 desaparecidos no sean solo cifras, sino registros de aprendizaje neuronal. Matan, sienten alivio, y su cerebro graba: “hazlo otra vez”.
En las jerarquías del narco la empatía es un lujo tóxico. Suprimirla permite que el núcleo accumbens funcione sin freno. Lo que la psicología llama “disonancia moral” en ellos no existe: el entorno moldeó cerebros donde el miedo se procesa como debilidad, no como protección. Por eso robar más de 8,517 autos violentamente no es un problema ético, sino un reflejo condicionado de dominio: el vehículo mas que transporte y combustible del Cartel, es un tótem de territorialidad.
En esa tormenta, el liderazgo se redefine: gana quien interprete mejor los códigos de sumisión y terror. En términos neurobiológicos, mandan quienes activan más dopamina en los demás. La guerra no se detiene porque sus cerebros no pueden soltar el ciclo de estímulo y recompensa: venganza, sangre, dominio, y de nuevo venganza.
La tragedia mexicana, no solo de Sinaloa, es que estamos viendo una regresión colectiva: el Homo sapiens convertido en Homo reptilianus, un animal territorial con armas largas. Lo que debería ser civilización se ha convertido en la extensión más sofisticada de la amígdala cerebral: un país que piensa con el miedo y actúa con el odio.
La guerra no se va acabar hasta que se acaben, bajo un comun denominadora autoridad no la frénala atiza». Miembros del Cartel se han causado tanto daño, que dejo de ser opcional reconciliarlos,como lo pretendido el gobierno y sus autoridades al principio del desorden que causó el mismo gobierno moreno-narco de Ruben Rocha Moya.
No fue un secuestro,antes hubo una pelea politico-moreno-criminal por un poder ya polarizado que propició una reunion entre bandos de una misma banda con diferentes jefes que convocaron a arreglar diferentes,pero una faccion decidio arreglarlo con los_esos en vez de los sesos.
