LA “LISTA de ALPIZAR”: “EX-MINISTRO PRESIDENTE de SCJN CORRUPTO y CORRUPTOR TRAICIONÓ la JUSTICIA para FAVORECER al GOBIERNO y MORENA”…cercano a Sheinbaum es artifice en la elección judicia

La investigación sobre la llamada “lista de Alpízar” y las presiones ejercidas desde el Poder Judicial durante la presidencia de Arturo Zaldívar arroja luz sobre prácticas que ponen en entredicho la independencia judicial en México y de los entes justicieros aliados de Morena y ahora del gobierno de Claudia Sheinbaum .

En los pasillos del Poder Judicial Federal, una red de influencias tejida desde la oficina del exministro presidente Arturo Zaldívar-y operada por su mano derecha, Carlos Alpízar-sometió a jueces y magistrados a presiones inéditas. 

Expedientes estratégicos, sentencias bajo la lupa y decisiones dictadas desde las más altas esferas: así se gestó el mecanismo que, según denuncias y documentos, torció la balanza de la justicia para favorecer al gobierno de López Obrador, a Morena y a intereses particulares. Un capítulo oscuro de la justicia mexicana que hoy sale a la luz.

La paradoja evidente

Morena,que ha criticado durante años las prácticas de cooptación y manipulación del Poder Judicial,sumó a sus filas precisamente a este ente corrupto y corruptor. Zaldívar ha sido encargado de coordinar la política y la implementación de la reforma judicial en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Así, el discurso de regeneración y combate a los vicios del pasado se diluye ante la incorporación de un personaje que representa, precisamente, las prácticas que Morena y la Presidenta,dicen combatir de dientes para afuéra.

Este caso subraya la importancia de la transparencia, la rendición de cuentas y la vigilancia periodística para salvaguardar la autonomía del Poder Judicial y el Estado de Derecho.

Que ocurrió sin que nada ocurriera contra los responsables

Entre 2019 y diciembre de 2022, durante la presidencia de Arturo Zaldívar en el Poder Judicial Federal, se consolidó una relación estrecha con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Según el libro El ministro del poder. Un infiltrado en la 4T de Hernán Gómez Bruera, esta cercanía se tradujo en presiones a magistrados y jueces federales para obtener resoluciones favorables al gobierno o a intereses particulares.

El papel de Carlos Alpízar

Carlos Alpízar, secretario general de la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), fue señalado como el principal operador de este entramado. Alpízar coordinaba el monitoreo y la intervención en litigios de alto perfil, no solo de interés gubernamental sino también en disputas privadas multimillonarias y casos con motivación política. Los testimonios de jueces y magistrados refieren un periodo de presiones “nunca visto” en décadas de ejercicio judicial, donde hasta la SEDENA,ahora DEFENSA,salio involucrada.

Tipos de casos monitoreados

La lista de Alpízar, a la que tuvo acceso el autor, incluye tres categorías principales:

• Prioridades gubernamentales: Litigios relacionados con megaproyectos (Tren Maya, Aeropuerto Felipe Ángeles), reformas legales y expropiaciones, donde se buscaba destrabar procedimientos que detenían obras estratégicas.
• Motivación política: Casos para favorecer o perseguir a políticos y funcionarios, así como venganzas personales. Ejemplo: el seguimiento a procesos contra adversarios de Zaldívar o aliados del gobierno.
• Negocios privados: Asuntos entre particulares, empresas y desarrolladores inmobiliarios, donde se presume que la intervención podía beneficiar a ciertos actores o incluso a los propios operadores.

Ejemplos emblemáticos

• Litigios de infraestructura: Casos de amparos contra la construcción de obras como el AIFA y el Metrobús, donde se buscaba que el gobierno no pagara indemnizaciones elevadas o se destrabaran suspensiones judiciales.
• Casos políticos: Seguimiento a procesos contra exfuncionarios, como la exgobernadora Maru Campos y el exsenador Roberto Gil Zuarth, o la inhabilitación de funcionarios cercanos a adversarios de Zaldívar.
• Intervención en asuntos privados: Litigios de alto valor económico, como la demanda de la familia Sada Salinas por indemnizaciones de terrenos expropiados, o el litigio entre la constructora El Dorado Tlalnepantla y particulares en el Estado de México.
• Presiones a jueces: Testimonios directos, como el de la jueza Sandra Leticia Robledo Magaña, refieren reuniones y llamadas intimidatorias para influir en resoluciones, llegando incluso a amenazas de cambios de adscripción o procedimientos administrativos.

