El 26 de septiembre se cumple un año de la desaparición de los 43 normalistas, y organismos nacionales e internacionales señalan una serie de errores y omisiones en la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) en el Caso Ayotzinapa, lo que retrasa conocer el paradero de los estudiantes, así como el acceso de sus familias a la verdad, la justicia y la reparación del daño.
Fallas en la cadena de custodia, diligencias sin testigos claves, retrasos en la solicitud y revisión de videograbaciones de cámaras de seguridad, pérdida y ocultamiento pruebas, son algunas de las negligencias, por complicidad, encubrimiento, o bien, por descuido y falta de profesionalización del personal a cargo de la indagatoria.
Las investigaciones paralelas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) pusieron al descubierto que la investigación de la PGR tiene muchos vacíos y que no es una averiguación profesional y exhaustiva.
Estos son los errores y omisiones de la PGR en el Caso Ayotzinapa que ponen en duda la “verdad histórica” presentada por las autoridades.
TESTIMONIOS CLAVE
El GIEI exhibió que la PGR descartó levantar los testimonios de los choferes de los autobuses Estrella de Oro 1568 y 1531, los cuales son fundamentales para conocer la participación de corporaciones de seguridad, poseer elementos para identificar la coordinación del operativo que derivó en la desaparición de los estudiantes y tener indicios sobre el destino final al que habrían sido trasladados los 43 normalistas.
“Los testimonios de ambos choferes fueron tomados el 8 de abril de 2015, una semana después de la petición realizada a la PGR por el GIEI”, reveló el informe por el Grupo Interdisciplinario.
La dependencia federal tardó más de seis meses en recoger las declaraciones de los choferes, quienes son víctimas sobrevivientes, y al mismo tiempo, testigos claves de los hechos ocurridos en Iguala.
El testimonio de uno de los choferes es indispensable en el Caso Ayotzinapa, ya que él fue trasladado a una casa de seguridad en Iguala, y presentado ante un hombre que presuntamente coordinaba el operativo en el que fueron desaparecidos los estudiantes.
El chofer del autobús 1531 -que condujo la unidad hasta el Palacio de Justicia- informó que lo llevaron a una casa al centro de Iguala y que “al llegar me sentaron entre dos policías encapuchados y salió un señor con camisa blanca y pantalón negro, el cual se veía con el cuerpo de una persona que hace ejercicio” (de unos 40 años), y quien dijo: quién chingados es este cabrón. Los policías le dijeron es el chofer del autobús, y dijo el señor pues llévenselo también ya saben dónde, y se fue caminando hacia su camioneta, la cual no pude ver bien, y les gritó: Déjenlo que se largue”.
Sin embargo, la PGR cometería otros dos errores al momento de buscar la vivienda del hombre que presuntamente coordinaba el operativo: la hizo tres meses después del testimonio; y no presentó al chófer en la diligencia.
El GIEI señaló en el informe: “la diligencia de búsqueda de dicha casa se hizo en julio de 2015, sin presencia del testigo clave”.
FICHAS DE IDENTIFICACIÓN
La CNDH reveló que la PGR carece de las fichas completas de identificación de los 43 normalistas, las cuales son indispensables para la comparación y el establecimiento de los perfiles de identidad de los estudiantes a partir de las evidencias existentes y de los testimonios de su entorno familiar y personal. Es decir, que la PGR no tiene la información completa de a quiénes busca, o pretende localizar.
“Se considera que las acciones de búsqueda de los estudiantes desaparecidos que se pudieran llevar a cabo sin contar con las fichas de identificación, disminuyen sensiblemente las posibilidades de éxito”, expuso el organismo nacional al presentar el Estado de la Investigación del Caso Iguala.
La ficha de identificación es una herramienta básica en los procedimientos de búsqueda, pues además de incluir los datos generales de la persona a localizar, comprende datos específicos como el tipo de sangre, el uso de algún aparato terapéutico, la referencia de intervenciones quirúrgicas, la ficha odontológica, señas particulares, tatuajes, cicatrices, la huella digital, entre otros.
CADENA DE CUSTODIA
El Equipo Argentino de Antropología Forense expuso que hubo errores en la cadena de custodia de la bolsa encontrada por buzos de la Marina en el río San Juan, en el municipio de Cocula, la que presuntamente contenía restos óseos que derivaron en la identificación del normalista Alexander Mora Venancio, y la coincidencia genética con la mamá de Jhosivani Guerrero de la Cruz.
