El descaro con el que el Cártel de Sinaloa afronta la amenaza de una intervención militar directa de EE.UU en México,a decir del New York Times, es la prueba más rotunda de que los capos del narco no sólo le perdieron el miedo a la estrategia militar en Mexico,tambien a los EE.UU. Mientras en Washington y Nueva York algunos ven Marines desembarcando en Topolobampo para «cazar» narcotraficantes —¡que sería un honor, como dice el presidente Trump, en Culiacán el comentario entre narcos es otro: ¿intervención militar? Bah, ¡ni nos va ni nos viene!.
Más ocupados en sus broncas que en Trump
Capos del cártel, abordados por The New York Times, despacharon el asunto con la serenidad del que lleva décadas jugando con fuego y no se quema. Están demasiado ocupados en sus guerras intestinas, viendo caer a sus propios compañeros y calculando alianzas, como para perder el sueño por amenazas de bandera ajena. En sus palabras: «no temen una intervención estadounidense. Están más centrados en un conflicto en curso dentro de sus filas».
El Estado mexicano y la “amistad” millonaria
Funcionarios de la administración Sheinbaum tampoco se arredran y, fieles a la diplomacia del nuevo siglo, repiten el mantra: cooperación binacional. «La cooperación entre los dos países, dicen se ha vuelto demasiado sólida.
El cinismo sinaloense y el escepticismo nacional
Quizá lo más cínico sea escuchar, directo desde la trinchera narca, la fe casi religiosa en que «Sheinbaum no lo permitiría» y la resignación ante la volatilidad estadounidense. La guerra, para el Sinaloa, está adentro, no afuera. Un operativo de seguridad para el cártel lo resumió sin rodeos: “temía poco una intervención estadounidense porque creía que Sheinbaum no lo permitiría”.
«…Un miembro del cártel, un operativo de nivel medio de 39 años que supervisa las operaciones de seguridad en Culiacán, bastión del grupo, dijo que temía poco una intervención estadounidense porque creía que Sheinbaum no la permitiría. “Nunca ocurrirá”, dijo. “No puede hacerlo”, añadió refiriéndose a Trump.»…The New York Times/
Así, la verdadera desfachatez del Cártel de Sinaloa no está en su poder de fuego o poder corruptor, sino en el modo en que se permite ignorar, casi burlarse, de la histeria geopolítica, confiando en que ni siquiera el rugido trumpista puede torcer la lógica de los dólares ni romper la rutina de la impunidad.
La aduana de Matamoros nunca decepciona cuando se trata de dar espectáculo. De un lado del puente, el “glorioso” Guardia Nacional —ese soldado con alma de cajero automático— se declaró culpable en Texas por dejar pasar trocas robadas… seis veces al día. Todo por la módica propina de 150 dólares. Así de barato se rentaba el patriotismo en la frontera: unos billetes verdes y el uniforme se convierte en pase VIP para el crimen.
Y mientras tanto, en el mismo teatro pero distinto acto, otro genio del volante decidió probar suerte en el Puente Internacional Puerta México,tambien en Matamoros. A bordo de una flamante Ford Raptor, intentó burlar la revisión aduanal tambien a cargo de la Guardia Nacional ,brincando un muro de concreto, no lo lo logró y quedó atorado como tamal en vaporera.
Los agentes —compañeros de armas del “glorioso” de los 150 dólares— empezaron a usar la táctica de apedrear la camioneta para obligarlo a salir. Nada,hasta que uno con vocación de demoledor, le pegó con un marro al cristal polarizado y logró sacar al valiente conductor, que terminó entregándose y fue a dar a la FGR.
Doble función, misma aduana: un corrupto que cobra por abrir la puerta y un loco que intenta derribarla, pero le salio el tiro por el mazo.
La Fiscalía General de la República (FGR) y un juzgado federal en Almoloya de Juárez advirtieron que una red criminal integrada por funcionarios y elementos activos de la Secretaría de Marina podría continuar operando a favor del huachicol fiscal, tener acceso a recursos económicos, armas, rutas marítimas y tecnología que les permite mantenerse ocultos, obstaculizar la justicia y seguir obteniendo beneficios ilícitos.
