"AUMENTAN ESCOLTAS en el PAIS", porque HAY MAS DINERO,NO MAS INSEGURIDAD,dice el GOBIERNO"....que tal,ahora es victoriosa la derrota.

El inusitado crecimiento de los guardias de seguridad privada en México en la última década, cuyo número supera ya al de cualquier corporación de seguridad pública, se debe – según el gobierno – al crecimiento de la actividad económica en el país (más empresas, mas bancos, mas cajeros) y no a un disparo de las condiciones de inseguridad en el país.

Animal Político publicó la semana pasada que del 2005 al 2015, el número de empresas de seguridad privada registradas a nivel federal ante la Secretaría de Gobernación pasó de 173 a 1,103, mientras que los elementos dados de alta se dispararon de 419 a 73,411. Es un crecimiento de más del 17 mil% de los guardias regulados.

La Comisión Nacional de Seguridad (CNS) confirmó que los datos del crecimiento en el número de empresas y agentes registrados son correctos. A través de una tarjeta informativa proporcionada a este medio, rechazó que hubiera un cambio en la metodología para dar de alta a los elementos, pero atribuyó a factores económicos la mayor demanda de este servicio.

“La seguridad privada se utiliza para medidas preventivas y su crecimiento se encuentra relacionado con el crecimiento de la actividad económica, mayores establecimientos comerciales, sucursales bancarias, abastecimiento de cajeros, custodia en el transporte de mercancías y valores, seguridad en inmuebles”, dijo la comisión.

La CNS no proporcionó datos en torno al crecimiento de la actividad económica a la que hace referencia.

Pero, de acuerdo con datos del Banco Mundial, la economía mexicana sí registra en los últimos años una tasa de crecimiento anual del 2.4%. En tanto, las cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) arrojan que entre 2005 y 2015 el Producto Interno Bruto (PIB) del país ha crecido todos los años entre 1 y 5 %, con excepción del 2009 en donde se desplomó 4.7%.

Por otro lado, la Comisión Nacional de Seguridad rechazó que el desarrollo de la industria de la seguridad privada en el país sea consecuencia directa del deterioro de las condiciones de seguridad, pues su labor no está relacionada con temas de combate o investigación de delitos.

“Es incorrecto relacionar a la seguridad privada con la inseguridad, pues los procedimientos que se utilizan no son reactivos, mucho menos en combate a la delincuencia, pues tal función le corresponde a los cuerpos de seguridad pública”, dice la comisión.

El crecimiento delictivo en la última década es real según los datos oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La tasa de homicidios dolosos por cien mil habitantes pasó de 10.50 casos en 2005 a 14.07 en 2015; la de secuestros creció de 0.26 casos en 2005 a 0.87 en 2015; la de extorsiones casi se duplicó de 2.78 casos a 4.17; mientras que modalidades de asalto como el robo de auto con violencia crecieron de 25.62 a 37.32 atracos por cien mil habitantes.

Pero la CNS insistió en que la seguridad privada no tiene relación con la incidencia delictiva. Lo que sí reconoció es que las empresas del ramo, a diferencia de unos años, ya solicitan permisos para brindar más de un servicio de seguridad, por ejemplo de escoltas de personas y de protección de edificios.

“Ejército privado”

La Comisión Nacional de Seguridad proporcionó información actualizada al 2016 del número de empresas y elementos de seguridad privada registrados tanto a nivel federal como en los estados.

De acuerdo con los datos de su tarjeta informativa, existen mil 65 empresas dadas de alta ante la Secretaría de Gobernación con casi 71 mil elementos. A estos se suman tres mil 69 compañías de este ramo con permisos pero solo a nivel estatal, que incluyen a 87 mil 583 efectivos.

Las empresas que tienen registro a nivel estatal y no federal, explica la CNS, solo pueden operar en la entidad en donde se dieron de alta, mientras que las otras que pueden proporcionar su servicio en dos o más entidades.

En total, según los datos proporcionados, el número de elementos de seguridad privada asciende a 158 mil 651 agentes. Este estado de fuerza es superior al de cualquier otra corporación de seguridad pública a nivel federal o de los estados. Por ejemplo, en la Ciudad de México hay aproximadamente 85 mil policías entre todas las fuerzas policiales conjuntas.