Los especialistas indicaron que no estuvieron presentes cuando se recuperó la bolsa con fragmentos óseos que según la PGR, fue recuperada del Río San Juan:
“El EAAF fue convocado por la PGR a la vera del Río San Juan cuando dicha bolsa ya se encontraba abierta y siendo analizada por peritos de la PGR. Un número importante de fragmentos aparentemente provenientes de esa bolsa, se encontraban ya expuestos sobre una lona. Entre ellos, se distinguía la muestra que culminó con la identificación del joven Alexander Mora Venancio por ser una pieza menos quemada y de mayor tamaño que las demás. El EAAF se incorporó a la limpieza de fragmentos óseos provenientes de dicha bolsa a partir de ese momento y no antes.
“Por lo tanto, el EAAF no firmó la cadena de custodia correspondiente a la entrega de la bolsa de evidencia por parte de los buzos de la Marina a la PGR, porque no se encontraba presente en ese momento en el río San Juan. El EAAF ha solicitado en diversas oportunidades a la PGR la cadena de custodia de esta bolsa de restos que según indica la PGR les fue entregado por buzos de la Marina, sin que por el momento se nos entregara copia”, detallaron.
Por disposición del entonces procurador Jesús Murillo Karam y la voluntad de los familiares de los normalistas desaparecidos, el EAAF y PGR debían trabajar en forma conjunta en todas las diligencias periciales de búsqueda. Al río San Juan, el equipo argentino no fue convocado.
Sin embargo, no fue la única ocasión en que el EAAF fue excluido de la investigación, por eso también revelaron que “a fines de noviembre del 2014, el EAAF tomó conocimiento de una diligencia al basurero de Cocula, realizada el 15 de noviembre del 2014 por peritos y ministerios públicos de la PGR. En dicha diligencia, peritos de la PGR recogieron evidencia consistente en 42 elementos balísticos, muestras de tierra y otros elementos no biológicos sin haber avisado ni contar con la presencia del EAAF”.
La propia PGR no cumplió el acuerdo de permitir que el EAAF acompañara la investigación. De manera casual o con alevosía, la dependencia federal no le permitió al equipo argentino participar en las dos diligencias que contienen las evidencias más fuertes que sostienen la “verdad histórica”.
AUSENCIA DE VÍDEOS
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes exhibió que la PGR tenía conocimiento de que los normalistas a bordo del autobús Estrella de Oro 1531 fueron detenidos en la salida de Iguala hacia Chilpancingo frente al Palacio de Justicia, y que tardó 10 meses en solicitar los vídeos de las cámaras de vigilancia ubicadas a las afueras de los tribunales. El contenido es fundamental para conocer el operativo e identificar el destino al que fueron llevados los normalistas.
“El GIEI investigó y confirmó que existían grabaciones de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia en las que se veía la presencia del autobús y las agresiones contra los normalistas. Dichas grabaciones estaban en poder de la presidencia del Tribunal y no habían sido proporcionadas a la PGR para la investigación de los hechos”, expusieron en su informe sobre el Caso Ayotzinapa.
La PGR jamás indagó en el Palacio de Justicia para saber si tenían alguna evidencia que ayudara en la investigación: “El GIEI tuvo conocimiento primero a través de una magistrada de Iguala y posteriormente por parte de la magistrada presidenta de la existencia de dichos videos que habían sido visualizados por ellas. Por dicho motivo y ante el riesgo de que se pierdan documentos vitales para el esclarecimiento de los hechos puso esta circunstancia en conocimiento de la PGR y solicitó investigar los hechos, dado el enorme tiempo de 10 meses transcurrido sin que dicha prueba hubiera sido proporcionada ni solicitada por las autoridades”.
Los vídeos de los lugares de interés para la investigación, no se tuvieron en cuenta hasta el momento en que el GIEI solicitó que se incluyeran. Los registros fílmicos de las cámaras de la central de autobuses, el Palacio de Justicia, calle Juan N. Álvarez, calle Hermenegildo Galeana, la zona Industrial, y otros, no fueron adecuadamente resguardados ni solicitados por la PGR, el GIEI sólo logró recuperar una pequeña parte de dicha evidencia.
OCULTAMIENTO DEL QUINTO AUTOBÚS
A pesar de que los normalistas sobrevivientes habían informado en sus declaraciones iniciales la existencia de un quinto autobús y que aparece en la primera consignación elaborada por la Fiscalía General del Estado de Guerrero, la PGR ocultó la inexistencia del autobús Estrella Roja 3278 en la historia oficial y el expediente.
Los normalistas y la primera consignación realizada por la Fiscalía de Guerrero hablaban de cinco autobuses, (dos Estrella de Oro, dos Costa Line y un Estrella Roja), la investigación de la PGR señalaba que se trataba de 4 autobuses (sin hacer mención al autobús Estrella Roja).
El GIEI hizo evidente a la PGR que existía un quinto autobús, y recomendó tomar el testimonio de su chofer. La declaración del testigo se realizó sin que el GIEI pudiera estar presente.
