Domingo, 13 de marzo de 2011. En Saltillo, Francisco Soto, su esposa Tanya y su hija Marifer se preparan para ir a pasar el día a Monterrey. Soto no trabaja ese día. Será un viaje de placer, visitas a unos familiares… Pero el comandante del batallón llama a Soto por teléfono y le pide que vaya al cuartel.
**Esta serie de podcast documenta la historia de Francisco Soto, subteniente del Ejército mexicano encarcelado desde hace nueve años junto a otros militares por colaboración con el cartel de Los Zetas. Durante días, militares de la fiscalía torturaron a Soto y a los demás para que confesaran. Su caso es una ventana privilegiada a los primeros años de la guerra contra el narco del presidente Felipe Calderón (2006-2012). A las consecuencias de la guerra y al infierno que han pasado.
El fentanilo se ha convertido en la droga predilecta de los cárteles mexicanos por su potencia, popularidad y porque genera un gran margen de ganancia.
Ésta droga sintética que distribuyen los narcos mexicanos a Estados Unidos, —donde la demanda de derivados del opio no deja de aumentar— tiene dos orígenes: una parte la importan desde China y el resto proviene de la India, según informes de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional.
El titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, dice que las organizaciones criminales están migrando hacia esta droga para aumentar sus ganancias económicas.Cargamento de fentanilo decomisado en el AICM (Foto: SEDENA)
El pasado 12 de agosto, personal de la Marina Armada decomisó 220 kilogramos de fentanilo procedente de España. El precursor fue localizado en la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
En el país estadounidense, cada pastilla llega a venderse hasta en USD 20, por lo cual, si todo el cargamento se hubiera trasegado con éxito, habría generado USD 31,560 brutos. De ese tamaño es ya el negocio del fentanilo que se pelean los cárteles mexicanos.
Los costos del fentanilo y otras drogas que trafican los cárteles mexicanos
Como sabemos, no todos los precursores son incautados, de tal suerte que México se consolida día con día como el mayor negociante de drogas sintéticas para el mercado en EEUU, considerado el más importante a nivel global.
Las importaciones ilícitas de dicho opiode desde México involucran producto chino y precursores de fentanilo que provienen de la India. La operación de tráfico ilegal prosigue en los puertos de San Lázaro, en Michoacán y Manzanillo, Colima, limítrofes con la costa Pacífico.
El movimiento del fentanilo apunta hacia el norte del país atravesando las entidades de Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora, regiones dominadas por el Cártel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.
En el proceso de envío, los narcotraficantes mexicanos suelen adulterar el producto importado, en ocasiones con heroína, y luego lo introducen de contrabando en Estados Unidos.
El reparto de fentanilo en EEUU sigue los canales de distribución de otras drogas como la heroína: pandillas locales son las encargadas de entregar la droga de los cárteles mexicanos.
De acuerdo con el estudio Evaluación Nacional sobre Amenaza de Drogas 2017,2018 y 2019, de la DEA, en norteamerica se han detectado cinco rutas principales de fentanilo. China-Alaska-Estados Unidos; China-Canadá-EEUU; China-EEUU; China-México-Estados Unidos; y La India-México-EEUU.
Un paquete de fentanilo decomisado en EEUU. Los contrabandistas utilizaron la imagen del capo colombiano, Pablo Escobar (Foto: dea.gov)
El opiode, que muchas veces llega en forma de polvo blanco, puede consumirse por contacto con la piel. Para alguien que no lo consume el solo tocarlo puede ser mortal dada su potencia.
Las autoridades en México advierte que como sucede con el resto de sustancia, México es más proveedor que consumidor.
Al fentanilo se le achacan más de 20, 000 muertes de estadunidenses, pues ha extendido la llamada crisis de los opioides y es altamente adictivo. También se registran muertes ligadas a su producción y trasiego, pues este producto se suma a la guerra por el control del mercado de drogas y las pérdidas humanas están ligadas a la violencia generalizada del crimen organizado.
Golpes al narco
Decomisos en México
El pasado 10 de abril del 2019, se realizó uno de los aseguramientos más importantes sobre dicho opiode. En Culiacán, Sinaloa, —bastión principal del Cártel de Sinaloa— se decomisaron 40,000 pastillas de fentanilo.
En esa misma ciudad, se incautaron 4,000 pastillas y dos máquinas tableadoras, mientras que el 14 de agosto del 2019, se aseguraron 2,000 pastillas.
