En México, 819 plantas de tratamiento de aguas residuales se encuentran fuera de operación, revela la Conagua a Contralínea. Tres de ellas se ubican en el Estado de México y afectan a más de 11 mil habitantes, que consumen el recurso contaminado del río Amecameca. Con aguas sucias, ejidatarios afectados riegan sus cultivos; los productos acaban en los mercados de la Ciudad de México
San Mateo Huitzilzingo, Estado de México. De las 3 mil 359 plantas de tratamiento de aguas residuales que hay en el país, 819 –el 24.3 por ciento– se encuentran fuera de operación, revela a Contralínea la Comisión Nacional de Agua (Conagua).
Tres de esas instalaciones inoperantes son las que supuestamente sanearían el río Amecameca, en el Estado de México. Se trata de la de San Mateo Huitzilzingo, la de San Pablo Atlazalpan y la de Temamatla. Tan sólo en este último caso se calcula que son 11 mil personas impactadas por el abandono en el que se encuentra la infraestructura.
De acuerdo con habitantes de la zona, la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) les prometió que con las plantas de tratamiento de agua residual (PTAR) se sanearía ese río, lo que conllevaría un doble beneficio, pues las comunidades que ahí habitan se dedican esencialmente a la agricultura y ello beneficiaría al riego de sus cultivos.
Carlos Tecla López, presidente del Comisariado Ejidal de Temamatla. “Da mucha tristeza que el gobierno no pueda hacer algo para solucionar esto, para ayudarnos. Hay pura corrupción en nuestro país”.
Durante un recorrido hecho por Contralínea en las tres comunidades*, ejidatarios aseguran que las autoridades locales, estatales y federales están dañando su vida y sus campos, transformando el río Amecameca en canal de aguas negras e incentivando el crecimiento de la mancha urbana. Además, acusan que las tres PTAR son inservibles.
Consultado por este semanario el pasado 19 de febrero en su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció: “Es un problema grave la contaminación de los ríos, el Lerma, el Atoyac, la mayoría, desgraciadamente, de los ríos. Y se producen enfermedades graves por esta contaminación”.
El primer mandatario aseguró que la Secretaría de Medio Ambiente va a “presentar un diagnóstico y un plan para limpiar los ríos y que funcionen [las] plantas de tratamiento que se han comprado y quedaron ahí arrumbadas. Y también poner orden, desde el punto de vista legal, que se castigue a quienes tiren desechos, aguas negras, incluso metales contaminantes a los ríos”.
Benjamín López Ortiz, presidente del Consejo Ejidal de San Mateo Huitzilzingo, expone: “A nosotros nos ha venido a afectar la CAEM, en primer lugar con la no resolución de la alta contaminación del río Amecameca, ya que esta Comisión es la encargada de él; y en segundo lugar, con la planta de tratamiento de la región que beneficia solamente como a unas cinco o seis personas y deja sin el preciado líquido a 220 familias”.
Agrega que a los ejidatarios se les impide entrar a la planta “porque el ingeniero de ahí, que se apellida Caballero, se dio cuenta que estábamos investigando muy de cerca la situación, cuando fue él quien se comprometió a darnos agua a nuestro ejido. Recuerdo que hace más de 1 año que platicamos con él nos comentó que tenían un presupuesto de 90 millones de pesos y le hacían falta 18 millones más para terminar de construir la planta y así poder darnos finalmente el agua; sin embargo, cuando ya obtuvo la suma total de 108 millones, no cumplió lo que nos dijo y realmente no lo va a hacer”.
Sabino Ortiz Jiménez, tesorero del Comisariado Ejidal de Temamatla. “Que no haya una planta de tratamiento sí nos ha perjudicado: hemos tenido graves pérdidas en los cultivos; y luego que no llovió, hemos sufrido sequía y si hubiera estado esta planta en función hubiéramos podido salvar algo”.
López Ortiz explica que los ejidatarios presentaron un reporte a la presidencia municipal en el cual exponen la situación. La autoridad local los canalizó con el Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, “pero tampoco tomaron cartas en el asunto. Entonces les da lo mismo: a ellos no les importa si funciona o no la planta porque no tienen la necesidad del agua como nosotros la tenemos”.