Consecuencias y reacciones

• Alpízar fue destituido al inicio de la presidencia de Norma Piña en la Corte, aunque posteriormente ocupó un cargo en la Secretaría de Gobernación. Zaldívar, por su parte, ha negado las acusaciones y sostiene que nunca presionó a ningún juzgador, calificando las denuncias como una persecución política.
• La denuncia anónima que originó la investigación fue admitida por el CJF, pero la investigación interna contra Alpízar fue cerrada por mayoría de votos, aunque el expediente contra Zaldívar sigue en la Suprema Corte.

Resumen visual de la operación

Categoría de caso	Ejemplo destacado	Mecanismo de presión
Prioridad gubernamental	Amparos contra Tren Maya y AIFA	Monitoreo y presión directa a jueces
Motivación política	Procesos contra Maru Campos y adversarios políticos	Cambios de adscripción, sanciones
Negocios privados	Litigios inmobiliarios y empresariales	Seguimiento y cabildeo en tribunales

Testimonios y contexto

“Nunca en casi 23 años había recibido una llamada de ese tipo o me habían pretendido dar instrucción directa para un asunto de esa naturaleza.”
-Jueza Sandra Leticia Robledo Magaña

La investigación y los testimonios recabados en el libro y en la denuncia anónima revelan un esquema sistemático de presión y monitoreo sobre el Poder Judicial, con consecuencias que alcanzaron tanto a jueces que cedieron como a quienes resistieron las presiones, algunos de los cuales relatan afectaciones personales y profesionales inéditas en su trayectoria.

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Con informacion: LA SILLA ROTA/

“NO VOTES por TANIA NI…por NADIE ?”: EL “ASALTO del CRIMEN ORGANIZADO para CAPTURAR TOTALMENTE el PODER JUDICIAL esta en MARCHA y LIDER del CDG ADVIERTE sera de NOSOTROS”…porque bajo estos gobiernos, siempre se puede estar peor.

El proceso de elección judicial en México que se vivirá el próximo 1 de junio de 2025 en Tamaulipas y el pais ,ha sido calificado, tanto por la prensa nacional como internacional, como un retroceso histórico y un ataque frontal a la democracia que el crimen organizado amenaza con capturar totalmente en Tamaulipas.

La gravedad de la situación exige una reflexión severa y urgente: estamos ante el principio del caos judicial, una fractura institucional que amenaza con desmantelar los últimos contrapesos del Estado mexicano que busca favorecer a un partido gobernante ,que quiere perpetuarse violentando las leyes y usándolas en su beneficio, peor aun,cone sta elección le abre las puertas de par en par al crimen organizado ,que desde ya controla el proceso eleccionario, como ha controlado los demas.

Un modelo inédito y riesgoso

México será el único país del mundo donde todos los jueces, desde los locales hasta los de la Suprema Corte, serán elegidos por voto popular. 

Esta medida, lejos de democratizar la justicia, expone aun mas al Poder Judicial de por si manchado y estará peor porque con estos gobiernos siempre se puede estar peor.

La manipulación política,control de intereses partidistas y criminales, como hoy ocurre con Tania Contreras,candidata a Magistrada del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas,que enseguida sera Magistrada Presidente del Supremo Tribunal de Justicia Estatal por “arte de mafia”.

Y sera tan solo para servir a los intereses de Americo Villarreal y el crimen organizado, que sin tapujos en voz del lider regional del Cartel del Golfo,como lo señaló Ex-Secretario de Defensa al narcoterrorista Octavio leal Moncada,alias el “Viejo Narco”, jefe de plaza en Hidalgo,Mainero,Villagran,San Carlos y paréele de contar y lider de la llamada Columna Armada P.J Mendez, ya advirtio en Tamaulipas:

.”…es muy importante que el poder judicial sea de nosotros”. 

