La Procuraduría General de la República (PGR) no ha iniciado una línea de investigación sobre la participación u omisión del Ejército Mexicano en la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” deAyotzinapa, a pesar de los indicios que vinculan a la milicia en el caso como: el ingreso de un convoy militar a las instalaciones educativas en enero de 2014, las fotografías tomadas por personal castrense a un grupo de estudiantes, así como la petición de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que nueve soldados rindan declaración.
Desde que la PGR atrajo la investigación del Caso Ayotzinapa, la dependencia federal no ha citado a declarar a soldados que puedan aportar información a la investigación y ha negado la participación de personal del Batallón 27 de Infantería radicado en Iguala, Guerrero.
Militares tomaron fotografías
Las fotografías que tomaron elementos el ejército a los normalistas de Ayotzinapa en una clínica de Iguala, Guerrero, ponen en duda la versión de la PGR que asegura que el Batallón 27 de Infantería no salió del cuartel la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, que no se enteraron del ataque armado ni del "levantón" que sufrió un grupo de estudiantes a manos de policías municipales.
Dos días después de la publicación de las imágenes en un diario de circulación nacional, la Secretaría de Gobernación informó que no permitiría el ingreso de los padres de los normalistas desparecidos a los cuarteles militares, con lo echó abajo el compromiso que ya había adquirido con los familiares de que se les permitiría el ingreso de “manera ordenada y respetuosa”.
Desde el principio de la investigación, Omar García y David Flores, normalistas que sobrevivieron a la agresión armada, señalaron que esa noche hubo presencia de personal castrense en las calles de Iguala, sin embargo, la PGR descartó las declaraciones y sostuvo que elementos del Batallón 27 de Infantería no salieron de las instalaciones militares.
La evidencia gráfica de la presencia de los soldados en la clínica “Cristina” fue un golpe sólido al expediente de la PGR en el caso Ayotzinapa, que durante meses argumentó que el Ejército no se enteró de los que sucedió en Iguala en las horas que seis personas perdieron la vida, 33 resultaron heridos y 43 estudiantes víctimas de desaparición forzada.
La confirmación de la presencia de elementos militar la noche de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa obliga a una revisión del expediente y a abrir una línea de investigación hacía la posible participación u omisión del personal castrenses, como lo han solicitado familiares de los normalistas y organizaciones como Amnistía Internacional.
Presencia militar en Ayotzinapa
Otro elemento que suman a la necesidad de investigar a las fuerzas castrenses para llegar a la verdad, es la vigilancia que mantenían sobre la Normal Rural de Ayotzinapa, ya que al menos en una ocasión unidades militares ingresaron a las instalaciones educativas en 2014.
También está la solicitud de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de amplíen declaración nueve soldados del Batallón de Infantería, cuatro de ellos responsable enfocados a la recepción de información sobre el acontecer cotidiano en la vía pública de Iguala.
La noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre no fue el primer encuentro entre los normalistas de Ayotzinapa y el personal castrenses. El 30 de enero de 2014 ocurrió un hecho inusual. Aproximadamente a las 10 de la mañana la Normal de Ayotzinapa recibió visitantes inesperados, al menos 20 militares a bordo de una Hummer y una camioneta irrumpieron en las instalaciones.
Los soldados argumentaron que se habían equivocado de lugar, pero durante todo el trayecto los soldados tomaron video y fotografías.
El convoy militar llegó hasta el estacionamiento de la Normal –en el municipio de Tixtla-, ubicado a un costado del comedor estudiantil.
Los normalistas calificaron los hechos como un acto de intimidación y hostigamiento, revelaron que fue la segunda ocasión que los soldados ingresaban a la escuela, el hecho quedó documentado por el periódico La Jornada el 31 de enero de 2014 en la “Irrumpen militares en la normal rural de Ayotzinapa; fue una equivocación, dicen” de la reportera Citlal Giles Sánchez.