A escala nacional, la Policía Federal es la de mayor envergadura con aproximadamente 60 mil elementos, mientras que la Policía Federal Ministerial dependiente de la PGR cuenta con 8 mil agentes aproximadamente.

Gráfico: Omar Bobadilla

Respecto al servicio de seguridad personal – los llamados escoltas – la Comisión Nacional de Seguridad dijo que hay 233 empresas a nivel federal y 530 con permito estatalregistradas para proporcionar este tipo de protección.

Las empresas con permiso federal tienen registrados a 33 mil 379 elementos para dar servicios de seguridad personal, es decir, prácticamente la mitad de todos los guardias regulares. De losescoltas a nivel estatal, la dependencia dijo que no cuenta con ese dato desglosado.

La Comisión Nacional de Seguridad subrayó que los escoltas y guardias dados de alta están plenamente identificados con fotos, huellas, domicilio, antecedentes escolares, laborales, policiales y familiares.

Cabe señalar que los anteriores datos corresponden a los elementos regularizados y que cuentan con permiso. Se estima que las empresas que ofrecen también servicios de seguridad privada, pero operan sin el permiso correspondiente, podrían ser más del doble.

14 requisitos, sin control de confianza

La Comisión Nacional de Seguridad desglosó en 14 los requisitos que debe acreditar una empresa para poder darse de alta a ella misma y a todo su personal que brindará los servicios de seguridad. Dichos requisitos tienen como finalidad demostrar la capacidad humana, financiera, operativa y de infraestructura de la misma.

En ninguno de esos requisitos se pide que el personal cuente con la certificación de control de confianza, es decir, la batería de pruebas de polígrafo, conocimientos, entorno social, física y toxicológicas con las que sí deben de cumplir los policías de seguridad pública. Se trata de una prueba que tiene como finalidad corroborar que el agente es una persona confiable.

Incluso, la CNS dijo que expolicías y exmilitares pueden trabajar en una empresa de seguridad privada, salvo que su baja se haya dado por “motivos de deshonestidad”.

Entre los requisitos que debe cumplir una empresa de seguridad para registrarse está que sean personas físicas o morales mexicanas, tener domicilio matriz en México, identificar al personal administrativo y directivo, así como a los guardias.

También se pide identificar los vehículos, inmuebles y mobiliario de la empresa, mostrar el uniforme que utilizarán los guardias, la relación de equipos, radios y teléfonos, así como el armamento previa autorización de la licencia de portación que expide la Secretaría de la Defensa Nacional.

Por otro lado se pide a la compañía mostrar las normas internas de trabajo, incluyendo las de operación del servicio, así como presentar los planes de capacitación de los elementos.

En el tema específico de la capacitación de los agentes, la CNS explica que esta debe ser de forma “general” para brindar servicios de seguridad, y de forma específica en cuanto a la modalidad que van a desempeñar. La capacitación debe llevarse a cabo en términos de la legislación laboral vigente.

Por otro lado las empresas registradas están obligadas a reportar cualquier cambio que tengan en su administración, operación, bienes y personal. En caso de no hacerlo, puede ser motivo de una sanción, multa, suspensión, clausura o revocación definitiva del permiso.

fuente.-ANIMAL POLITICO.

EL "2016 TIENE "ARRANQUE VIOLENTO" en el PAIS...!!! YA SUMAN 1,427 HOMICIDIOS !!!....Tamaulipas sigue punteando el "Secuestro".

El 2016 tuvo un arranque violento.

Durante enero se reportaron mil 427 homicidios dolosos en el País, cifra 10 por ciento mayor a la registrada en el mismo mes del año pasado, cuando se contabilizaron mil 289.

La tendencia de ese delito se mantiene al alza, ya que, contrario al discurso oficial, durante todo 2015 creció 8 por ciento en comparación con 2014.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la entidad con mayor número de asesinatos intencionales fue el Estado de México, con 179 casos.

Le siguieron Guerrero, con 166; Baja California, con 86; Veracruz, con 80; Jalisco, con 78; Chihuahua, con 77; y Michoacán, con 76 homicidios dolosos.

Aunque ocupó el segundo lugar por número de casos, Guerrero tuvo la tasa más alta de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes.

La tasa en el estado gobernado por Héctor Astudillo fue de 4.63, que es cuatro veces mayor al promedio nacional de 1.17.

Las entidades con menos homicidios dolosos fueron Aguascalientes, con cero; Yucatán, con 2; Nayarit, con 4; y Tlaxcala, con 6; Hidalgo, Durango y Baja California Sur tuvieron 7 cada una.