De acuerdo con la causa penal 325/2025, a la que La Silla Rota tuvo acceso, el juez federal ordenó la captura de trece personas acusadas de delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, conforme a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Entre los señalados se encuentran Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, Clímaco Aldape Utrera, Miguel Ángel Solano Ruíz, Humberto Enrique López Arellano, Francisco Javier Antonio Martínez, Sergio Varela Morales, Carlos de Jesús Estudillo Villalobos, Fernando Ernesto Magaña Gutiérrez, Endira Xóchitl Palomo Chávez, Perla Elizabeth Castro Sánchez, Anatalia Jocelyn Gutiérrez Gutiérrez e Ismael Ricaño Matías, quienes, según el expediente, habrían conformado una estructura jerárquica dentro de aduanas marítimas como Tampico, Altamira, Guaymas y Ensenada, utilizada para facilitar la importación ilegal de hidrocarburos desde Estados Unidos mediante documentos falsos y empresas fachada.
Denuncias por huachicoleo, desde 2019
Aunque existen denuncias internas desde 2019 por tráfico y venta ilegal de combustibles en puertos del país, la orden de aprehensión por el huachicol fiscal fue emitida hasta el 18 de agosto de 2025, y no fue sino hasta septiembre cuando el caso se dio a conocer públicamente. En ese mismo mes, de acuerdo con información de la Secretaría de Marina obtenida por La Silla Rota un exfuncionario presentó una denuncia a través de un correo electrónico.
La Secretaría de Marina respondió a una solicitud de información en la que reconoció haber recibido reportes por actividades ilícitas relacionadas con huachicol y contrabando marítimo, incluso en Matamoros, pero afirmó que no existían investigaciones ni sanciones administrativas contra su personal, y que no había presentado denuncias ante la Fiscalía General de la República por robo de hidrocarburos entre 2019 y 2024.
La estructura huachicolera
Por otra parte, el documento de la FGR detalla que los acusados cuentan con entrenamiento militar y poder económico, además algunos siguen en funciones dentro de la Secretaría de Marina y la Agencia Nacional de Aduanas de México, lo que les otorga acceso a información de seguridad nacional, tecnología y personal capaz de manipular pruebas o intimidar testigos.
«Estamos en presencia de una organización criminal que a la fecha se encuentra operando, la cual despliega conductas para su protección y continuar funcionando”, señala la resolución judicial, que justifica la emisión de las órdenes de captura sin audiencia previa debido al alto riesgo de evasión y obstaculización de la justicia.
La causa penal concluye que los implicados conforman una estructura delictiva de alto nivel, con capacidad para seguir operando incluso durante el proceso judicial. Por ello, el juzgado ordenó su traslado a centros federales de máxima seguridad: los hombres al Cefereso 1 “Altiplano”, en el Estado de México, y las mujeres al Cefereso 16 Femenil Morelos, en Coatlán del Río. El juez determinó que la única medida viable para garantizar la justicia y evitar la manipulación del proceso era la aprehensión inmediata, al considerar que “las condiciones de riesgo hacen imposible su citación o comparecencia voluntaria”.
Además, la resolución vincula a la red con los homicidios del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar y la agente de la FGR Magaly Janet Nava Ramos, ocurridos en Manzanillo, Colima, con apenas dieciocho días de diferencia, en noviembre de 2024. Ambos fueron asesinados con armas calibre 9 milímetros y bajo un modus operandi similar: dos hombres a bordo de una motocicleta, acompañados por un vehículo de apoyo. Las víctimas, según el expediente, mantenían vínculos laborales o familiares con personal de la Marina y agencias aduanales.
De acuerdo con la causa, Guerrero Alcántar fue ejecutado tras haber denunciado por escrito una red de corrupción dentro de las fuerzas armadas y el sistema aduanero. El juez advierte que los homicidios revelan “un riesgo claro para los operadores de justicia, testigos y peritos”, pues los investigados cuentan con “economía abundante, adiestramiento militar, conocimiento de rutas marítimas y contactos dentro de instalaciones estratégicas de seguridad nacional”.