El director del plantel, José Luis Hernández Rivera, indicó que los estudiantes fueron muy cuidadosos, ya que “pudo haberse dado una serie de golpes, balazos, tragedia, pero lo importante que no pasó nada y sobre todo se pide tener mucho cuidado porque el estado (de Guerrero) está viviendo tiempos difíciles”.
El representante del Comité Estudiantil de Ayotzinapa, Guillermo Hernández Castro, dijo que “ha habido varias ocasiones que han estado vigilando (los soldados) no sabemos con qué fines o a quién tratan de localizar; lo que no queremos es llegar a un conflicto con ellos, porque a la escuela no pueden entrar ni la Policía Federal, ni el Ejército”.
La duda es qué buscaba el comando del ejército que confundió la Normal Rural de Ayotzinapa con uno de los objetivos de investigación y trabajo de inteligencia militar, porqué habrían incursionado al menos tres veces en un año a las instalaciones educativas que tienen un gran portón de identificación.
Un normalista de tercer año, que pidió omitir su identidad por razones de seguridad, reveló a La Silla Rota que en julio de 2014, militares ingresaron nuevamente por “equivocación” a las instalaciones de Ayotzinapa a tomar fotografías, por lo que a partir de ese mes ya cierran el portón de la Normal.
“El año pasado (2013) también entraron. A veces los soldados se paraban en el ‘arco’ y en la carretera que lleva a la Normal, también policías federales andaban seguido por Ayotzi”, contó el estudiante.
Entre el ejército y la normal rural de Ayotzinapa existía un antecedente.
Ejército en Iguala
“De la carretera proveniente de Teloloapan y de todos ese lugar hacía Iguala, estaba una parte oscura, cuando escuchamos el ‘tableteo’ de los disparos, aproveche un momento, un rato en el que supuse que estaban cambiando de parque o los cargadores de sus armas y es cuando brinqué hacía la calle (Juan) N. Álvarez que va al centro donde estaban mis demás compañeros. Cuando llegamos a dos tres cuadras el Ejército ya estaba patrullando el lugar y nos decían: cállense, cállense, ustedes se lo buscaron, querían ponerse con hombrecitos pues ahora éntrenle y aguántense”, narró Omar García normalista de Ayotzinapa a la cadena Telemundo el 9 de octubre de 2014.
El testimonio de Omar García toma relevancia porque él aparece en una de las fotografías tomadas por el ejército el 27 de septiembre en la clínica Cristina, en la que auxilia a Edgar Andrés Vargas, quien recibió un disparo en la cara.
“Teníamos miedo y rabia a la vez, porque no podíamos ni hablar, no podíamos recibir llamadas, si alguien nos llamaba un militar se ponía ahí a escuchar primero, nos iba diciendo lo que tenía que decir, o sea, básicamente como encubriéndose pues, decían: si puedes recibir llamadas para que no se den cuenta que los tenemos pero no digas que te tienen los militares, tu di que estas bien. Algo así le decían a los compañeros que estaban recibiendo llamadas”, contó el también integrante del Comité Estudiantil de Ayotzinapa.
Omar García, estuvo presente en el segundo ataque –aproximadamente a las 00:30 horas- que sufrieron los normalistas en Iguala y es uno de los estudiantes que suele acompañar a los padres de familia en los eventos públicos, él ha denunciado en reiteradas ocasiones que esa noche el Ejército patrulló las calles de Iguala.
“Ya ellos (los militares) llamaron a una ambulancia entre comillas, tomaron fotografías de todos, nos tomaron fotos a todos, incluso al compañero que estaba herido, dijeron ‘le vamos a tomar fotografías para que la ambulancia ya más o menos vaya tanteándole a qué viene, la gravedad del asunto’, la ambulancia nunca llegó, entonces de ahí los compañeros se dispersaron y me dejaron a mí y a otro maestro a cargo del compañero a riesgo de que nos mataran por las calles”, contó el joven normalista.
Días después, en una entrevista con MVS Noticias, Omar García señaló que los soldados le decían a los estudiantes: “denos sus nombres reales porque si no dan sus nombres falsos nunca los van a encontrar”.
