Abel Murrieta está en la calle California, en la alcaldía de Cajeme en Sonora. Reparte volantes para promocionar su imagen, quiere gobernar el municipio bajo los colores de Movimiento Ciudadano.
Ahí, en el territorio que actualmente es gobernado por el morenista Sergio Pablo Mariscal, un hombre de pantalón de mezclilla y camisa de manga corta cruza la calle caminando; se dirige directamente al candidato y su equipo de campaña, desenfunda un arma y dispara a quemarropa 10 veces contra Murrieta.
El cuerpo del candidato, exprocurador de justicia del estado de Sonora y abogado de la familia LeBarón, queda tendido en el suelo. “Cajeme ya no puede, ni va a seguir tolerando a políticos corruptos que dejan impunes a quienes arremeten contra los ciudadanos”, había escrito el 13 de mayo de 2021 en Twitter, unas horas antes del atentado en su contra.
Su asesinato es apenas uno de los 101 homicidios de políticos que se reportaron entre septiembre de 2020 y el 6 de junio de 2021, el día de la elección más grande de la historia de México, también la más violenta.
A ese listado de muertes, se suman otros 157 incidentes violentos: amenazas, atentados, desapariciones forzadas y heridas en riñas, según recopiló el Programa Noria Research para México y América Central en su proyecto Elecciones y Violencia.
Además, el análisis, coordinado por María Teresa Martínez Trujillo, encontró que el 74% de las víctimas de violencia en el ciclo electoral eran opositores al partido gobernante de su municipio.
En la lista está el homicidio de Alma Barragán, aspirante a la alcaldía del municipio de Moroleón, Guanajuato, que ocurrió durante un mitin en la comunidad “La Manguita”. Este municipio es actualmente gobernado por el perredista Jorge Ortiz Ortega.
“Todos nosotros como ciudadanos abandonados muchos años”, pronunciaba la candidata de MC cuando un grupo de hombres armados, que presuntamente se habían camuflado entre los simpatizantes que presenciaban el evento, disparó en su contra.
Apenas el 6 de junio, la Fiscalía General del estado informó que detuvo a los presuntos asesinos materiales de la candidata, los hermanos José y Fernando “N”. Esta versión ha sido rechazada por los familiares de los detenidos. Su madre, Esmeralda García le envió un mensaje a la familia de la candidata: “No se dejen engañar por el gobierno, debe haber pruebas de que mis hijos no estaban ahí, no se vayan a dejar engañar por estas mentiras”.
Según los datos de la organización, la figura de alcalde (candidatos, en funciones, anteriores) fue la más atacada: sufrió el 55% de los incidentes. En su mayoría, los actos de violencia fueron atribuidos a hombres o comandos armados y directamente al crimen organizado, aunque en un 16.7% de los casos la autoridad no pudo definir al autor de la violencia.
Las estadísticas del estudio de Noria Research.
TERRITORIOS DE MORENA Y EL PRI LOS MÁS VIOLENTOS
De los 258 incidentes de violencia que se registraron en 27 de los 32 estados de la República mexicana –la mayoría en Veracruz, Oaxaca, Puebla, Guerrero y Michoacán– resaltaron aquellos territorios donde actualmente el partido Morena está al frente.
Un total de 75 casos ocurrieron en un territorio gobernado por este partido, la mayoría de las víctimas eran actores políticos municipales y un estatal.
Tras Morena, el PRI. Según el conteo de la organización, 64 de las incidencias ocurrieron en territorios gobernados por el tricolor, la mayoría también contra políticos municipales y el resto (9) contra actores estatales.
En esta línea aparece Francisco Cortés Pancoatl, candidato de Morena, PT y el partido local Pacto Social de Integración, quien buscó la alcaldía de Santa Clara Ocoyucan, que actualmente gobierna el tricolor.
Cortés fue atacado a balazos mientras se transportaba en su vehículo. Los dos balazos lo dejaron herido en la mano izquierda, pero sobrevivió.
"Me apena en verdad que en tiempos electorales existan este tipo de actos violentos, al igual que hace 3 años con el asesinato de nuestro amigo #AaronVarela. Esto es de las principales situaciones que deben erradicarse en #Ocoyucan", dijo tras el atentado.
Aaron Varela fue asesinado en 2018, era precandidato de Morena a la misma alcaldía. Los resultados electorales de entonces le dieron el triunfo al PRI, el partido que volvió a resultar ganador este 2021.
Según el análisis, el 55% de los casos que documentaron fueron atentados, 39.1% homicidios, 3.1% desaparición forzada, 1.9% presuntos accidentes, el .4% heridas en riñas y otro .4% protestas.