Otros delitos

El Estado de México y Guerrero también figuran como las entidades con más secuestros denunciados ante sus respectivas Procuradurías.

Sin contabilizar las averiguaciones iniciadas por la Procuraduría General de la República (PGR), en la primera se registraron 18 casos en el fuero común, mientras que en la segunda sumaron 10.

Veracruz también registró 10 secuestros, según el secretariado ejecutivo, mientras que Tamaulipas y Tabasco reportaron 9 cada uno.

El plagio bajó 12 por ciento en enero de este año, en relación con el mismo mes de 2015, al pasar de 89 a 78 casos en el fuero común.

La extorsión, considerado también un delito de alto impacto, prácticamente no tuvo variación; en enero de 2014 hubo 370 casos y en el mismo mes de este año fueron 369.

Las entidades con más extorsiones denunciadas fueron Jalisco, con 52; Nuevo León, con 49; Distrito Federal, con 47; y Estado de México, con 41.

Esta última entidad también encabeza, y por mucho, la lista nacional en materia de robo de vehículos con violencia.

De los 3 mil 350 robos, de acuerdo el SESNSP, mil 665 fueron denunciados en la entidad que gobierna Eruviel Ávila. Es decir, que en el Edomex se cometen 1 de cada 2 robos con violencia.

El segundo lugar fue para el Distrito Federal, con 263 robos, seguido de Jalisco, con 216, y Sinaloa, con 193.

Fuente.-

"Era JUEZ CALIFICADOR en CIUDAD VICTORIA y lo DETIENEN por SECUESTRO"...lo dicho,son parte del problema.

Dejando en claro una vez mas en Tamaulipas que aquellos que en "teoría" son y debieran ser "parte de la solución" en "Seguridad" son muchos de ellos en la realidad parte del problema de Inseguridad que terminan agravando con su mal desempeño pues nuevamente un "servidor publico" que se desempeñaba como "JUEZ CALIFICADOR" en CIUDAD VICTORIA fue detenido por el DELITO de SECUESTRO AGRAVADO.

Cd.Victoria,28/Feb/2016 Asi se desprende de la información que sin pena dan a conocer las autoridades estatales del  "Grupo de Coordinación Tamaulipas" que refieren la detención realizada por agentes del "Grupo Antisecuestros"  quienes dieron cumplimiento a una Orden de Aprehensión girada por el Juez Primero Penal dentro del expediente 031/2016 en contra de Hermilo Cruz Caraza ,funcionario público acusado desde el año 2013 por el delito de secuestro agravado y de profesión abogado que fungía hasta antes de ser detenido como Juez calificador en la Delegación de Policía ubicada en el 2 y Zaragoza en Ciudad Victoria y cuya detención se concreto el día de hoy.

Con información de : El Mañana de Reynosa

EL "BRONCO" de NUEVO LEON,esta SALIENDO IGUAL de LADRON que "MEDINA,el EX-GOBER PRIISTA"....y solo lleva "cuatro meses".

En los últimos siete años —antes, durante y después del gobierno de Rodrigo Medina en Nuevo León— dedicamos una docena de entregas para cuestionar lo que desde tiempos del candidato apuntaba como un gobierno fallido.

Y en su momento, igual que hoy, la crítica al gobierno de Nuevo León desató babeantes jaurías mediáticas regias, listas a insultar, difamar y mentir.

Así, por ejemplo, nos insultaron sin parar cuando cuestionamos —el 29 y 31 de agosto de 2011—, la negligencia de Rodrigo Medina en la tragedia del Casino Royale, que mató a 49 personas. Algo parecido ocurrió el 20 de febrero de 2012, cuando criticamos la indolencia de Medina, por el motín y fuga del penal de Apodaca, que horas antes provocó 44 muertos y casi medio centenar de prófugos.

El 31 de mayo de 2012 la jauría regia volvió a la carga cuando documentamos “las lecciones de impunidad” de Medina. Y el 11 de diciembre de 2014 la furia también vino del PAN, cuando pedimos castigo para “pillos como Larrazabal y Medina”, cuya impunidad “podrá costar el gobierno de Nuevo León al PAN y al PRI”. Era la primer alusión a la tragedia electoral que se produjo en junio de 2015.