Pese a las evidencias y los narcolaboratorios decomisados al crimen organizado, el secretario de la Defensa Nacional ha asegurado que hasta la fecha no hay ninguna evidencia sobre el establecimiento de laboratorios para la producción de estas drogas.
Datos del Inegi revelan que en 2019 los asesinatos se redujeron en un 0.6 por ciento en comparación con 2018; pese a la disminución, especialistas y legisladores consideran que para llegar a la meta de pacificación del país aún queda un largo camino.
Durante el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador hubo una reducción en el número de homicidios, aunque se trata de un porcentaje mínimo, lo más significativo es que se rompe una tendencia al alza que se venía registrando en los últimos años.
De acuerdo con cifras preliminares reveladas por el Inegi, en 2019 se registraron 36 mil 476 asesinatos en el territorio nacional, lo que implicó una reducción del 0.6 por ciento con respecto a 2018, año en el que se cometieron 36 mil 685. El año pasado la tasa de asesinatos fue de 29 casos por cada 100 mil habitantes.
A pesar de que el balance sobre el homicidio tuvo un saldo favorable, las ejecuciones son uno de los problemas más importantes a resolver en materia de seguridad pública por parte del Gobierno federal y las administraciones locales.
David Ramírez de Garay, coordinador del Programa de Seguridad de la organización México Evalúa, considera que la leve disminución en los asesinatos que se cometieron en el país el año anterior no debe ser motivo para celebrar.
Explica que el Gobierno federal no emprende una estrategia distinta a la de administraciones pasadas y por ello los resultados en materia de seguridad pública no son los esperados.
En los primeros dos años de este sexenio se ha debilitado la dimensión institucional para atender la seguridad, las policías municipales siguen olvidadas, el proyecto del presupuesto para el próximo año contempla recortes importantes que a la larga va a incrementar la problemática que ya tienen y no va a romper la inercia de deterioro que se ha acumulado por mucho tiempo
- David Ramírez De Garay
Coordinador del Programa de Seguridad de la organización México Evalúa
A pesar de que López Obrador impulsó la creación de la Guardia Nacional y realiza reuniones diarias con altos funcionarios a nivel federal y estatal como un pilar de su estrategia para combatir el problema de la inseguridad y la violencia en el país, son medidas insuficientes para revertir de manera contundente los homicidios, aclara el especialista.
“La problemática va más allá de estructura, de incentivos y no se resuelve solamente con mesas de diálogo en la mañana, se necesita en el largo y mediano plazo deshacer estos nudos, estos incentivos negativos que existen en la estructura organizacional del país y ahí no vemos que se esté trabajando”, agrega Ramírez de Garay.
Entre los problemas que enlista el experto, se encuentran la falta de coordinación entre el trabajo policial y las fiscalías.
Expone, como ejemplo, las detenciones que realizan elementos de las Fuerzas Armadas o de la Guardia Nacional, cuyas funciones no son presentar a las personas retenidas ante el Ministerio Público y para ello piden el apoyo a las policías que están facultadas para hacerlo.
“Esto, en términos de debido proceso, tiempos y cadenas de custodia, generan una tensión que debería ser innecesaria”, añade.
Para Adriana Dávila Fernández, secretaria de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, el hecho de que en 2019 se hayan registrado 209 casos de homicidio menos que en 2018 no muestra que se esté resolviendo el problema de inseguridad que enfrenta el país
“El Poder Ejecutivo tiene todo el derecho de organizarse como considere pertinente y si el tema de los datos que se generan a través de las mesas de seguridad de las mañanas le funcionan, puedo entenderlo; pero el Gobierno federal tiene que ver qué le sirve a la ciudadanía, es decir, lo que le funcionaría a los ciudadanos es saber si los policías estatales, municipales o los elementos de la Guardia Nacional están debidamente capacitados para combatir la delincuencia”, expresa la diputada federal del PAN.
PANORAMA ESTATAL DE LOS HOMICIDIOS
Los datos preliminares publicados ayer por el Inegi muestran que en 14 estados disminuyeron los homicidios durante 2019 en comparación con 2018.
Las entidades en las que más redujeron las ejecuciones son Baja California Sur, donde el número de casos bajó en un 48 por ciento. Le siguen Nayarit con 42 por ciento, Yucatán con 21 por ciento, Tamaulipas con 20 por ciento y Guerrero con 13 por ciento.