Por meses esos testimonios del estudiante normalista fueron descartados y minimizados por las autoridades federales.
El 7 de noviembre de 2014, el entonces procurador Jesús Murillo Karam dejó ver durante la conferencia de prensa -recordada por el “ya me cansé”- que el Ejército fue omiso y no salió la noche del 26 de septiembre a las calles de Iguala.
“El Ejército, como todos los ejércitos del mundo se mueve sólo con órdenes, y que bueno, nada más le quiero hacer una pregunta –le dijo a una reportera-: ¿qué hubiera pasado si el Ejército hubiera salido en ese momento, ¿a quién hubiera apoyado? Obviamente a la autoridad constituida, hubiera sido un problema mucho mayor, que bueno que no salieron, y la Policía Federal tenía un pequeño destacamento que estaba fundamentalmente donde está la caseta (de la autopista)”, señaló.
Murillo Karam defendió y repitió ante cualquier cuestionamiento que no existían elementos en la investigación para inculpar o presumir la participación de elementos del Batallón 27 de Infantería en la desaparición de los 43 normalistas.
Arremetió nuevamente el 27 de enero de 2015, señaló que “no hay una sola evidencia de que haya intervenido el Ejército, ni una sola, las mismas declaraciones de los que hoy dicen que el Ejército fue, lo acusaban de omisión, las mismitas, no hay una sola, una sola, de la participación del Ejército, ni siquiera había un grupo”, dijo.
El 25 de febrero de 2015 el diario Milenio dio a conocer fotografías y algunos mensajes de la bitácora del Batallón 27 la noche y la madrugada en que fueron atacados los normalistas, los cuales revelan que los elementos castrenses si sabían de la presencia de los estudiantes de Ayotzinapa en Iguala.
El mensaje 22632 fechado el 26 de septiembre de 2014 informó que “sobre la carretera Iguala-Chilpancingo, frente al Palacio de Justicia, ubicaron otro autobús, el cual fue detenido por dos patrullas de la policía municipal, los cuales, con palabras altisonantes, les mencionaron a los estudiantes que descendieran del autobús”.
Los partes militares publicados demuestran que el ejército sabía de la presencia de los estudiantes en Iguala y tomó conocimiento del ataque a los jóvenes.
“Mensaje 22634. Urgente. Permítame informar a esa Superioridad que se obtuvo información de que ingresaron tres personas heridas por arma de fuego al Hospital General (…), al parecer estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, como a continuación se indica: A.- (Nombre tachado) presenta una herida por proyectil de arma de fuego en el brazo derecho. B.- (Nombre tachado) presenta una herida de proyectil de arma de fuego en una mano, habiéndosele amputado 4 o 5 dedos. C.- Una persona del sexo masculino en calidad de desconocido, quien presenta una herida de proyectil de arma de fuego en la cabeza”, se informó en el parte militar.
Fotografías, documentos oficiales y testimonios que revelan que el Ejército si salió esa noche del cuartel y que derriban la ardua defensa que hizo el ex procurador.
Un elemento que echa también por tierra que el Ejército no se enteró de los sucesos del 26 de septiembre es la presencia del coronel José Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón de Infantería en el informa del DIF de Iguala y en la fiesta que ofrecían María de los Ángeles Pineda y José Luis Abarca. La Silla Rota tiene en su poder una fotografía que así lo demuestra.
Casi dos meses antes de la desaparición de los 43 normalistas se registró un incidente entre habitantes y soldados en la comunidad de El Pericón en el municipio de Tecoanapa.
El 5 de agosto de 2014, la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), retuvo durante 24 horas a elementos del ejército mexicano para exigir un alto a la “campaña de hostigamiento” desatada desde hace varias semanas contra esa organización de vigilancia comunitaria. Una ofensa a las fuerzas armadas.
La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) cerró varios tramos carreteros de la Costa Chica, Montaña y Región Centro en solidaridad y apoyo a la UPOEG.