El GIEI señaló que el testimonio del chofer incluido en la declaración ante la PGR y que “fue tomado en junio de 2015”, es decir, 10 meses después, reveló que fue el único autobús que “no fue atacado violentamente esa noche”.
El testimonio del chofer de este autobús, es contradictorio con los testimonios de los normalistas y con la hoja de ruta del propio autobús, pero un manuscrito en el expediente confirma la versión de los normalistas.
A la PGR se le solicitó que presentará el autobús Estrella Roja 3278, y el GIEI detectó a través de un peritaje, que la unidad presentada no corresponde con el autobús registrado en las cámaras de video de esa noche en la Central Camionera, es decir, las autoridades presentaron otro vehículo.
Un elemento adicional es que un testigo, señaló que a unos 100 metros del autobús, de donde se encontraba el autobús Estrella de Oro 1531 -en el Palacio de Justicia-, el autobús Estrella Roja 3278 fue detenido por una patrulla de la Policía Federal. Además una declaración manuscrita en el expediente de otro testigo lo señala también. Estas circunstancias no se han investigado hasta ahora.
PERFILES GENÉTICOS
Cuando se enviaron los restos óseos a la Universidad de Innsbruck, Austria, el EAAF y la PGR remitieron los perfiles genéticos de los familiares de los normalistas desaparecidos, sin embargo, hubo serias diferencias entre los análisis del equipo argentino y de la dependencia federal.
“Al comparar los perfiles genéticos de los familiares de Ayotzinapa enviados por la PGR al laboratorio de Innsbruck y aquellos enviados por el EAAF al mismo laboratorio, el EAAF notó diferencias en 20 de los 134 perfiles genéticos que la PGR tenía en común con el EAAF. Estos 20 perfiles genéticos afectaban a 16 familias de los 43 estudiantes”, señalo el equipo argentino.
“Cabe señalar que en experiencia del EAAF, es inusual tener diferencias entre laboratorios de análisis de ADN en lo que se refiere a perfiles genéticos que emanan de muestras de sangre tomadas directamente a familiares, ya que el procesamiento de las mismas es sencillo”, explicó el EAAF.
La Coordinación de Servicios Periciales de la PGR reconoció que estas diferencias entre los perfiles de la PGR y los del EAAF enviados al laboratorio de Innsbruck eran todos errores del laboratorio de la PGR. No hubo una explicación clara al respecto.
Jesús Murillo Karam instruyó a la Coordinación de Servicios Periciales de la PGR que “informara al laboratorio de Innsbruck que sólo tomara como válidos los perfiles de los familiares de los normalistas desaparecidos provenientes de las muestras procesadas en el laboratorio (The Bode Technology Group) Bode a pedido del EAAF”.
CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS
La CNDH señaló que la investigación de la PGR carece de elementos científicos básicos como las condiciones del clima la noche de la desaparición de los estudiantes para sostener la “verdad histórica” de que los 43 habrían sido incinerados.
La PGR no ha solicitado “al Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía e Instituto de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM y a la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio NASA de los E.U.A., información sobre las condiciones climatológicas y ambientales prevalentes del 25 al 28 de septiembre de 2014, en las regiones de Iguala y, específicamente, en el basurero de Cocula, para que esta información se tome en consideración al momento de dictaminar sobre el segmento de la 'Ruta de Desaparición' de los estudiantes relativa a la incineración de acuerdo a lo que ha sostenido la Procuraduría General de la República. La diligencia permitiría, particularmente, establecer si existieron las condiciones para generar la incineración de cadáveres en el sitio señalado”.
FALLAS EN EL PERITAJE DE FUEGO
El GIEI aseguró que los 43 estudiantes no fueron incinerados en el basurero municipal de Cocula y que el peritaje de fuego realizado por la PGR presenta fallas que lo invalidan.
“El peritaje relacionado al fuego no fue hecho de acuerdo a las reglas internacionales ampliamente aceptadas por la comunidad forense en fuego. No se le dio la prioridad necesaria al peritaje de fuego, se dispuso de evidencia crítica (vegetación adyacente) sin el análisis necesario, la recolección de evidencia dejó de lado elementos críticos y necesarios, y la evidencia no se estructuro de manera adecuada”, señalaron los expertos independientes.
“El Dictamen de Incendios (AP/PGR/SEIDO/UEDMS/871/2014, Folios 80002, 83278, 88350) no tiene los objetivos, la profundidad y el rigor necesarios para una investigación de esta naturaleza” y que las “conclusiones del Dictamen de Incendios (AP/PGR/SEIDO/UEDMS/871/2014, Folios 80002, 83278, 88350) son en su mayoría erradas y en muchos casos no emergen de la evidencia material y de su posible interpretación”.
PERITAJE EN MATERIA DE EDAFOLOGÍA
La CNDH expuso que la PGR no ha realizado un dictamen comparativo entre la tierra del basurero de Cocula y la encontrada en la bolsa del río San Juan, lo que ayudaría a determinar si los normalistas habrían sido incinerados en ese lugar, o revelar que fue en otro.