El llamado a NO VOTAR:

La convocatoria a no votar el 1° de junio en la elección judicial refleja una profunda desconfianza y rechazo hacia un proceso que amplios sectores consideran amañado, ilegítimo y peligroso para la democracia mexicana. Este llamado sostiene que participar en la votación solo serviría para legitimar una “farsa” y un sistema que, lejos de fortalecer la justicia, busca someterla al control político y a intereses facciosos.

Los argumentos centrales de quienes promueven el boicot son contundentes:

• El proceso está viciado desde el origen, con candidaturas seleccionadas de manera opaca y excluyendo perfiles incómodos al régimen.
• Se advierte la injerencia del crimen organizado y la manipulación del proceso por parte de Morena y sus aliados, lo que elimina cualquier posibilidad de competencia real y de autonomía judicial.
• La participación ciudadana, en este contexto, sería utilizada como instrumento para validar un retroceso democrático y la concentración de los tres poderes en un solo grupo político, lo que contraviene los principios constitucionales de división de poderes.
• El llamado a “hacer ruido con el silencio” busca evidenciar que la abstención, lejos de ser apatía, es una forma de resistencia activa ante la imposición de un modelo autoritario y la destrucción del Estado de derecho.

Esta postura ha generado una polarización inédita: mientras el gobierno y sus simpatizantes defienden la elección como un acto democrático, la oposición y buena parte de la sociedad civil la ven como el principio del caos judicial y la antesala de una dictadura de partido único.

En suma, el llamado a no votar no es una invitación a la indiferencia, sino una advertencia severa: participar en un proceso viciado solo fortalece un sistema que amenaza con destruir los últimos contrapesos de la democracia mexicana. Es una postura de resistencia ética y política frente al intento de secuestrar la justicia y someterla al poder absoluto.

Selección opaca y perfiles cuestionables

El proceso ha estado marcado por la opacidad, el desaseo y la improvisación. La Suprema Corte rechazó casi mil candidaturas enviadas por el Senado, señalando graves inconsistencias, mientras que la lista definitiva incluye a aspirantes cercanos al oficialismo y perfiles sin experiencia judicial comprobada.

La falta de filtros y la improvisación en la selección de candidatos ha sido denunciada por legisladores de oposición y expertos, quienes advierten que se trata de una simulación para legitimar el control del Ejecutivo sobre el Poder Judicial.

Un golpe a la independencia judicial

Diversos organismos internacionales, académicos y medios como CNN, The Economist, The New York Times y The Washington Post han coincidido en que la independencia judicial está en peligro. La reforma elimina los mecanismos institucionales de selección y evaluación, sustituyéndolos por la lógica electoral, donde la experiencia, la ética y la trayectoria judicial quedan relegadas frente al clientelismo y el oportunismo político.

Consecuencias económicas y sociales

La reforma ha provocado ya una pérdida de confianza internacional, afectando la estabilidad del peso mexicano y generando advertencias de instituciones financieras como Morgan Stanley y Citibanamex, que ven en este proceso una amenaza para la democracia liberal y la seguridad jurídica necesaria para la inversión y el comercio. El caos organizativo y la incertidumbre sobre la imparcialidad de los nuevos jueces anticipan una crisis de impartición de justicia y un golpe a la protección de los derechos humanos.

El principio del caos judicial

El expresidente Ernesto Zedillo lo sintetizó con crudeza: “Están queriendo destruir al Poder Judicial Federal y de los estados, sustituirlo por un poder que estará a las órdenes del gobierno y quizá de los criminales. Y lo están haciendo mediante un mecanismo total de simulación: es una farsa, un engaño al pueblo de México”. La elección judicial no es una apertura democrática, sino la antesala de un Estado sin contrapesos, donde la justicia será rehén de la política y la criminalidad.

“Las democracias no pueden funcionar sin un poder judicial fuerte, independiente y sin corrupción. Cualquier reforma judicial debe tener las salvaguardas que garanticen que el poder judicial sea fortalecido y no esté sujeto a las condiciones de la política” – Ken Salazar, Embajador de Estados Unidos en México.