El abandono de la infraestructura se da a pesar de que en el gobierno de Felipe Calderón, la Conagua presentó el Programa Integral de Saneamiento del Río Amecameca, al cual se le destinaron 876 millones de pesos en dos etapas, con el objetivo de tratar las descargas de aguas negras generadas en la cuenca del río (comunicado de prensa 257, del 16 de agosto de 2011).
Dicho programa debía concluir en 2015, e incluía la instalación de sistemas de recolección y plantas de tratamiento en los municipios de Amecameca, Atzingo, Ayapango, Ayotzingo, Cuijingo, Chalco, Juchitepec, Nexapa, Temamatla y Tenango del Aire en la parte alta de la cuenca.
Ante la indolencia gubernamental, el 12 de noviembre de 2019, 11 ejidatarios presentaron una denuncia ciudadana ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), para que se investiguen las irregularidades que han documentado en la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la comunidad. Para este proceso tuvieron el acompañamiento de las organizaciones Controla Tu Gobierno, Fundar y la Comisión de la Cuenca de los Ríos Amecameca y La Compañía.
Al respecto, Francisco Núñez Escudero, encargado de la Vocalía Ejecutiva de la Comisión del Agua del Estado de México, dice a Contralínea que a pesar de que se busca contribuir al saneamiento del río Amecameca con las PTAR, las que ellos construyen son para residuos orgánicos, y aclara: “si hay residuos de carácter industrial eso no lo atienden las plantas, eso más bien está faltando a la normatividad de descarga que se establece y eso le corresponde a otras entidades distintas de la CAEM, nosotros buscamos apoyar en ese tema, pero cada quien debe hacer la parte que le corresponde”.
Javier Vallejo Pérez, ejidatario de Temamatla. “Nosotros sólo queremos que terminen de construir la planta para no gastar el agua potable para regar, porque de por sí sufrimos de [escasez de] agua; entonces es injusto que el gobierno haya derrochado tanto dinero, que lo haya tirado a la basura”.
A su vez, señala que “toda instalación hidráulica tiene seguridad y para ingresar a ella se debe pedir un permiso […] yo puedo afirmar que cada persona que ha solicitado un permiso para entrar [a las PTAR] se la ha concedido”.
El funcionario explica que el aumento del presupuesto en la construcción de la planta de Huitzilzingo fue derivado del sismo de 2017: “los tanques sufrieron fracturas y prácticamente la obra civil se tuvo que rehacer y eso no sólo impidió que entrara en operación con anterioridad sino que aumentó mucho el costo por los daños”.
Por su parte, el secretario del Comisariado Ejidal de San Mateo Huitzilzingo, Carlos Medina López, asegura que el municipio prometió apoyo económico para el ejido de la comunidad, sin embargo, este jamás llegó. “A nosotros los ejidatarios no nos llega nada. Quisiéramos que ellos mismos vinieran y nos dijeran: ‘aquí está el dinero y úsenlo para su campo’, pero no, y ahora nuestras tierras están secas. Antes sacábamos tres cosechas completas de maíz al año, pero ahora si acaso sacamos 10 cargas de maíz con ayuda de unas bombas que nosotros mismos mantenemos, pagamos gasolina y reparaciones de éstas para regar los cultivos”.
El campesino agrega que en esta zona del río Amecameca había muchos árboles, pero la propia Comisión del Agua del Estado de México tiró varios. Y señala que funcionarios de esa dependencia aseguraron que tenían “la orden de tumbar todo y es mentira porque eso está penado, se los dijimos, pero nos ignoraron”.
No obstante, el encargado de la Vocalía Ejecutiva de la CAEM, Núñez Escudero, asegura en entrevista que son los mismos ejidatarios los que prefieren el uso del agua no tratada, por lo que en su mayoría están en contra de la construcción de las Plantas de Tratamiento de Agua Residual.
Agrega que es el gobierno, a través de la Comisión del Agua, el que ha promovido que utilicen el recurso tratado en las plantas. “Y realmente es un fenómeno generalizado en todo el país, no sólo en el Estado de México: muchas veces los agricultores prefieren utilizar aguas no tratadas a utilizar aguas tratadas”.
Carlos Medina López, secretario del Comisariado Ejidal de San Mateo Huitzilzingo. “Nunca hemos tenido ni un peso de apoyo del gobierno actual ni de los gobiernos anteriores. Siempre nos prometen y nunca cumplen”.
