Una de esos misterios es por qué el actual gobierno firmó un contrato con una empresa extranjera para hacer 135 mil búsquedas con el objetivo de geolocalizar teléfonos celulares en territorio mexicano y sólo comprobó el ejercicio de 13 mil 890 de ellas, dijo a EMEEQUIS el director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Luis Fernando García.
“Hay dos hipótesis: (La FGR) Contrató muchísimo más búsquedas de las que usó, lo cual es un dispendio de recursos públicos... o sí las usó, pero no las reportó a un juez, lo cual significa que se hicieron sin autorización judicial”, comentó García, quien ha participado en las investigaciones recientes sobre uso de equipo espía contra periodistas, activistas y políticos en los últimos gobiernos federales.
Ese contrato es uno de los cuatro que, entre 2019 y 2020, firmó la FGR con la empresa israelí Rayzone Group para usar el software Geomatrix, que infecta teléfonos celulares para que, vía remota, se pueda conocer su ubicación en un mapa, de acuerdo con una investigación publicada en abril pasado por la periodista Zorayda Gallegos en el diario El País.
Legalmente, la FGR tiene facultades para comprar ese tipo de software y usarlo en investigaciones contra el crimen organizado o grupos terroristas, pero sólo puede hacerlo mediante la autorización de un juez especializado o para dar prioridad a la vida de una persona que está en riesgo de muerte.
El hecho de que 90% de las búsquedas compradas a Rayzone Group no hayan sido reportadas –y que la Auditoría Superior de la Federación no pueda saber, hasta ahora, si se usaron y para qué– representa una alerta roja, asegura R3D.
DUDAS Y UNA PROMESA QUE NO SE PUEDE VERIFICAR
“No hay certeza de que ese software se esté usando para investigación de inteligencia criminal, y no contra periodistas o activistas o políticos. Todo lo que tenemos es la promesa presidencial de que en este gobierno no se espía, pero eso no lo podemos verificar.
“No podemos verificar porque el uso de estas herramientas no están debidamente reguladas. Hay pocos controles para la adquisición, para el uso y la rendición de cuentas. Estos casos revelan que todavía hay una gran discrecionalidad y que se siguen utilizando de manera ilegal”.
La investigación de los diarios The Washington Post, The Guardian, CNN –y otros 13 gigantes periodísticos en alianza con las organizaciones Amnistía Internacional y Forbidden Stories– encontró que el software espía Pegasus, adquirido durante el sexenio de Peña Nieto, se dirigió contra unos 15 mil teléfonos en México de políticos, periodistas, activistas y líderes sindicales, entre otros.
Entre ellos, resalta el primer círculo del presidente López Obrador: su esposa Beatriz Gutiérrez, sus hijos, hermanos y hasta su cardiólogo fueron blancos del software. También la actual jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, así como ministros y otros altos funcionarios del actual gobierno cuando estaban en la oposición.
Además, con el software comprado por el gobierno de Enrique Peña Nieto se espió a, al menos, 25 periodistas, entre ellos, Carmen Aristegui, Rafael Rodríguez Castañeda, Jorge Carrasco, Jenaro Villamil, Arturo Rodríguez, Marcela Turati, Álvaro Delgado, Alejandra Xanic, Ignacio Rodríguez Reyna, así como al reportero guerrerense Cecilio Pineda Brito, asesinado el 2 de marzo de 2017, semanas después de que su teléfono fue intervenido.
En la conferencia matutina de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que esa práctica ilegal se terminó con el anterior sexenio y que su administración no espía a nadie, aunque tampoco aclaró las dudas de activistas por los derechos digitales sobre los alcances y subreportes del software de geolocalización de celulares comprado por el fiscal general del país.
Fuente.-@emeequis /
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