El caso, contenido en la carpeta FED/FEMDO/FEIORPIFAM-CDMX/0000568/2024, forma parte de una investigación más amplia sobre una red de corrupción y contrabando de combustibles que habría operado desde distintas aduanas del país con protección institucional. Las autoridades consideran que los responsables podrían haber continuado sus actividades incluso durante la investigación judicial.
A un mes de haber tomado el timón de la justicia federal, estos flamantes Jueces y Magistrados electos gracias a la reforma judicial del Gobierno,impulsada por acordeones,parecen más personajes de una tragicomedia burocrática que guardianes de la ley. El remedo de remedio esta muy lejos de lo prometido y resultó ser un desfile de improvisados, pasantes con toga y burócratas reciclados que confunden el Código Penal con el reglamento interno de su gimnasio.
Ni el manual, ni la lógica, ni la vergüenza asisten a estos nuevos “adalides” de la justicia. Entre tropiezos, recesos indefinidos y sentencias dignas de un taller de stand-up jurídico, lo único que han defendido con firmeza es su militancia guinda y sus fotos en redes. Ahí donde debería estar la experiencia profesional, hay selfies y “outfits de la semana”.
Daniel Olvera, alias “El Becario”, es quizá el perfecto emblema del naufragio. Con 26 años y la mitad del título colgando de las prácticas en la Secretaría de Cultura, llegó al estrado para perderse entre folios y preguntarle al Ministerio Público cómo cerrar un caso. De sus recesos improvisados bien podría salir una obra: La pausa eterna.
Otros, como la jueza que en Durango logra que cualquier cosa que digas sea usada en tu contra… o en tu contra, parecen desconfiar hasta de su propio libreto judicial. Mauricio Alafita prefiere que su secretaria le explique los asuntos; Barbosa Colunga en Guanajuato mezcla convenios de La Haya con causas civiles como si fueran ingredientes para una sopa legal imposible.
Y mientras unos se pierden entre leyes mal citadas, otros hacen del tribunal pasarela: Priscila Valencia Ortega se vende como “jueza fashion” entre rutinas de gimnasio, peleando con críticas que confunde con violencia de género, cuando el verdadero crimen está en su currículum flaco y en sus resoluciones aún más ligeras.
En Guerrero, Ángel Suazo Rodríguez viene armado… de rifles y aspiraciones políticas, buscando pasar de impartir justicia a encabezar derechos humanos. Y como guinda del pastel, Edgar Meza Mendoza en materia laboral se presenta en mitines morenistas enfundado en camisetas de campaña, abrazando el concepto “Juez del Bienestar” como si la toga fuera el uniforme de partido.
Lo que debió ser una reforma para blindar la justicia se ha convertido en un laboratorio de ocurrencias, amiguismos y errores de principiante. Y mientras estos nuevos magistrados y jueces juegan a ser autoridad, el país sigue esperando que la ley vuelva a ser algo más que una farsa con logotipo y hashtag.
Mexicanos, les tenemos una primicia. Ya quedó al descubierto quién es el padre del huachicol fiscal y del huachi-diésel, el articulador del mayor saqueo en la historia del México moderno. Su nombre: Andrés Manuel López Beltrán, mejor conocido como “Andy”, el hijo de Andrés Manuel López Obrador.
Investigaciones de inteligencia nacionales y extranjeras desplegadas durante meses -y a las que Código Magenta tuvo acceso- dejan al descubierto toda una red de 27 amigos y cómplices sembrados en los altos mandos por el hijo del ex presidente que les prometió a los mexicanos desterrar la corrupción de la que hoy -su vástago- es el corrupto y corruptor insignia.
Son expedientes que exhiben como “Andy” -el hoy secretario de Organización de Morena- creó con su círculo íntimo, en las entrañas mismas de Pemex, toda una red de funcionarios incondicionales que controlan, todavía hoy, los permisos de importación de combustibles y operan el entramado jurídico y fiscal que permite el tráfico ilegal de cientos de millones de litros de huachicol fiscal y huachi-diésel. Los articuló de la mano de cuatro personajes: Daniel Asaf, Marcos Herrería, Octavio Romero, Rogelio Hernández, María Guadalupe Hernández, Ángel Carrizales y Abraham Alipi Mena, entre otros. Todo en perjuicio del fisco y de la quebrada paraestatal, que hoy es calificada como la corporación petrolera más endeudada y más saqueada del planeta.