Reflexión final

La elección judicial del 1 de junio no representa un avance democrático, sino el inicio de una peligrosa regresión autoritaria. Validar este proceso es legitimar la demolición de los contrapesos y abrir la puerta al caos judicial, la impunidad y el sometimiento del Estado de derecho a intereses ajenos a la justicia como ejemplifica el caso “Tania Contreras”,solo uno de muchos mas.

La historia juzgará con severidad a quienes, por acción u omisión, permitieron este asalto a la democracia mexicana. Despertar conciencias es hoy un deber cívico: el silencio y la indiferencia solo abonan al principio del caos.

Con informacion: REDES/MEDIOS

“ATAQUE al ESTADO de DERECHO ?”: “DIARIO BRITANICO NO se ANDUVO por las RAMAS y ADVIERTE ELECCION JUDICIAL es AMENAZA por ABRIR PUERTA a la CAPTURA POLITICA y CRIMINAL”….narcos que gobiernan urnas y al gobierno, van a decidir por ti.

La reforma judicial impulsada por el “estomago” del gobierno mexicano embriagado de poder, que propone la elección popular de todos los jueces, desde los de primera instancia hasta los ministros de la Suprema Corte, ha sido objeto de una crítica internacional contundente y casi unánime. 

The Economist califica la medida como un ataque frontal al Estado de derecho, advirtiendo que no solo pondría en riesgo la gobernabilidad, sino que abriría la puerta a la captura política y criminal del sistema judicial mexicano

Riesgos para la independencia judicial y la democracia

Lejos de fortalecer la justicia, la reforma representa un retroceso histórico: elimina el sistema de selección basado en méritos, exámenes y experiencia, sustituyéndolo por un esquema donde basta con un título en derecho y la simpatía del electorado para acceder a los cargos más altos del Poder Judicial. 

Esto, según The Economist y otros medios, no solo diluye la profesionalización y la imparcialidad, sino que convierte a los jueces en actores políticos vulnerables a las presiones de partidos, caudillos locales y, sobre todo, del crimen organizado, que podría movilizar votos o imponer candidatos en regiones bajo su control.

La elección popular de jueces, sin precedentes en el mundo en la escala propuesta, rompe el último dique de independencia entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, permitiendo que el partido gobernante -ya dominante en el Legislativo y los congresos estatales- consolide un control casi absoluto sobre todo el aparato del Estado. La creación de un tribunal disciplinario elegido bajo el mismo esquema solo profundiza este riesgo, al eliminar los contrapesos y la supervisión autónoma.

Impacto económico y aislamiento internacional

Las advertencias no se limitan al ámbito político. Cámaras empresariales, organismos multilaterales y gobiernos extranjeros han señalado que la reforma mina la certeza jurídica, desincentiva la inversión nacional y extranjera, y podría poner en riesgo acuerdos comerciales como el T-MEC, al contravenir cláusulas de independencia regulatoria y transparencia judicial. La reforma, lejos de atacar la corrupción y la impunidad, podría institucionalizarlas, al permitir que intereses políticos o criminales capturen la administración de justicia.

Violaciones a estándares internacionales y derechos humanos

Organizaciones como la Barra Mexicana de Abogados y el Rule of Law Impact Lab de Stanford advierten que la reforma viola obligaciones internacionales de México en materia de independencia judicial, debido proceso y participación de grupos vulnerables en la vida pública. El procedimiento de remoción masiva de jueces y la falta de consulta previa constituyen, además, posibles violaciones a derechos humanos y a la Constitución mexicana.

Crítica severa: una reforma de captura, no de justicia

En suma, la reforma no solo es logística y presupuestariamente inviable -al implicar la remoción de miles de jueces y el pago de indemnizaciones millonarias-, sino que constituye un intento deliberado de cooptar y aniquilar la independencia judicial en México. No responde a un diagnóstico serio ni a un debate nacional, sino a la voluntad de un poder que busca eliminar cualquier contrapeso real a su agenda. La elección popular de jueces, lejos de democratizar la justicia, la politiza y la expone a los peores vicios del sistema político mexicano: el clientelismo, la corrupción y la violencia.