El organismo nacional estableció que falta “realizar peritaciones en materia de Edafología para, de acuerdo a lo que ha sostenido la Procuraduría General de la República, comparar la tierra extraída de la bolsa recuperada del 'Río San Juan', con la tierra del basurero de Cocula”.
Este dictamen permitiría “establecer las características físicas y químicas de la tierra extraída de la bolsa que, de acuerdo a las constancias, fue recuperada del 'Río San Juan'. De igual manera, se conocerían los componentes físicos y químicos de la tierra del basurero de Cocula. El dictamen comparativo posibilitaría saber si ambas muestras se corresponden o no en todos sus elementos y confirmar o descartar que la tierra localizada en la bolsa proviene del basurero, de acuerdo a lo sostenido por la Procuraduría General de la República”.
Ese peritaje sostendría si fueron o no incinerados los normalistas en el basurero, debido a que presuntamente en una de la bolsa se encontraron restos óseos que dieron positivo en la identificación genética con uno de los 43 normalistas desaparecidos.
PRÓTESIS DENTAL Y RESTOS NO HUMANOS
Entre los restos óseos recogidos en el basurero de Cocula y en el río San Juan hay elementos que derriban la “verdad histórica” de la PGR.
El EAAF expuso que dentro de la cuadricula general de trabajo M8, en la sección inferior del basurero de Cocula, se encontró: una prótesis parcial superior y otra prótesis parcial inferior (ambas realizadas con el mismo material y con coincidencia en la oclusión o mordida), así como una raíz de diente en alveolo de hueso de mandíbula que se inserta en la prótesis inferior, confirmando la relación entre todas las piezas mencionadas.
El equipo argentino “entrevistó a cada una de las familias de los 43 normalistas desaparecidos, solicitándoles información física, médica y dental de cada uno de ellos. Según la información proporcionada por los familiares de los normalistas, ninguno de los jóvenes desaparecidos utilizaba prótesis dentaria. Es decir, estas piezas – las prótesis parciales, el diente y el fragmento de mandíbula- confirman la presencia de restos humanos de un individuo, que no corresponde a los restos de ninguno de los normalistas. Es importante comparar esta información con los datos físicos de otras personas desparecidas en Cocula, Iguala y zonas aledañas”.
Lo que muestra que una persona fue privada de la vida en el basurero de Cocula, pero que no es uno de los normalistas, y hasta el momento la PGR no ha determinado la identidad de quien utilizaba estas prótesis dentales.
A nueve restos óseos enviados por la PGR a la Universidad de Innsbruck, se les practicó método experimental denominado Secuenciación Masiva Paralela -debido a su nivel de incineración- para obtener el ADN mitocondrial, se encontró que siete de ellos “corresponden a ADN mitocondrial que no es de origen específicamente humano y el laboratorio señaló que continuará analizándolos, tratando de identificar su origen”.
LÍNEAS INVESTIGACIÓN
Desde el principio de la investigación la PGR abrazó como móvil del ataque a los normalistas de Ayotzinapa “un escarmiento” por presuntamente intentar boicotear el informe de actividades de la presidenta de DIF Iguala, María de los Ángeles Pineda Villa, y que los estudiantes tuvieron como destino final la incineración y sus restos arrojados a un río.
La dependencia federal se ha limitado a abrir otras líneas de investigación, a pesar de que le fueron solicitadas.
La CNDH señaló que en su informe Estado de la Investigación del Caso Iguala que la PGR no ha agotado las líneas de investigación sobre la desaparición de los normalistas. El organismo nacional indicó que al menos faltan tres por incluir en el expediente: a) Algunos estudiantes se encuentran en municipios serranos de Guerrero b) Que en Apango ya apareció un normalista con vida c) Que están autosecuestrados.
Por su parte, el 6 de septiembre de 2015, el GIEI pidió a la PGR abrir una línea de investigación sobre el tráfico de drogas en autobuses de pasajeros en el estado de Guerrero, en la cual, sin saber los estudiantes de Ayotzinapa habrían tomado un camión que contenía droga y por eso fueron atacados.
En el informe del GIEI, se expone que uno de los implicados, Ignacio Aceves, en su declaración ante la PGR dijo “tener conocimiento de que se llevaron a los estudiantes a una comunidad llamada Tianquizolco, Guerrero145”. No hay evidencias de que este posible destino de los normalistas haya sido investigado por la PGR hasta ahora.
Estas son algunas de las omisiones y errores cometidos por la PGR que han retrasado el acceso a la verdad y a la justicia en el Caso Ayotzinapa a un año de la desaparición de los 43 normalistas.
Fuente.-LaSillaRota