Se trata de una bien armada telaraña de complicidades y de protección oficial con el beneplácito de la familia presidencial, que habría dejado en seis años unos 55 mil millones de dólares en ganancias ilícitas que acabaron en los bolsillos de un puñado de políticos morenistas, transportistas del ilícito combustible, empresarios gasolineros que se prestaron a vender el botín, factureros que blanquearon esos dineros y -por supuesto- para el fondeo que de ese huachicol fiscal salió para financiar electoralmente al partido Morena, con la consigna de asegurar y acrecentar su permanencia en el poder, como sucedió en 2021 y 2024.
Con esas ganancias que fueron a parar a los bolsillos de corruptos particulares podría haberse pagado la mitad de la deuda total de Pemex. O se podrían haber cubierto todos los adeudos de la paraestatal con miles de proveedores, y se habrían subsanado los desequilibrios fiscales con la transferencia millonaria de recursos de la mermada Hacienda nacional y que tienen postradas a las finanzas nacionales, obligándola a contratar nuevos préstamos públicos.
Lo que a partir de hoy y en los próximos días les presentamos aquí, en Código Magenta, busca dejar en claro que, desde el corazón de la familia presidencial de Andrés Manuel López Obrador -y con el apoyo cómplice de nueve personajes de su círculo más íntimo-, se fue tejiendo la red corrupta de 27 funcionarios para operar el mayor contrabando del que se tenga memoria en nuestro país. Una operación que, además, exigió las complicidades de la dirección de Aduanas, de las secretarías de Defensa y de Marina, de la Guardia Nacional y de las policías estatales que custodiaban a su paso el traslado de ese contrabando.
La investigación incluirá también la revelación de multimillonarios contratos asignados sin licitación, como el de rentar a una empresa favorita un barco chatarra por 10 años, pagando por ese “servicio” 15 mil millones de pesos.
Andrés Manuel López Beltrán, Daniel Asaf, Marcos Herrería, Octavio Romero y ahora Luz Elena González -todos, curiosamente, originarios de Tabasco, todos incondicionales de las familias López Obrador y López Beltrán- integran la punta de lanza de esa red que hicieron posible que, en cientos de miles de pipas, en miles de furgones de ferrocarril y en decenas de buques-tanque, se desquiciara todo el sistema nacional de combustibles. Cuatro de cada 10 litros de las gasolinas y del diésel que hoy se consumen en México son huachicol fiscal y huachi-diésel. Más del 30 por ciento del diésel con el que operan hoy las plantas generadoras de energía de la CFE es de contrabando, facturado un 400 por ciento por encima de lo que se pagó por ese diésel en los Estados Unidos.
Fue esa Mafia Negra de Pemex, con tabasqueños incondicionales de las familias López Obrador y López Beltrán, quienes reemplazaron la venta tradicional de combustibles por una red de contrabando originada en Estados Unidos y de la que Andrés Manuel López Beltrán -el ya innombrable “Andy”- fue su promotor, su gestor, su articulador, su custodio y su principal beneficiario. Nada que su padre, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador no conociera. Nada que su padre, el prócer de la Cuarta Transformación, el que prometía no robar, no mentir y no traicionar al pueblo, no hubiese autorizado.
Aquí, en Código Magenta, te revelamos a partir de mañana los detalles de la Mafia Morena de Pemex y su modus operAndy, una historia que dibuja de cuerpo entero cómo, desde las entrañas de la familia presidencial, se gestó el mayor saqueo al Erario en la historia del México moderno.
Visiblemente fastidiada de tener que defender acciones y actitudes de sus compañeros, la presidenta ha manifestado en unos cuantos días su cansancio por salir en defensa de abusos, excesos, desplantes y provocaciones de los que en algún momento fueron miembros distinguidos de “el movimiento”, que es como le dicen.