Pero la furia de la jauría mediática nuevoleonesa arreció a partir del 14 de junio de 2015, cuando documentamos que medios impresos y electrónicos, además de empresarios y políticos de Nuevo León “engañaron dos veces a Peña Nieto”. Y es que en 2012, Rodrigo Medina entregó Nuevo León a la candidata presidencial del PAN, Josefina Vázquez Mota, mientras que años después empresarios financiaron la campaña de El Bronco contra el PRI y el PAN. Doble engaño a Peña Nieto.

El 1 de octubre del mismo 2015, dijimos: “El cemento que unió a los nuevoleoneses contra los partidos fue el mal gobierno de Medina. Y es que no sólo fue el peor gobierno en la historia de la entidad, sino el más ratero, el que más endeudó al estado y el que hizo el milagro de poner a ciudadanos y empresarios contra los partidos, sobre todo contra el PRI y el PAN”. Y enumeramos una a una las corruptelas de Medina.

Pero babeantes, las jaurías mediáticas regias lanzaron toda su furia el 8 de octubre, luego que aquí se documentó que “El Bronco y su gabinete, son más rateros que Medina”. Y a su estilo regio, pasaron de la difamación y el insulto a la anónima amenaza de muerte, sobre todo porque documentamos que Roberto Flores Treviño, procurador de Justicia del gobierno de El Bronco, tenía presuntos vínculos con el crimen organizado.

Incluso hoy a Flores Treviño se le adjudica el motín y muerte de 50 presos en el penal de Topo Chico.

Además, el 8 y 10 de octubre también documentamos el albazo que propinó el Congreso de Nuevo León a los ciudadanos cuando, a escondidas, aprobó el nombramiento de Roberto Flores Treviño, el cuestionado procurador. Lo curioso es que casi toda la prensa regia guardó silencio.

Por eso preguntamos: “¿Y dónde está la prensa crítica de Nuevo León, que nada dice de las pillerías de El Bronco?”. Días después, el diario Reforma lanzó las primeras tarascadas, las que documentamos el 12 de octubre. Luego, en coro, ladró el resto la manada. Igual que hoy.

Nuevas raterías. Y es que a cuatro meses resulta inocultable que El Bronco no sólo es un invento mediático financiado por empresarios y medios regios, muchos de los cuales se han arrepentido. ¿Por qué? Porque su invento, El Bronco, resultó peor de mentiroso y engañabobos que el peor de los populistas mexicanos; López Obrador.

Muchos recuerdan, por ejemplo, que antes de asumir el cargo de gobernador, Jaime Rodríguez prometió cancelar la construcción del acueducto conocido como Monterrey VI. Según El Bronco, el proyecto no sólo era inviable sino que era negocio personal del gobernador Medina. Por eso, notificó a las constructoras —HIGA e ICA—, la cancelación del proyecto. Sin embargo, una vez en el poder, El Bronco reculó, dijo que haría cambios en el esquema financiero y continuó la construcción del acueducto. Empresarios locales dicen que es su negocio personal.

También cuestionan que Fernando Turner, titular de Desarrollo Económico —y empresario de la industria automotriz—, haya engañado a todos en los tiempos de campaña, con el cuento de que la armadora KIA saldría del estado porque en la gestión de Rodrigo Medina obtuvo trato ventajoso. Lo curioso es que ya en el gobierno de El Bronco, KIA recibió aún más privilegios, con un claro beneficio para Turner y El Bronco.

La siguiente es una perla, digna de políticos y medios aldeanos. El 12 de abril de 2015, cuando era candidato al gobierno de Nuevo León por Movimiento Ciudadano, el ex panista y ex gobernador Fernando Elizondo apareció en medios y —estadísticas en mano—, acusó a El Bronco de endeudar al municipio de García como ningún otro alcalde en la historia. Incrementó la deuda en mil 400%. Luego Elizondo declinó a favor de El Bronco y hoy es una variante de jefe de gabinete. ¿Y la crítica de la prensa nuevoleonesa por el escandaloso endeudamiento de El Bronco? En su mayoría juegan a la complicidad.

Pero la joya de las raterías es que a pesar de que El Broncojuró y perjuró que metería a la cárcel a los corruptos y que “se acabó la fiesta de los bandidos”, nada ha hecho para denunciar y sancionar la manera irregular en que el gobierno de Rodrigo Medina favoreció a Fomento Económico Mexicano (FEMSA) —en manos de José Antonio Fernández Carbajal, El Diablo— con el regalo de 180 hectáreas para la construcción del estadio de Los Rayados; tierra que en el subsuelo tiene el mayor manto de agua potable de Monterrey.