En contraste, las localidades en las que los asesinatos se incrementaron en mayor porcentaje son Hidalgo en un 58 por ciento, Sonora en un 50 por ciento, Tlaxcala en un 32 por ciento, Tabasco en un 30 por ciento y Morelos en un 28 por ciento.
Como ya lo adelantaban las cifras de incidencia delictiva que genera mes con mes el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), Guanajuato fue la entidad con mayor número de homicidios con 3 mil 810 casos, seguido del Estado de México con 3 mil 220 y Baja California con 2 mil 750.
Un sujeto se disfrazó de enfermero y entró a un hospital donde su expareja Lucero Rubí Ojeda, trabajaba para ahí matarla y luego, suicidarse.
Los hechos ocurrieron en el municipio de Ensenada, en el estado de Baja California, en México. El criminal, identificado como Pedro Martínez ingresó al hospital en donde laboraba la madre de su hijo, para cometer el crimen.
La víctima de 26 años, había interpuesto cuatro denuncias en este 2020, dos por lesiones agravadas y otras dos por privación ilegal de la libertad, la última de las demandas la registró el 10 de septiembre pasado, según la Fiscalía General del Estado (FGE).
A decir de los compañeros de trabajo de la víctima, indicaron que Rubí llevaba varios años sufriendo violencia, por lo que hace ocho meses decidió separarse y poco antes de que le arrebataran la vida, se dirigió a las oficinas de la Fiscalía para conocer el avance de su denuncia.
Aparentemente, las autoridades no atendieron a la víctima, ya que habrían estado cerradas las instalaciones por la pandemia por el coronavirus o COVID-19, denuncia en la que había acusado a Pedro Martínez por secuestro, golpes y amenazas.
Según investigaciones, días previos a cometer el feminicidio, Pedro llevó a la playa a Lucero donde comenzó a golpearla y la amenazó con un arma por lo que policías municipales detuvieron al sujeto, pero lo dejaron libre poco después.
El día del crimen, Pedro quien entró al lugar disfrazado de enfermero, le disparó a su expareja en el pecho y cabeza, luego se atrincheró en las instalaciones de la clínica y se quitó la vida. Aunque paramédicos lo quisieron trasladar a un hospital, el hombre se quedó murió en el camino, detallaron los reportes policiales.
Dos hombres sin vida y dos lesionados por arma de fuego es el saldo mas reciente del enésimo ataque armado en Ciudad Victoria, la capital de las ejecuciones y centro del poder politico en Tamaulipas que no puede resolver la inseguridad,pero si ha sabido confabularse bajo la gestión "mañosa" de Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca,un Gobernador manchado por la evidencia de colusión con el Crimen Organizado.
Los sangrientos hechos que evidencian el fracaso de la estrategia Tamaulipas se dieron a las 21 horas de ayer, en la calle Jaime Rodríguez Inurrigarro con Azalia de la colonia La Moderna donde dos personas de sexo masculinos fueron acribillados con con arma de fuego, en el lugar resultó herida una mujer de 70 años y un joven de 19 años de edad.
Genaro García Luna provocó una ola de traiciones al interior del Cártel de Sinaloa a causa de los tributos que pidió al grupo criminal a cambio de favores.
La liberación de Iván Archivaldo, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, costó millones de dólares a su padre y al socio de éste Ismael El Mayo Zambada pero también la entrega de varios de sus hombres, a quienes pusieron en charola de plata para ser capturados por García Luna, de acuerdo con el libro El Licenciado. García Luna, Calderón y el narco, del periodista J. Jesús Lemus.
“La cúpula del Cártel de Sinaloa también entregó a varios de sus hombres, jefes de células y operadores financieros, a fin de hacer lucir el trabajo de García Luna”, relata Lemus.
La lista de los hombres y mujeres traicionados por sus jefes -El Mayo y El Chapo- para pagar la libertad de Archivaldo incluyó al menos a 16 personas y otros 285 integrantes de menor nivel dentro del cártel, de acuerdo con fuentes y cifras oficiales consultadas por Lemus.