La reforma judicial, tal como está planteada, representa una amenaza existencial para la democracia mexicana, el Estado de derecho y la estabilidad económica del país. Su aprobación sería un paso hacia la consolidación de un régimen sin contrapesos, donde la justicia estaría al servicio del poder y no de la ciudadanía.

Con informacion: THE ECONOMIST/ LA SILLA ROTA/

“SIN DINERO,NO HAY PODER”: “REUNION a PUERTA CERRADA de EE.UU con BANQUEROS de MEXICO BUSCA CERRAR la PUERTA al DINERO NARCOHUACHICOLERO en MAS de 50 BANCOS de MEXICO”…y ahi si,la puerca torcería el rabo y gobernadores como AMERICO se quedaran sin lana.

Una reunión a puerta cerrada entre altos funcionarios del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y representantes de la banca mexicana, celebrada en el marco de la Convención Bancaria en Nayarit, refleja otro ángulo de la presión creciente de Washington para que México refuerce sus controles antilavado y cierre las puertas del sistema financiero al dinero ilícito de los cárteles que ya es principalmente “huachicolero” y ha tenido como socio al mismo gobierno.

La DEA advierte que los esquemas de lavado de dinero se han diversificado, utilizando redes chinas, criptomonedas, comercio internacional y movimientos masivos de efectivo. Solo en 2024, EE UU decomisó 30 millones de dólares en efectivo relacionados con estas actividades, principalmente en estados fronterizos.

El sistema financiero mexicano, representado por el presidente de la Asociación de Bancos de México, Emilio Romano, manifestó su disposición a colaborar con EE UU, proponiendo la creación de un grupo de trabajo binacional para agilizar el intercambio de información y crear mecanismos proactivos de detección. 

El objetivo es blindar el sistema bancario y evitar que recursos ilícitos ingresen al país, en un contexto donde la Ley Antilavado mexicana no ha sido reformada desde 2012 y las cifras oficiales sobre lavado son limitadas y desactualizadas.

Expertos citados en el reportaje advierten que la presión estadounidense obligará a México a revisar no solo sus controles financieros, sino también sus capacidades institucionales y judiciales, dado que el lavado de dinero se apoya en corrupción, debilidad institucional y colusión con redes internacionales, incluidas bandas chinas. 

El tamaño del negocio del narcotráfico se estima en al menos 500 mil millones de dólares, y la cooperación bilateral entra así en una fase de mayor tensión y exigencia.

En resumen, la reunión marca el inicio de una nueva etapa de presión y colaboración entre ambos países, con EE UU exigiendo un mayor blindaje financiero y México obligado a responder para evitar el aislamiento de su sistema bancario y la intensificación de sanciones internacionales. El mensaje es claro: cerrar las puertas al lavado de dinero es ya una prioridad de seguridad nacional y de la relación bilateral.

Con informacion: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/KARINA SUAREZ

“CRIMEN y ESTADO es…PLEONASMO ?”: “NARRATIVA OFICIAL y MEDIATICA JUSTIFICA ASESINATOS bajo ARGUMENTO de que las VICTIMAS en ALGO ANDABAN”…el gobierno actua como organizacion criminal y criminales como gobierno.

El importante diario español,El Pais,aborda una realidad cotidiana en Mexico ,donde nos deja ver ,que tanto autoridades como ciudadanos ya hemos normalizado que el crimen organizado resuelva con sus modos,levanton y ejecución a quienes se involucran con ellos.

¿”Crimen y Estado” es un pleonasmo?

Sentido crítico o figurado: Bajo la crítica expuesta de El Pais, donde se denuncia la fusión, colusión o indistinción entre el actuar del Estado y el del crimen organizado, se sugiere que ambos operan bajo lógicas y prácticas similares, o incluso como partes de una misma estructura de poder. 

En este contexto, hablar de “crimen y Estado” sería casi redundante, porque el Estado, en su versión corrompida o capturada, actúa como organización criminal, y el crimen organizado asume funciones estatales (control de territorio, impartición de “justicia”, recaudación de “impuestos”, etc.).

“En algunas regiones de México como Tamaulipas, Sinaloa o Jalisco, decir ‘crimen y Estado’ es casi un pleonasmo, porque ya no se sabe dónde termina uno y empieza el otro.”