¿Y saben por qué El Bronco no toca a FEMSA ni con el pétalo de un comentario negativo? Porque en Nuevo León son muchos los empresarios que aseguran que FEMSA fue uno de los principales financieros de dinero negro para la campaña de El Bronco.

Y dicen más; que en realidad FEMSA es el grupo empresarial más interesado en promover a un candidato presidencial independiente. Y para ello financia a no pocos grupos de “intelectuales” y políticos del grupo de El Bronco, que venden su alma al diablo por “los candidatos independientes”.

Pero no es todo. La ambición de los hombres de El Bronco no tiene límite. También cargaron con la gratuidad del Metro de Monterrey los domingos, que desde hace años era un paliativo para los ciudadanos de menos recursos. Todo, a pesar de que El Bronco prometió gratuidad del transporte para los que menos tienen.

Retrato hablado —y de cuerpo completo—, de El Bronco y de la jauría mediática que lo encubre.

Al tiempo.

Fuente: @ricardoalemanmx

"REVELAN ENTRETEJES del RESCATE PRESIDENCIAL de MOREIRA en ESPAÑA"...de como el "Cartel" en el poder salvo a uno de los suyos.

El Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto no solamente utilizó las herramientas a disposición del Poder Ejecutivo, como la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE): también echó mano del hermano de un funcionario del Poder Judicial para salvar a Humberto Moreira de la justicia española.

Así lo revela este día una investigación del diario español El País, que semanas antes había desnudado parte de la operación para proteger al ex Gobernador de Coahuila y ex dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El Gobierno mexicano movilizó al hermano de un miembro del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para asistir a Humberto Moreira cuando estuvo en prisión en España, acusado de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, refiere la investigación del periodista José María Irujo.

De acuerdo con el diario, Moreira recibió apoyo no sólo de la Embajada, también de la Agregaduría Legal de la PGR en el país europeo.

“El funcionario de la Embajada de México en Madrid Abraham Pérez Daza, hermano de un alto cargo de la Justicia de ese país, fue el encargado de protagonizar las misiones más delicadas en el apoyo y asistencia que el Gobierno de Enrique Peña Nieto dio a Humberto Moreira”, señala el texto.

“Acompañó al letrado mexicano Ulrich Richter, abogado de Moreira, durante toda su estancia en Madrid y se ocupó, también, de asistir a Vanessa Guerrero (esposa del priista) y a sus hijas” añade.

El pasado 22 de enero, cuando el juez encargado del caso, Santiago Pedraz, dejó en libertad provisional a Moreira, Pérez Daza se reunió con él y con su esposa y les asistió en diversas gestiones. De acuerdo con la investigación, Pérez Daza también habría apoyado en la recopilación de documentos oficiales sobre las causas que Moreira ya había enfrentado en México, las cuales fueron archivadas.

Con esos papeles, los abogados de Moreira buscaban convencer al juez Pedraz de que el ex dirigente del PRI estaba limpio, detalla El País.

“Cuando estalló el escándalo de Coahuila el mismo Gobierno que le investigó fue el que le exoneró con una hábil maniobra para evitar que se le pudiera juzgar de nuevo por la misma causa. No se pidieron diligencias de investigación. Todo fue una patraña”, afirmó una fuente judicial mexicana anónima al diario español.

El rotativo precisa que Abraham Pérez Daza, de 39 años, es un funcionario en Madrid de la Agregaduría Legal para Europa de la PGR y hermano de Alfonso Pérez Daza, consejero de la Judicatura Federal, un órgano similar al Consejo General del Poder Judicial en España, “es decir, el gobierno de los jueces de México”.

Alfonso fue nombrado consejero por el Senado en septiembre de 2014 a propuesta del PRI. Es doctor en Derecho y trabajó en la Fiscalía Electoral del Estado de México. “Él y su hermano estudiaron Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)”, describe El País.

De acuerdo con el medio, Pérez Daza abandonó Madrid el pasado jueves, horas después de ser contactado para dar su versión de los hechos.