La liberación de Iván Archivaldo Guzmán, hijo del Chapo, costó al Cártel de Sinaloa millones de dólares como pago a García Luna por el favor, reporta investigación (Foto: Archivo)
El Chapo sacrificó incluso a su primo hermano Alfonso Gutiérrez Loera El Canelo como parte de los acuerdos de colaboración con García Luna. La dinámica del poderoso funcionario del gobierno de Felipe Calderón -ahora juzgado en Estados Unidos donde está recluido- incluía pedir la entrega de integrantes específicos del grupo criminal.
Tal fue el caso de la entrega de Carlos Ramón Rocha, el Cuate, que fue solicitado expresamente por García Luna ya que era un objetivo involucrado en unas 40 investigaciones iniciadas por la DEA. Con ello, García Luna se llevaba el reconocimiento del gobierno de Estados Unidos.
García Luna quería ser director general de la Interpol a nivel internacional por lo que entre mayo y diciembre de 2008 las traiciones al interior del Cártel de Sinaloa se aceleraron con la puesta en manos de las autoridades a los 285 narcotraficantes de menor monta.
Genaro García Luna está detenido en Estados Unidos acusado de recibir sobornos del Cártel de Sinaloa (Foto: Archivo)
“Esto hizo lucir a García Luna como el implacable perseguidor del narco”, apunta Lemus.
Las cifras oficiales publicadas en el libro de Lemus sobre los golpes al Cártel de Sinaloa con la incautación de drogas, vehículos, inmuebles y los arrestos -incluidos los arreglados- apuntan a una farsa.
“El combate al Cártel de Sinaloa por parte de la Policía Federal Preventiva (PFP) solamente fue ficticio”, sentencia Lemus.
El periodista enumera las evidencias de esa farsa que fue el combate a la gente del Mayo y el Chapo: no hubo aprehensiones de los principales jefes de la estructura criminal y las detenciones de algunos integrantes y decomisos de armas droga y dinero del cártel “apenas fueron victorias pírricas”, es decir, insuficientes.
El combate del gobierno de Felipe Calderón contra el Cártel de Sinaloa resultó ficticio y con una alto costo de vidas para las corporaciones policiales, indica la investigación del periodista Jesús Lemus (Fotoarte: Jovani Pérez Silva)
Algunas cifras que evidencian lo ficticio del combate a ese cártel son: los 312 detenidos por la SSP como miembros del Cártel de Sinaloa sólo representaron 8.9 por ciento de todos los llevados a proceso entre diciembre de 2006 a julio de 2009; los vehículos incautados representaron 6.4 por ciento del total, las armas, el 2.2 por ciento de todas las decomisadas, el monto en dólares confiscados fue de 0.004%, la marihuana representó sólo el 5.3 por ciento del todo el volumen sacado de circulación, la heroína decomisada a la gente del Chapo fue 2.1 por ciento y la cocaína fue 0.001 por ciento de todo lo que incautaron en el país la policía y las fuerzas federales.
En contraste, Lemus señala que hubo un costo para las corporaciones pues en ese combate ficticio contra el Cártel de Sinaloa hubo decenas de policías muertos. Entre 2006 y 2009 fueron abatidos 169 de los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública con diversos criminales en todo el país.
Los asesinatos y abatimientos de policías federales a manos de los sicarios sinaloenses representaron 20.5 por ciento de todos los homicidios de policías federales suscitados en el país entre 2006 y 2009, revela Lemus.
El Cártel de Sinaloa mantuvo así cercanía con García Luna a cambio de dólares y traiciones.
El ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal, de la antes Procuraduría General de la República (PGR), Tomás Zerón, se robó más de mil millones de pesos, aseguró el Fiscal General de la República,Alejandro Gertz Manero.
"Los delitos cometidos por ese individuo que ahora huye a salto de mata por las órdenes de aprehensión que hemos logrado, no lo hizo gratuitamente. Él tuvo un pago, el cobró y se robó más de mil millones de pesos del presupuesto de la entonces Procuraduría General de la República", dijo Gertz Manero. Al presentar un informe sobre el caso Ayotzinapa en Palacio Nacional, el Fiscal General aseguró que el robo de dicha cantidad se dio con la anuencia de los superiores de Tomás Zerón.
"El año pasado, cuando iniciamos esta investigación y descubrimos ese enorme peculado, dicho individuo huyó del País y en cuanto tuvimos las órdenes de aprehensión correspondientes hicimos gestiones de extradición ante las autoridades de Canadá
"Pero él inmediatamente huyó a Israel, país al que se le ha pedido toda su apoyo porque sus autoridades saben muy bien lo que significan las violaciones a los derechos humanos y las responsabilidades de verdugos y torturadores como es el caso que nos ocupa".