El artículo de EL PAIS, denuncia cómo en México, tanto la sociedad como el Estado han naturalizado la existencia del crimen organizado como una “jurisdicción” paralela, aceptando tácitamente que quienes se ven involucrados en actividades delictivas dejan de pertenecer al ámbito de protección y justicia del Estado mexicano. Esta naturalización tiene varias implicaciones graves:

1. Renuncia del Estado a su función

El Estado, al deslindarse de la responsabilidad sobre la vida y la justicia de las personas involucradas (o supuestamente involucradas) con el crimen organizado, abdica de su deber fundamental: garantizar un juicio justo y proteger los derechos humanos de todos sus ciudadanos, sin excepción.

2. Estigmatización y justificación de la violencia

La narrativa oficial y mediática tiende a justificar asesinatos y desapariciones bajo el argumento de que las víctimas “en algo andaban”, lo que reduce la indignación social y legitima, de facto, la violencia extrajudicial. Esto estigmatiza a las víctimas y deslegitima la búsqueda de justicia de sus familiares.

Ese parece ser el caso de Valeria Marquez,ejecutada en vivo en redes sociales y ahora denostada por presuntas ligas sentimentales con criminales,lo que en estricta justicia es injusto.

3. Difuminación de los límites entre Estado y crimen organizado

El artículo señala que no existe una frontera clara entre el Estado y el crimen organizado: ambos poderes se traslapan, colaboran o se omiten mutuamente. Las autoridades utilizan la existencia del crimen organizado como excusa para deslindarse de responsabilidades, cuando en realidad hay complicidad, omisión o participación directa del Estado en muchos casos.

4. Peligro de la narrativa de “jurisdicciones separadas”

Aceptar que el crimen organizado tiene su propia jurisdicción implica, peligrosamente, que el Estado reconoce y legitima un poder paralelo. Esto erosiona el Estado de derecho y normaliza la violencia y la impunidad.

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¿Qué intenta decir el artículo, en síntesis?

El artículo advierte que la sociedad y el Estado mexicano han aceptado, casi sin cuestionarlo, que el crimen organizado tiene autoridad sobre ciertos territorios y personas, y que quienes caen bajo esa “jurisdicción” pierden sus derechos y la protección estatal. Esta narrativa, promovida incluso por las propias autoridades, justifica la violencia, niega justicia a las víctimas y oculta la responsabilidad y la complicidad del Estado en la perpetuación de la violencia y la impunidad.

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Mensaje entre líneas

El mensaje más grave es que, mientras no se cuestione y combata esta narrativa, el Estado seguirá renunciando a su deber, la sociedad seguirá justificando la violencia contra ciertos sectores y la frontera entre Estado y crimen organizado será cada vez más difusa, perpetuando así el ciclo de violencia, impunidad y deshumanización.

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Asi lo dice El PAIS:

“……Es impresionante hasta qué punto hemos naturalizado el crimen organizado como jurisdicción. Es como si diéramos un reconocimiento tácito a la aplicación de sus normas sobre los territorios que controlan y a la autoridad que tienen sobre sus integrantes; es como si las personas que se involucran con actividades del crimen organizado dejaran de pertenecer inmediatamente a la jurisdicción del Estado Mexicano, de un supuesto Estado de derecho y fuera entonces esperable y natural que se rijan bajo otras normas y bajo otros códigos. Sin un juicio previo, sin un procedimiento justo, concluimos por nuestra lectura subjetiva de las evidencias, que “seguramente andaban en malos pasos” y que, como consecuencia, recibieron su castigo, fueron asesinados o desaparecidos. Nos conste o no, hemos naturalizado que la consecuencia de que una persona “anduviera en algo” es que se le apliquen otras condenas y que la búsqueda de justicia de los familiares no sea ni tan legítima ni urgente.