“A las 18.30 horas del pasado miércoles El País telefoneó a Abraham Pérez Daza a su despacho de la PGR en Madrid para pedirle su versión sin recibir respuesta. El jueves a las 13:05 horas el vuelo de Iberia a Ciudad de México despegó del aeropuerto de Adolfo Suárez con centenares de viajeros entre los que figuraba un pasajero con el mismo nombre y apellidos del funcionario de la embajada que más se involucró en la asistencia a Humberto Moreira. La Embajada no explica la causa por la que el funcionario de la PGR abandonó España horas después de la llamada de este periódico”, revela el diario español.

PERIODISTA ESPAÑOL RATIFICA AYUDA A MOREIRA

José María Irujo es un experimentado periodista español de 61 años. Actualmente realiza reportajes de investigación para el diario español El País, donde ha escrito dos artículos relacionados con el caso del ex Gobernador de Coahuila. El primero fue el 22 de febrero bajo el título “Misión: salvar en Madrid a Humberto Valdés”, y el segundo, “El hermano de un consejero de la Judicatura ayudó a Moreira en Madrid”, publicado este domingo.

En entrevista con Cirilo Estrada del diario Vanguardia, el periodista dice que el Gobierno de México no ha desmentido absolutamente nada de lo publicado en esa investigación, y ratifica que hubo una operación de Estado para rescatar al ex Gobernador de Coahuila y ex presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de una prisión en España.

–¿Qué significa esta situación para las instituciones judiciales en ambos países? –se le pregunta

–Sería completamente impensable que si se detuviera en una entidad de México a un importante político español con acusaciones muy graves de supuestos desfalcos; en España, sería un verdadero escándalo que se conociera que la Embajada española envía un coche a recoger los abogados del señor, que un fiscal español hubiera llamado al fiscal mexicano para interesarse por su caso, que condujera a sus familias a un hotel justo enfrente de la Embajada, o que les hayan buscado abogados –dice el periodista español.

“Si hubiese corrido esta misma historia al revés, el escándalo en España sería monumental. En el sistema judicial español sería impensable llevar a cabo estas gestiones que ha hecho la Embajada de México en apoyo del señor Moreira, salvo una sola: la visita del cónsul [mexicano] a prisión, que es una visita obligada para atender a cualquier ciudadano que se encuentra en esta situación”, agrega.

“Pero se da la circunstancia que la visita al señor Moreira se recibió 48 horas después de su detención, cuando en las cárceles españolas nos cuentan que las visitas del cónsul a otros ciudadanos mexicanos tardan semanas, incluso meses”, dice José María Irujo. “Esa es la diferencia tan importante que queremos resaltar en ese artículo”.

–El 23 de febrero, el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, negó los hechos publicados en el diario español El País, en donde usted afirma que la Embajada mexicana “volcó” sus recursos en apoyo al ex Gobernador Humberto Moreira, encarcelado en España.

–Nosotros hemos publicado una serie de datos muy concretos y ninguno de ellos ha sido rebatido. El primer dato es que la Embajada mexicana envía un coche oficial, con un funcionario y un chofer, al aeropuerto Adolfo Suárez en Madrid, para recoger a los abogados de Moreira. La segunda prueba es que muchos funcionarios de la Embajada se pusieron a trabajar esa misma noche, buscando a prestigiados abogados españoles para que atendieran al señor Moreira. La tercera prueba que publicamos es que la Procuradora General de la República, Arely Gómez González, llamó a la fiscal española, Consuelo Madrigal, preguntándole por el caso Moreira y la postura de la Fiscalía. Una llamada que en España se entiende muy mal porque estas gestiones no son habituales en este País.

Agrega: “Hay que tomar en cuenta que la Fiscalía Española Anticorrupción es la que acusa a Moreira Valdés de graves delitos, entre ellos, el blanqueo de capitales y de asociación con una banda criminal, concretamente de Los Zetas. Eso tampoco ha sido desmentido y la propia Fiscalía española nos ha dado detalles de esa conversación entre la PGR y la Fiscal española”.

El periodista dice que “la cuarta prueba que publicamos es que la familia del señor Humberto Moreira fue conducida a un hotel de lujo situado a 100 metros de la Embajada de México”.

“En fin, además de eso la propia Embajada (mexicana) se dirige por escrito al Ministerio de Asuntos Exteriores (de España), para que pidiera al Juez información sobre el caso Moreira, algo que la Audiencia Nacional, que es un tribunal Español donde se tratan estos delitos tan graves, no había pasado nunca. Nos han contado que en alguna ocasión Rusia, o Países de ese perfil, han hecho solicitudes similares que otras Naciones democráticos no se atreverían.