Vía remota, Gertz Manero también acusó al ex titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, de ser encubridor del presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
"Todo lo anterior no fue un hecho aislado y sí fue una conducta y una política de Gobierno, de una administración profundamente infiltrada por la delincuencia y por la corrupción", lanzó.
En tanto, Omar Gómez, Fiscal del caso Ayotzinapa, advirtió que Zerón debe enfrentar la justicia para dar la cara a los padres de los 43 normalistas.
"Esperamos la colaboración para su extradición para que enfrente la justicia, dando la cara a ustedes y a la sociedad. Es necesario saber por qué lo hizo, para qué lo hizo y por qué lo hizo", dijo.
En informe a seis años del caso, afirmó que no es una "caza de brujas", sino se buscan las razones que los llevaron a manipular la evidencia.
Indicó que hasta el momento suman 70 órdenes de aprehensión, entre ellas a policías municipales, federales, funcionarios y ex funcionarios.
Aseguró que Zerón no actuó solo, sino en colaboración con un grupo de policías ministeriales y funcionarios para esconder hallazgos importantes.
Expuso que a detenidos los hicieron pasar dolosamente por entrevistas psicológicas.
"Hemos constatado interrogatorios bajo tortura, estos videos no están en ninguna averiguación", apuntó.
Recordó que la ex Ministerio Público Blanca Alicia N. se encuentra recluida por tortura y contra la administración de justicia.
Durante el primer año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (2019) se registraron en México 36 mil 476 homicidios, un promedio de 99 al día, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Estas cifras indican que en México hay 29 homicidios por cada 100 mil habitantes, tasa igual a la registrada en el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto.
México es la sexta nación con mayor tasa de homicidios en el mundo, solo superada por Jamaica, que registra 43.7 homicidios por cada 100 mil habitantes; Honduras, 38.9; Belice, 37.8; Venezuela, 36.7, y Sudáfrica con 36.4, según los datos del Estudio Mundial Sobre Homicidio 2019 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. 29 homicidios por cada 100 mil personas con AMLO y 29 homicidios por cada 100 mil personas con EPN. ¿Qué no decía la campaña “Estaríamos mejor con López Obrador”?.
Con más de 30 mil cuerpos sin identificar, México vive una crisis forense, advierte un informe del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC).
Distribución del personal adscrito a los Servicios Periciales y/o Servicio Médico Forense de las procuradurías o fiscalías generales de los Estados en 2018:
"Están desbordados nuestros Semefos (servicios médicos forenses) y nadie está haciendo nada por atenderlos", indicó el director de la organización, Francisco Rivas, durante la presentación del informe Crisis Institucional Forense y Respuestas Colectivas frente a la Búsqueda de Personas Desaparecidas, en la Universidad del Claustro de Sor Juana.
El documento señala que la crisis se ha agudizado porque la desaparición de personas en México no ha recibido la atención prioritaria que necesita, ni se ha dimensionado el impacto que tendría en la pacificación del País.
"Las acciones gubernamentales para atender la problemática de desaparecidos y, en especial, la crisis forense, han resultado tardías e insuficientes. La crisis de violencia representa un reto para las capacidades, recursos y procesos científicos del Estado", remarca.
"El estado crítico en que se encuentran los Semefos ha sido una constante desde hace muchos años, pese a la amplia cantidad de restos humanos sin identificar y las miles personas desaparecidas que hay en México".
Sonora, Guerrero y Puebla son los Estados más preocupantes, ya que, según el informe, no tienen capacidades suficientes y enfrentan un gran número de desapariciones. Están ubicados en la categoría de "muy malos" en materia forense.
En tanto, los Semefos de Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Durango, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, Sonora, Tabasco, Veracruz y Zacatecas necesitan más cámaras de refrigeración para aumentar su capacidad de respuesta.
Las instalaciones forenses de Aguascalientes, Ciudad de México, Durango, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora y Zacatecas no cuentan con el suficiente instrumental necroquirúrgico, y sólo cuatro entidades (CDMX, Guanajuato, Oaxaca y Veracruz) tienen patólogos forenses.