A la pregunta concreta sobre la actitud del senador Adán Augusto López –envuelto en escándalos de crimen y corrupción- que se puso a ver un partido de fútbol en su pantalla mientras comparecía el secretario de Hacienda, la presidenta contestó con claridad y molestia: “Ya no me voy a meter en eso”. Si alguien se pregunta ¿y qué es eso? Pues ni más ni menos que proteger estilos de vida muy lejanos a ella. Lo que condenaba en los neoliberales es ahora donde se mueven con alegrías sus compañeros: el lujo, el derroche, la impunidad y la prepotencia.
No debe ser fácil para ella desgastarse en defender lo que en el fondo condena y le repugna. Que si Adán nombró a un criminal, en seguridad, que si debe millones de impuestos, que si mintió en su declaración patrimonial, que si el senador se dedica a provocarla una y otra vez. Más que el capital que pierda en esa defensa –no parece que la imagen de ella se vea afectada por las tropelías de sus compañeros- es el desgaste personal de tocar temas reservados para sus adversarios y que ahora son la nota cotidiana de sus mañaneras. Si, como dice el refrán, la política es el arte de tragar sapos, tampoco es una actividad que se tenga que hacer a diario y, por supuesto, cada quien escoge qué sapos traga y cuáles escupe.
Lo mismo en el caso del senador Gerardo Fernández Noroña, un político que se ha ganado a pulso el desprecio de propios y extraños, que no deja de llamar la atención con sus exabruptos como si se tratara de un niño que quiere que sus padres le presten atención. En estos días, aparecieron imágenes del legislador en un avión particular, gasto que evidentemente no puede justificar. En su defensa, terminó refugiándose en palabras presidenciales a manera de provocación. Al ser cuestionada al respecto, la mandataria mostró estar hasta la madre del sujeto y dijo con evidente molestia: “Ya, ya, ya, ya. No voy a entrar en debate con él. Ya, que a cada quien nos evalúe la gente”.
Se entiende el fastidio. Pero uno de los problemas está precisamente en las famosas mañaneras. Ella pone sus temas, claro, y es conveniente para su gobierno, pero también se ve obligada a contestar lo que se le pregunta y, en eso sí, ella no puede definir qué asuntos son de interés público. Así, Adán Augusto, Noroña, los Monreal, Gutiérrez Luna y su dato protegido, Mario Delgado, y un largo etcétera. Llevamos desde comienzos del verano en un torbellino de escándalos, frivolidad y corruptelas que no parece tener fin. Para colmo, esta semana nos enteramos que la que fuera vivienda austera de López Obrador en Copilco es ahora la bodega del arte que compra Andy, el hijo que quería ser como su papá. Parece que ese hombre no tiene llenadera para el despilfarro y la banalidad. Lo que anunciaron como un movimiento transformador está convertido en la cueva de Alí Babá.
De nada sirve ponerlos en un corral durante un evento si tiene que salir una y otra vez a encubrirlos y protegerlos. Es probable que la presidenta tenga que “hablar de eso” muchas veces más, porque sus compañeros insisten en la desmesura y la insolencia. Por más que Sheinbaum lo ha intentado, el tema lleva instalado meses y es así como se quedan los temas que definen gobiernos.
El gobierno de Tamaulipas presumio un Presupuesto de Egresosmonstruoso para 2025: $77,363,520,638 pesos que, en teoría, deberían garantizar servicios, obras y bienestar para sus ciudadanos. Pero en la letra pequeña —esa donde siempre se esconden los trucos— aparece el rubro 3600 “Servicios de Comunicación Social y Publicidad”, una bolsa que deberia ser de $1,984,405.03 pesos ,pero que incrementan a capricho y es administrada por Francisco «Paco» Cuéllar Cardona, actual zar de la propaganda oficial, que resulta ser una copia al carbon del otro «Paco con Pacas» que sirvió con el mismo propósito al no menos peligroso poder corruptor de medios del CDV.
Que dice el IMCO:
«Existen variaciones sistemáticas, generalizadas y significativas entre los montos que aprueban los congresos locales en los presupuestos de egresos estatales y los que gastan las secretarías de finanzas locales.