-¿Ustedes cómo tienen este dato de que estas personas prefieren usar el agua no tratada?
-Porque se han manifestado al respecto en todo el país. Usted puede revisar que, por ejemplo, la principal objeción para la construcción de la planta de El Salto, que depende de la Conagua, es que los agricultores no quieren que se les intercambie el agua sin tratar por agua tratada, básicamente porque en el tratamiento se disminuye el número de nitratos dentro del agua y éste es un abono para los cultivos.
-Los ejidatarios [que dependen del río Amecameca] dicen que ellos sí quieren que se les trate el agua, pero como estas plantas no están funcionando utilizan el agua sucia.
-Bueno, la planta de Huitzilzingo y Atlazalpan sí están funcionando y sin embargo el agua termina otra vez en el río Amecameca. Nosotros desafortunadamente no hemos encontrado una fuerte disposición por utilizar el agua tratada. Quizs alguno por excepción prefiere el agua tratada, pero en los hechos, en todo el país, la gran mayoría de los agricultores prefiere el agua no tratada.
Pueblos, obligados a consumir agua sucia
Aproximadamente 11 mil habitantes de Temamatla, San Mateo Huitzilzingo son obligados a consumir el vital recurso contaminado, pero la afectación es mucho más extensa.
Alberto Yescas, ejidatario de San Mateo Huitzilzingo, explica que “el agua sucia del río Amecameca es la que se está utilizando para regar los cultivos: la verdura que se logra sembrar ingresa a la Ciudad de México y se lleva a los mercados, entonces hablamos de verdura contaminada. La responsabilidad es del gobierno, pero no hay interés. Hasta el momento nadie ha venido a analizar el agua del río y queremos que lo hagan porque inclusive el agua potable que consumimos ya se está contaminando nuestro pozo: está encharcado y rodeado por esta agua sucia. Ya es necesario que hagan algo al respecto”.
La situación se replica en otras comunidades. Sabino Ortiz Jiménez, tesorero del Comisariado Ejidal de Santiago Zula, explica: “todas las hectáreas que tenemos aquí, aproximadamente unas 200, se perdieron y nuestras ventas económicas cayeron al cien por ciento, estamos en ceros; además de que algunos de los ejidatarios riegan sus cultivos con aguas negras. Está mal, lo sabemos, está muy mal porque es agua contaminada. Nosotros sólo pedimos que nos ayuden, que nos terminen de construir la planta y traten el agua para poder usarla, yo me pregunto ¿por qué cancelaron el proyecto si todavía no lo terminaron?, ¿en dónde se quedaron todos esos recursos? Porque esta obra que podemos ver aquí no vale esos casi 48 millones que dicen que invirtieron”.
Benjamín López Ortiz, presidente del Consejo Ejidal de San Mateo Huitzilzingo. “Yo no entiendo por qué nos perjudican si somos campesinos. Nosotros sólo queremos conservar nuestro ejido y que no empiece a crecer la mancha urbana”.
En el caso de San Pablo Atlazalpan, uno de los trece pueblos originarios que conforman el municipio de Chalco, Floriberto Martínez Flores, integrante del Consejo Comunitario y miembro del Comité Ciudadano de Control y Vigilancia, detalla que en 2015 comenzó el proyecto de la PTAR en las tierras de la comunidad y fue en 2018 cuando terminó la construcción. Sin embargo, jamás fue entregada a los ejidatarios como se les había prometido.
“Nosotros tenemos unos videos donde se puede ver que la CAEM nos aseguró que, concluida la obra, nos la entregarían a los ejidatarios para hacernos responsables de la administración y mantenimiento, pero no fue así y actualmente se encuentra sin operar.”
Agrega que antes de ello, los ejidatarios “teníamos nuestros pozos y lagunas, pero vinieron a prometernos que la planta nos beneficiaría y que sería nuestra; entonces, toda la comunidad cooperó para comprar el terreno en el que está construida, ahora que nosotros les pedimos que nos entreguen la planta, sólo nos dicen que nos van a avisar y así nos han traído desde hace meses”.
Al respecto, Vicente García de Jesús, presidente del Consejo de Vigilancia del Comité de Agua Potable del pueblo originario, expone: “fuimos a las oficinas de la CAEM y el vocal ejecutivo nos dijo que como campesinos no teníamos la capacidad de poder operar ni administrar la planta, y que se la daría a una empresa privada”.