El ONC identificó entre los principales retos ante esta crisis canalizar recursos suficientes a los Semefos para mejorar su disposición de espacios físicos y personal adecuados.
"Mientras los Semefos sigan estando en condiciones deplorables no vamos a poder avanzar, no vamos a poder encontrar e identificar a las personas, no vamos a poder disminuir la cantidad de desaparecidos y sólo se va permitir que este fenómeno siga creciendo", indicó Rivas.
Para el ONC, la solución de la problemática de desaparecidos debe involucrar fundamentalmente a tres actores: instituciones de gobierno, familiares de las víctimas y organismos internacionales en materia de derechos humanos.
Urgió a mejorar la colaboración entre fiscalías; impulsar el fortalecimiento de las comisiones locales de búsqueda; mejorar el trabajo colaborativo con colectivos de familiares de personas desaparecidas y hacer más transparentes los apoyos para tareas de búsqueda.
A seis años del caso Ayotzinapa, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció órdenes de aprehensión contra elementos del Ejército y ofreció disculpas.
"Quiero que ustedes lo sepan, se han otorgado órdenes de aprehensión contra militares que se van a ejecutar", dijo ante padres de los 43 normalistas desaparecidos.
El Mandatario advirtió que habrá cero impunidad.
"El que haya participado y se le demuestre, va a ser juzgado, ese es un avance".
López Obrador dijo que el caso Ayotzinapa es doloroso.
"Es un acto importante, trascendente y al mismo tiempo triste porque estamos recordando hechos de injusticias, de atrocidades que se cometieron en contra de jóvenes, hijos de ustedes, es un hecho lamentable y doloroso", expresó.
Asimismo, reafirmó el compromiso de esclarecer los hechos.
"Que se conozca la verdad, la auténtica verdad, ese es el compromiso y desde luego que sepamos del paradero de los jóvenes, al mismo tiempo que se castigue a los responsables, en pocas palabras, que haya justicia, reparación del año".
Ante los padres, sostuvo que lograrán porque no deben perder la esperanza.
"Uno, que nosotros somos autoridades surgidas del pueblo, no nos impusieron grupos de intereses creados, yo no estoy aquí por los potentados, no estoy aquí por la delincuencia organizada o la delincuencia de cuello blanco", señaló.
Del mismo modo, el Presidente demandó a jueces actuar con rectitud y no dejar libres a implicados en el caso.
"Se requiere que los jueces ayuden para avanzar en el Poder Judicial, porque allí hay mucho problema, por cualquier pretexto se libera a presuntos responsables", dijo.
Durante 2019 se registraron 36,476 homicidios, de los cuales 3,874 corresponden a asesinatos de mujeres, lo cual convierte este año en el peor para la seguridad de ellas desde que se tiene registro.
Cifras preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dadas a conocer este miércoles dan cuenta de un aumento del 3.15% en este delito en comparación con los casos registrados en 2018, los cuales ascendieron a 3,752 asesinatos de mujeres.
En cuanto a la cifra total de homicidios registrados en todo el país, esta tuvo una disminución de 0.57%, en comparación con la de 2018, cuando se reportaron 36,685 casos.
De acuerdo con los registros del INEGI, los dos años más violentos en el país, al menos desde 1990, corresponden al final de la administración de Enrique Peña Nieto y al inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
La violencia tampoco da tregua para los menores de edad. Los datos del Instituto indican que fueron asesinados 456 niños de 14 años o menos, incluidos 68 menores de un año.
Las mismas cifras indican que, en números torales, las entidades que reportaron más homicidios en 2019 fueron:
La delincuencia organizada es la principal amenaza en el país y ganó un billón de pesos entre 2016 y 2018, aseguró Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Durante la presentación de la Evaluación Nacional de Riesgos y la Estrategia Nacional de Combate al lavado de activos y financiamiento al terrorismo en Palacio Nacional, el funcionario adelantó un próximo golpe a un cártel de la droga, sin dar mayores detalles al respecto por el sigilo de las investigaciones.
Señaló que el combate a estos grupos tiene cinco ejes: aprehensión de los líderes y los sicarios; combate a las estructuras financieras; combate a la corrupción política, judicial, ministerial y el combate a la base social que los apoya, a través de programas sociales como los que ha implementado el gobierno mexicano.
Hasta el momento se han identificado 19 organizaciones delictivas de alto impacto, de las cuales dos tienen naturaleza supranacional: el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Pacífico.
