El gobierno de López Obrador pasará a la historia por entregarle facultades constitucionales a las fuerzas armadas sin que hayan probado eficacia alguna. En pleno fin de semana patrio, el general Jesús Leana Ojeda, comandante de la 3ª región militar en Sinaloa, dijo una verdad polémica sobre la seguridad: “No depende de nosotros, sino de los grupos antagónicos”.
Durante 18 años diversas instituciones de derechos humanos, especialistas en materia de seguridad, el Poder Judicial y hasta el propio presidente López Obrador cuando era candidato; advirtieron hasta el cansancio lo que el general Leana Ojeda afirmó con contundencia en su conferencia de prensa: la seguridad pública no depende de las fuerzas armadas.
Las palabras del general, más que causar indignación, son el reflejo de que la estrategia de seguridad militarizada está rebasada. La convicción de que solo el ejército puede garantizar la seguridad en los estados ha quedado sepultada con las palabras de Leana Ojeda.
Pero mientras eso sucede, en el Poder Legislativo siguen sin querer ver la realidad, pues hoy inicia en la Cámara de Diputados la discusión del dictamen para la Reforma Constitucional a la Guardia Nacional para que esta quede a cargo de la Sedena.
El dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales que será discutido el día de hoy se justifica de la siguiente manera: “Al proponer la adscripción de la Guardia Nacional en la Sedena, la presente iniciativa busca que en dicho cuerpo tengan reglas claras.”
Así, mientras un mando militar se deslinda de la responsabilidad de instaurar la paz en un estado que lleva 10 días en llamas, con miles de familias sitiadas y en pánico total, el Poder Legislativo se aferra a entregar la seguridad pública a la Sedena bajo la falacia de tener reglas claras.
Pero eso no es todo. Al ser una reforma constitucional, hay un impacto considerable en el ejercicio de los derechos de las personas. Por ejemplo, la modificación propuesta al artículo 13 es que el fuero militar se extienda también a los elementos de la Guardia Nacional. Así, tragedias como los asesinatos de la niña de 5 años, Heidi Mariana Pérez, en Nuevo Laredo o los hermanos Nahomi y Sergio en San Luis Potosí, serán juzgadas por la jurisdicción militar y no por un juez del fuero civil como lo establece el derecho internacional de los derechos humanos.
La otra barbaridad de la reforma es convertir a la Guardia Nacional en Policía Investigadora. O, mejor dicho, que la Sedena investigue los delitos y no una policía ministerial. Carro completo para la militarización. El monopolio de la estrategia de seguridad quedará establecido en la Constitución.
La modificación del artículo 21 constitucional además pone en manos de la Guardia Nacional (o sea del ejército) cumplir los fines de la seguridad pública.
La barbarie de la militarización culmina con la modificación al artículo 73 respecto de las facultades del Congreso.
Un poco de historia militarista: Peña Nieto promulgó la Ley de Seguridad Interior y la Suprema Corte la echó abajo porque el artículo 73 no establece facultades del congreso para legislar en la materia. Imitando a Peña Nieto y a pesar de los antecedentes que permitieron tirar los intentos de militarizar a cierto grado la seguridad pública, aquellos que presumen ser diferentes proponen reformar este artículo para darle al Congreso la facultad de militarizar al país. A la letra versa: “73. XXXI. Para expedir leyes que regulen y establezcan requisitos y límites para la participación del Ejército, Armada y Fuerza Aérea en materia de seguridad interior y en tareas de apoyo a la seguridad pública”. Sí, ni Peña Nieto se atrevió a tanto.
No llevaba ni tres meses como presidente y López Obrador rompió de golpe su promesa de regresar al ejército a sus cuarteles. Arrancó el sexenio con su primera reforma para militarizar al país y lo clausura entregando todo a las fuerzas armadas, en medio de un estado incendiado de violencia, con el ejército lavándose las manos y sin poder judicial independiente. Así lo recordaremos.
Fuente.-@MaiteAzuela/EL UNIVERSAL+/
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