Alexander Mora Venancio, el único normalista el normalista identificado a través de los restos óseos encontrados presuntamente en el río San Juan, era originario de la comunidad de El Pericón.
Otros seis de los normalistas desaparecidos también perteneces al citado municipio guerrerense, quizá casualidad, pero es un dato que podría ser revelador.
Recula SEGOB
A petición de los padres de los normalistas desaparecidos la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República aceptaron que la búsqueda de los jóvenes se extendiera a las instalaciones militares, pero semanas después sin un argumento claro las dependencias federales informaron a los familiares que ya no podrían ingresar a los cuarteles.
El 13 de enero de 2015 el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos, y Luis Enrique Miranda Nava, subsecretario de Gobierno de Segob, sostuvieron una reunión con los padres de familia para conocer los avances del Caso Ayotzinapa y en la que los familiares reiteraron una solicitud de abrir una línea de investigación sobre la presunta participación u omisión de militares en los hechos.
Por la noche, en conferencia de prensa Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal expuso ante a los medios decomunicación los avances de la investigación. Horas después en la cuenta de twitter de la PGR (@PGR_mx) se publicaron mensajes afirmando que los padres de los normalistas podrían ingresar a las instalaciones, que los cuarteles militares están abiertos a los ciudadanos, y que el ingreso tendría que ser “de manera ordenada y respetuosa”.
“Al respecto, familiares de normalistas de #Ayotzinapa informarían fecha y hora para su ingreso a las instalaciones militares. #Iguala” escribió la dependencia federal en la red social.
Al día siguiente se anunció que también ingresaría una representación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al Batallón 27 de Infantería para constatar que no se encuentran ahí los 43 estudiantes desparecidos. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reiteró que sólo se abriría el cuartel del Batallón 27 de Iguala.
Pero dos días después de la revelación de las fotografías tomadas por el ejército en Iguala a los normalistas de Ayotzinapa la noche de la agresión armada, la Secretaría de Gobernación cambió su decisión.
El 27 de febrero, la Segob informó a los padres de familia que no existían condiciones “como antes” para realizar el ingreso a las instalaciones militares.
Luis Enrique Miranda Nava, subsecretario de Gobierno, fue el responsable de transmitir la decisión a los familiares y abogados de los normalistas desaparecidos. El propio gobierno federal rompió su compromiso.
El propio Ejército protegió a su personal. Tras los hechos ocurridos en Iguala, Alejandro Saavedra Hernández, responsable de la 35 Zona Militar y de la que depende el 27 Batallón de Infantería, fue ascendido a General de División. Pareciera que fue reubicado con un ascenso para no ser investigado.
Investigación al ejército
En entrevista con La Silla Rota, el representante legal de los padres de los 43 normalistas desparecidos, Vidulfo Rosales, aseguró que con la decisión del gobierno federal se pretende mantener al ejército como un “ente inmaculado” a pesar de que existen elementos para abrir una línea de investigación para conocer su participación u omisión.
“Esto tiene que ver con que el poder público no es monolítico, hay diferencia dentro del mismo y dentro de esas diferencias quienes están ganando son las posiciones duras y conservadoras, esas las representa el ejército mexicano, entonces queremos entender que las autoridades civiles decidieron una cosa y se comprometieron con los padres de familia, y ahora el ejército está tomando otra posición, obligando a la autoridad civil a supeditarse a las decisiones de los mandos militares, por eso hay una retractación, una variación y un cambio en las decisiones políticas”, indicó el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Vidulfo Rosales descartó posibles modificaciones en el expediente de la desaparición de los 43 normalistas con la llegada de la nueva titular de la PGR, “es una decisión de Estado, de continuar con el rumbo que llevan estas investigaciones, no creo que la persona de Arely (Gómez) cambie sustancialmente el curso de la investigación”.
Dijo que hay pruebas que apuntan a que el ejército si salió de los cuarteles el 26 y 27 de septiembre en Iguala.