En 2023, 24 entidades gastaron más de lo autorizado para Comunicación social y publicidad, destacan los casos de Tamaulipas (1,245%), Veracruz (1,187%) y Tabasco (748%).»….IMCO
La transa por delante
La belleza de este mecanismo radica en su “paradoja”: se usa dinero público para convencer a los mismos contribuyentes de que su gobierno es eficiente, honesto, benevolente y que si combate al crimen organizado, cuando en realidad ese discurso pagado es, una ficción financiada por ellos mismos y tambien termina enriqueciendo a ellos mismos y sus familias, pues «el que parte y reparte,siempre se queda con la mayor parte».
Es el clásico «chayote, embute o cochupo institucional”,maquillado con facturas que —si se revisan a fondo— podrían revelar precios inflados, conceptos inútiles y servicios tan nebulosos que solo existen en papel.
Hasta ahi pareciera que todo es trasparente y que hasta se publicita, pero hay otros datos,el Centro de Informacion y Politicas Publicas del IMCO ha publicado informacion que exhibe los «Gastos Sin Control en los Estados» ,que dejan ver la discreciónalidad con que las entidades administran como les de la gana el dinero en materia de comunicación social sin respetar lo aprobado, y uno de ellos es Tamaulipas con incrementos bestiales.
La mecánica del cochupo disfrazado
Aunque al final los montos no coinciden,pues gastan sumas estratosféricas que rebasan el dinero presupuestado, las cifras sirven como mero referente para explicar la mecánica corrupta de los corruptos con disfraz humanista:
Difusión en radio, TV y medios “sobre programas gubernamentales”: $1,364,989.51 Aquí se contrata tiempo en medios para repetir, cual mantra, que todo va bien. Entrevistas a modo, notas blandas y spots que parecen campañas electorales encubiertas. El contribuyente paga por ser persuadido.
Mensajes comerciales para promover bienes o servicios oficiales: $93,600.04 Un gasto menor, pero más cínico: vender la idea de que el gobierno es también marca premium. Aquí cabe desde la promoción turística hasta los infomerciales de obras que solo existen en renders.
Creatividad, preproducción y producción (excepto internet): $186,816.99 Porque montar un discurso necesita guionistas, camarógrafos y editores… aunque se acabe contratando “productoras amigas” con facturas generosas y resultados mediocres.
Servicios de revelado fotográfico: $16,714.49 El toque vintage del gasto. Revelar fotos en plena era digital suena más a excusa que a necesidad real. Perfecto para justificar pagos a proveedores fantasma.
Servicios fílmicos, de sonido y video: $60,204.00 Vídeos con dron, cortos institucionales y spots triunfalistas, listos para circular en redes con narrativas cuidadosamente controladas. Lo pagas tú, pero el mensaje lo dicta el poder.
Otros servicios de información: $262,080.00 El cajón de sastre ideal para esconder pagos difíciles de rastrear. Consultorías “especializadas”, monitoreos inexistentes o informes que nadie lee.
La ironía final
Se parte de un principio perverso: el dinero de los ciudadanos, de la sociedad en su conjunto, se canaliza hacia un aparato de propaganda que, con sonrisas y jingles, fabrica una realidad alterna. El contribuyente financia su propio engaño, mientras en las oficinas se pulen las facturas y se juegan contorsiones legales para que todo parezca legítimo.
La obra pública puede esperar; el verdadero proyecto del año es mantener viva la narrativa oficial que aun y con todos los recursos ha sido inutil con el gobierno de Morena de Americo Villarreal,pues el evitar que le peguen, pagando, claramente no esta funcionando, pues las manchas del gobernador superan las capacidades de cualquier detergente mediatico.
Este gasto es minúsculo frente al presupuesto total, pero no es cosa de montos, sino de prácticas: es el recordatorio de que, incluso en cantidades “insignificantes”, el poder puede torcer las reglas para asegurarse el control del discurso, ese que en Matamoros esta a cargo de alfil del Cartel del Golfo.
***La informacion fue publicado en el Decreto No. 66-118, que expide el presupuesto de egresos 2025, publicado el 20 de diciembre de 2024 en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas. El desglose por capítulos puede consultarse en las páginas 45 y 82-83, donde se especifica el gasto de comunicación social que no respetan, bajo el rubro 3600. transparencia.tamaulipas
La Presidenta Claudia Sheinbaum enfrentó ayer reclamos por parte de los damnificados en su visita a Poza Rica, Veracruz, una de las zonas más afectadas por las inundaciones, por lo que amagó con retirarse.