Alberto Yescas, ejidatario de San Mateo Huitzilzingo. “Nosotros teníamos entendido que el presupuesto del gobierno federal que tenía para estos programas de las plantas iba a ser utilizado para sanear esta zona, para uso de riego del ejidal y producción del campo, pero no fue así; entonces aquí hay un grave problema de corrupción”.
No obstante, señala que la comunidad cuenta con un comité de agua potable que es autónomo, es nombrado en asambleas cada 3 años. Por ello, propusieron que éste junto con los productores operen la planta. “Pero hemos obtenido negativa del gobierno del estado diciendo que no es permitida esta administración”.
Los ejidatarios entrevistados narran que antes cultivaban maíz, frijol, haba, apio, coliflor, betabel, avena, cilantro, lechuga, brócoli, verdolaga, romero, alfalfa, espinaca, entre otros, para poder surtir los mercados de la capital. También criaban vacas, cerdos, gallinas y caballos. Sin embargo, la pérdida de sus campos y de sus ganados ha orillado que vendan sus tierras y recorran grandes distancias a la capital en busca de trabajo. Algunos más han migrado a otros estados o se dedican al comercio para poder solventar los gastos familiares.
“Estamos exigiendo que este recurso [el agua] sea destinado para nuestra producción agrícola, como pueblo originario tenemos ese derecho y lo vamos a ejercer. El gobierno federal y estatal nos han negado ese derecho y por eso nos estamos organizando. No pedimos más que el poder utilizar el agua para nuestros campos; ya que al momento, de nuestras 500 hectáreas, ya hemos perdido un 90 por ciento”, declara Julio García, miembro del Colectivo del Consejo Comunitario de San Pablo Atlazalpan.
La planta de Temamatla
Los ejidatarios de Temamatla denuncian que la planta de tratamiento de agua residual, que también depende de la CAEM, está abandonada desde hace más de 5 años, y aún no está terminada. En ella se invirtieron más de 47 millones de recursos federales y locales.
Pero no son los únicos afectados. “La planta lleva años que no le han hecho nada, ahí se puede ver yo creo sólo un 60 por ciento del proyecto. La comunidad cedió parte de los terrenos para que se hiciera la obra porque nos dijeron que íbamos a obtener un beneficio para el ejido [San Juan de Dios de Santiago Zula], pero nunca la terminaron y jamás obtuvimos ese beneficio”, manifiesta Carlos Tecla López, presidente del Comisariado Ejidal de Santiago Zula.
Por el contrario, asegura, “hemos perdido nuestros cultivos y hemos tenido escasez de agua”. Y agrega: “sólo una vez a la semana tenemos agua: los sábados. Ese día durante 12 horas echan a andar el pozo. Los que tenemos cisterna se nos alcanza a llenar, pero otros apartan agua en los botes que tengan. También tiene mucho que ver si son familias grandes o chicas: a las familias grandes yo creo que el agua sólo les dura 2 o 3 días y es cuando deben contratar una pipa en 700 pesos o comprar tambos de 200 litros en 150 pesos”.
Por su parte, Javier Vallejo Pérez, ejidatario de Temamatla, afirma que “si esta planta tratadora empezara a funcionar, de aquí nos llevaríamos unas redes de agua al pueblo, a la deportiva, a las escuelas que tienen jardines y hacer unos lagos para poder regar; así no estaríamos gastando el agua potable porque aquí está súper escasa. Con el problema de la sequía y que no hay agua para regar, muchos han tenido que vender sus tierras. De los 108 ejidatarios sólo 10 continúan sembrando maíz, frijol, calabaza, avena, hortaliza y algunos regando con agua sucia”.
Vicente García de Jesús, presidente del Consejo de Vigilancia del Comité de Agua Potable de San Pablo Atlazalpan. “Algo que nos preocupa es que se está perdiendo la producción agrícola y nosotros estamos buscando que esto no suceda, pero para esto necesitamos el agua”.
Al respecto, la organización Controla tu Gobierno indica que para la construcción de la PTAR en Temamatla, la Comisión del Agua del Estado de México firmó cinco contratos con cinco empresas por un total de 47 millones 797 mil 364.69 pesos.