Nieto Castillo dijo que durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto “vimos desafortunadamente” el crecimiento de ocho organizaciones de carácter regional: el Cártel Unión Tepito y el Cártel de Tláhuac en la Ciudad de México, los Viagra en Michoacán, el Cártel del Noroeste en Tamaulipas, el Cártel Independiente de Acapulco, los Rojos y Guerreros Unidos en Guerrero, entre otros.
Por ello, apuntó que es fundamental combatir a las estructuras financieras de los grupos delictivos, ya que son “el germen de la delincuencia”. La UIF ha bloqueado cinco mil 678 millones de pesos, 344 millones de dólares y ha congelado 25 mil 337 cuentas.
En el caso del Cártel de Sinaloa, se congelaron 330 cuentas de personas relacionadas con esta organización criminal; en cuanto al Cártel Jalisco Nueva Generación, fueron 968 cuentas por mil millones de pesos; al Cártel Santa Rosa de Lima se le bloquearon 35 millones de pesos, relacionados con la esposa de José Antonio Yépez Ortiz, alias ‘El Marro’.
El funcionario precisó que el combate a la estructura financiera de estos grupos ataca la posibilidad “de que puedan seguir cubriendo los pagos a los narcomenudistas, a sicarios y, por supuesto, que obtengan ganancias que son incorporadas al sistema financiero“.
Descartó que se tengan indicios de financiamiento al terrorismo en México o vínculos del sistema financiero mexicano con los movimientos terroristas de otros países, ya que el sistema de identificación de operaciones de lavado de dinero “es sólido”. No obstante, aseguró que se debe de avanzar en sistemas de control para prevenir el lavado de dinero.
Santiago Nieto dijo que el uso de las criptomonedas es uno de los riesgos emergentes a nivel global y los proveedores de activos virtuales son supervisados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), “en virtud de que el Banco de México no consideró que debieran convertirse en moneda de uso en la República Mexicana”.
Críticas a “jurisprudencia” de Medina Mora
El titular de la UIF criticó enfáticamente que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a propuesta del entonces ministro Eduardo Medina Mora, generara en 2018 un criterio de interpretación constitucional del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, para que proceda el bloqueo de cuentas si hay una petición internacional, pero no si la investigación es a nivel local.
Para Santiago Nieto esto vulnera las recomendaciones 4 y 38 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, por sus sigas en inglés). “Hemos planteado ante distintos tribunales colegiados de circuito que soliciten la facultad de atracción a la SCJN a efecto de que pueda volver a revisarse el criterio”. Además, la UIF presentará una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal en contra de esta interpretación legal.
Acusó que en 2016 el criterio de Medina Mora era “completamente opuesto” y que ese cambio de criterio sucedió con el cambio de gobierno en el país. En 2019 hubo 984 amparos con 162 suspensiones provisionales y 106 definitivas. En lo que va del año se han interpuesto 861 amparos y se han concedido 6 suspensiones provisionales y 188 definitivas, apoyadas en esta jurisprudencia de la SCJN.
Puso como ejemplo el caso del llamado ‘rey de la mezclilla’ Kamel Nacif, quien se encuentra prófugo de la justicia por su presunta responsabilidad en la detención y torturas que sufrió la periodista Lydia Cacho en diciembre de 2005, por parte de policías judiciales poblanos bajo las ordenes del entonces gobernador Mario Marín Torres, quien también se encuentra prófugo.
De acuerdo con Nieto, un juez ordenó la liberación de 800 millones de pesos “que se habían logrado congelar de sus cuentas, en temas vinculados no solo con corrupción política sino también con trata de personas. El criterio de uno de los jueces de distrito fue señalar que si la petición internacional no viene con la solicitud expresa del bloqueo de cuentas, ésta no debe realizarse”.
El funcionario señaló que con este tipo de decisiones judiciales queda abierta la posibilidad de que se muevan los recursos a otras partes del mundo. Además, de que esta interpretación jurisprudencial supedita “a la UIF a una instancia internacional como la DEA y el FBI , lo que atenta contra la soberanía” del país.
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El combate del gobierno de Felipe Calderón contra el Cártel de Sinaloa resultó ficticio y con una alto costo de vidas para las corporaciones policiales, indica la investigación del periodista Jesús Lemus (Fotoarte: Jovani Pérez Silva)