Durante la guerra contra el narco, en enero de 2010, un comando armado abrió fuego contra jóvenes que se encontraban en una fiesta en un fraccionamiento de Ciudad Juárez en Chihuahua, fallecieron 16 jóvenes entres 15 y 20 años, una de las masacres más cruentas de ese periodo. Felipe Calderón, entonces presidente de México, estaba de gira en Japón, desde ahí declaró que los jóvenes asesinados eran miembros de una pandilla y que tenían rivalidad con sus asesinos. ¿Por qué diría algo así? Porque sabía que la indignación podía ser menor si al menos sospechábamos que eso podía ser verdad. Después tuvo que reconocer que lo que había dicho era falso, ofreció una disculpa tibia, si se puede llamar disculpa, diciendo que tal vez sus declaraciones “llegaron a generar incomprensión y estigmatización”.

En 28 de abril de este año, el gobierno de Salomón Jara, gobernador del Estado de Oaxaca, anunció que habían hallado los restos de la abogada y activista mixe Sandra Domínguez y su esposo Alexander Hernández, la pareja estaba en calidad de desaparecida desde el 4 de octubre de 2024. En cuanto anunciaron el hallazgo, José Bernardo Rodríguez, fiscal del Estado, se apresuró a anunciar que, con base en “datos objetivos, técnicos y científicos” tenían claro que el esposo de Sandra Domínguez había estado involucrado con el crimen organizado y que el móvil del asesinato había sido un ajuste de cuentas. Salomón Jara también declaró que, dado que él y sus colaboradores vienen del movimiento social, el gobierno ya no desaparece, que eso es cosa del crimen organizado, como si la existencia de éste último no fuera un asunto relacionado con el gobierno que encabeza. El efecto que se desea buscar es que pensemos que fue algo que sucedió en otra jurisdicción, la del crimen organizado, es algo que pasa “entre ellos”. En este caso, se realizó la búsqueda gracias a la presión social y mediática, de no haber sido así, el aparato estatal no se mueve para buscar a las personas desaparecidas como es, en teoría, su deber.

Más al norte, colectivos de buscadores de personas desaparecidas, denunciaron que en el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco se habían cometido crímenes de lesa humanidad, Claudia Sheinbaum lo negó, dijo que eso ya no pasa en México, que el estado ya no comete ese tipo de crímenes, enfatizó que lo que existe es crimen organizado y que lo están combatiendo, el crimen organizado se construye como el otro. Lo que las declaraciones de Jara y Sheinbaum no aclaran es que, en la realidad, no hay una distinción tajante, existe un continuo en el que es difícil decidir dónde termina el crimen organizado y dónde comienza el Estado Mexicano. La detención del presidente municipal de Teuchitlán, José Ascensión Murguía Santiago, es una de las muchísimas muestras que evidencian que, por omisión o participación directa, no hay una distinción clara de los límites entre crimen organizado y estado; se traslapan siempre, más o menos. Como jefa del Estado Mexicano, Sheinbaum no puede sostener de manera categórica que el estado ya no está involucrado en desapariciones, no importa ni el partido ni las simpatías, el estado está involucrado a distintos niveles, la propia Guardia Nacional ya tenía conocimiento del Rancho Izaguirre y no hizo después mucho. Las policías municipales y las fiscalías locales también son el estado mexicano y los funcionarios federales están obligados a coordinarse siempre con ellos. Reconocer narrativamente al crimen organizado como una jurisdicción distinta que no tiene que ver con el estado es parte del problema.

Hay muchas personas que, viviendo en territorios controlados por el crimen organizado, no pueden ignorar que deben acatar sus abusivas normas para sobrevivir, eso es una cosa; otra muy diferente es que el gobierno use una narrativa que insinúa que aquellas personas que se involucran con el crimen organizado reciben su merecido por parte de agentes de ese mismo tipo de organizaciones. ¿Cómo podemos saber que aquellos que fueron asesinados eran inocentes si no han pasado por un juicio justo? Incluso si fuera evidente que alguien está involucrado en organizaciones violentas y es responsable de delitos, ¿es esta una razón válida para que el estado renuncie a su jurisdicción y deje que la delincuencia organizada ejerza sus normas, códigos y condenas sobre esa persona? ¿No está el estado reconociendo tácitamente la jurisdicción del crimen organizado? ¿Lo esperable no sería que se dicte sentencia después de un juicio justo? Parece que no, parece que los asesinaron porque “en algo andaban” y que con esa declaración el estado no tiene ya nada que ver.

Con informacion: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/YASNAYA ELENA. A. GIL