“(Las fotografías) son una evidencia de que ellos (los elementos del ejército) estuvieron patrullando, de que estuvieron en el lugar de los hechos, que estuvieron en Iguala en los momentos y en las horas que se cometió la agresión, pero no sólo eso, hay otros testimonios que también dan un elemento previo y contextual en el que dicen que el ejército tenía conocimiento de la operación de Guerreros Unidos y de la colusión de este con el presidente municipal (José Luis Abarca) y que protegieron y solaparon a este grupo delincuencial, esos dos elementos son fundamentales para abrir una línea de investigación”, explicó.
El representante legal de los padres de los 43 normalistas desparecidos indicó que los soldados encañonaron y tomaron fotografías a los estudiantes que solicitaron atención médica para los heridos en la clínica “Cristina”, por lo que continuarán con la exigencia de que se abra una línea de investigación hacia el ejército.
“Hay un conjunto de evidencias en el expediente, las fotografías pero también testimonios de los propios policías (municipales) que afirman tener conocimiento pleno que el comandante (José Rodríguez Pérez) del Batallón de Infantería protegió al narcotráfico, también el conjunto de testimonios de los estudiantes”, detalló Vidulfo Rosales.
Señaló que hay testimonios que apuntan a que el Ejército si salió del cuartel la noche de la agresión armada y de que conocía la operación del cártel de los Guerreros Unidos, por lo que de acuerdo con el representante legal existen elementos para investigar la participación u omisión.
“Hay dos bloques de testimonios. Un bloque de testimonios que rinden los estudiantes y que afirman a que vieron a los miliares patrullando la noche del 26 y la mañana del 27 (de septiembre). Y hay otro bloque de testimonios que rinden policías y delincuentes (detenidos) de Guerreros Unidos en los que dicen que el ejército sabía cómo operaba Guerreros Unidos y que brindó protección a este grupo”, expuso.
Testimonios faltantes
El 23 de julio de 2015, al presentar el informe Estado de la Investigación del Caso Iguala, la CNDH solicitó a la PGR recabar y ampliar las declaraciones de nueve elementos del Ejército. De ellos
Los testimonios y la narrativa de los militares ayudarían a encaminar la investigación, ya que aportarían elementos sobre la “Ruta de la desaparición”.
El punto 9 de las observaciones y propuestas del Organismo Nacional, establece que cuatro elementos soldados poseen información relevante de los ocurridos.
“…En seguimiento a la dinámica de comparecencias de personal militar en este asunto, se estima que, respecto de 4 elementos cuya actividad estaba enfocada a la recepción de información sobre el acontecer cotidiano en la vía pública relacionado con la seguridad, sería conveniente su comparecencia porque, a través de sus testimonios, podría precisarse el contenido de los reportes generados en la sucesión de los hechos que se investigan”, se detalla en el documento.
Y agrega que se requiere de las declaraciones de otros cinco elementos del Batallón 27:
“En similar sentido, se considera que las comparecencias de los 3 militares que con posterioridad acudieron a los lugares de las agresiones, pudieran aportar mayor información relacionada con la recolección de evidencias de los hechos. Adicionalmente, se sugiere la comparecencia de 2 elementos militares, uno que rendiría testimonio relacionado con actos del entorno prevaleciente la tarde-noche en que sucedieron los hechos y, otro, que podría rendir declaración sobre las circunstancias tangenciales en que acontecieron pero que pudieran tener relevancia para la investigación”.
También, la CNDH pidió a la Secretaría de la Defensa Nacional información sobre quiénes de los 43 desaparecidos en los hechos de Iguala pertenece o ha pertenecido al Ejército. La información ayudaría no sólo para integrar las fichas de identidad faltantes, sino para aclarar si el soldado-normalista realizada estudios o era parte de una red de espionaje del Ejército en la Normal de Ayotzinapa.
La PGR informó que aceptaba las observaciones y propuestas hechas por la CNDH, sin embargo, se ha descartado abrir una línea de investigación hacía la participación u omisión del Ejército en Caso Ayotzinapa.
Fuente.-LaSillaRota.