Otro hallazgo fue que en 6 de cada 10 casos se utilizó un arma de fuego.
¿FUE EL NARCO?
El análisis de la organización detalla que usualmente las autoridades, como los mismos académicos que analizan la violencia en estos contextos, apuestan por responsabilizar al crimen organizado por estos actos.
“La gran mayoría de los estudios asocia la violencia electoral contemporánea con el ‘narco’”, argumentan.
Esta premisa se sostiene, advierten, por el presunto interés del narco de controlar las rutas de trasiego o puntos de producción de drogas, tener control territorial para extorsionar a políticos o habitantes e imponer las reglas de control social a los ciudadanos.
Pero, estos argumentos no alcanzan para atribuirles toda la responsabilidad porque, señalan los analistas, “la violencia es utilizada como un recurso político central por actores públicos y privados”.
Así, las autoridades, las fuerzas públicas y actores privados, empresarios incluidos, colaboran activa o pasivamente en la protección de los actores violentos.
Las redes establecidas por estos sectores con grupos criminales inciden directamente en actos de represión, amenazas, y asesinatos de candidatos en México.
El homicidio de René Tovar, candidato de Movimiento Ciudadano en Cazones de Herrera, Veracruz, pone en evidencia estas relaciones.
A dos días de que la ciudadanía saliera a ejercer su voto en las urnas, un grupo de civiles armados le disparó a Tovar al menos en ocho ocasiones cuando llegaba a su casa. Su equipo de campaña lo trasladó a un hospital cercano, pero al llegar ya había fallecido.
Las indagatorias más recientes echaron para abajo el argumento de que había sido un atentado del crimen organizado, pues confirmaron que el principal sospechoso del asesinato es Omar Ramírez, el jefe de campaña del candidato.
En la contienda electoral, Tovar se convirtió en el candidato más votado, con el 49% de los votos, lo que colocó a Ramírez como su suplente, nombrado oficialmente como alcalde electo de Cazones. El móvil habría sido quedarse con el cargo público.
Otro punto importante del análisis de Noria Research es que la geografía de la violencia electoral muestra que los territorios más afectados por esta actividad no son necesariamente regiones con la mayor presencia del crimen organizado del país, pues Oaxaca, Puebla y Veracruz forman parte de las entidades con mayor violencia electoral, pese a no ser considerada “tierra de cárteles”.
En este sentido, los analistas enfatizan que la autoría del crimen organizado no es la única explicación que debe dársele a la violencia.
CRIMEN ORGANIZADO: EL CHIVO EXPIATORIO
El mismo presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció respecto a la violencia, acusó directamente a la delincuencia organizada de “generar inestabilidad” en vísperas de los comicios.
“Muchas veces generan estos ambientes para que la gente tenga miedo y no participe, y cuando hay abstención dominan los de la mafia las elecciones, ya sea la mafia de la delincuencia organizada o la de cuello blanco, entonces, lo mejor es votar”, dijo a finales de mayo en una de sus conferencias mañaneras.
El presidente también acusó a los medios de comunicación de “enrarecer el ambiente”, de ser amarillistas y colocar los atentados contra candidatos como notas principales.
Al tiempo, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, declaró que la violencia contra aspirantes y candidatos no tiene motivaciones electorales. En cambio, dijo que la violencia está relacionada con conflictos territoriales y de viejas demandas sociales, segundo a organizaciones sindicales, campesinas, populares y estudiantiles que “aprovechan” la coyuntura para presionar y, por último, mencionó “acciones criminales” en municipios con ausencia de Estado de derecho.
El mismo discurso fue puesto sobre la mesa por Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, quien dijo que la campaña de miedo era ejercida por el “partido de la delincuencia organizada y de cuello blanco, una situación heredada por la actual administración.
Ana Velasco Ugalde, autora del informe “¿Cómo proteger los candidatos electorales en México?”, también parte del proyecto de Noria Research. Detalla que esta línea discursiva que atribuye toda la violencia al crimen organizado, lejos de coadyuvar a la protección de los candidatos, termina dejándolos en indefensión.
Velasco pone foco en el caso italiano donde, aún sin tener un protocolo de protección de candidatos como en México, han trabajado en lo importante: ubicar las colusiones sistemáticas entre gobiernos locales e intereses criminales. Italia apostó por disolver los gobiernos municipales infiltrados por la mafia y prohibir que alguien culpable de tener vínculos con mafiosos pueda ser candidato de nueva cuenta.
El estudio aboga por unificar esfuerzos de los tres niveles de gobierno para trabajar de forma integral en la prevención y atención a los casos de violencia relativos a los procesos electorales.
Fuente.-@AleCrail /
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