Autoridades de Estados Unidos detuvieron con fines de extradición en Florida al ex Gobernador de Chihuahua, César Duarte, quien es buscado en México por decenas de casos de corrupción y desvíos de recursos públicos.De acuerdo con funcionarios del Gobierno de Javier Corral, los estadounidenses capturaron al ex Mandatario estatal, aunque de momento no han sido informados del número de asuntos penales por los que fue tramitada su extradición ante el Departamento de Estado.
TODOS LO VEIAN Y NADIE LO BUSCABA:
Contra Duarte se han librado por lo menos 21 órdenes de aprehensión, desde que en octubre de 2016 concluyó su mandato, de las cuales 20 corresponden al fuero común y una a la jurisdicción federal.
Las autoridades mexicanas tenían conocimiento de que el ex mandatario radicaba por lo menos desde hace dos años en Miami, Florida, aunque aparentemente antes vivió en Texas.
Desde que se ordenaron las primeras capturas, la Fiscalía de Chihuahua entregó a la Cancillería los expedientes para gestionar la extradición, sin embargo, los trámites fueron ineficaces.
De acuerdo con autoridades de Chihuahua, el Gobierno de Enrique Peña Nieto tramitó la extradición de Duarte con base en 15 de las 21 órdenes de aprehensión, sin conseguir que una sola llegara a bien fin.
Las solicitudes fueron analizadas por el Departamento de Estado estadounidense y nunca llegaron a manos de la justicia, para iniciar un proceso de extradición.
El Gobernador Javier Corral señaló en su momento al ex encargado de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías, y al Canciller Luis Videgaray, como los responsables de dilatar y boicotear la extradición, debido a la tramitación deficiente.
Uno de los casos penales más relevantes contra Duarte es el presunto desvío de 250 millones de pesos del Gobierno Estatal al PRI, para las campañas políticas del 2016.
Por este caso, en diciembre de 2017 fue detenido en la Ciudad de México el ex secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Gutiérrez.
Jaime Herrera Corral, Secretario de Hacienda de Chihuahua en la gestión de Duarte y hoy testigo protegido, reveló que la SHCP, en tiempos de Videgaray, avaló la triangulación millonaria para financiar al tricolor.
La investigación estatal apuntaba que uno de los operadores de este financiamiento ilegal fue Alfonso Isaac Gamboa Lozano, titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP y allegado a Videgaray.
En febrero del 2018, un juez de control le quitó la investigación de este caso a la Fiscalía de Chihuahua para dárselo a la entonces PGR.
Poco después, el caso fue desechado y cerrado contra Gutiérrez, por pedido de la propia PGR, institución que manifestó carecer de pruebas para llevar a juicio al priista.
El 29 de octubre de 2018 el entonces ministro Eduardo Medina Mora suspendió indefinidamente cualquier investigación o imputación penal de la Fiscalía de Chihuahua en contra del Presidente Enrique Peña Nieto y su Gabinete por este desvío.
El 3 de octubre pasado Medina Mora renunció a su cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en medio de una investigación en su contra por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera.
El 22 de mayo pasado Gamboa Lozano fue ejecutado en Morelos, un crimen del que su esposa y un escolta son los principales sospechosos, de acuerdo con la Fiscalía del Estado.
Las autoridades mexicanas tenían conocimiento de que el ex mandatario radicaba por lo menos desde hace dos años en Miami, Florida, aunque aparentemente antes vivió en Texas.
Desde que se ordenaron las primeras capturas, la Fiscalía de Chihuahua entregó a la Cancillería los expedientes para gestionar la extradición, sin embargo, los trámites fueron ineficaces.
De acuerdo con autoridades de Chihuahua, el Gobierno de Enrique Peña Nieto tramitó la extradición de Duarte con base en 15 de las 21 órdenes de aprehensión, sin conseguir que una sola llegara a bien fin.
Las solicitudes fueron analizadas por el Departamento de Estado estadounidense y nunca llegaron a manos de la justicia, para iniciar un proceso de extradición.
El Gobernador Javier Corral señaló en su momento al ex encargado de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías, y al Canciller Luis Videgaray, como los responsables de dilatar y boicotear la extradición, debido a la tramitación deficiente.
Uno de los casos penales más relevantes contra Duarte es el presunto desvío de 250 millones de pesos del Gobierno Estatal al PRI, para las campañas políticas del 2016.
Por este caso, en diciembre de 2017 fue detenido en la Ciudad de México el ex secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Gutiérrez.
Jaime Herrera Corral, Secretario de Hacienda de Chihuahua en la gestión de Duarte y hoy testigo protegido, reveló que la SHCP, en tiempos de Videgaray, avaló la triangulación millonaria para financiar al tricolor.
La investigación estatal apuntaba que uno de los operadores de este financiamiento ilegal fue Alfonso Isaac Gamboa Lozano, titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP y allegado a Videgaray.
En febrero del 2018, un juez de control le quitó la investigación de este caso a la Fiscalía de Chihuahua para dárselo a la entonces PGR.
Poco después, el caso fue desechado y cerrado contra Gutiérrez, por pedido de la propia PGR, institución que manifestó carecer de pruebas para llevar a juicio al priista.
El 29 de octubre de 2018 el entonces ministro Eduardo Medina Mora suspendió indefinidamente cualquier investigación o imputación penal de la Fiscalía de Chihuahua en contra del Presidente Enrique Peña Nieto y su Gabinete por este desvío.
El 3 de octubre pasado Medina Mora renunció a su cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en medio de una investigación en su contra por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera.
El 22 de mayo pasado Gamboa Lozano fue ejecutado en Morelos, un crimen del que su esposa y un escolta son los principales sospechosos, de acuerdo con la Fiscalía del Estado.
Fuente.-(imagen/twitter)
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