La organización proporcionó a Contralínea una copia de los cinco contratos:
- Contrato CAEM-DGIG-APAZU-033-14-CSS, formalizado el 18 de julio de 2014 con la empresa Grupo Arquitec RS de Morelos, SA de CV, con un presupuesto asignado de 7 millones 886 mil 871.96 pesos.
- Contrato CAEM-DGIG-APAZU-057-15-CS, formalizado el 3 de marzo de 2015 con Promotora VIPLAN, SA de CV, por 9 millones 173 mil 203.41 pesos.
- Contrato CAEM-DGIG-PROTAR-116-15-CP, formalizado el 29 de mayo de 2015 con VALSI Infraestructura, SA de CV, con un presupuesto asignado de 29 millones 390 mil 542.30 pesos.
- Contrato CAEM-DGIG-PROTAR-196-15-CS ,del 17 de julio de 2015, con Grupo Enriquez Soluciones Ambientales y Desarrollo Empresarial, SA de CV, por 997 mil 555.64 pesos.
- Contrato CAEM-DGIG-PROTAR-217-15-CS, del 20 de julio de 2015 con ESGON de México, SA de CV, por 349 mil 191.38 pesos.
Floriberto Martínez Flores, miembro del Comité Ciudadano de Control y Vigilancia. “Nosotros dependemos de nuestros cultivos, pero ahora se están secando por falta de agua”.
Además, Controla tu Gobierno explica que en la ejecución de la obra se identificaron algunas irregularidades, entre las que sobresale: el incumplimiento de los plazos de entrega, puesto que el último venció en septiembre de 2016 y el terreno en el que se estaba construyendo, pues se halla entre los límites de Temamatla y Chalco, lo cual dificulta que alguna de las dos demarcaciones asuma los costos de operación que, según estimaciones, ascendería a 1 millón 289 mil 877.13 pesos por año, lo que implicaría un costo de 1.70 por metro cúbico de agua tratada.
“Esta planta está en ruinas y ni siquiera está cercada, para su construcción se utilizaron recursos federales y estatales”, puntualiza Pamela López, investigadora de Controla tu Gobierno; y agrega: “hasta el momento, de las 11 plantas que hemos vigilado, solamente dos están en funcionamiento, una está en proceso de construcción y las otras siete están igualmente abandonadas, […] lo cual ha afectado a ejidatarios, productores y campesinos que no han podido utilizar el agua de estas PTAR”.
Asimismo, Elvia Arzate, coordinadora de proyectos de la misma asociación, explica: “nosotros interpusimos una denuncia ciudadana porque en una de las 11 PTAR, la de Huitzilzingo, encontramos errores de planeación y construcción porque donde se encuentra actualmente se está hundiendo. […] Estamos en espera de que la Auditoría Superior de la Federación investigue si hubo o no malversación, corrupción o tráfico de influencias”.
Julio García, integrante del Colectivo del Consejo Comunitario de San Pablo Atlazalpan. “No pedimos más que el poder utilizar el agua de nuestros campos, pero los gobiernos federal y estatal nos han negado ese derecho”.
Destaca que además de la de San Mateo Huitzilzingo, hay otras plantas de tratamiento de agua residual –como las de San Pablo Atlazalpan, Ayotzingo y Tenango del Aire– que se hallan en situaciones parecidas en la región de Chalco: “todas las plantas de la región están en las mismas condiciones, unas peor que otras, como ésta [la de Temamatla] que ni siquiera tiene un proyecto para terminarla o rehabilitarla, e incluso ya se han llevado todo el equipamiento; entonces está abandonada y los más de 47 millones invertidos en ella se fueron al río con toda la suciedad”.
Las integrantes de Controla tu Gobierno señalan: “nosotros tenemos información que muestra que hay cinco empresas involucradas y nos preguntamos por qué el gobierno [del Estado de México] decidió contratarlas; por qué usar esta cantidad de dinero y por qué dejarla simplemente abandonada. Los ciudadanos tenemos el derecho de pedir explicaciones sobre cómo se están usando nuestros recursos y las personas que viven aquí que son las perjudicadas directamente, el gobierno no las toma en cuenta, pareciera que son invisibles”.
fuente.-Viridiana García/enviada
*El recorrido se realizó previo a la pandemia de Covid-19/
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