«¡No sirves para nada, ni la Gobernadora (Rocío Nahle). No está haciendo nada la Gobernadora!», gritó uno de los afectados por las tormentas mientras la Mandataria atendía a un grupo de personas en compañía de Nahle.
La visita de Sheinbaum a Poza Rica, Veracruz, dejó claro un énfasis en su presencia federal, pero también exhibió una dinámica de confrontación y gestión que complicó la percepción de la respuesta oficial ante las inundaciones.
Desarrollo de los hechos
Reclamos directos de damnificados
En Poza Rica, vecinos y afectados cuestionaron no solo las acciones del gobierno estatal, sino también la capacidad operativa de la administración federal para coordinar ayuda inmediata.
Uno de los gritos más contundentes fue “no sirves para nada, ni la Gobernadora. No está haciendo nada la Gobernadora”, subrayando la frustración por la aparente falta de respuestas concretas en la zona.
Intervención y promesas de paciencia
Frente a la presión, la mandataria hizo un llamado a la paciencia: “tantita paciencia, porque no todo se puede arreglar en un segundo”.
A la vez, enfrentó cuestionamientos sobre la penetración de decisiones y la velocidad de la respuesta ante fallecidos y desaparecidos, lo que generó un contraste entre la retórica de acción y la realidad en el terreno.
Tensiones con el joven denunciante
Un estudiante de la Universidad Veracruzana denunció la desaparición de tres compañeros y exigió que la presidenta viera las fotografías de las víctimas.
En un intento por hacerse escuchar, la joven dejó entrever la frustración ante una respuesta que no parecía culminar en acciones visibles, mientras Sheinbaum insistía en mantener el orden y continuar con la agenda de la visita.
El caso de Marco Antonio Leal, empresario de Tampico desaparecido en Reynosa el pasado jueves, no es una excepción trágica: es la estadística 13,583 del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNLO) que AVAnza vertiginosamente y que nos deja ver a todos,que lo que vende el gobierno infame de Morena y Americo Villarreal como “avance en seguridad” se desmorona con una sola cifra que revela el tamaño del horror en Tamaulipas ,atizado,solapado y auspiciado por un ente politico que decidió transitar su gobierno por el mismo camino del crimen organizado.
Porque Leal no “se perdió”:fue desaparecido en un estado donde miles han corrido la misma suerte, mientras el discurso oficial se llena de excusas, comités, mesas de seguridad, reuniones de coordinacion,entrega de patrullas,presuncion de cifras y promesas sin hallazgos.
Hablar de un “caso” sería reducirlo al absurdo —como si el número 13 ,583 no gritara por sí solo que aquí no se trata de un hecho aislado, sino de un patrón sistémico de impunidad que prevalece en torno al Cartel del Golfo.
Una organización criminal que lo mismo cena, que se reúne personalmente en persona con el gobierno de Villarreal Anaya.
Reynosa vuelve a ser noticia no por progreso, sino por el eco repetido de la misma tragedia.
Que pide la FECANACO:
La Federación de Cámaras Nacionales de Comercio de Tamaulipas expresó su profunda preocupación y solidaridad ante la desaparición del empresario Marco Antonio Mariño Leal, y vicepresidente de Seguridad de la Fecanaco, reportada por la Fiscalía General de Justicia del Estado.
Abraham Padrón Rodríguez, presidente de la Fecanaco, destacó que confían en el trabajo de las autoridades para que el empresario pueda ser localizado con bien a la brevedad.
Según la ficha de búsqueda, Mariño Leal, residente de Tampico, viajó a la frontera norte el pasado jueves 9 de octubre para supervisar operaciones de una empresa de seguridad privada de su propiedad, la cual presta servicios en diversos municipios de la entidad.
Sin embargo, ese día se perdió contacto con él alrededor de las 15:00 horas, tras realizar recorridos de trabajo en la ciudad Reynosa.
El dato oficial del RNPDNLO no solo documenta: indicta. Cada desaparecido es una evidencia más de que el Estado ha normalizado la desaparición como si fuera parte del paisaje político humanista de Tamaulipas.