“Nosotros en El País hemos publicado esta historia con todas esas pruebas y ninguna de ellas fue rebatida”.

–¿Hubo un arreglo de alto nivel entre México y España?

–Yo lo único que puedo defender es lo que he publicado en el diario, El País, hasta ahora. No puedo ir más lejos.

Fuente.-

!!! LA JUSTICIA SI EXISTE...para los AMIGOS y COMPLICES !!!

Una investigación del periódico español El País arrojó que el gobierno mexicano dispuso su maquinaria diplomática, política y legal, para liberar a Humberto Moreira, ex presidente nacional del PRI, de las acusaciones de blanqueo de capitales y pertenencia al cartel de Los Zetas, que lo retuvieron por una semana en la cárcel Soto del Real, cercana de Madrid.

A finales de enero pasado la procuradora Arely Gómez González llamó telefónicamente a su homóloga Consuelo Madrigal, Fiscal General del Estado a efecto de conocer el caso y conocer la posición de los fiscales españoles. Le respondieron que no podían informarle de la situación, debido a que el tema se encontraba bajo secreto sumario y la posición de la fiscalía era que Moreira debía permanecer en prisión, debido a la gravedad de los delitos.

Mientras tanto no puede concebirse que aquí en México, ni la PGR de Arely Gómez ni la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP hayan sospechado los diversos montos de movimiento de dinero por los cuales, la Fiscalía española haya sospechado de algo inusual, a menos que exista la voluntad para dejar de investigar este tema, como algunos otros en la misma Procuraduría, como las narcocamionetas nicaragüenses de Televisa.

El rotativo español da cuenta que desde el 15 de enero pasado, -fecha de su detención- en el aeropuerto “Adolfo Suárez” en Madrid, funcionarios de la embajada de México en España recibieron instrucciones para buscar abogados ibéricos que defendieran al ex gobernador de Coahuila así como asistir a la esposa e hijas del mismo.

Así entonces, el gobierno mexicano dispuso recursos públicos y personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Procuraduría General de la República, para defender a un obscuro personaje de la clase política mexicana, quien sumió al estado de Coahuila en una deuda de 36,000 millones de pesos (mdp) de los que misteriosamente desaparecieron todas las pruebas.

No sólo esta acusación, sino que en julio de 2015 una Corte Federal en Texas dio a conocer  un documento, en el que Rolando Gómez Treviño acepta su culpabilidad y junto con Moreira, conspiraron en una operación para defraudar las finanzas públicas de Coahuila.

Por eso, “para los amigos justicia y gracia, mientras que para los enemigos, la ley a secas”, frase adjudicada a Benito Juárez pero también señalada a Porfirio Díaz, se cumple a cabalidad cuando el poder político no encuentra la manera de esconder cómo rescatar de la justicia de otro país a un impresentable.

Aquí el sistema anticorrupción no funcionará, -no por lo menos en esta administración-, cuando se hace todo lo humanamemte posible, al disponer de recursos y bienes del Estado para defender a un personaje manchado por corrupción, o bien, para que los empleados de la Secretaría de la Función Pública, -moralmente responsable de implementar el sistema anticorrupción y castigar a Moreira-, gaste en caviar, calamares y champán en sus viajes.

Pero ni la cancillería ni la PGR tienen la misma disponibilidad para defender a Gonzalo Contreras, mexicano preso en España que ni él ni su familia en México reciben la misma atención que Moreira y su familia. Por eso, se cuestiona la lealtad de Roberta Lajous Vargas: O está con la clase política a cambio de un trabajo cómodo y bien pagado o con la ciudadanía.

Con un sistema que está diseñado más que defender los intereses de los connacionales en el exterior o acercarles la justicia, a defender delincuentes dentro y fuera de territorio nacional.

Aquí se demuestra que más que una crisis de corrupción, existe una crisis de instituciones provocada por la clase política.

fuente.-LaSillaRota.

@racevesj

@OpinionLSR

!!! JUSTICIA que NO es PRONTA es INJUSTICIA !!!...con LEYES que no por serlo son JUSTAS,debieran ser JUSTAS para ser LEYES.

Justicia que no es pronta y expedita es injusticia, dice un aforismo judicial. Que tiene apoyo en la Constitución desde 1917, como puede leerse en la versión original (Google: "Constitución de 1917" "versión original" iij unam).

Artículo 17: Los tribunales estarán expeditos para administrar justicia...

Artículo 18: Sólo por delito que merezca pena corporal habrá lugar a prisión preventiva...

Artículo 19: Ninguna detención podrá exceder del término de tres días, sin que se justifique con un auto de formal prisión...

Sin embargo, los números que presenta México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas (Google: "La cárcel en México: ¿Para qué?") muestran que la realidad está muy lejos del mandato constitucional.

En 2013, casi la mitad de los reclusos (41.3 por ciento) eran legalmente inocentes. No habían sido sentenciados. Destacan los Estados de Aguascalientes, Jalisco, San Luis Potosí, Oaxaca y Tabasco, cuyos porcentajes van del 76.5 por ciento al 94.5 por ciento en prisiones de fuero federal. México está mejor que el Congo (82.0 por ciento), pero peor que 147 países.

En un caso sonado (el incendio y las muertes en la discoteca News Divine), algunos detenidos en 2008 no fueron sentenciados sino hasta 2014. Acudieron entonces a la Suprema Corte, que los declaró inocentes en 2016, ¡ocho años después!

Históricamente, según Sergio García Ramírez y Laura Martínez Breña ("Presos y Prisiones", Porrúa 2014), la prisión preventiva fue la dominante, porque se castigaba menos con prisión que con muerte, mutilación, trabajos forzados, destierro. Las "Siete Partidas" (siglo 13) dicen, por ejemplo: "La cárcel no es dada para escarmentar los yerros, mas para guardar los presos... en ella hasta que sean juzgados".

Pero meter a la cárcel por lo pronto, mientras se juzga, tiene un costo excesivo, desde luego humano. Estar preso, siendo inocente, es humillante para el preso, su mujer y sus hijos; es deprimente; es destructivo; desprestigia. A esto hay que añadir el costo de la producción perdida y el pago de extorsiones a las autoridades abusivas y a los internos abusivos. Si la sentencia condenatoria busca la "reinserción social del sentenciado", la no sentencia logra su inserción en el infierno de la sociedad carcelaria.

Un infierno sobrepoblado, que tiene un cuarto de millón de reclusos (sentenciados o no) en centros con capacidad total para 200 mil. En tres reclusorios preventivos de la Ciudad de México (Distrito Federal Norte, Oriente y Sur) hay lugar para 15 mil y están 34 mil. El caso extremo es la Cárcel Distrital de Tepeaca, en Puebla, que tiene lugar para 46 personas y mete casi seis veces más: 266.

La prisión preventiva puede justificarse para detener de inmediato una conducta delictiva y para que el sospechoso no huya ni tenga oportunidad de destruir las pruebas en su contra. Pero no meses, y menos aún años.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Google: "Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas") dice tajantemente que "la detención preventiva debe ser la excepción y no la regla", y aporta una serie de recomendaciones. A las cuales se puede añadir la siguiente: Que el detenido reciba una compensación, si el juez lo declara inocente.

El daño tiene algo de irreparable, y no es fácil de calcular. Pocos salen con el ánimo de lograr una compensación, y se comprende. Es necesario demandar a las autoridades, lo cual provoca gastos adicionales (de dudosa recuperación) y un razonable temor a represalias. Si tantos no tienen para pagar una fianza, menos aún para arriesgarse a demandar.

Pero se puede compensar prontamente, si la ley establece una fórmula fácil de calcular, por ejemplo: mil pesos por cada día en prisión preventiva, si el acusado resulta inocente. Si resulta culpable, mil pesos por día, a partir del cuarto mes. No es tanto. Por ocho años de injusticia serían 3 millones de pesos. Pero tendría fuerza simbólica.

Esta compensación sería un apremio a la justicia pronta y expedita, que puede reforzarse con un estímulo a las instituciones de seguridad y justicia. Lo recibirían por el número de días ahorrados contra su promedio de tardanza en el año anterior.

En el país que deja escapar a "El Chapo" repetidamente (y no sólo a "El Chapo": un centenar de presos escapan al año), resulta especialmente injusto tener a 100 mil personas en prisión preventiva.

En el país que padece la extorsión y el secuestro de bandas criminales, es inaceptable que también el Estado extorsione y secuestre. 

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